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Después de Conaculta: ¿Y las regiones?

Ronaldo González Valdés

Recientemente, a propósito de una conversación sostenida por diversos conocedores del tema, Fernando Escalante dijo que “El problema del crimen organizado existe como tal para una lectura federal. Allá abajo, en los municipios, en cualquier lugar, se experimenta de una manera distinta. Hay una mirada federal que no solamente desconoce la infinita variedad de realidades municipales, sino que desprecia a las instituciones municipales” (en “Nuestra guerra: una conversación”, nexos 407, noviembre de 2011, p. 42). Creo que con esta apreciación, Escalante Gonzalbo apunta una cuestión de interés no sólo para las políticas de seguridad, sino en general para la política pública en el país. Tal es el caso de la política pública cultural.

1. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), organismo rector en la promoción, difusión, apoyo y patrocinio de la cultura, sigue operando con la misma estructura, el mismo marco legal y los mismos programas con que nació en 1988, en el gobierno priista de Carlos Salinas de Gortari. Su relación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA), continúa estando signada por una contradicción de origen: el estatuto jurídico de estos es superior al de aquél; mientras unos fueron creados por decreto legislativo, el otro lo fue por decreto administrativo del Ejecutivo. Todas las decisiones que se han tomado desde entonces, en lo concerniente a diseño organizacional, normativo y administrativo, han sido resultado de la improvisación y la ocurrencia. Una Coordinación de Ciudadanización se puede convertir, sin mayor explicación, en una Dirección de Vinculación. Las reformas de fondo siguen esperando ad calendas graecas.

2. No se ha avanzado una sola pulgada en el renglón de financiamiento. Se sabe que el CONACULTA ha registrado un incremento sostenido en su presupuesto anual desde hace varios años, pero esto no se ha traducido en mayores beneficios ni para los creadores, ni para los promotores culturales, ni, mucho menos, para las entidades federativas y los municipios. Para ponernos solamente en este caso, dígase que los convenios que se firman con los estados son los mismos que se acordaron desde la administración encabezada por Rafael Tovar y de Teresa en los tiempos de la presidencia de Ernesto Zedillo: fondos estatales para el estímulo a la creación artística, apoyos a las culturas municipales y comunitarias, cultura infantil, infraestructura cultural… no mucho más que eso. Igual ha pasado con los fondos nacionales como el FONCA, que sigue siendo el punto de referencia para los creadores en el país. Nada verdaderamente relevante  sucedió durante las gestiones panistas en lo que toca a financiamiento e inversión cultural (como no sean los desatinos de obras, que quisieron ser grandiosas por grandotas, como la saribermudezca biblioteca Vasconcelos). 1 

3. Con la política cultural en sentido estricto tampoco ha pasado nada más trascendente que las rosas. El mapa programático de la cultura en México es prácticamente el mismo de los últimos mandatos priistas: Festival Cervantino, ferias nacionales diversas (FIL, Palacio de Minería, etcétera), apoyo casuístico a programas estatales (festivales artísticos, una orquesta por acá, algo de cultura étnica o popular por allá), ¿qué más? El CONACULTA no ha elaborado una política que dibuje estrategias de desarrollo cultural por regiones a partir de la ubicación de capacidades y tendencias históricas regionales desplegadas por iniciativa pública, privada o social a lo largo y ancho del territorio nacional.

Todavía en el último balance de su gestión, Consuelo Sáizar, ex Presidenta de este organismo, afirmaba: “Los saldos pendientes, entre los que alcanzó a distinguir, son: definir la figura jurídica adecuada para el Consejo, diseñar el proyecto internacional del que ha carecido desde sus inicios, alinear la educación artística entre las instituciones que dependen de la SEP, el CONACULTA y el INBA, trabajar de manera más cercana con los estados para definir su vocación cultural, continuar con el proyecto electrónico, que es una forma de garantizar la memoria para el futuro, y democratizar los contenidos” 2 . Más allá de la pertinencia indiscutible de algunas de sus consideraciones, es evidente que para la ex funcionaria la insuficiencia de políticas públicas que galvanicen y fortalezcan el tejido social es, como dijera Ernesto Laclau, simplemente un impensable conceptual y programático.

La conclusión es vasta y abrumadora: increíble que a estas alturas de nuestra historia moderna y contemporánea, una de las asignaturas pendientes del quehacer cultural sea la definición, diagnóstico y despliegue estratégico de una auténtica política pública federalista y republicana. Increíble que sigamos subordinados a una narrativa conservadora y centralista que se desentiende de los contenidos regionales del texto cultural nacional. Y diré que, en efecto, no se trata de un asunto sencillo, aunque sí, y con eso debería bastar, de algo claro y evidente al tiempo que dramático y ofensivo dadas las condiciones actuales de nuestro(s) tejido(s) social(es).

Como sucede en el caso de la seguridad pública, se requiere construir una trama de significados distinta a la ya tradicional y convencional narrativa que destaca la ineficiencia o hasta el “anacronismo” de los programas orientados al fortalecimiento de dispositivos regionales, estatales, municipales y comunitarios de intervención social. En un plano, el de la seguridad pública,  se descarta, disminuye o, en el extremo, se anulan por completo los controles policiales municipales (como ha ocurrido en no pocos lugares del país)3 , en otro, el de la acción pública cultural, se imponen programas del centro a la provincia y se formaliza una política y una narrativa lineal y aplanadora de todo erizamiento, de toda diferencia regional (así ocurrió con las casas de cultura municipales y comunitarias que fueron virtualmente satanizadas como vestigios bucólicos de prácticas parroquiales y provincianas –no sé, por cierto, si nuestras burocracias culturales federales y estatales reconozcan la firma de André Malraux en esta línea programática:  con ella se inaugura en Occidente, ni más ni menos, la idea de una política cultural). En ambos planos está claro que se descuida miserablemente el primer eslabón de la cadena que articula la organización social, política y administrativa de la república: la comunidad municipal.

Para avanzar una nueva narrativa en materia cultural, me parece, tendrá que partirse de los contenidos característicos del discurso político convencional: México es una “Nación de naciones”, una Patria de matrias diría don Luis González y González, con una diversa, rica y, en cada caso, arraigada vida cultural que ha permitido a sus moradores establecer relaciones singulares con el mundo que les rodea, con el medio natural y sus semejantes. Ahora, a propósito del terrible flagelo de la violencia que lesiona la sana convivencia y las posibilidades de progreso de nuestras sociedades, es necesario volver la mirada a ese extraordinario legado histórico y a su representación actual a través de sus más distintas manifestaciones. Esto supone dejar atrás las tradicionales concepciones de la cultura como ornamento social o mera evasión del espíritu. Igualmente, tendrán que superarse los encasillamientos que la definen como “alta cultura”, “cultura popular” o “cultura de masas” o de “mercado”. En los tiempos que corren, estamos emplazados a pensar a la cultura como recurso. Solamente desde esta comprensión podremos asumir que, en efecto, “el papel de la cultura se ha expandido de una manera sin precedentes al ámbito político y económico, al tiempo que las nociones convencionales de cultura han sido considerablemente vaciadas”4 .

Vale la pena citar otra parte del texto de Yúdice cuando señala cómo “el concepto de recurso absorbe y anula las distinciones, prevalecientes hasta ahora, entre la definición de alta cultura, la definición antropológica y la definición masiva de cultura. La alta cultura se torna un recurso para el desarrollo urbano en el museo contemporáneo (por ejemplo, el Guggenheim de Bilbao). Los rituales, las prácticas estéticas cotidianas tales como canciones, cuentos populares, cocina, costumbres y otros usos simbólicos son movilizados también como recursos en el turismo y en la promoción de industrias que explotan el patrimonio cultural”5 .

Nadie discute la misión de proyectar una imagen de país, de nación, que la acción pública cultural tiene encomendada. Nadie discute tampoco su función como educadora en las disciplinas artísticas convencionales, proveedora de bienes y servicios culturales diversos (museos, teatros, festivales artísticos, ferias del libro, etcétera). Pero su tarea va, desde luego, mucho más allá: una verdadera política cultural deberá sustentarse, hoy más que nunca, en la demanda objetiva de las comunidades donde se crean los sujetos de la vida social, donde se gesta el déficit de cohesión y ciudadanía que padecemos. Precisamente por las razones que arguyen los políticos, los funcionarios públicos (empezando por el flamante titular de CONACULTA, Rafael Tovar y de Teresa6 ), los intelectuales, opinadores públicos y dirigentes sociales, la política pública debe considerar una recolocación sociológica y política del papel de la cultura.

De aquí que la idea y la práctica de la animación sociocultural (ASC) deba ser ensayada y debatida con más rigor y seriedad en países como el nuestro. La ASC se concibe como “un método de intervención territorial que, desde la cultura, a las personas con aspiraciones y necesidades no satisfechas, les facilite la posibilidad de reunirse en grupos para iniciar un proceso conjunto (…), interrelacionados en redes de cooperación”7 . De lo que se trata, ciertamente, es de concebir a los municipios, a sus centros urbanos y localidades, como espacios en los que coexisten fuerzas cohesionantes y fuerzas tensionantes, lugares en los que se generan representaciones y referencias que amplían o constriñen los horizontes de vida de la gente, lugares de integración y anomia, de inclusión y exclusión8 .

Para que esto suceda, tiene que tomarse una decisión que es, en última instancia, una decisión política: la de asignar nuevos y más poderosos alcances a la acción cultural. Igualmente, tendrán que recuperarse experiencias como la española, la brasileña y la colombiana (el trabajo en redes, el asociacionismo cultural, etc.). Y tendrá que elaborarse un estudio muy serio que permita contar con los registros antropológicos e identitarios, institucionales, emergentes y hasta comerciales del activo cultural de nuestras regiones y comunidades. Sólo así tendrá sentido georreferenciar el requerimiento, las capacidades y competencias culturales de la república cultural.

Ocurriría así un vuelco en nuestra política cultural, y estaríamos entonces, acaso, actuando en verdad con rumbos definidos en el diseño y despliegue de una política pública nacional auténticamente republicana y federalista.

 

Ronaldo González Valdés (Culiacán, Sinaloa, 1960). Sociólogo y ensayista, miembro del Consejo de Planeación del Centro de Investigaciones Artísticas y Culturales del INBA, profesor e investigador de la facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Su último libro es Sinaloa: una sociedad demediada, México, Juan Pablos eds., 2008.

1 En relación con el federalismo presupuestal en cultura pueden, y deben, pensarse nuevos mecanismos y encontrarse nuevas vías por las que transite, con criterios de racionalidad política y administrativa, la gestión de las entidades públicas estatales y municipales, asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada abocadas a la tarea cultural. Es posible articular de manera plural una propuesta que permita arribar a acuerdos fundamentales acerca de la definición y distribución del presupuesto para la cultura. Cfr. González Valdés, Ronaldo, “El presupuesto para la cultura en México”, en nexos 371, noviembre de 2008.

2 “El balance de Sáizar en 1988-2012: cultura y transición”, en Proceso, 3 de diciembre de 2012, p. 82.

3 En la misma conversación, Fernando Escalante dice: “Necesitamos seguramente a la Policía Federal, desarraigada, ubicada en el Distrito Federal, con capacidad de despliegue rápido, por supuesto que sí, para combatir el gran delito. Pero necesitamos también ese otro eslabón que es el policía municipal”. El hecho tiene muchas aristas: ¿Qué va a pasar (qué está pasando) si desbandamos policías municipales por todo el territorio, como hemos hecho, si los ponemos en la calle y sustituimos esos pequeños controles locales por controles federales? (p. 42).

4 Yúdice, George, El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global, Barcelona, Gedisa, 2008, p. 23.

5 Ibid., p. 16.

6 En su primera declaración como titular del CONACULTA, Tovar y de Teresa dijo que para que el país transite exitosamente a la modernidad a que aspiramos, necesitamos considerar “elementos fundamentales en la reconstitución del tejido social que desafortunadamente, en los últimos años, se ha visto fracturado, incluso para la recuperación de una buena imagen de México en el exterior, que se ha visto dañada en los últimos años” (en Milenio, sábado 8 de diciembre de 2012).

7 Puig, T., Animación sociocultural, cultura y territorio, Madrid, Popular, 1988, p. 23.

1 Cfr. Pose Porto, Héctor, La cultura en las ciudades. Un quehacer cívico-social, Barcelona, GRAÓ, 2006,  p.41.

Cultura: Entrevista a Ronaldo González Váldez

A dos años del primer gobierno de alternancia en Sinaloa

 

SE REQUIERE UNA RECOLOCACIÓN DE LA CULTURA EN SINALOA: RONALDO GONZÁLEZ

*María Luisa Miranda, una funcionaria eficiente

*Logros visibles en cultura con MALOVA

*Necesaria una evaluación de los programas convencionales

*Se requiere dar un vuelco hacia el desarrollo social

 

Además de ser Presidente del Consejo Editorial de Politeia, Ronaldo González Valdés es un conocedor de los temas de la educación, la sociedad y la cultura en la región. A su experiencia como Director General de la Dirección de Investigación y Fomento de la Cultura Regional (DIFOCUR, hoy Instituto Sinaloense de Cultura), durante nueve años consecutivos, y como Subsecretario de Planeación Educativa de la SEPyC, durante otros tres, se suma su condición de académico (sociólogo para más señas), estudioso de nuestra historia, nuestra cultura y nuestra problemática educativa. Nos pareció, por lo mismo, pertinente platicar con él acerca del estado que, a la vuelta de los primeros dos años del gobierno de Mario López Valdez, guarda la asignatura del quehacer público cultural en un estado como Sinaloa, desafortunadamente marcado por un señalado déficit de cohesión social y de formación de ciudadanía.

César Velázquez Robles (CVR). A dos años del primer gobierno de alternancia en Sinaloa, ¿te parece que la cultura ha ocupado el lugar que se le debe asignar en un estado como el nuestro, caracterizado por la insuficiencia de políticas públicas que galvanicen y fortalezcan el tejido social?

Ronaldo González Valdés (RGV). Déjame decirte en primer lugar, César, que tengo para mí que el Gobernador Mario López Valdez acertó en la designación de una de las funcionarias más eficientes y chambeadoras de su administración. Con María Luisa Miranda Monrreal, después de un primer año un poco titubeante, nos hemos encontrado este segundo año con una servidora pública que no descansa, que ha aprendido muchísimo en muy poco tiempo, y créeme que sé de lo que te hablo cuando te digo que el cultural no es un sector con el que se pueda tener un acercamiento provechoso fácilmente: nuestros artistas, críticos, creadores y promotores culturales constituyen (diría que afortunadamente) un diverso y colorido mosaico que no se deja asir de buenas a primeras, al que no se puede convencer sin más, y creo que María Luisa, después de un comienzo un poco incierto, ha logrado incorporarlos muy productivamente a las tareas de la acción pública cultural.

CVR. Bien, ya que al parecer le estás sacando la vuelta al bulto, vayamos a lo concreto. Empecemos entonces por el principio. Háblanos de lo que aprecias como logros de la actual gestión gubernamental.

RGV. Tienes razón, vayamos a lo concreto, aunque, por lo que voy a decir enseguida, me interesaba dejar muy en claro mi opinión personal acerca de la funcionaria responsable en este ámbito. Y digo, en primer lugar, que veo un gran movimiento en el área pública de cultura del estado. ¡Oye, son más de 7 mil 300 acciones de cultura (eventos les llaman en el documento oficial) consignados en el segundo Informe de Gobierno! Es decir, alrededor de veinte eventos por día. Imagínate, Dottore Velázquez, se realizaron 3 mil 614 actividades más en relación con las que se llevaron a cabo el año pasado. Eso habla, sin duda, de una denodada decisión de hacer cosas, de poner en valor la agenda de lo cultural en el quehacer público.

En segundo lugar, me parece que la idea de recuperar un corpus programático que, de algún modo, se descuido en la segunda mitad del sexenio anterior, dice mucho de una convicción por otorgarle a la cultura la importancia que merece en el conjunto de las políticas públicas estatales. Ahí están, en ese sentido, los programas del Festival Cultural Sinaloa, el Encuentro Yoreme, el Festival de Rock, el Festival de la Juventud, los programas de fomento de la lectura (círculos y salas de lectura), los programas de estímulo a la creación artística y cultural, las compañías que encabezadas por la OSSLA han crecido en número, a los que se ha agregado el Programa Cultura en Movimiento que representa un esfuerzo adicional de descentralización de las actividades de difusión cultural, a todo lo cual hay que sumar el innegable acierto de haber puesto a Sinaloa en la mirada del país y el mundo con la participación como estado invitado en el Festival Internacional Cervantino. Otra vez de acuerdo con los datos del segundo Informe de Gobierno, más de un millón 621 mil sinaloenses asistieron a las actividades que ofreció el ISIC, lo que representa, en números gruesos el 60 por ciento de la población total de la entidad…

CVR. Creo advertir en tus palabras, sin embargo, que hay algo que no te acaba de convencer. Me hablas de números y de nombres de programas…

RGV. Tienes razón, déjame entonces apuntar enseguida mis inquietudes con respecto al camino que hasta ahora ha seguido el trabajo cultural en el primer gobierno de alternancia en Sinaloa. Lo diré rápidamente:

Primero, soy de la idea de que sigue estando ausente un balance serio, una evaluación más o menos rigurosa de lo que ha sido la acción pública cultural en la región. Por eso creo que seguimos atrapados en una agenda abigarrada de actividades que se hacen, vienen y van, sin tener el impacto social que se busca. Aquí, como dicen estudiosos de la nombradía y el prestigio intelectual de Toby Miller y George Yúdice, en un libro que se llama justamente Política cultural, ocurre que las más de las veces se despliegan acciones y medidas que parecen más bien convulsas y no articuladas, no sistematizadas, jerarquizadas y debidamente planificadas. El quid de una política cultural no radica en hacer cosas, sino en hacerlas con orden y sentido. La política cultural, como toda política pública, debe tener un sentido estratégico, y debe, por lo tanto, discriminar, seleccionar, organizar prioridades con arreglo a la problemática social que pretende enfrentar y, de ser posible, superar.

De aquí paso a lo segundo. Programas como los festivales de bellas artes convencionales (particularmente de artes escénicas) como el Festival Cultural Sinaloa, tuvieron un propósito compensatorio o, por así decirlo, remedial, surgieron para ofrecer en un único y apretado lapso de 10 o 15 días, una vez al año, todo aquello que el público no tenía los demás meses. Inclusive si se le adjudica un sentido de proyección de imagen, el Festival de Sinaloa no tiene cómo competir con el Cervantino o el Festival de Tamaulipas u otros de distinta naturaleza como la FIL de Guadalajara o el Festival de Cine de Morelia o el de El Tajín de Veracruz. Además, festivales como el Cultural Sinaloa hay muchos en el país. Yo me pregunto entonces, ¿no será hora ya de cambiar este programa por uno más constante y consistente, que se realice a lo largo y ancho del estado los doce meses del año, aprovechando la oferta artística de festivales como el Cervantino, desde luego, pero también del de Mayo de Guadalajara o el de El Tajín o el de la Huasteca, a lo cual se sumarían las producciones propias con los grupos de excelencia de la región como Delfos, la OSSLA, la compañía de Danza del Estado, el Coro de la Ópera de Sinaloa, las orquestas y bandas juveniles, entre otras? Esto permitiría, adicionalmente, trabajar en un auténtico proceso de formación de públicos, tarea en cuya contribución no veo más que a la OSSLA. Y por supuesto que estimularía notablemente el trabajo de los grupos artísticos, oficiales o independientes, de la entidad.

Y a propósito de formación de públicos, tiene que revisarse ya el papel de la Sociedad Artística Sinaloense en esta vertiente de política cultural. Está bien, me parece muy bueno que desde la iniciativa privada exista el interés por coadyuvar en las tareas de la difusión cultural. El problema es que la SAS tiene 12 años ofreciendo programas que, en aras de cubrir gustos diversos, pierden coherencia y sentido, mezclan de todo, de chile, dulce y manteca. Tan pronto se programa a una chica light, made in Televisa, como Kika Edgar, como nos proponen un musical de Broadway tropicalizado, junto con un concierto decembrino con la Novena Sinfonía de Beethoven. ¿Dónde está el sentido de formación de públicos en un planteamiento como este?

Con la muy sana intención de ofrecer mucha cultura, se ha evadido el tema de la priorización de vertientes estratégicas de trabajo. El propio Festival Yoreme fue un programa de bajo perfil. Se cumplió con el compromiso, pero hasta ahí. Por cierto, aprovecho para discrepar de mis amigos Alejandro Mojica y Leonardo Yáñez. Un programa como el Yoreme tiene muchísimo que dar en términos de posicionamiento de Sinaloa en el mapa de la política cultural en México y, quizá, en el mundo, pero déjense de cosas por favor: las culturas de los pueblos del mundo son, casi todas, mestizas. ¿Culturas étnicas puras? No sé, quizá en algún lugar recóndito del Congo o del Amazonas. Nuestros mismos yoremes, ¿qué son sino mestizos?, ¿qué celebran sino las fechas del calendario cristiano? Como toda cultura mestiza, la de los mayos y los yaquis tiene un componente étnico, en ello reside su originalidad. Nada menos, pero nada más que eso…

CVR. Bien, Rony, pero quisiera que retomaras ahora el asunto de la jerarquización, ¿qué debiera priorizar una política cultural en Sinaloa? ¿Lo está haciendo el gobierno de MALOVA?

RGV. Para evitar confusiones, afirmo que nadie discute la misión de proyectar una imagen de región, de estado, al país y al mundo que la acción pública cultural tiene encomendada. Nadie discute tampoco su función como educadora en las disciplinas artísticas convencionales (y en esto se ha avanzado muchísimo, gracias al compromiso con las escuelas de iniciación y profesionalización mostrado por María Luisa Miranda), como proveedora de bienes y servicios culturales diversos (museos, teatros, festivales, ferias del libro, etc.),  pero su tarea va, desde luego, mucho más allá: una verdadera política cultural deberá sustentarse, ahora más que nunca, en el requerimiento objetivo de las comunidades donde se crean los sujetos de la vida social, donde se gesta el déficit de cohesión y ciudadanía que padecemos. En esta línea de razonamiento, y esto debe subrayarse, la política pública debe considerar una recolocación sociológica y política del papel de la cultura.

CVR. Todo eso se escucha muy bien, pero ¿cómo puede traducirse en programas, en acciones públicas y sociales puntuales y precisas?

RGV. Revisando la experiencia de otros países y otras regiones del país y el mundo. Se me ocurre que la idea y la práctica de la Animación Sociocultural (ASC) desarrollada en Cataluña, debe ser conocida, debatida y, en su caso, ensayada en países como el nuestro y en lugares como Sinaloa. Siguiendo a Puig, en su libro Animación sociocultural, cultura y territorio, la ASC se concibe como “un método de intervención territorial que, desde la cultura, a las personas con aspiraciones y necesidades no satisfechas, les facilite la posibilidad de reunirse en grupos para iniciar un proceso conjunto e interrelacionado en redes de cooperación”. De lo que se trata, ciertamente – y esto es lo que no se considera en los programas de cultura estatales, no sólo en Sinaloa sino en todas las entidades federativas-, es de concebir a los municipios, a sus centros urbanos y localidades, como espacios en los que coexisten fuerzas cohesionantes y fuerzas tensionantes, lugares en los que se generan representaciones y referencias que amplían o constriñen los horizontes de vida de la gente, lugares de integración y anomia, de inclusión y exclusión.

CVR. ¿Propones alguna ruta crítica estratégica en esta dirección?

RGV. Lo primero es, como lo comenté en alguna colaboración pasada en Politeia, tomar una decisión que es, en última instancia, una decisión política: la de asignar nuevos y más poderosos alcances a la acción cultural. Junto con ello, tendrán que recuperarse experiencias como la española, la brasileña y la colombiana (el trabajo en redes, el asociacionismo cultural, etc.). Y tendrá que elaborarse, enseguida, un estudio que permita contar con los registros antropológicos e identitarios, institucionales, emergentes y hasta comerciales del activo cultural en nuestras subregiones y comunidades. Sólo así tendrá sentido georreferenciar el requerimiento, las capacidades y competencias culturales de la entidad.

Esto es lo que podría dar un verdadero y necesario giro a la política cultural, orientándola por rumbos más definidos que permitan desatar nuevas y más provechosas sinergias sociales en la región.          

Mini ensayo sobre violencia en Sinaloa

DE GOBERNADORES, VIOLENCIA Y FUERZAS VIVAS

 

Jorge Aragón Campos

 

EL MARCO GENERAL

 

Uno de los primeros aspectos sobre el que debemos reflexionar, es el abuso con que utilizamos el concepto agresividad, hasta el punto de volverlo un sinónimo de violencia. Si en algo hay acuerdo, es acerca de la naturaleza agresiva y violenta del ser humano: en esa fácil vocación, para aplicar nuestra facultad de raciocinio a la destrucción sistemática del entorno, puede estar el factor clave que nos llevó a convertirnos en la especie triunfante.

En algún momento perdido en la noche de los tiempos, resultó claro nuestro éxito por sobre las demás criaturas vivientes; desde entonces nos quedamos sin competidores, y la inercia del instinto nos condujo a enfrentarnos con los únicos capaces de estar a nuestro elevado nivel: nosotros mismos.

Con toda seguridad, no tardamos mucho en darnos cuenta que por ese camino no tendríamos ningún futuro, y nos vimos en la necesidad de inventar el arma de los domingos: el Estado. Fuimos capaces de crear una institución ante la cual cedíamos nuestra facultad soberana a matar y ser matados. Sólo el Estado tendría el poder de la violencia, a cambio de mantener y hacer respetar reglas claras y convenientes para todos. Fue resultado de la primera gran negociación colectiva, dicho en su sentido más amplio: cada quien cediendo algo, en beneficio de la convivencia social. Ahí está el origen, la justificación y el futuro del Estado como institución: no fue creado para la promoción económica, la preservación de la cultura o diseñar vialidades fluidas, sino como garante de la seguridad, merced al monopolio exclusivo de la violencia. Esto no es una vuelta de tuerca retórica, es una de las pocas verdades absolutas de la ciencia política, no sólo porque los más importantes teóricos coinciden en el aserto, también la experiencia histórica lo confirma: todas aquellas naciones donde el Estado cedió parte de esa facultad, acabó siendo derrocado (la Rusia zarista, Cuba, Nicaragua, China, el México porfirista).

La fundación de una institución tan conveniente fue un acto sabio, pero antinatura: una cosa es razonar sobre la necesidad de deponer las conductas violentas, y otra muy diferente desaparecerlas. Los Estados fueron aglutinando conglomerados cada vez mayores, para dedicarse a lo que mejor sabemos hacer: pelear. Al menos, los ataques dejaron de dirigirse contra nuestros hermanos de raza, religión o nacionalidad, para enfocarlos a los extraños enemigos. El hombre dejó de ser el lobo del hombre, para dejar a las naciones el papel de devorarse una a otras. Aunque no lo parezca, fue un avance importante.

Nuevas soluciones acarrean nuevas incógnitas, y el esquema de las sociedades actuales trae, desde su origen, tensiones que no acabamos de resolver. El ser humano ha alcanzado grados de desarrollo tales, que es casi universal la convicción de que la violencia es un hecho negativo pero, al mismo tiempo, la agresividad sigue siendo una virtud altamente apreciada. Uno de los casos más ilustrativos es Japón: hasta la Segunda Guerra Mundial, era un pueblo autoritario, militarizado y violento hasta las cachas. Su principal producto de exportación era la agresión: nunca perdieron una guerra, y todas las iniciaron ellos mediante la canallesca costumbre de atacar sin declaración previa. Su última gracia fue Pearl Harbor. Sin embargo, fueron suficientes varios millones de muertos y dos atomicazos, para convertirse en uno de los pueblos más convencidos de las bondades de la paz, al menos de dientes para afuera. Ahora son pacíficos… pero muy agresivos. Toda su idiosincrasia, que se había enfocado a la construcción de un imperio militar, no fue modificada (el germen ahí persiste), nada más se reorientaron a la construcción de un imperio económico. Es curiosa la suerte de los japoneses que, después de perder la mayor y más importante de las guerras, acabaron cayendo en blandito: son un ejemplo de cómo la naturaleza profunda del ser humano puede utilizarse para construir una utopía industrial, porque no negaremos que, al menos para nosotros, hijos de la cultura occidental, sus logros representan todo aquello a lo que podemos aspirar.

Pero no todos -y no siempre- logran resolver con buena fortuna esa dualidad entre agresión y violencia. Podemos gustar de la paz, pero no del pacifismo: es bueno vivir tranquilos, pero con la pistola bajo la almohada, por si las dudas. Estamos dispuestos a la vida en armonía, pero cuidado y alguno levante la mano con brusquedad porque entonces la sangre llegará al río. Dicho en otras palabras (dicho en palabras sinaloenses, para ser exactos): ahí donde me ven tan calmadito, es nomás porque así quiero andar, pero no me busquen porque me encuentran. El fenómeno es universal: somos animales pacíficos no por convicción, sino por conveniencia. Cuando protestamos contra la violencia, nuestra voluntad genética se subordina a nuestro Yo racional, pero luego ese mismo nos tilda de Gutierritos cuando flaqueamos a la hora de ser los primeros en clase, los más destacados en deportes, o cuando se requiere destruir a la competencia hasta sus mismísimos cimientos. La sociedad moderna trastabilla, peligrosamente, en el borroso punto donde la agresión queda próxima a desembocar en violencia. Lo peor es que siguen siendo muy próximas dos conductas que son valoradas de forma extrema: una es lo mejor, lo más necesario y recomendable; la otra pone en riesgo nuestra sobrevivencia como especie.

 

EL MARCO NACIONAL

 

El fenómeno de la delincuencia, que es la manifestación pragmática de la violencia (no se trata de golpear por golpear, sino de obtener a cambio dinero, bienes, poder, respeto), se extiende cada vez a más Estados de la República. El narcotráfico, por ejemplo, que en los setentas era privativo de Sinaloa y Guerrero, ahora también tiene carta de naturalidad en Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León y Quintana Roo, más los que se acumulen en el próximo sexenio. Por otro lado, la delincuencia del orden común (así le dicen) en algunos lugares llega ya a extremos intolerables.

Todos coinciden en aceptar que el Estado mexicano empezó a sufrir, hace mucho, un proceso de degradación que todavía hoy no concluye. Hasta ahí llega el consenso, pues la fecha de inicio y la magnitud del daño sufrido es objeto de discusión. 1968 es aceptado como el año de la primera gran llamada de atención, cuando empezó a verse claro que algo no marchaba bien. La solución fue voltear para otro lado y desear que las cosas se arreglaran solas.

No fue así.

Desde aquel entonces, el Estado descubrió la desmedida impunidad de que podía gozar, y sobre ella fue construyendo las razones que le dieron sustento. Toda la riqueza producida en la etapa postrevolucionaria, fue dilapidada para sostener a la nueva razón que justificaba ahora su existencia: la corrupción. Zaíd nos ha dado la más sencilla y completa definición de ese basto fenómeno mexicano. La corrupción, dice él, no es el agente de Transito pidiendo para las Cocas, ni el burócrata haciendo tortuguismo para recibir propinas que sirvan para acelerar los trámites, eso ocurre en todo el mundo, pero la Corrupción (ahora con mayúsculas), a como la padecemos en México, es la de la mentira: el Presidente diciendo “aquí los que mandan son ustedes (mientras blande la pistola), y yo estoy para obedecerlos”.

La visión es tan atinada, que basta adoptarla para que todo embone y empezar a entender por qué, en este país, todos dialogamos entre todos sin que nadie le crea nada a nadie, y por qué seguimos siendo capaces de tolerar aberraciones dignas del mundo bizarro de las historietas de Superman. Nos hemos vuelto el México de las opciones degradadas, donde lo más natural es que los clientes de Fernández de Cevallos le ganen todos los pleitos al gobierno, y su éxito se lo atribuyamos a sus dotes como jurista, López Obrador le pague sesenta mil pesos mensuales a su chofer y siga gozando de fama de honrado, y a una regidora municipal que lanza a las prostitutas de vuelta a la calle, le aplaudan porque se preocupa por hacer cumplir el Bando de Policía y Buen Gobierno.

No hace muchos años, cualquier ciudadano se iba a la cama con la certeza de que podía dormir tranquilo, pues una institución sólida y noble (el Estado) velaba por sus intereses, su salud, su educación… su seguridad. Hoy, en cambio, el enemigo público numero uno es, precisamente, aquel que se supone debe estar para protegernos. Ahora nos vamos a la cama con la incertidumbre de con qué nueva gracia nos van a salir en la mañana. La corrupción oficial ha desembocado en donde tenía que ir a parar: a la más total, completa y absoluta ineptitud. Ya nada funciona bien, pues todo seguía caminando sostenido por una inercia fruto, a su vez, de la enorme buena suerte de que nadie le diera una patada a la escenografía.

Pero la suerte, tarde que temprano, se acaba.

Podemos discutir todo lo que queramos, pero al margen de las conclusiones a que lleguemos, existe un hecho inevitable: estamos bien metidos en un proceso que, tarde o temprano, desembocará en el caos social. En un grupo de individuos, es la autoridad la que pone orden (ya vimos gracias a qué), y cuando se vuelve costumbre que la cacheteen y como respuesta se cruce de brazos (eso en el mejor de los casos, porque de cuando queda como abiertamente cómplice mejor ni hablar), es cuestión de tiempo para asistir al derrumbamiento del orden establecido.

México tiene las horas contadas, y es una verdad de a kilo que, o damos un golpe de timón nosotros, o Estados Unidos va a entrar a poner orden en su patio trasero, con una intervención como la habida en Panamá para deponer a Noriega.

Nosotros escogemos.

Sinaloa padece un largo historial de violencia, y puede ser el laboratorio de donde salgan las vacunas para prevenir la fase terminal de nuestro país. Sonaría muy rimbombante y melodramático, decir que necesitamos entrarle a la tarea con creatividad y audacia, para arribar a nuevas formas de combatir el problema y conjurarlo pero, a decir verdad, y desde mi muy modesto punto de vista, lo único que urge es un mínimo de cordura y sentido común.

Tal vez y por eso la solución puede surgir de aquí.

 

EL MARCO LOCAL O, LO QUE ES LO MISMO, LOS GOBERNADORES Y LA VIOLENCIA

 

La degradación sufrida por todo el país, en Sinaloa encontró formas particulares para manifestarse.

Distinguido por su orografía, en nuestro Estado todavía existen regiones donde el tiempo parece haberse detenido, pues las montañas han significado un obstáculo -hasta la fecha- insalvable ya no digamos para el progreso, sino para la mera civilización. Cuando se supone que lo natural es que el desarrollo obtenido en las ciudades vaya extendiéndose hacia las partes más alejadas, aquí ha ocurrido al revés: nuestras principales cabeceras se han convertido en tierra de nadie, como si fueran rancherías perdidas entre las cañadas de la Sierra Madre Occidental.

Todavía en los setentas, parecía que sólo era cuestión de tiempo para que la cultura desplazara más al norte a la carne asada, y Sinaloa se volviera una entidad más cosmopolita.

¿Qué pasó? Algo muy simple: que la gente sí entiende.

El narcotráfico fue durante muchos años una actividad auténticamente subterránea y socialmente inaceptable, pero en la primera mitad de los setentas resultó claro que se estaba saliendo de control, desembocando en el fenómeno conocido como de los gomeros, donde una multitud de bandas peleaban entre sí por quítame estas pulgas. Más que el de los cárteles, fue el tiempo de los changarros. En apariencia (sólo en apariencia), por aquel entonces la autoridad aún no perdía la capacidad de sonrojarse, y reaccionó de la única forma que sabía hacerlo: a ciegas y a lo grande. Los perros de la guerra fueron liberados con la Operación Cóndor; la sierra fue diezmada al grado de obligar al abandono de muchos pueblos; las ciudades fueron peinadas con retenes, volantas y patrullas del ejército. Los que habían logrado sobrevivir a los pleitos entre las numerosas bandas, no pudieron evitar el fuego de la autoridad. Hasta la fecha, no existe claridad en la cantidad de muertos que la Cóndor dejó, pero existe consenso en el sentido de que las víctimas colaterales fueron bastantes. De hecho, y para que no hubiera dudas sobre el papel que en lo futuro tendrían los gobernadores, al gobernador Calderón lo detuvo el ejercito en el campo militar de la Novena Zona, y fue liberado gracias –según cuentan- al buen tacto y mejores contactos de su Secretario de Gobierno.

Falta la pregunta importante: ¿se resolvió el problema?

No.

Del fuego y la barbarie de la Cóndor sólo surgió el orden, pero no aquel de las instituciones y las sociedades fortalecidas, sino el de los capos. Ya no eran las multitudes de jefecillos sueltos, sino unos cuantos líderes encabezando y disciplinando a la actividad: Miguel Félix, Rafael Caro, Ernesto Fonseca, Salcido, etc. Esa fue la época más negra para Sinaloa pero, paradójicamente, la agresión no vino del crimen organizado sino de la delincuencia hecha gobierno. Fue en la presidencia de Miguel de la Madrid cuando el gobierno mexicano se quitó la máscara, y fue, también, cuando empezó a verse claro que el narcotráfico ya era algo más que un asunto de delincuentes, y había pasado a convertirse en fruto de una política de Estado.

En Sinaloa no pudo ocurrir todo eso en peor momento: la sociedad dejó de preocuparse por la influencia nociva del narcotráfico, y dedicó todas sus fuerzas a defenderse de los parientes y funcionarios del gobernador, que encabezaban a bandas criminales dedicadas al robo de autos, secuestros, violaciones, asaltos domiciliarios y otras lindezas, perpetradas todas con lujo de violencia. Antonio Toledo Corro dio una invaluable lección a los sinaloenses: peligroso, lo que se dice peligroso, el gobierno.

Y como la gente sí entiende.

Vale la pena subrayar lo que no puede ser mera coincidencia: mientras a nivel nacional el gobierno se descaró recurriendo al fraude electoral, a la vez que trataba de mantener disimulados, en la medida de lo posible, sus nexos con el crimen organizado, lo cual por cierto no le salió, pues ese periodo fue marcado por el caso de corrupción militar más escandaloso, con el mismísimo Secretario de la Defensa involucrado en dar protección a los narcos, aquí en Sinaloa el experimento fue llevado a una etapa superior, demostrando que sí era factible fregar a todo mundo al mismo tiempo.

Labastida trató de regresar las aguas a cauces más normales, pero fue evidente que no pudo, porque a él ya no le tocó enfrentar a los delincuentes, sino a los encargados de combatirlos, es decir, a la federación. En ese sexenio, el principal enemigo a vencer no fue Héctor Palma, Baltazar Díaz, Joaquín Guzmán o Ismael Zambada, sino González Treviño, titular de la PGR en el Estado, y su similar a nivel federal, Álvarez del Castillo. En ese momento el último tabú fue roto: para los políticos, había sido perdonable todo, menos que se metieran en asuntos del narco. Aquello era el último de los pecados capitales.

Ya no.

Tal vez –sólo tal vez-, el sexenio de Labastida fue el punto de quiebre para los sinaloenses: no tenía sentido seguir resistiendo, el mal siempre acabaría triunfante, como había venido haciéndolo desde casi veinte años atrás. Inclusive, hasta resultaba peligroso dejarse llevar por el optimismo de los momentos donde daba la impresión de que la decencia y la cordura recuperaban terreno: todo éxito era efímero, y el desastre siempre regresaba, pero corregido y aumentado, resultando cada vez peor.

Se necesitaba una señal clara y definitiva de que había motivos para la esperanza.

Después de Labastida, Sinaloa recibió como premio de consolación a un auténtico conchudo en la gubernatura, quien supo retomar la parte más conveniente del discurso de su antecesor, aquella que buscaba hacer a la sociedad coparticipe y corresponsable del fenómeno de la violencia y, por extensión, de la inseguridad. Para el estilo de razonamiento de Renato Vega Alvarado, fue muy cómodo sacarse de la manga la justificación a todos nuestros problemas: es la sociedad la que no ha hecho lo suficiente, es ella la responsable y, por lo tanto, la única culpable. Como quien dice: bien merecido se lo tienen.

Y como la gente sí entiende.

La sociedad sinaloense ha recorrido un largo camino sin metas claras. Más que buscar un objetivo, la utopía ha sido sustituida por el mero espíritu de sobrevivencia. Las lecciones aprendidas han sido muchas y muy amargas todas, y han tenido como consecuencia la generación de un individuo permeado por una visión ladina y pervertida de la vida, convencido de las bondades de la hipocresía, es decir, de la corrupción. Es razonable que haya ocurrido así, pues resulta justificada la certeza colectiva de ser rehenes no sólo de la delincuencia sino, sobre todo, de los encargados de combatirla.

Esta idea de ser rehén, puede llevarnos equivocadamente al diagnóstico de que los sinaloenses son víctimas del síndrome de Estocolmo. En los inicios de los setentas, uno de los primeros actos terroristas se cometió en un banco sueco. El asunto no se desenvolvió bien, se complicó y desembocó en un largo asedio, donde clientes y empleados del banco fueron rehenes de los terroristas. Cuando por fin los cuerpos policíacos entraron a sangre y fuego, las víctimas se pusieron de parte de sus captores y contribuyeron a atacar a las fuerzas liberadoras. Según estudios posteriores, se encontró que las víctimas de situaciones estresantes prolongadas, desarrollan lazos afectivos hacia sus verdugos, como parte del instinto de sobrevivencia. Parece ser que el subconsciente nos recomienda ver bien, y llevarnos bien, con aquel que nos amenaza con un arma, en un momento en que nosotros no poseemos ninguna. Tiene lógica, y pudiera pensarse que así nos está pasando: la delincuencia tiene recursos, armas, poder… y nosotros nada, así que más vale y les hagamos ojitos para no caerles mal.

Puede ser, pero también pudiera resultar peor, pues en nuestro caso ya no queda ningún resquicio de donde aflore alguna pálida esperanza. En el caso de las víctimas de Estocolmo, aún en los momentos cuando se resistían a sus liberadores, algo en lo profundo de sí mismos les decía que aquello estaba terminando bien.

Con nosotros no.

En los últimos días del asedio de Berlín, durante la Segunda Guerra Mundial, los habitantes de la ciudad sufrían hambre, frío y bombardeos. Peor que eso, con los obuses llegaban noticias de las atrocidades que el ejército rojo cometía contra los alemanes de las zonas que iban ocupando. Los rusos atacaban, acicateados por la certeza de que se vengarían de todas y cada una de las infamias cometidas por los nazis en territorio bolchevique. Ante la ominosa perspectiva, los berlineses expresaban: disfruta la guerra, porque luego vendrá la paz.

Así estamos.

El sinaloense acabó por adoptar un código de antivalores, que abomina de todos los signos de civilización pues ve en ellos la fuente de la autoridad establecida. Es un rehén que teme lleguen a rescatarlo, pues la experiencia le dice que toda acción, en apariencia liberadora, es sólo pretexto para el empeoramiento.

En nuestro Estado, la mayor figura de autoridad con que contamos es, a no dudarlo, la del gobernador, y en ese mismo sentido es también la más devaluada. Seamos sinceros, ¿quién no está convencido de que el gobernador (sea la persona que sea) no es más que un polaco dedicado a rezar para su puro santo? ¿Quién le tiene aunque sea tantita fe en lo referente a una posible solución de la violencia? Los más generosos para con él, señalan que no nos debe extrañar su negativa a tomar el toro por los cuernos pues, dicen, debemos al menos imaginar la clase de presiones a que es sometido. Puede ser cierto: la máxima autoridad es también la máxima responsabilidad y, por lo tanto, donde se viviría el mayor peligro. Esto resulta más aceptable si nos fijamos en que su figura no tiene ningún contrapeso, y por lo tanto no hay manera de compartir los riesgos hasta el punto de su dilución.

Si deseamos ver el panorama general desde una perspectiva crítica, deberemos admitir que, sí, al menos una parte importante de la sociedad no ha hecho lo suficiente, o no ha sabido o no ha querido hacer, al menos, lo más aconsejable hasta por salud propia. Me refiero a ese sector al que todavía hace algunos años se le describía como Las Fuerzas Vivas, que no Sociedad Civil (favor de no confundirlas).

Estas fuerzas, en apariencia preocupadas por la situación actual del Estado, han ido coptando posiciones desde las cuales, supuestamente, contribuirían a la solución de los más graves problemas. Concedámosles el beneficio de la duda y aceptémosles sus intenciones como buenas.

Pero nada más.

Después de algunos años de tantear con organismos ciudadanos, debemos concluir que el experimento ha resultado mal. La verdad es que hemos adoptado el mismo paradigma, nomás que revolcado: ha sido el gobernador el que ha condescendido a la existencia de tales instituciones –no al revés-, y el pecado por lo tanto es de origen. Los supuestos colaboradores externos han acabado desempeñando unas complicidades francamente penosas, porque al final de cuentas, lo único que pueden decir es “sí señor”, pudiendo variar, a lo sumo, el tono para decirlo.

El fracaso es tan evidente, que cada de vez en cuando buscan romper el nudo gordiano y proponen, para ello, quitarle al gobernador su brazo armado: independizar el cargo de Procurador.

Es una bonita idea, aclarando que bonito no es igual a bueno.

El primer trabuco de esa propuesta, es que no existe una explicación convincente que nos asegure una cuestión fundamental: el control. ¿Si no tenemos forma de ponerle un hasta aquí al gobernador, porque él es el propietario de los medios de represión, quién nos garantiza que si podremos hacerlo con el nuevo propietario, sea el Procurador o Perico de los Palotes? ¿Por qué con aquel no y con éste sí? ¿Cuál es el truco? Si se cuenta con una fórmula eficaz, ¿por qué no nos ahorramos un paso y de una vez se la aplicamos al ejecutivo?

A mí me van a perdonar, pero ahí hay trampa: nos quieren vender la idea de que Las Fuerzas Vivas son intrínsecamente bondadosas, mientras que las fuerzas políticas son lo contrario, bastando para resolver el problema, con un quítate tú para ponerme yo. La verdad, creo yo, es que no saben en la que están tratando de meterse.

Si ese es el plan, vamos desapareciendo de una vez la figura del gobernador, y que mejor lo sustituya el que gane como Empresario del Año. Total, de una vez brinquémonos el pequeño detalle de que aquel fue sometido al escrutinio de las urnas; pasemos también por alto el insignificante hecho de que ninguno de nuestros notables ha pasado por algo semejante (por algo será). Y, ya para cerrar el párrafo, olvidémonos de que, por lo tanto, no existen motivos para justificar el por qué nos iría mejor con éstos, porque, si le buscamos, vamos a toparnos con que no tienen ningún logro que los respalde.

¿O sí?

Pero no hay que ser tan duro; bien que mal, no se puede negar que existe una preocupación sincera ante la problemática, lo cual es ventaja.

El asunto es que se insiste en resolver por sustitución: antes los políticos sabían de todo, ahora son los empresarios quienes quieren encargarse de la promoción económica, el urbanismo, la seguridad, la ecología… que de una vez hagan una vacuna contra el SIDA. Como los políticos resultaron malos para todo, por andar metiéndose en todo, nuestra respuesta es que debemos probar ahora con los empresarios como todólogos, cuando lo saludable es reconocer que tal cosa no es posible: zapatero a tus zapatos.

El problema es que si uno baila con el diablo, no es él quien cambia, sino uno, y tenemos ahora a nuestras fuerzas vivas no pugnando por resolver el problema de la seguridad, sino luchando por el poder, porque eso es lo que finalmente subyace en la propuesta de quitarle al Estado el monopolio de la violencia: acabaron grillando, porque pretenden llegar al trono pero sin batallar, sin pasar por el engorroso proceso de una elección. Si vamos a hacer a un lado el valor de la democracia -entendida como la voluntad mayoritaria expresada, en este caso, a través de las urnas-, para imponer los propósitos de un grupo minoritario, siempre en nombre del bienestar colectivo, pues adelante, nada más no olvidar que se comienza imponiéndose con la razón como pretexto, y luego alguien hará sus cuentas y concluirá que, por encima de las razones, estarán siempre las armas.

Insisto en que es sana la inquietud por encontrar soluciones pero, me parece, han problematizado en exceso, y están recurriendo al camino más largo y tortuoso para recorrer la distancia entre dos puntos.

Pero ¿entonces, existe alguna forma de resolver el problema de inseguridad que padecemos?

Sí la hay.

¿Por qué no la aplicamos?

Esa ya es otra pregunta.

En la década de los ochentas, hubo en Estados Unidos un caso muy sonado, cuyos ecos alcanzaron a llegar hasta acá. En una ciudad al norte, una familia conducía su auto rumbo a casa cuando, al pasar bajo un paso peatonal elevado, una bola de boliche irrumpió por el parabrisas, yendo a matar al bebe que se encontraba en el asiento trasero. Las autoridades se pusieron de inmediato en movimiento. ¿Montaron una serie de retenes permanentes en la zona aledaña al paso peatonal? No. ¿Llevaron un elemento de alguna policía federal a cada esquina? No. ¿Realizaron una marcha con pañuelos blancos? No. Hicieron algo más simple: lo indicado. Un par de detectives fueron asignados al caso, los cuales tenían, para empezar, dos elementos: la bola de boliche y el sitio del acto vandálico. Partiendo de eso, en menos de tres semanas ya tenían agarrados a los culpables: dos adolescentes enajenados que se creían personajes del MTV.

La solución fue investigar.

Así suelen resolverse las cosas cuando no andan hechos bolas con las esferas de responsabilidad.

Aquí, lo que ha hecho falta es entender que ya no es Toledo Corro el gobernador y que, espero, ya no están los tiempos como para que nos caiga otro similar; eso, y aceptar con humildad que la habilidad para hacer dinero no es sinónimo de ser bueno para todo. Lo que estamos necesitando desde hace rato, es responderle con autoridad moral a la autoridad legal. En lugar de andarse sumando a una tarea que no nos corresponde, lo que obliga es decirle no al gobernador. Nada más eso: no somos corresponsables, no tenemos –porque no hay razón para que las tengamos- soluciones, no deseamos participar. Dicho en otras palabras: resuélvalo señor gobernador, porque es su obligación y porque para eso lo elegimos.

La sociedad sinaloense siempre ha hecho su parte: todos los días se levanta a trabajar, a estudiar, a invertir, a pagar impuestos… a vivir de manera decente y legal, cumpliendo, con ello, su responsabilidad de manera cabal. Son las autoridades las que desde mucho atrás han fallado en cumplir la parte que les corresponde, y en lugar de exigirles, hemos optado por volvernos sus cómplices, con la entelequia de que somos tan inteligentes que sólo nuestra presencia puede resolver los problemas más graves, lo cual nos ha llevado a acabar negociando lo innegociable.

Podemos sentarnos a discutir si la promoción económica debe enfocarse a lo agrícola, a lo industrial o a lo turístico; lo mismo va para los horarios del sistema escolar ¿qué sea el federal o el estatal? Para la renta o venta de una nueva Unidad Administrativa, pero en lo referente a seguridad no hay nada que hablar: que los responsables cumplan o se vayan… y rapidito.

Lo que no tenemos es un contrapeso a la figura del gobernador, y no es mermándola como vamos llegar a una solución. Se necesitan construir, ya, auténticos liderazgos ciudadanos, pero no para convertirlos en funcionarios o candidatos, sino para usarlos como medio de contraste y anteponerlos a lo que sea menester. Necesitamos dejar de seguir haciendo las cosas al revés: urge sacar a la sociedad de la arena de los políticos, y recordarles que son ellos quienes juegan en nuestro terreno. Necesitamos adoptar a cabalidad aquel mal chiste, donde se afirma que la política es algo demasiado serio como para dejarla en manos de los políticos.

Necesitamos liderazgos, sí, pero verdaderos –no inventados-, que se sustenten en la limpieza y el desprendimiento, y no en la idea de que es posible chamaquear todo el tiempo a todo el mundo. No ocupamos líderes empeñados en la invención del hilo negro sino, nada más, que enarbolen un retorno al sentido común, empezando por admitir como sospechosa a toda iniciativa ciudadana cuyo primer requisito consista en solicitar apoyo financiero al gobierno.

La solución no es fácil. Admito que no tengo una idea clara de por dónde, al menos, empezar, pero me aferro a la idea de que en los liderazgos está la respuesta. El fenómeno ni es privativo de Sinaloa ni se circunscribe a la inseguridad. Para donde volteemos, la crisis es generalizada: la corrupción campea en los partidos políticos, en el gobierno, en la iglesia. Todas nuestras grandes instituciones tienen, en este momento, como característica principal, un vivales al frente. El problema es ya tan vasto, que su solución debe venir de lo individual, de gente que manifiestamente actué sin llevar entre ceja y ceja la satisfacción de sus intereses personales, de gente capaz de ver una vergüenza donde otros ven oportunidades.

Me temo y sea mucho pedir.

 

POSDATA

 

El presente artículo fue realizado hace seis años, en un momento donde pareciera que las condiciones se acercaban a conceder el poder político a las fuerzas vivas, sin embargo debieron esperar hasta el 2010 para jugar en serio… y perder.

Es de llamar la atención, la rapidez con que se replegaron sin ofrecer batalla, lo cual indica su falta de fuerza real: todo el poder que esgrimían era prestado.

Por otra parte, concluidos los sexenios de Millán y de Aguilar, el escenario ofrece novedades interesantes en lo referente a la relación entre los gobernadores y la violencia. Pero antes una anécdota: a principios del año dos mil, cuando comenzaban a verse posibilidades reales de que Fox ganara la presidencia, especulábamos sobre cómo se desempeñaría el PAN en caso de llegar a tomar el mando en el país, uno de los interlocutores aventuró que lo de menos era el manejo de la economía, las relaciones exteriores, la educación, etc. “yo quiero ver cómo se harán cargo de las catacumbas”, concluyó.

Doce años después, si en algo demostró el PAN su incapacidad para gobernar fue precisamente en eso: el manejo de las catacumbas. Un negocio tan extenso como el narcotráfico, solo puede florecer al amparo del gobierno (de hecho cualquier negocio en verdad grande), y aquí en México siempre se desarrolló bajo un cierto orden, bajo el control del capo mayor: papa gobierno. Como que a Fox le dio miedo y mejor no quiso ni enterarse. Eso sí, desarticuló la maquinaria que operaba en los sótanos sin sustituirla por otra y la mierda afloró por las coladeras. Luego, Calderón llegó con la idea de que la criminalidad se combate como en las series de televisión y así nos ha ido. El hecho importante es que el narcotráfico y los gobernadores quedaron libres. Aquí en Sinaloa, en un pasado mítico Sánchez Celis los reunió a todos para decirles, “ustedes tienen su negocio y nosotros el nuestro, háganlo en paz y no me obligarán a actuar”.

Un mito.

El verdadero control del narcotráfico, siempre ha venido del mismo sitio que el control sobre los gobernadores: la presidencia. Por eso el descontrol ahora es generalizado, con gobernadores comportándose como virreyes, haciendo y deshaciendo a su antojo, salvo en los casos donde se topan con alguien más poderoso que ellos: los capos cuya potencia de fuego, recursos y extraterritorialidad superan a los recursos institucionales propios de la gubernatura. Por eso ahora vemos a jefes policiacos desempeñándose como jefes de seguridad de los cárteles, a grupos policiales sirviendo como brazos armados, y a los propios gobernadores haciendo el papel de subordinados del crimen organizado.

La naturaleza abomina del vacío y ello es extensivo a la política. En diciembre, inicia un nuevo gobierno federal y son más las dudas que las certezas. Flota una pregunta simple: ¿cómo retomarán ahora las catacumbas los del PRI?

Eso es lo que estamos por ver.