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PUENTE NEGRO

Seguridad: Quirino vs Malova
 Por Guillermo Bañuelos

Las comparaciones son odiosas, sin duda. Empero, comparar sus ‘logros’ en materia de seguridad con los resultados de su antecesor Jesús Aguilar Padilla fue el recurso mediático más utilizado por Mario López Valdez cada día. No erraba el golpe.

Pero ahora es útil usar el mismo recurso para contrastar los datos de los últimos meses y comprender mejor la actuación de la autoridad estatal frente a una problemática de inseguridad que nos deshonra ante el mundo, sin más afán que identificar errores u omisiones.

A 10 meses de gestión de Quirino Ordaz, es válido revisar cómo va este gobierno respecto de la administración malovista.

No se trata sólo de comparar para evaluar, sino de aclarar aunque sea un poco este fenómeno  que no parece tener fin, y, mediante el contraste, interrogar los fracasos y estancamientos perceptibles en tal o cual práctica.

El primer informe de Quirino Ordaz aporta datos estadísticos generados por la Secretaría de Seguridad Pública que expondremos sin afán de hacer juicios apurados ni de presentar conclusiones,  pues no podríamos hacerlo adecuadamente si sólo disponemos de las cifras que ellos mismos proveen.

No obstante, hagamos el ejercicio ‘Seguridad: Malova vs Quirino’, a quienes nos referiremos en lo sucesivo como MLV y QOC , y confrontemos las estadísticas registradas durante el lapso enero-octubre de los años 2016 y 2017, respectivamente, cuya fuente es la SSP:

-En 2017, las corporaciones policiacas locales, en coordinación con las fuerzas federales, aseguraron con 154.4 kilogramos y 13 mil dosis de cocaína, contra una cantidad de cero decomisos logrados en el mismo lapso del 2016 (MLV).

– Hasta octubre, el gobierno de QOC  reporta el decomiso de 152 armas cortas, 638 largas, 12 aditamientos lanzagranadas, 35 mil cartuchos, 2 mil 461 cargadores y 82 granadas (en total, 39 mil piezas), contra 991 piezas con MLV,  lo que representa  3,836% más.

– Con QOC se han asegurado 11 laboratorios clandestinos  y 42 mil 354 litros de sustancias y precursores químicos, en tanto que el registro con MLV en este renglón es de cero.

-Con QOC han sido detenidas un mil 273 personas por delitos contra la salud, portación de armas de fuego, robo y otras causas (un 185% más que con MLV).

-Este año, se han recuperado 2 mil 182 vehículos en Sinaloa, contra sólo 538 durante el 2016.

-Durante los últimos 10 meses, se han decomisado 44 mil 786 dosis de diversas drogas, contra 9 mil 503 porciones en 2016.

-Este año  se han asegurado 20 toneladas 908 kilogramos de marihuana, más 885 cigarrillos de esa hierba, contra 199 kilos el año anterior.

-Durante enero-octubre se han destruido 119 plantíos de marihuana y 23 de amapola en la entidad, contra cero en el mismo lapso del año pasado.

-Este mismo año se han decomisado 12 mil 390 dosis de cristal, contra un mil 558 el año anterior.

-Las corporaciones han asestado  algunos golpes también  a la industria huachicolera  -refirió la SSP-. Durante 2017 se han recuperado 527 mil litros de combustibles, contra cero en 2016.

Hasta ahí los números.

El reporte menciona que el primer paso del gobierno actual fue analizar el fenómeno y reconocer “un escenario que durante años se ocultó a los sinaloenses”, aunque  en el discurso malovista se presumió este rubro como ‘exitoso’.

“La realidad era otra y, por desgracia, no estaba siendo atendida. Todo ello generó una bomba de tiempo” que, refirió el  informe de QOC, “hemos podido contrarrestar” aunque “hay daños colaterales innegables”.

La administración de Ordaz ha descrito que recibió un aparato de seguridad disfuncional, desmantelado y corrupto.

Encontró –sostiene- “una situación lamentable en términos de personal, además de altos índices de corrupción y un cuerpo policial que carecía de la confianza de la sociedad”, lo que los obligó a reestructurar este sistema y a emprender un programa de capacitación con el apoyo de la Sedena, el cual han cursado 2 mil 300 policías que desde hace años no recibían ningún entrenamiento en temas básicos con son manejo de armamento y tiro.

El gobierno quirinista refiere además que intensificó el reclutamiento de nuevos agentes, logrando hasta ahora la captación de 588 policías.

También presume que ha invertido 152 millones de pesos en la adquisición de 241 patrullas, más 50 motocicletas para integrar una unidad motorizada.

En convenio con la Sedena, compró este año 8 vehículos tácticos tipo DN-XI para establecer el orden en situaciones de crisis y adquirió 100 cámaras portátiles que permiten a los mandos registrar la actuación de sus elementos.

El esfuerzo que refiere la administración actual, sin embargo, no ha sido suficiente para pacificar las calles de las ciudades y nuestras comunidades.

La cadena de crímenes y sucesos violentos  que continúa nos recuerda que la inseguridad pública y sus expresiones de alto impacto son el mal de males de Sinaloa.

Esta realidad del estado se ocultó (mejor dicho: se intentó ocultar) y generó una bomba de tiempo.

Los daños colaterales, ha dicho Quirino Ordaz, son innegables. No se puede tapar el sol con un dedo.

PUENTE NEGRO

 Ciudades al filo del caos
Por Guillermo Bañuelos

Es común creer que el gigantismo o el congestionamiento vial de una ciudad son un indicador o sinónimo de buena calidad de vida. Nada más tonto.

“¡Cómo ha crecido la ciudad, ya ni caben los autos!”, se expresa en función de halago o de reconocimiento, cuando en realidad tales fenómenos son causa de estrés colectivo, de contaminación del aire, suelo y agua; de hacinamiento, de segregación y marginación social, de delincuencia y violencia, de inequidad y de pérdida de recursos naturales.

Tal concepción, generalizada globalmente durante el siglo XX, parece que desaparece en algunos lugares en donde las cosas cambian. De hecho, en muchas ciudades del mundo la sociedad y sus gobiernos han vuelto a lo importante: a repensar cómo hacer ciudades más amables en las que sea más grato vivir; en las que no existan barreras para caminar y pedalear,  o en las que los niños tengan derecho a jugar en espacios abiertos y seguros.

Gracias a la vigencia de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, creada en noviembre 2016, México podría lograr frenar  la expansión de las manchas urbanas de muchas de sus ciudades al filo del caos y la adopción de alternativas de transporte y de movilidad que contengan el crecimiento de vehículos de combustión interna, que suman ya 43 millones de unidades (2016), algo cercano a tres personas por cada vehículo.

No ajeno a estos fenómenos  de desorden urbano y a sus consecuencias, Sinaloa deberá contar este mismo mes con una ley propia armonizada con la ley general mencionada, para lo cual la semana este día el Congreso local dio segunda lectura a una iniciativa presentada por el Ejecutivo para crear la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

La iniciativa, en sus considerandos, menciona que nuestro país es eminentemente urbano metropolitano, donde el 80% de la población y el 70% del producto interno bruto se concentran en las ciudades con más de 200 mil habitantes, y reconoce que en los últimos 30 años la extensión de nuestras ciudades se  multiplicó por siete, mientras la población apenas se duplicó.

La Ley de Desarrollo Urbano de Sinaloa fue creada en 2004. Desde entonces, en la entidad surgieron grandes retos en temas muy específicos que es urgente enfrentar con un marco constitucional  obsoleto.

Los niveles de actuación de los municipios y del mismo gobierno estatales son ampliamente rebasados por las presiones políticas, económicas y sociales que ejercen los diversos agentes que influyen en la toma de decisiones sobre el territorio pues los gobiernos carecen de mecanismos financieros, capacidades administrativas e instrumentos legales adecuados.

La ley propuesta por el gobernador Quirino Ordaz Coppel plantea sustituir el modelo actual de desarrollo urbano por uno que oriente y garantice la construcción de ciudades resilientes, sustentables  y equitativas de acuerdo a los principios de derecho a la ciudad, equidad e inclusión, derecho a la propiedad urbana, coherencia, participación democrática, productividad, protección y progresividad del espacio público, seguridad y prevención de riesgos promovidos a través de la Nueva Agenda Urbana de ONU Hábitar y la Agenda 2030.

La iniciativa propone que para ejercer sus facultades de planeación, control y administración territorial y urbana, las autoridades estatales y municipales podrán apoyarse en órganos auxiliares como son los consejos de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano y en otros instrumentos similares.

El Ejecutivo propone que las consultas a la población tengan la fortaleza de opinión representativa de la sociedad, ya que surgen de organismos de participación social y de gestión ciudadana, por lo que algunos aspectos importantes los concentra en la planeación urbana y territorial tengan como base un institutos estatal de planeación  (por crearse) y los institutos municipales (IMPLAN).

El documento establece que el Instituto Estatal de Planeación Urbana y Territorial deberá tener personalidad propia, autonomía financiera, administrativa, técnica y operativa, aunque operará de manera subordinada a la Sedesu.

A los IMPLAN –ya existentes en Ahome, Salvador Alvarado, Culiacán, San Ignacio, Mazatlán y Rosario-, la ley propuesta por el gobernador  les otorga la mayoría de edad ansiada al enfatizar su carácter ciudadanizado con el fin de garantizar su continuidad, de fortalecer su autonomía y de minimizar su vulnerabilidad respecto de decisiones políticas discrecionales o no prioritarias.

La propuesta establece que las decisiones en materia de desarrollo urbano sean tomadas por los gobiernos en consenso con la sociedad.

En el aspecto económico-financiero de los IMPLAN, la iniciativa formula participaciones sobre algunos impuestos, la posibilidad de generar ingresos complementarios mediante cobros municipales diversos y por gestiones propias. La intensión de la ley, apunta, es convertir a los IMPLAN en instituciones sólidas que garanticen la planeación municipal y regional.

Las consideraciones expuestas, por sí, tienen un peso abrumador. Ninguna legislatura en su sano juicio osaría cerrar el paso a la oportunidad de tener una ley actualizada que brinde disposiciones y principios urgentes para revertir el deterioro de nuestras ciudades y el territorio.

Sí o sí, esta iniciativa tiene que caminar.

PUENTE NEGRO

¿Águilas o zopilotes?
Primero la libertad de expresión
Por Guillermo Bañuelos

 

Una página publicada en las redes divulgó que existe un movimiento independentista en el norte de México, y armó de inmediato una guerra virtual por la independencia de ¿NortMéxico?

Decenas de miles de usuarios cándidos (de sur a norte y de costa a costa) hicieron suya la especie y  opinaron apuradamente en pro y en contra de esta supuesta gesta histórica con mensajes furibundos.

De frente, los del norte contra los chilangos-come-quesadillas-sin-queso, y  éstos contra los rancheros sombrerudos-come-carne-asada.

En la era de la pos-verdad, este borrego (rumor)  más trasquilado que un perro xoloiztcuintle provocó la furia de muchos mexicanos (no todos) quienes, después de los terremotos,  gritábamos con agüita en los ojos y el puño derecho en alto: ¡Somos Un Solo México!

El tema encendió la pasión de muchos –demostrado está-  que ahora están dispuestos a partirse la progenitora por un asunto que ni siquiera existe, y, de paso, a trozar en dos partes este país de por sí tan sacudido y madreado (pero ¡cada quién!, como decía mi madre).

Pero este no es el tema central de hoy.

Más cerca de uno, el lunes, las redes nos informaron que durante la madrugada de ese día falleció Oscar Lara Aréchiga, un empresario y político muy conocido en Sinaloa.

Antes de ofender a algún lector, debo aclarar (en primera persona, inusualmente) que cada persona ve esta u otras noticias desde el lugar o el estado de ánimo en que se encuentre.

Así que no hay en esto buenos, ni malos.

Cada uno reacciona desde sus filias, sus fobias y sus creencias (por ejemplo, leí a un cibernauta que sentenció: “existe el cielo y el infierno, y ya sabemos adónde irá”, y sólo queda, también, pedir por este opinador).

La diversidad es una condición indispensables en una sociedad democrática. Por ello hay que respetar hasta los juicios que nos parezcan aberrantes,  sobre todo si son generados por la ignorancia. ¿Cómo no hacerlo?

Cuando alguien muere es propicio perdonar o, cuando menos, brindar  un gesto de solidaridad con la familia o hacia el difunto.  “Fue bueno”, solemos decir o escuchar.

Algunos rezan una oración por el alma de quien termina su función en este mundo, otros aportan algún consuelo al recordarnos que, en algunos casos, la muerte es preferible a la agonía que padece el enfermo.  Unos más lamentan la pérdida,  y no falta quiénes aprovechan el suceso para contar y cantar  los defectos, errores y las “tranzas” de quien se fue.

Cosa extraña: en estos casos, pareciera que los juicios los emite uno para sí mismo, pero ¿quién sabe? Yo no lo sé,  y quizá quienes nos parecen severos  sean realmente puros e impecables tengan derecho a condenar al otro. Tampoco lo sabemos.

Oscar Lara Aréchiga, aunque fue un hombre público, y aunque desde la oficina de un agente antinarcóticos estadounidense se filtró a El País su supuesta vinculación con acciones ilegales, ha muerto.

Oscar es una persona sin vida y ya no puede defenderse. Entonces, sería  cobarde atacarlo.

¿Se entiende?

En ocasiones es útil subrayar contrastes con el fin de marcar diferencias entre tal o cual actitud.  

Quizá sirva cotejar las virtudes de un águila con las de un zopilote: la primera aguza su vista y distingue su presa desde cientos o miles de metros; se desprende desde las alturas  a velocidades de hasta 300 kilómetros por hora sin temer que su objetivo sea, como ella misma, una serpiente venenosa o una fiera, y con un solo intento la caza con sus garras.  

El zopilote, en cambio,  planea perezosamente a alturas medianas y sólo despabila el olfato para detectar los olores putrefactos que emanan de un cadáver. Luego aterriza sin prisa y lo engulle.

Ocupado en ser correcto, empero, repito: todo está bien, la libertad de expresión es primero.

 -SEGURIDAD. El alcalde Jesús Valdés Palazuelos declaró que se procura la permanencia de las fuerzas militares en apoyo a las tareas de seguridad pública. Mal que bien, reconozcamos que la presencia de la SEDENA y la Marina ha contribuido a reducir los alarmantes índices de criminalidad que se registraron durante los meses anteriores.

-¿ELIMINAR EL IMPUESTO POR TENENCIA VEHICULAR? El gobernador Quirino Ordaz Coppel estableció que debe analizarse con detenimiento la conveniencia de eliminar en Sinaloa el impuesto por tenencia vehicular. Entre otras consideraciones, alertó que la Cámara de Diputados podría hacer recortes severos a los presupuestos de los estados debido al alto costo que significará la reconstrucción de cientos de comunidades y ciudades afectadas por los terremotos recientes, y a ello agreguemos que las tesorería estatales y municipales siguen en la penuria ocasionada por el desorden administrativo del gobierno anterior. 

 

PUENTE NEGRO

Se sacude la tierra… y tiemblan las corvas

 Por Guillermo Bañuelos

(Resiliencia mexicana: superar situaciones de estrés severo y prolongado -un sismo, por ejemplo-  y salir transformado o más fuerte. En 3 palabras: sacar la casta)

Los terremotos y sus tremendos daños dejan dolor y una herida profunda en un país enlutado desde hace muchos años por el baño sangre generado por  la violencia. En medio de esto, conocemos el saldo parcial de 285 muertos y presenciamos un reality show grotesco desplegado por algunos medios.

Al igual que en el 85, el sismo mueve la conciencia colectiva y despierta el orgullo de pertenecer a un pueblo que se levantará otra vez de entre los escombros con el puño en alto. La solidaridad está aquí.

Pero se trata de facultades que no desarrollan igual todas las personas, ni todos  los grupos sociales, económicos o políticos. Como ejemplo, tenemos ahí el caso de los partidos políticos, en los que la solidaridad ha sido parte sólo de sus discursos, mas están prestos ya a precipitar el aquelarre electoral y a sacar la mejor raja.

Es inevitable ver similitudes entre lo que sucedió en 1985 y ahora.  Destaca la reacción ejemplar de miles de héroes anónimos en favor de la vida y del prójimo, adelante del pasmo que distingue en estos casos a algunas esferas del poder o burocráticas ante las tragedias.

Frente a circunstancias de alta vulnerabilidad, de nuevo, los mexicanos tomaron sus manos y formaron una cadena humana que bien puede rodear la cintura del mundo.  De la nada, espontáneamente, la raza genera ideas y desarrolla impulsos que reconectan con la vida y rescatan la dignidad. Así, México se levanta.

Ahora hablemos de los partidos, de los políticos a los que también les tiemblan las corvas porque, sin duda, el 2018 se ha adelantado y está encima.

López Obrador abrió el fuego al ofrecer que su partido Morena estaría dispuesto a donar el 20 por ciento de sus prerrogativas.  Con tibieza,  lo secundaron otros que hicieron ofertas similares pero con una advertencia: donar (¿es correcto decir donar cuando los recursos provienen del erario?) parte de sus recursos equivaldría a violar la ley pues ese dinero público está etiquetado de origen con la altísima finalidad de fortalecer la democracia en el país.

El consejero electoral Marco Antonio Baños respondió a través de un tuit que donar dinero es causa noble”, y aclaró que “el INE no se opone”  a ello si para efectuar el traspaso los partidos acuerdan “la mejor ruta legal”.

En nombre del PRI, el miércoles, Enrique Ochoa reveló que hizo contacto con el INE “para donar recursos sin violar la ley”, y ayer, a través de un boletín, anunció que “renunció” al 25% de sus prerrogativas de un año para que Hacienda canalice estos recursos a labores de reconstrucción.

El senador independiente Armando Ríos Piter propuso que los partidos aporten la mitad de sus ingresos. Lo secundó el panista Ernesto Cordero, quien calificó que “es excesivo” el monto que reciben los partidos. El affaire contagió las redes sociales y se viralizó de inmediato.

Luego de circular un video en el que varios senadores del PRI y del PRD alegaban que no es posible destinar sus dineros a la reconstrucción debido a que se tendría que hacer “una reestructura complicada en la ley” y a que “están muy cerca las campañas”, numerosos grupos de ciudadanos se unieron a una sola causa: exigir a los partidos que el dinero que reciben del Estado se aplique en acciones para atender la emergencia.

El capítulo no termina. Con el correr de los días, tendremos información más precisa acerca de los daños totales provocados por los sismos. La reconstrucción de la infraestructura  y de miles de casas destruidas impone al gobierno federal  la urgencia de aportar dinero. Si bien se ha dicho que el Fondo Nacional de Desastres (Fonden) dispone de alrededor de 15 mil millones de pesos para enfrentar estas contingencias, no hay guardadito que alcance.

Algunos sectores importantes, como el agropecuario, ven venir recortes inmediatos y la posible suspensión de programas de apoyo. Naturalmente, piden que el gobierno  no abandone a los hombres del campo. Otros vaticinan que los terremotos y sus secuelas podrían obligar a recomponer el presupuesto anual de la Federación y reducir las partidas federales proyectadas para los municipios y las 32 entidades.

Los principales damnificados podrían ser los partidos y sus candidatos, quienes no parecen darse cuenta cabalmente de que el momento les ofrece sólo dos salidas: siguen montados en la inercia que los caracteriza y  cavan su propia  tumba, o miran por vez primera más allá de sus narices y asumen la actitud y las responsabilidades a que están obligados para lograr llegar a las elecciones con un rostro más limpio. Que no les tiemblen las corvas, señores.