ANDO POR LA PLAZUELA

La estúpida liviandad jurídica de las entidades públicas.
Octavio Valdez

Hace algunas semanas se planteó por parte de algunos organismos públicos pasar en espacios comunes la transmisión de un capítulo de la serie animada Dragon Ball Super, a algunas personas les parece un asunto de mal gusto a otras una frivolidad, frente a las necesidades de la población general, y a otros tantos les ha caído en gracia.

Lo que me parece grave es que las instancias gubernamentales no consideren los detalles legales de dicha actividad, la caricatura está protegida por las leyes de derecho de autor, nacionales e internacionales ya que la trasmisión del capítulo que se pretende reproducir públicamente está disponible sólo a través de internet, su transmisión pública se llevará a cabo exclusivamente en Japón, hay que aclarar que las fuentes o páginas que tienen disponible el material lo ponen a disposición de manera ilegal. También habría que considerar que una empresa nacional, Televisa, es la que tiene los derechos en México del programa, por lo que se podría dar por aludida en cuanto a las pérdidas económicas que la acción de las instancias de estado le provocarían.

No hace mucho, en una plática el actual presidente municipal de Culiacán exponía la difícil situación financiera que tenía el ayuntamiento, de manera laboriosa se logran operar los servicios básicos para la población.

Una de la variables para esta situación que más llamó la atención en la charla, fue la de las deudas generadas por concepto de demandas en las que el ayuntamiento se tenía que hacer cargo de  indemnizaciones a  terceros, el monto que se comentó fue de alrededor de 200 millones de pesos, que para cualquiera que tenga una mínima idea de la dimensión de las finanzas de una entidad municipal, sabrá que es una cantidad comprometedora para el buen funcionamiento de muchos programas.

Estás demandas son de distinta índole; expropiaciones mal hechas, proyectos mal aplicados, despidos mal planteados… La mayoría de los casos de administraciones anteriores, algunos litigios incluso con más de 10 años, lo que por lógica acarrea montos cada vez mayores a resarcir. Algunos de los presentes de profesión y ejercicio abogados, indignados por la facilidad con la que se podía sacar dinero de las arcas públicas, le planteaban como camino prioritario fincar responsabilidades sobre los funcionarios que hubieran facilitado por omisión o complicidad el quebranto del erario.

La pregunta que me hago es para qué sirven las áreas jurídicas de las distintas entidades públicas, ¿será que los funcionarios encargados de tomar decisiones no consultan a sus asesores legales? ¿Estamos frente a una generación de abogados inútiles o analfabetas?

Los medios de comunicación tampoco ayudan, ya que tienden a vender como gracia el ganarle una lana a las autoridades, pero al final del día el que paga cada liviandad jurídica en la operación pública es el contribuyente. Usted y yo.

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