Mini ensayo sobre violencia en Sinaloa

DE GOBERNADORES, VIOLENCIA Y FUERZAS VIVAS

 

Jorge Aragón Campos

 

EL MARCO GENERAL

 

Uno de los primeros aspectos sobre el que debemos reflexionar, es el abuso con que utilizamos el concepto agresividad, hasta el punto de volverlo un sinónimo de violencia. Si en algo hay acuerdo, es acerca de la naturaleza agresiva y violenta del ser humano: en esa fácil vocación, para aplicar nuestra facultad de raciocinio a la destrucción sistemática del entorno, puede estar el factor clave que nos llevó a convertirnos en la especie triunfante.

En algún momento perdido en la noche de los tiempos, resultó claro nuestro éxito por sobre las demás criaturas vivientes; desde entonces nos quedamos sin competidores, y la inercia del instinto nos condujo a enfrentarnos con los únicos capaces de estar a nuestro elevado nivel: nosotros mismos.

Con toda seguridad, no tardamos mucho en darnos cuenta que por ese camino no tendríamos ningún futuro, y nos vimos en la necesidad de inventar el arma de los domingos: el Estado. Fuimos capaces de crear una institución ante la cual cedíamos nuestra facultad soberana a matar y ser matados. Sólo el Estado tendría el poder de la violencia, a cambio de mantener y hacer respetar reglas claras y convenientes para todos. Fue resultado de la primera gran negociación colectiva, dicho en su sentido más amplio: cada quien cediendo algo, en beneficio de la convivencia social. Ahí está el origen, la justificación y el futuro del Estado como institución: no fue creado para la promoción económica, la preservación de la cultura o diseñar vialidades fluidas, sino como garante de la seguridad, merced al monopolio exclusivo de la violencia. Esto no es una vuelta de tuerca retórica, es una de las pocas verdades absolutas de la ciencia política, no sólo porque los más importantes teóricos coinciden en el aserto, también la experiencia histórica lo confirma: todas aquellas naciones donde el Estado cedió parte de esa facultad, acabó siendo derrocado (la Rusia zarista, Cuba, Nicaragua, China, el México porfirista).

La fundación de una institución tan conveniente fue un acto sabio, pero antinatura: una cosa es razonar sobre la necesidad de deponer las conductas violentas, y otra muy diferente desaparecerlas. Los Estados fueron aglutinando conglomerados cada vez mayores, para dedicarse a lo que mejor sabemos hacer: pelear. Al menos, los ataques dejaron de dirigirse contra nuestros hermanos de raza, religión o nacionalidad, para enfocarlos a los extraños enemigos. El hombre dejó de ser el lobo del hombre, para dejar a las naciones el papel de devorarse una a otras. Aunque no lo parezca, fue un avance importante.

Nuevas soluciones acarrean nuevas incógnitas, y el esquema de las sociedades actuales trae, desde su origen, tensiones que no acabamos de resolver. El ser humano ha alcanzado grados de desarrollo tales, que es casi universal la convicción de que la violencia es un hecho negativo pero, al mismo tiempo, la agresividad sigue siendo una virtud altamente apreciada. Uno de los casos más ilustrativos es Japón: hasta la Segunda Guerra Mundial, era un pueblo autoritario, militarizado y violento hasta las cachas. Su principal producto de exportación era la agresión: nunca perdieron una guerra, y todas las iniciaron ellos mediante la canallesca costumbre de atacar sin declaración previa. Su última gracia fue Pearl Harbor. Sin embargo, fueron suficientes varios millones de muertos y dos atomicazos, para convertirse en uno de los pueblos más convencidos de las bondades de la paz, al menos de dientes para afuera. Ahora son pacíficos… pero muy agresivos. Toda su idiosincrasia, que se había enfocado a la construcción de un imperio militar, no fue modificada (el germen ahí persiste), nada más se reorientaron a la construcción de un imperio económico. Es curiosa la suerte de los japoneses que, después de perder la mayor y más importante de las guerras, acabaron cayendo en blandito: son un ejemplo de cómo la naturaleza profunda del ser humano puede utilizarse para construir una utopía industrial, porque no negaremos que, al menos para nosotros, hijos de la cultura occidental, sus logros representan todo aquello a lo que podemos aspirar.

Pero no todos -y no siempre- logran resolver con buena fortuna esa dualidad entre agresión y violencia. Podemos gustar de la paz, pero no del pacifismo: es bueno vivir tranquilos, pero con la pistola bajo la almohada, por si las dudas. Estamos dispuestos a la vida en armonía, pero cuidado y alguno levante la mano con brusquedad porque entonces la sangre llegará al río. Dicho en otras palabras (dicho en palabras sinaloenses, para ser exactos): ahí donde me ven tan calmadito, es nomás porque así quiero andar, pero no me busquen porque me encuentran. El fenómeno es universal: somos animales pacíficos no por convicción, sino por conveniencia. Cuando protestamos contra la violencia, nuestra voluntad genética se subordina a nuestro Yo racional, pero luego ese mismo nos tilda de Gutierritos cuando flaqueamos a la hora de ser los primeros en clase, los más destacados en deportes, o cuando se requiere destruir a la competencia hasta sus mismísimos cimientos. La sociedad moderna trastabilla, peligrosamente, en el borroso punto donde la agresión queda próxima a desembocar en violencia. Lo peor es que siguen siendo muy próximas dos conductas que son valoradas de forma extrema: una es lo mejor, lo más necesario y recomendable; la otra pone en riesgo nuestra sobrevivencia como especie.

 

EL MARCO NACIONAL

 

El fenómeno de la delincuencia, que es la manifestación pragmática de la violencia (no se trata de golpear por golpear, sino de obtener a cambio dinero, bienes, poder, respeto), se extiende cada vez a más Estados de la República. El narcotráfico, por ejemplo, que en los setentas era privativo de Sinaloa y Guerrero, ahora también tiene carta de naturalidad en Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León y Quintana Roo, más los que se acumulen en el próximo sexenio. Por otro lado, la delincuencia del orden común (así le dicen) en algunos lugares llega ya a extremos intolerables.

Todos coinciden en aceptar que el Estado mexicano empezó a sufrir, hace mucho, un proceso de degradación que todavía hoy no concluye. Hasta ahí llega el consenso, pues la fecha de inicio y la magnitud del daño sufrido es objeto de discusión. 1968 es aceptado como el año de la primera gran llamada de atención, cuando empezó a verse claro que algo no marchaba bien. La solución fue voltear para otro lado y desear que las cosas se arreglaran solas.

No fue así.

Desde aquel entonces, el Estado descubrió la desmedida impunidad de que podía gozar, y sobre ella fue construyendo las razones que le dieron sustento. Toda la riqueza producida en la etapa postrevolucionaria, fue dilapidada para sostener a la nueva razón que justificaba ahora su existencia: la corrupción. Zaíd nos ha dado la más sencilla y completa definición de ese basto fenómeno mexicano. La corrupción, dice él, no es el agente de Transito pidiendo para las Cocas, ni el burócrata haciendo tortuguismo para recibir propinas que sirvan para acelerar los trámites, eso ocurre en todo el mundo, pero la Corrupción (ahora con mayúsculas), a como la padecemos en México, es la de la mentira: el Presidente diciendo “aquí los que mandan son ustedes (mientras blande la pistola), y yo estoy para obedecerlos”.

La visión es tan atinada, que basta adoptarla para que todo embone y empezar a entender por qué, en este país, todos dialogamos entre todos sin que nadie le crea nada a nadie, y por qué seguimos siendo capaces de tolerar aberraciones dignas del mundo bizarro de las historietas de Superman. Nos hemos vuelto el México de las opciones degradadas, donde lo más natural es que los clientes de Fernández de Cevallos le ganen todos los pleitos al gobierno, y su éxito se lo atribuyamos a sus dotes como jurista, López Obrador le pague sesenta mil pesos mensuales a su chofer y siga gozando de fama de honrado, y a una regidora municipal que lanza a las prostitutas de vuelta a la calle, le aplaudan porque se preocupa por hacer cumplir el Bando de Policía y Buen Gobierno.

No hace muchos años, cualquier ciudadano se iba a la cama con la certeza de que podía dormir tranquilo, pues una institución sólida y noble (el Estado) velaba por sus intereses, su salud, su educación… su seguridad. Hoy, en cambio, el enemigo público numero uno es, precisamente, aquel que se supone debe estar para protegernos. Ahora nos vamos a la cama con la incertidumbre de con qué nueva gracia nos van a salir en la mañana. La corrupción oficial ha desembocado en donde tenía que ir a parar: a la más total, completa y absoluta ineptitud. Ya nada funciona bien, pues todo seguía caminando sostenido por una inercia fruto, a su vez, de la enorme buena suerte de que nadie le diera una patada a la escenografía.

Pero la suerte, tarde que temprano, se acaba.

Podemos discutir todo lo que queramos, pero al margen de las conclusiones a que lleguemos, existe un hecho inevitable: estamos bien metidos en un proceso que, tarde o temprano, desembocará en el caos social. En un grupo de individuos, es la autoridad la que pone orden (ya vimos gracias a qué), y cuando se vuelve costumbre que la cacheteen y como respuesta se cruce de brazos (eso en el mejor de los casos, porque de cuando queda como abiertamente cómplice mejor ni hablar), es cuestión de tiempo para asistir al derrumbamiento del orden establecido.

México tiene las horas contadas, y es una verdad de a kilo que, o damos un golpe de timón nosotros, o Estados Unidos va a entrar a poner orden en su patio trasero, con una intervención como la habida en Panamá para deponer a Noriega.

Nosotros escogemos.

Sinaloa padece un largo historial de violencia, y puede ser el laboratorio de donde salgan las vacunas para prevenir la fase terminal de nuestro país. Sonaría muy rimbombante y melodramático, decir que necesitamos entrarle a la tarea con creatividad y audacia, para arribar a nuevas formas de combatir el problema y conjurarlo pero, a decir verdad, y desde mi muy modesto punto de vista, lo único que urge es un mínimo de cordura y sentido común.

Tal vez y por eso la solución puede surgir de aquí.

 

EL MARCO LOCAL O, LO QUE ES LO MISMO, LOS GOBERNADORES Y LA VIOLENCIA

 

La degradación sufrida por todo el país, en Sinaloa encontró formas particulares para manifestarse.

Distinguido por su orografía, en nuestro Estado todavía existen regiones donde el tiempo parece haberse detenido, pues las montañas han significado un obstáculo -hasta la fecha- insalvable ya no digamos para el progreso, sino para la mera civilización. Cuando se supone que lo natural es que el desarrollo obtenido en las ciudades vaya extendiéndose hacia las partes más alejadas, aquí ha ocurrido al revés: nuestras principales cabeceras se han convertido en tierra de nadie, como si fueran rancherías perdidas entre las cañadas de la Sierra Madre Occidental.

Todavía en los setentas, parecía que sólo era cuestión de tiempo para que la cultura desplazara más al norte a la carne asada, y Sinaloa se volviera una entidad más cosmopolita.

¿Qué pasó? Algo muy simple: que la gente sí entiende.

El narcotráfico fue durante muchos años una actividad auténticamente subterránea y socialmente inaceptable, pero en la primera mitad de los setentas resultó claro que se estaba saliendo de control, desembocando en el fenómeno conocido como de los gomeros, donde una multitud de bandas peleaban entre sí por quítame estas pulgas. Más que el de los cárteles, fue el tiempo de los changarros. En apariencia (sólo en apariencia), por aquel entonces la autoridad aún no perdía la capacidad de sonrojarse, y reaccionó de la única forma que sabía hacerlo: a ciegas y a lo grande. Los perros de la guerra fueron liberados con la Operación Cóndor; la sierra fue diezmada al grado de obligar al abandono de muchos pueblos; las ciudades fueron peinadas con retenes, volantas y patrullas del ejército. Los que habían logrado sobrevivir a los pleitos entre las numerosas bandas, no pudieron evitar el fuego de la autoridad. Hasta la fecha, no existe claridad en la cantidad de muertos que la Cóndor dejó, pero existe consenso en el sentido de que las víctimas colaterales fueron bastantes. De hecho, y para que no hubiera dudas sobre el papel que en lo futuro tendrían los gobernadores, al gobernador Calderón lo detuvo el ejercito en el campo militar de la Novena Zona, y fue liberado gracias –según cuentan- al buen tacto y mejores contactos de su Secretario de Gobierno.

Falta la pregunta importante: ¿se resolvió el problema?

No.

Del fuego y la barbarie de la Cóndor sólo surgió el orden, pero no aquel de las instituciones y las sociedades fortalecidas, sino el de los capos. Ya no eran las multitudes de jefecillos sueltos, sino unos cuantos líderes encabezando y disciplinando a la actividad: Miguel Félix, Rafael Caro, Ernesto Fonseca, Salcido, etc. Esa fue la época más negra para Sinaloa pero, paradójicamente, la agresión no vino del crimen organizado sino de la delincuencia hecha gobierno. Fue en la presidencia de Miguel de la Madrid cuando el gobierno mexicano se quitó la máscara, y fue, también, cuando empezó a verse claro que el narcotráfico ya era algo más que un asunto de delincuentes, y había pasado a convertirse en fruto de una política de Estado.

En Sinaloa no pudo ocurrir todo eso en peor momento: la sociedad dejó de preocuparse por la influencia nociva del narcotráfico, y dedicó todas sus fuerzas a defenderse de los parientes y funcionarios del gobernador, que encabezaban a bandas criminales dedicadas al robo de autos, secuestros, violaciones, asaltos domiciliarios y otras lindezas, perpetradas todas con lujo de violencia. Antonio Toledo Corro dio una invaluable lección a los sinaloenses: peligroso, lo que se dice peligroso, el gobierno.

Y como la gente sí entiende.

Vale la pena subrayar lo que no puede ser mera coincidencia: mientras a nivel nacional el gobierno se descaró recurriendo al fraude electoral, a la vez que trataba de mantener disimulados, en la medida de lo posible, sus nexos con el crimen organizado, lo cual por cierto no le salió, pues ese periodo fue marcado por el caso de corrupción militar más escandaloso, con el mismísimo Secretario de la Defensa involucrado en dar protección a los narcos, aquí en Sinaloa el experimento fue llevado a una etapa superior, demostrando que sí era factible fregar a todo mundo al mismo tiempo.

Labastida trató de regresar las aguas a cauces más normales, pero fue evidente que no pudo, porque a él ya no le tocó enfrentar a los delincuentes, sino a los encargados de combatirlos, es decir, a la federación. En ese sexenio, el principal enemigo a vencer no fue Héctor Palma, Baltazar Díaz, Joaquín Guzmán o Ismael Zambada, sino González Treviño, titular de la PGR en el Estado, y su similar a nivel federal, Álvarez del Castillo. En ese momento el último tabú fue roto: para los políticos, había sido perdonable todo, menos que se metieran en asuntos del narco. Aquello era el último de los pecados capitales.

Ya no.

Tal vez –sólo tal vez-, el sexenio de Labastida fue el punto de quiebre para los sinaloenses: no tenía sentido seguir resistiendo, el mal siempre acabaría triunfante, como había venido haciéndolo desde casi veinte años atrás. Inclusive, hasta resultaba peligroso dejarse llevar por el optimismo de los momentos donde daba la impresión de que la decencia y la cordura recuperaban terreno: todo éxito era efímero, y el desastre siempre regresaba, pero corregido y aumentado, resultando cada vez peor.

Se necesitaba una señal clara y definitiva de que había motivos para la esperanza.

Después de Labastida, Sinaloa recibió como premio de consolación a un auténtico conchudo en la gubernatura, quien supo retomar la parte más conveniente del discurso de su antecesor, aquella que buscaba hacer a la sociedad coparticipe y corresponsable del fenómeno de la violencia y, por extensión, de la inseguridad. Para el estilo de razonamiento de Renato Vega Alvarado, fue muy cómodo sacarse de la manga la justificación a todos nuestros problemas: es la sociedad la que no ha hecho lo suficiente, es ella la responsable y, por lo tanto, la única culpable. Como quien dice: bien merecido se lo tienen.

Y como la gente sí entiende.

La sociedad sinaloense ha recorrido un largo camino sin metas claras. Más que buscar un objetivo, la utopía ha sido sustituida por el mero espíritu de sobrevivencia. Las lecciones aprendidas han sido muchas y muy amargas todas, y han tenido como consecuencia la generación de un individuo permeado por una visión ladina y pervertida de la vida, convencido de las bondades de la hipocresía, es decir, de la corrupción. Es razonable que haya ocurrido así, pues resulta justificada la certeza colectiva de ser rehenes no sólo de la delincuencia sino, sobre todo, de los encargados de combatirla.

Esta idea de ser rehén, puede llevarnos equivocadamente al diagnóstico de que los sinaloenses son víctimas del síndrome de Estocolmo. En los inicios de los setentas, uno de los primeros actos terroristas se cometió en un banco sueco. El asunto no se desenvolvió bien, se complicó y desembocó en un largo asedio, donde clientes y empleados del banco fueron rehenes de los terroristas. Cuando por fin los cuerpos policíacos entraron a sangre y fuego, las víctimas se pusieron de parte de sus captores y contribuyeron a atacar a las fuerzas liberadoras. Según estudios posteriores, se encontró que las víctimas de situaciones estresantes prolongadas, desarrollan lazos afectivos hacia sus verdugos, como parte del instinto de sobrevivencia. Parece ser que el subconsciente nos recomienda ver bien, y llevarnos bien, con aquel que nos amenaza con un arma, en un momento en que nosotros no poseemos ninguna. Tiene lógica, y pudiera pensarse que así nos está pasando: la delincuencia tiene recursos, armas, poder… y nosotros nada, así que más vale y les hagamos ojitos para no caerles mal.

Puede ser, pero también pudiera resultar peor, pues en nuestro caso ya no queda ningún resquicio de donde aflore alguna pálida esperanza. En el caso de las víctimas de Estocolmo, aún en los momentos cuando se resistían a sus liberadores, algo en lo profundo de sí mismos les decía que aquello estaba terminando bien.

Con nosotros no.

En los últimos días del asedio de Berlín, durante la Segunda Guerra Mundial, los habitantes de la ciudad sufrían hambre, frío y bombardeos. Peor que eso, con los obuses llegaban noticias de las atrocidades que el ejército rojo cometía contra los alemanes de las zonas que iban ocupando. Los rusos atacaban, acicateados por la certeza de que se vengarían de todas y cada una de las infamias cometidas por los nazis en territorio bolchevique. Ante la ominosa perspectiva, los berlineses expresaban: disfruta la guerra, porque luego vendrá la paz.

Así estamos.

El sinaloense acabó por adoptar un código de antivalores, que abomina de todos los signos de civilización pues ve en ellos la fuente de la autoridad establecida. Es un rehén que teme lleguen a rescatarlo, pues la experiencia le dice que toda acción, en apariencia liberadora, es sólo pretexto para el empeoramiento.

En nuestro Estado, la mayor figura de autoridad con que contamos es, a no dudarlo, la del gobernador, y en ese mismo sentido es también la más devaluada. Seamos sinceros, ¿quién no está convencido de que el gobernador (sea la persona que sea) no es más que un polaco dedicado a rezar para su puro santo? ¿Quién le tiene aunque sea tantita fe en lo referente a una posible solución de la violencia? Los más generosos para con él, señalan que no nos debe extrañar su negativa a tomar el toro por los cuernos pues, dicen, debemos al menos imaginar la clase de presiones a que es sometido. Puede ser cierto: la máxima autoridad es también la máxima responsabilidad y, por lo tanto, donde se viviría el mayor peligro. Esto resulta más aceptable si nos fijamos en que su figura no tiene ningún contrapeso, y por lo tanto no hay manera de compartir los riesgos hasta el punto de su dilución.

Si deseamos ver el panorama general desde una perspectiva crítica, deberemos admitir que, sí, al menos una parte importante de la sociedad no ha hecho lo suficiente, o no ha sabido o no ha querido hacer, al menos, lo más aconsejable hasta por salud propia. Me refiero a ese sector al que todavía hace algunos años se le describía como Las Fuerzas Vivas, que no Sociedad Civil (favor de no confundirlas).

Estas fuerzas, en apariencia preocupadas por la situación actual del Estado, han ido coptando posiciones desde las cuales, supuestamente, contribuirían a la solución de los más graves problemas. Concedámosles el beneficio de la duda y aceptémosles sus intenciones como buenas.

Pero nada más.

Después de algunos años de tantear con organismos ciudadanos, debemos concluir que el experimento ha resultado mal. La verdad es que hemos adoptado el mismo paradigma, nomás que revolcado: ha sido el gobernador el que ha condescendido a la existencia de tales instituciones –no al revés-, y el pecado por lo tanto es de origen. Los supuestos colaboradores externos han acabado desempeñando unas complicidades francamente penosas, porque al final de cuentas, lo único que pueden decir es “sí señor”, pudiendo variar, a lo sumo, el tono para decirlo.

El fracaso es tan evidente, que cada de vez en cuando buscan romper el nudo gordiano y proponen, para ello, quitarle al gobernador su brazo armado: independizar el cargo de Procurador.

Es una bonita idea, aclarando que bonito no es igual a bueno.

El primer trabuco de esa propuesta, es que no existe una explicación convincente que nos asegure una cuestión fundamental: el control. ¿Si no tenemos forma de ponerle un hasta aquí al gobernador, porque él es el propietario de los medios de represión, quién nos garantiza que si podremos hacerlo con el nuevo propietario, sea el Procurador o Perico de los Palotes? ¿Por qué con aquel no y con éste sí? ¿Cuál es el truco? Si se cuenta con una fórmula eficaz, ¿por qué no nos ahorramos un paso y de una vez se la aplicamos al ejecutivo?

A mí me van a perdonar, pero ahí hay trampa: nos quieren vender la idea de que Las Fuerzas Vivas son intrínsecamente bondadosas, mientras que las fuerzas políticas son lo contrario, bastando para resolver el problema, con un quítate tú para ponerme yo. La verdad, creo yo, es que no saben en la que están tratando de meterse.

Si ese es el plan, vamos desapareciendo de una vez la figura del gobernador, y que mejor lo sustituya el que gane como Empresario del Año. Total, de una vez brinquémonos el pequeño detalle de que aquel fue sometido al escrutinio de las urnas; pasemos también por alto el insignificante hecho de que ninguno de nuestros notables ha pasado por algo semejante (por algo será). Y, ya para cerrar el párrafo, olvidémonos de que, por lo tanto, no existen motivos para justificar el por qué nos iría mejor con éstos, porque, si le buscamos, vamos a toparnos con que no tienen ningún logro que los respalde.

¿O sí?

Pero no hay que ser tan duro; bien que mal, no se puede negar que existe una preocupación sincera ante la problemática, lo cual es ventaja.

El asunto es que se insiste en resolver por sustitución: antes los políticos sabían de todo, ahora son los empresarios quienes quieren encargarse de la promoción económica, el urbanismo, la seguridad, la ecología… que de una vez hagan una vacuna contra el SIDA. Como los políticos resultaron malos para todo, por andar metiéndose en todo, nuestra respuesta es que debemos probar ahora con los empresarios como todólogos, cuando lo saludable es reconocer que tal cosa no es posible: zapatero a tus zapatos.

El problema es que si uno baila con el diablo, no es él quien cambia, sino uno, y tenemos ahora a nuestras fuerzas vivas no pugnando por resolver el problema de la seguridad, sino luchando por el poder, porque eso es lo que finalmente subyace en la propuesta de quitarle al Estado el monopolio de la violencia: acabaron grillando, porque pretenden llegar al trono pero sin batallar, sin pasar por el engorroso proceso de una elección. Si vamos a hacer a un lado el valor de la democracia -entendida como la voluntad mayoritaria expresada, en este caso, a través de las urnas-, para imponer los propósitos de un grupo minoritario, siempre en nombre del bienestar colectivo, pues adelante, nada más no olvidar que se comienza imponiéndose con la razón como pretexto, y luego alguien hará sus cuentas y concluirá que, por encima de las razones, estarán siempre las armas.

Insisto en que es sana la inquietud por encontrar soluciones pero, me parece, han problematizado en exceso, y están recurriendo al camino más largo y tortuoso para recorrer la distancia entre dos puntos.

Pero ¿entonces, existe alguna forma de resolver el problema de inseguridad que padecemos?

Sí la hay.

¿Por qué no la aplicamos?

Esa ya es otra pregunta.

En la década de los ochentas, hubo en Estados Unidos un caso muy sonado, cuyos ecos alcanzaron a llegar hasta acá. En una ciudad al norte, una familia conducía su auto rumbo a casa cuando, al pasar bajo un paso peatonal elevado, una bola de boliche irrumpió por el parabrisas, yendo a matar al bebe que se encontraba en el asiento trasero. Las autoridades se pusieron de inmediato en movimiento. ¿Montaron una serie de retenes permanentes en la zona aledaña al paso peatonal? No. ¿Llevaron un elemento de alguna policía federal a cada esquina? No. ¿Realizaron una marcha con pañuelos blancos? No. Hicieron algo más simple: lo indicado. Un par de detectives fueron asignados al caso, los cuales tenían, para empezar, dos elementos: la bola de boliche y el sitio del acto vandálico. Partiendo de eso, en menos de tres semanas ya tenían agarrados a los culpables: dos adolescentes enajenados que se creían personajes del MTV.

La solución fue investigar.

Así suelen resolverse las cosas cuando no andan hechos bolas con las esferas de responsabilidad.

Aquí, lo que ha hecho falta es entender que ya no es Toledo Corro el gobernador y que, espero, ya no están los tiempos como para que nos caiga otro similar; eso, y aceptar con humildad que la habilidad para hacer dinero no es sinónimo de ser bueno para todo. Lo que estamos necesitando desde hace rato, es responderle con autoridad moral a la autoridad legal. En lugar de andarse sumando a una tarea que no nos corresponde, lo que obliga es decirle no al gobernador. Nada más eso: no somos corresponsables, no tenemos –porque no hay razón para que las tengamos- soluciones, no deseamos participar. Dicho en otras palabras: resuélvalo señor gobernador, porque es su obligación y porque para eso lo elegimos.

La sociedad sinaloense siempre ha hecho su parte: todos los días se levanta a trabajar, a estudiar, a invertir, a pagar impuestos… a vivir de manera decente y legal, cumpliendo, con ello, su responsabilidad de manera cabal. Son las autoridades las que desde mucho atrás han fallado en cumplir la parte que les corresponde, y en lugar de exigirles, hemos optado por volvernos sus cómplices, con la entelequia de que somos tan inteligentes que sólo nuestra presencia puede resolver los problemas más graves, lo cual nos ha llevado a acabar negociando lo innegociable.

Podemos sentarnos a discutir si la promoción económica debe enfocarse a lo agrícola, a lo industrial o a lo turístico; lo mismo va para los horarios del sistema escolar ¿qué sea el federal o el estatal? Para la renta o venta de una nueva Unidad Administrativa, pero en lo referente a seguridad no hay nada que hablar: que los responsables cumplan o se vayan… y rapidito.

Lo que no tenemos es un contrapeso a la figura del gobernador, y no es mermándola como vamos llegar a una solución. Se necesitan construir, ya, auténticos liderazgos ciudadanos, pero no para convertirlos en funcionarios o candidatos, sino para usarlos como medio de contraste y anteponerlos a lo que sea menester. Necesitamos dejar de seguir haciendo las cosas al revés: urge sacar a la sociedad de la arena de los políticos, y recordarles que son ellos quienes juegan en nuestro terreno. Necesitamos adoptar a cabalidad aquel mal chiste, donde se afirma que la política es algo demasiado serio como para dejarla en manos de los políticos.

Necesitamos liderazgos, sí, pero verdaderos –no inventados-, que se sustenten en la limpieza y el desprendimiento, y no en la idea de que es posible chamaquear todo el tiempo a todo el mundo. No ocupamos líderes empeñados en la invención del hilo negro sino, nada más, que enarbolen un retorno al sentido común, empezando por admitir como sospechosa a toda iniciativa ciudadana cuyo primer requisito consista en solicitar apoyo financiero al gobierno.

La solución no es fácil. Admito que no tengo una idea clara de por dónde, al menos, empezar, pero me aferro a la idea de que en los liderazgos está la respuesta. El fenómeno ni es privativo de Sinaloa ni se circunscribe a la inseguridad. Para donde volteemos, la crisis es generalizada: la corrupción campea en los partidos políticos, en el gobierno, en la iglesia. Todas nuestras grandes instituciones tienen, en este momento, como característica principal, un vivales al frente. El problema es ya tan vasto, que su solución debe venir de lo individual, de gente que manifiestamente actué sin llevar entre ceja y ceja la satisfacción de sus intereses personales, de gente capaz de ver una vergüenza donde otros ven oportunidades.

Me temo y sea mucho pedir.

 

POSDATA

 

El presente artículo fue realizado hace seis años, en un momento donde pareciera que las condiciones se acercaban a conceder el poder político a las fuerzas vivas, sin embargo debieron esperar hasta el 2010 para jugar en serio… y perder.

Es de llamar la atención, la rapidez con que se replegaron sin ofrecer batalla, lo cual indica su falta de fuerza real: todo el poder que esgrimían era prestado.

Por otra parte, concluidos los sexenios de Millán y de Aguilar, el escenario ofrece novedades interesantes en lo referente a la relación entre los gobernadores y la violencia. Pero antes una anécdota: a principios del año dos mil, cuando comenzaban a verse posibilidades reales de que Fox ganara la presidencia, especulábamos sobre cómo se desempeñaría el PAN en caso de llegar a tomar el mando en el país, uno de los interlocutores aventuró que lo de menos era el manejo de la economía, las relaciones exteriores, la educación, etc. “yo quiero ver cómo se harán cargo de las catacumbas”, concluyó.

Doce años después, si en algo demostró el PAN su incapacidad para gobernar fue precisamente en eso: el manejo de las catacumbas. Un negocio tan extenso como el narcotráfico, solo puede florecer al amparo del gobierno (de hecho cualquier negocio en verdad grande), y aquí en México siempre se desarrolló bajo un cierto orden, bajo el control del capo mayor: papa gobierno. Como que a Fox le dio miedo y mejor no quiso ni enterarse. Eso sí, desarticuló la maquinaria que operaba en los sótanos sin sustituirla por otra y la mierda afloró por las coladeras. Luego, Calderón llegó con la idea de que la criminalidad se combate como en las series de televisión y así nos ha ido. El hecho importante es que el narcotráfico y los gobernadores quedaron libres. Aquí en Sinaloa, en un pasado mítico Sánchez Celis los reunió a todos para decirles, “ustedes tienen su negocio y nosotros el nuestro, háganlo en paz y no me obligarán a actuar”.

Un mito.

El verdadero control del narcotráfico, siempre ha venido del mismo sitio que el control sobre los gobernadores: la presidencia. Por eso el descontrol ahora es generalizado, con gobernadores comportándose como virreyes, haciendo y deshaciendo a su antojo, salvo en los casos donde se topan con alguien más poderoso que ellos: los capos cuya potencia de fuego, recursos y extraterritorialidad superan a los recursos institucionales propios de la gubernatura. Por eso ahora vemos a jefes policiacos desempeñándose como jefes de seguridad de los cárteles, a grupos policiales sirviendo como brazos armados, y a los propios gobernadores haciendo el papel de subordinados del crimen organizado.

La naturaleza abomina del vacío y ello es extensivo a la política. En diciembre, inicia un nuevo gobierno federal y son más las dudas que las certezas. Flota una pregunta simple: ¿cómo retomarán ahora las catacumbas los del PRI?

Eso es lo que estamos por ver.

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