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El incremento de los combustibles cimbrará al país***

Por Héctor Melesio Cuén Ojeda

En el año 2000 México vivió la alternancia del poder, lo cual generó grandes expectativas de cambio en los ámbitos político, económico y social. Se pensó que sería posible fortalecer la democracia para encauzar nuevas relaciones entre el Gobierno y la sociedad, lo que permitiría la definición de políticas públicas que verdaderamente beneficiaran a la población.

Doce años después, un grupo de académicos y organizaciones civiles impulsó la idea de elaborar una nueva Constitución, pero ello no prosperó. Asimismo, en diciembre de 2012 surgió la propuesta de realizar un gran acuerdo nacional que luego se firmó como Pacto por México. Este acuerdo fue signado en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México por el presidente de la república, Enrique Peña Nieto; Gustavo Madero, presidente del PAN; Cristina Díaz Salazar, presidenta interina del PRI; Jesús Zambrano Grijalva, presidente del PRD, así como por los presidentes de la cámaras de diputados y senadores, Jesús Murillo Karam y Ernesto Cordero Arroyo, respectivamente. El 28 de enero de 2013 también el PVEM, a través de su vocero Arturo Escobar y Vega, se sumó al pacto.

Como se recuerda, el Pacto por México buscaba la aprobación de reformas estructurales que no habían transitado por falta de acuerdos políticos. Fue así como se impulsaron las siguientes reformas: la laboral, la hacendaria, la educativa, la energética, la política-electoral, así como en transparencia, en telecomunicaciones y radiodifusión, en competencia económica; asimismo, se creó la nueva ley de amparo y el código nacional de procedimientos penales.

Las tres primeras reformas que se impulsaron fueron la educativa, en telecomunicaciones y la ley nacional de responsabilidad hacendaria y deuda pública. Esta última buscaba evitar los grandes endeudamientos de estados y municipios, por lo que hoy puede ser considerada como un fracaso.

De estas reformas estructurales, dos son la que tienen al país al borde del abismo: la Reforma Energética y la Reforma Hacendaria. Sobre la primera, cuando el presidente la mandó al Senado de la República, declaró: “Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz, igualmente bajará el precio de los fertilizantes, y en consecuencia nuestro campo producirá más, habrá más alimentos y a mejores precios, Pemex no se vende, ni se privatiza”.

Más tarde, en enero de 2015, una vez aprobada dicha reforma, el presidente volvió a manifestar: “Se acabaron los gasolinazos que tanto lastimaron mes a mes la economía de las familias mexicanas”. Estas declaraciones, recordadas hoy en las redes sociales, solo han provocado hartazgo, enojo y molestia en la sociedad, lo cual seguramente redundará en expresiones de inconformidad.

La Reforma Energética nos lleva hacia el vacío, ya que la inversión privada en Pemex no ha dado los resultados prometidos para lograr un balance económico que permita entregarle a los mexicanos servicios y productos a menor costo.

Por el contrario, la liberación del precio de los combustibles traerá como consecuencia inmediata un incremento de hasta un 20% a la gasolina en el 2017, lo cual provocará una escalada inflacionaria en poco tiempo. Junto al incremento del costo de las gasolinas vendrá también la liberación del gas LP, lo cual se reflejará en los costos del transporte, logística de distribución y almacenamiento de materias primas, productos básicos, alimentos y diversos servicios cotidianos.

Históricamente, las salidas privatizadoras no han dejado nada bueno al país, pues ha sido la sociedad quien termina pagando los costos de los errores y las malas decisiones tomadas por el Gobierno federal.

En México, el costo del combustible se encarece por dos razones: una, el abandono por décadas del proceso de refinación, lo que dio como resultado una dependencia de la importación de gasolina para satisfacer el mercado interno; y otra es la depreciación del peso, y a unos días de que termine 2016, la moneda mexicana está por completar un ciclo de cuatro años consecutivos con saldo negativo, en el que ha perdido 61.18 %, para elevar el tipo de cambio frente al dólar de 12.8704 a 20.745 pesos.

Sin duda, esta última situación acelerará el estancamiento económico, es decir, volveremos al promedio de crecimiento económico de 1.8% registrado en los dos primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto, la cual es una cifra muy por debajo del 6% prometido.

Los aumentos de los precios de los combustibles provocarán incrementos de hasta 30% en el costo de la canasta básica alimentaria y quebrantará todas las actividades económicas. Los aumentos en transporte y todas las cadenas productivas son inminentes. México puede presentar una situación similar a la de Argentina, en donde la inflación fue de 40% en este año y el crecimiento económico de 1.8%.

El avance del mercado interno será más lento debido, principalmente, a que los hogares carecerán de ingresos para impulsarlo; el salario mínimo en México será de 80.04 pesos diarios a partir de 2017: 2401 pesos mensuales.

Además, la salida de capitales inhibirá la inversión extranjera. Durante los dos primeros años de este sexenio habrían salido alrededor de 50 mil millones de dólares para invertir o depositar en cuentas del extranjero, pero este año han salido 3564 millones de dólares de inversión, según cifras del Banco de México, principalmente de títulos del Gobierno federal de corto plazo.

Según los precios que regirán a partir del próximo domingo, la gasolina Magna —la de mayor utilización en el país— habrá aumentado 48% en lo que va de la actual administración, al pasar de 10.81 pesos por litro en promedio durante 2012 a 15.99 pesos al inicio del próximo año, de acuerdo con datos de Pemex.

Al estado de Sinaloa, el presidente lo dividió en las siguientes regiones: Culiacán, Guamúchil, Mazatlán, Topolobampo y la Zona de Distribución Noroeste. En la primera, que abarca los municipios de Culiacán y Navolato, el precio de la gasolina Magna pasará de 13.98 a 16.24 pesos, la Premium de 14.81 a 18.01 pesos y el diesel de 14.63 a 17.34 pesos.

En la región de Guamúchil, que abarca los municipios de Sinaloa, Guasave, Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado, la gasolina Magna costará 16.19 pesos, la Premium 17.96 pesos y el diesel 17.29 pesos.

En la región de Mazatlán, conformada por los municipios de Elota, Escuinapa, El Rosario, Concordia y Mazatlán, la gasolina Magna tendrá un precio de 15.94 pesos, la Premium de 17.71 pesos y el diesel de 17.04 pesos.

La región de Topolobampo, formada por los municipios de El Fuerte y Ahome, el precio de la Magna será de 15.94 pesos, la Premium de 17.71 pesos y el diesel de 17.04 peso.

Por último, en la región Zona de Distribución Noroeste, que abarca los municipios de San Ignacio, Choix, Cosalá y Badiraguato, la gasolina Magna costará 16.54 pesos, la Premium 18.40 pesos y el diesel 17.68 pesos.

Sin embargo, es preciso recordar que estos precios solo estarán vigentes del periodo del 1 de enero al 3 de febrero, ya que los ajustes continuarán el 4 de febrero, el 11 de febrero y a partir del 18 de febrero los precios aumentarán diariamente.

Por este motivo, la sociedad ha comenzado a hacer fuertes reclamos, y lo que se impone es estar preparados para darle el mejor cauce a este descontento que, sin duda alguna, pude desbordarse en actos de violencia, lo cual es indeseable para el presente y el futuro del país.

Hubiera querido que esta última colaboración de 2016 fuera más grata para los sinaloenses y los mexicanos; sin embargo, la realidad de nuestra nación no lo permitió. Aun así, les deseo lo mejor para este 2017.

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Caos en el estado de Sinaloa

*Por Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Cuando tuve la oportunidad de formar parte de la 61 Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, desde la tribuna alerté que los problemas sociales que se estaban engendrando en la entidad podrían evolucionar al grado de generar acciones violentas y, por tanto, momentos de ingobernabilidad.

Hoy, por desgracia, el tiempo nos está dando la razón. En aquellas ocasiones llamé la atención cuando abordé el malestar del personal del Ayuntamiento, al que no le estaban respetando sus derechos; asimismo, cuando los bomberos se manifestaron en el Congreso para plantear las condiciones precarias en que cumplen con su trabajo; de igual modo, cuando los pepenadores entraron en una contradicción con las autoridades municipales; pero también cuando reclamé enérgicamente que las condiciones de los planteles educativos del nivel básico tenían muchas precariedades y, además, cuando señalamos que la reforma educativa no iba ni va por buen camino.

También fuimos muy críticos en sobre cómo los municipios y el Gobierno del estado estaban adquiriendo deudas inmanejables; cuando señalamos la fallida reforma energética y el resto de las llamadas reformas estructurales; cuando criticamos la forma tan ineficiente en que se aplicaba el Fondo de Desastres Naturales; así como cuando hicimos notar el irracional incremento de las tarifas eléctricas y el costo de los combustibles; y en repetidas ocasiones abordamos la difícil situación económica por la que atraviesa el país.

Todas estos señalamientos que hicimos, y muchos más que compañeras y compañeros diputados subieron a tribuna, hoy están alcanzando un punto de extrema preocupación en Sinaloa.

Las autoridades que están a punto de concluir su periodo ofrecieron la alternancia, pero todo parece indicar que los sinaloenses nunca la percibieron. La cuestionada administración de los recursos financieros por parte del gobierno de Mario López Valdez no se dio al final del sexenio, sino desde un inicio. Recordemos algunas anomalías que se han detectado.

El 29 de julio de 2011 el Congreso autorizó al Ejecutivo gestionar un crédito de 2600 millones de pesos con el objetivo de realizar inversión pública productiva para reactivar la economía, pues en su solicitud el gobernador argumentó una aguda crisis económica debido a las heladas de inicio de 2011. Del análisis practicado a los estados de cuenta, en los cuales ingresaron las disposiciones del crédito, se detectaron retiros sin justificar y sin saber el destino de los mismos, ya que se transfirieron a otras cuentas.

El Gobierno del Estado desvió 1158,274,164 pesos del “megapréstamo” a fines distintos a la inversión de obra pública productiva, según lo detectó la Auditoría Superior del Estado (ASE).

En la revisión de la cuenta pública de la administración estatal correspondiente al segundo semestre de 2012, la ASE enfatiza que solicitará a la Secretaría de Administración y Finanzas un informe detallado sobre el impacto que tendrá en el ejercicio 2013 en las finanzas públicas y en los diversos programas de gobierno haber desviado dicha cantidad, equivalente al 45% del monto total aprobado por el Congreso del Estado.

Por otro lado, en 2013 el Congreso del Estado autorizó por medio del Decreto 805 contratar con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos créditos por 771 millones de pesos; un préstamo de 485 millones de pesos lo contrajo bajo el Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad de los Estados (PROFISE) para crear infraestructura general y en seguridad pública, además de refinanciar pasivos.

En 2014, la ASE detectó que la Secretaría de Administración y Finanzas desvió recursos de un crédito destinado a la construcción de obra pública; en esta ocasión fueron 182 millones de pesos del Bono Cupón Cero.

En la revisión de la cuenta pública del Gobierno del Estado correspondiente a 2013, el máximo órgano fiscalizador reportó que los 182 millones de pesos autorizados bajo PROFISE se usaron para cubrir pasivos a corto plazo del Gobierno estatal, y así lo determinó: “Estas observaciones no han sido subsanadas por parte de la administración de Mario López Valdez”.

Pero los problemas no terminan aquí. Durante 2015 y 2016, las quejas de empleados gubernamentales por falta de pago laboral se incrementaron; esto incluye a maestros de inglés y de telesecundaria, empleados del sector salud, químicos, ministerios públicos, peritos de la PGJE, alumnos que recibían becas de manutención, jubilados, maestros del COBAES, policías, empleados del C4 y C5 (encargados de la vigilancia en la ciudad). Todo ello está haciendo crisis a finales de este año.

Por si lo anterior fuera poco, también el Gobierno del Estado ha llevado al Congreso local algunas iniciativas que de una u otra forma afectan los intereses de los trabajadores del estado, con los que no ha establecido ninguna comunicación y mucho menos construido un consenso.
Por ejemplo, la modificación de la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa, misma que contempla ampliar el periodo de jubilación de los empleados de gobierno, proponiendo pasar de 25 a 30 años; también pretende aumentar en 3% las aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado (IPES), pasando del 7.6% a 10.6% de su sueldo; y modifica la edad mínima para jubilarse, pues ahora se propone que sea a los 65 años. Un asunto crítico de estas iniciativas es que no señala si se aplicará al personal en activo o al personal de nuevo ingreso.

Estas y otras medidas causaron serias molestias entre el personal que presta sus servicios al Estado, a tal grado que este jueves pasado prácticamente los trabajadores paralizaron la actividad de varias dependencias del gobierno, entre ellas varias áreas de seguridad que por horas dejaron a la sociedad en plena indefensión.

Estos acontecimientos nos señalar que en Sinaloa no está muy lejano un movimiento que se asemeje a un estallido social.

¡Cuidado, no tenemos por qué poner en riesgo a la población!

Gracias y que pasen un excelente fin de semana.

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Cautela ante el presunto crecimiento económico de Sinaloa

Por Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Hace unos días los medios de comunicación publicaron los resultados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre el crecimiento económico registrado por las entidades del país en el segundo trimestre del presente año. De acuerdo con estos datos, el estado de Sinaloa presentó un crecimiento global del 8.3%, lo que lo ubica en el primer lugar nacional.

Por supuesto, este tipo de noticias alientan y generan mejores expectativas para los sinaloenses. Sin embargo, serían más positivas si el crecimiento económico anunciado se reflejara en la vida diaria de todos, dado que es ahí donde se necesita, es decir, que las familias tengan mejores condiciones de vida; eso es lo que deseamos.

Y es que, después de la información difundida por el INEGI, me di a la tarea de revisar algunos indicadores económicos del estado y no encontré una correspondencia entre lo informado y la realidad. Ciertamente, se está hablando del comportamiento económico del segundo trimestre del año, pero la economía y el bienestar de las familias no pueden valorarse en un periodo tan breve; en otras palabras, para poder calificar el nivel de vida de la ciudadanía tendríamos que ser más objetivos y basarnos en estadísticas y datos más globales.

Lamentablemente, los datos duros no pueden desdeñarse sino que, por el contrario, tendrían que ser la base para proyectar las políticas públicas requeridas por la población.

Por ejemplo, en reiteradas ocasiones he señalado que la corrupción afecta a la economía y a la sociedad de cualquier estado, y evidentemente Sinaloa no es la excepción.

En su más reciente publicación, titulada “Midiendo el bienestar en los Estados Mexicanos” (2015), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirma que ciertamente Sinaloa ha mejorado su desempeño en la cobertura educativa a una velocidad más rápida que la del promedio del país, que su fuerza laboral con educación media superior o más se ha incrementado de un 39% a un 48% y que la proporción de deserción escolar en bachillerato disminuyó en tres años de un 12% a un 8%. No obstante, en el apartado de las dimensiones de ingresos y de empleo, la situación en Sinaloa se ha deteriorado más que en el resto del país;  asimismo, la tasa de homicidios en la entidad es la tercera más elevada de México.

Por su parte, el Índice de Desarrollo Democrático de México (2014) colocó a Sinaloa en el lugar 18 entre las 32 entidades federativas al medir las dimensiones relacionadas con aspectos formales de la democracia, la vigencia de derechos políticos, la calidad de las instituciones y la eficiencia del sistema de representación política, así como el ejercicio de un buen gobierno. Esta es, sin duda, la expresión de un desarrollo desigual y combinado, lo que confirma la medianía de la calidad de la evolución del estado en años recientes.

Por tanto, se puede afirmar que Sinaloa se encuentra ubicada en la tabla media baja en materia de desarrollo económico y social, así como en competitividad. La economía está estancada. En los últimos 12 años, nuestra contribución al Producto Interno Bruto nacional se ha mantenido en el 2.1%. Y el PIB por habitante es menor al promedio nacional en 16%: mientras que el PIB por habitante de México es de 10,000 dólares, el del sinaloense es de apenas 8,000 dólares.

Como lo he señalado en diferentes foros, el problema fundamental de Sinaloa estriba en su débil estructura productiva. Su actividad industrial manufacturera es incipiente y solo representa el 9.5% de la producción, mientras que la agricultura ya no puede sostener el crecimiento de la economía ni generar más empleos, y por ello la participación de la entidad en el total del PIB primario nacional disminuyó de 8.8% en 2007 a 7% en 2014. Otro sector económico inestable es el valor de la producción pesquera, el cual es muy fluctuante y desde 2005 registra una ligera tendencia a la baja.

Si tan sólo consideramos la evolución de la economía sinaloense en los últimos 10 años, de 2003 a 2014, advertiremos que su tasa media anual fue de apenas 2.51%. Es decir, esto significa que se encuentra muy por debajo de su potencialidad, y ello sería diferente si se pusiera en marcha un proceso de reformas del aparato productivo y un cambio en el modelo de desarrollo.

En el apartado de salarios, Sinaloa registra los más bajos del país en promedio, de acuerdo con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); en el ámbito nacional el IMSS registra una media de 293 pesos, pero en nuestra entidad solo alcanza los 217 pesos. De igual modo, en los últimos diez años la cantidad de nuevos empleos permanentes registrados en el IMSS promedia los 8,500, cuando anualmente se requieren 19,000 puestos de trabajo para quienes se incorporan a las actividades económicas.

Una pieza clave para el desarrollo de las regiones es la inversión, pero en el periodo 1999-2015 Sinaloa se ha ubicado entre los diez estados con menores flujos de inversión extranjera directa, ya que en el ámbito nacional sus captaciones representan solo el 0.2% y en el noroeste el 2%. La Secretaría de Economía registra que para el periodo 2005-2015 este tipo de inversión alcanzó apenas 13 mil millones de pesos.

Con base en los datos anteriores, entiéndase el desempeño, la tasa de crecimiento económico, el PIB por habitante, la inversión, todos ellos parámetros inferiores al promedio nacional, la Comisión Económica para América Latina ha clasificado a Sinaloa como territorio “Perdedor” o “Estancado”.

Es elemental entender que el estancamiento económico al que me refiero, la baja inversión y productividad, así como el desempleo y los bajos salarios, incrementan la pobreza. Ello es confirmado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), al asegurar que el 39.4% de la población sinaloense vive en situación de pobreza, esto es, un millón 169,100 sinaloenses.

Por todo lo aquí dicho, debemos ser cautelosos con la información de que en el segundo trimestre de 2016 Sinaloa fue el estado con mayor crecimiento económico en el país, con un 8.3 %. Es lo que deseamos y trabajamos por ello, y de ser cierta dicha información, entonces queremos que dicho desarrollo también se exprese en el bienestar de las familias.

Gracias y que pasen un excelente fin de semana.