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La deuda de industrializar Sinaloa

por

Octavio Valdez

Al día de hoy están instaladas en México 2000 empresas alemanas, con 150 mil empleados, que aportan al Producto Interno Bruto (PIB) del país aproximadamente 8 por ciento. En los últimos 30 años la aportación de Sinaloa al  PIB nacional anual ha rondado entre el 2.1 y el 2.3 por ciento, teniendo al día de hoy una población de alrededor de 3 millones.

La comparación es claramente injusta ya que 8 por ciento es más o menos lo que aporta al PIB nacional una entidad como Nuevo León, mucho más industrializada que Sinaloa y las 3 millones de personas a las que hago referencia incluye población no activa en lo económico, pero su estancamiento se hace evidente al observar su aportación casi invariable al producto interno nacional.

Ya que si bien los últimos años se ha dado un crecimiento en el sector terciario (servicios) representando el 64.8% (2021) del PIB estatal, debido en mayor medida al ramo hotelero y de atención al turismo, este no representa un tamaño significativo para el país siendo uno de los más pequeños. Por su parte los productos del  sector primario han decrecido en su aportación al PIB total del estado y en el historial han tendido a perder valor en el mercado, tanto en el rubro agrícola como el ganadero.

En el sector secundario existen registrados pequeños y medianos negocios, sobre todo en el apartado de alimentos, algunos de manufactura y una mínima aportación minera. El problema es que el valor agregado de lo que se genera en Sinaloa no está en las áreas industriales de mayor plusvalía, que son las vinculadas a la ciencia y las tecnologías, ni siquiera en la de ensamblado automotriz, rubro en el cual México es ya uno de los mayores exportadores.

Fue muy anunciada, este 2023, la inversión de 4500 millones de dólares de Tesla en Nuevo León, pero menos conocida la inversión taiwanesa de Quantum Computer de alrededor de 1500 millones para la fabricación de semiconductores, esto como parte de la estrategia de relocalización de cadenas de suministros que se hace a nivel mundial, este tipo de industrias impulsarán en la región una mejora salarial debido al tipo de personal calificado que necesitan (ingenieros, técnicos calificados…) y atraerán otro tipo de beneficios al ambiente social a mediano y largo plazo, proyectos aún en desarrollo.

La última gran inversión comercial anunciada en Sinaloa de 251 millones por parte de la cadena comercial Walmart, sin ser desdeñable no conlleva esa perspectiva de mejoramiento sustancial, es otra empresa de servicios con salarios bajos y sin el impacto de conocimiento y beneficio social de las empresas tecnológicas o de desarrollo científico.

¿Qué pasó con la planta de fertilizantes que estaba por instalarse en Ahome? ¿Por qué no fue de interés para los agricultores exigirla en sus demandas frente al gobierno en sus recientes protestas?

¿Qué pasó con el proyecto de los ductos de gas para abaratar costos de producción?

Qué hace falta para que en Sinaloa se desarrolle una industria de mayor valor agregado que mejore las percepciones de los trabajadores y les dé una perspectiva halagüeña de futuro a los jóvenes sin tener que emigrar. Incluso Sonora ha logrado posicionar en su geografía alguna armadora automotriz, para aquellos que ponen como pretexto el clima de nuestro estado.

-De percepciones salariales y violencia armada-                   

En 2021 se realizó un metaestudio “Income and Terrorism: insights of subnational data”, coordinado por el Instituto de Economía Laboral, con sede en Alemania, en el que se analizan datos  de 1527 regiones de  75 países. Al abordarlo con detalle se  puede concluir que se estudia más precisamente la aparición sistemática de violencia armada, por distintas razones (religiosas, económicas, ideológicas, raciales…). En dicha investigación se observa una correlación directa entre la disminución del fenómeno de la violencia y el acceso de las personas de esas regiones a ingresos suficientes para su subsistencia de manera legal, independientemente del factor que genera la violencia. A nivel mundial esos ingresos suficientes se calculan en 12, 800 dólares mensuales, unos 23 mil pesos mexicanos. Advierto al lector que extraigo sólo una parte de las conclusiones, los resultados son más abundantes y complejos.

Con este indicador, si se observa la tabla salarial nacional, encontramos una diferencia tal entre entidades federales como la que se esperaría entre dos países, Chiapas se encuentra hasta abajo de la tabla, con una percepción salarial promedio de 4 mil 912 pesos mensuales y Baja California Sur se encuentra en primer lugar, con 13 mil 141 pesos, una diferencia de más de 160  por ciento. Lo cual vuelve evidente que las soluciones del país deben implementarse por regiones, así como que ninguna de las entidades llega al nivel de percepciones que el estudio establece, para romper el ciclo de la violencia.

En el caso de Sinaloa (2022) está en el noveno lugar en percepción salarial promedio del país con  8 mil 845 pesos, con un notable y añejo problema de violencia armada, que de manera empírica podemos decir tiene como raíz histórica la pobreza de la zona serrana del estado. Me llama la atención, en relación del anterior tema abordado de la industrialización, como es que el negocio de narcotráfico si ha hecho, de forma intuitiva, una industrialización de sus procesos, pasando del opio y la mariguana al tratamiento de compuestos químicos como las metanfetaminas y el fentanilo, a lo que se le suma la plusvalía por ser mercadería ilegal.

Aunque creo que sería preferible que las otras áreas de producción del estado llevaran a cabo esa labor de industrialización. No hay más, la pacificación de Sinaloa pasa por el mejoramiento económico y salarial para su población, así como no hay economía completa y competitiva sin industrialización. No hay abrazo, escuela, enseñanza u obra de arte que supla comer 3 veces al día y la perspectiva de un futuro. Sigue siendo la economía, estúpido (Bill Clinton dixit).  

Chiapas             $ 4, 912                                                                                                                                   

Oaxaca              $ 6, 071

Tlaxcala             $ 6, 239

Guerrero           $ 6, 256

Morelos             $ 6, 405

Puebla                $ 6, 570

Hidalgo               $ 6, 946

Veracruz             $ 7, 102

Zacatecas           $ 7, 183

Guanajuato        $ 7, 363

Durango              $ 7, 379

Tabasco               $ 7, 545

Edo México        $ 7, 665

Campeche          $ 7, 755

Yucatán               $ 7, 960

Michoacán          $ 8, 176

Aguascalientes   $ 8, 282

Nayarit                 $ 8, 406

Jalisco                   $ 8, 415

San Luis Potosí    $ 8, 481

Tamaulipas          $ 8, 560

Querétaro            $ 8, 798

Sonora                  $ 8, 836

Sinaloa                  $ 8, 845  

Quintana Roo       $ 8, 881

Colima                    $ 8, 995

Coahuila                 $ 9, 315

Chihuahua             $ 9, 347

CDMX                     $ 9, 794

Baja California      $ 10, 591

Nuevo León          $ 11, 125

Baja Sur                 $ 13, 141

ESE PERVERSO NEGOCIO SEXENAL DE VENDER ESPERANZA

por

Octavio Valdez

Las instituciones mexicanas se adaptaron mal y tarde a la posmodernidad, hace mucho que el diagnóstico está hecho, tan es así que ya hubo quien lo uso para usufructuar el poder vendiendo espejismos de soluciones. Nuestro desastre de convivencia social, empapado en sangre e instalado placenteramente en la desigualdad y la asimetría económica, así como nuestro subdesarrollo intelectual y educativo lo hacen, al día de hoy, más evidente.

Nuestra relación de frivolidad con los poderes de la Unión (y toda noción de civilidad) que nos representan y que dan cuerpo a la República, con énfasis en el Ejecutivo, han convertido nuestra dinámica electoral en un engendro parte carpa de payasos y parte concurso de popularidad, esperamos a ver quién tiene la frase más chistosa, la ocurrencia más viva, el disfraz más colorido, la personalidad más avasallante y combativa o hasta el acento más peculiar, como si se tratara de encontrar al comediante para nuestra serie favorita. Un reflejo del pobre constructo, nuestra idea íntima, que como sociedad tenemos de lo humano. 

No es de extrañar que en estos momentos Televisa resurja de sus cenizas de “rating” con un “reality show” (La casa de los famosos) que explota el morbo, simula la intromisión a la intimidad de personajes que generen circunstancias en relación a exponerse en la plenitud de sus contradicciones morales y de vida, manipulando las situaciones para ofrecer la más diversa gama de miserias y patetismos para el espectador, que a su vez participa como voyerista sentimental y carnal. Nadie ha leído y conocido el espíritu del mexicano como Televisa.

Y es que la descripción arriba desarrollada, calza igual para los últimos procesos electorales, incluyendo el que inicia este 2023. La diferencia es que en el caso de los contenidos mediáticos por lo menos hay acceso a un mercado de producciones mundiales de diversa y heterogénea factura, ya decidirá uno si informarse o convertir su cerebro en gelatina, en el caso de la oferta electoral no existe esa pluralidad: es pobre, local y restringida, ahí no hay más que tragar amargo.

Lo restrictivo de nuestro sistema político electoral impide la diversidad de ideas, perfiles y ni hablar de un relevo generacional, necesario para actualizar las instituciones; por el contrario, se ha beneficiado la endogamia entre los grupos de poder político. Nuestros políticos se revuelcan tanto entre ellos, que el sistema representativo ya adolece de más taras y deformidades que el último descendiente de los Habsburgo.

Cambian de partido, fundan nuevos, hacen alianzas, se van de sabático a organismos intermedios, empresariales o sociales y vuelven, se pasean por todos los puestos de elección (diputado federal y local, senador, regidor…), son funcionarios de gobierno o de partido. Prácticamente pueden meterlos al ataúd sin nunca salir del laberinto de posiciones que el vedetteo político ofrece, sin que ello implique que desarrollen un servicio profesional de carrera, perfil muy útil para el servicio público, sólo utilizan las relaciones a las que accedieron al entrar en el sistema político electoral para flotar en el éter presupuestal.

No es extraño que los elementos políticos que lo conforman terminen comportándose como un cártel, los mismos procedimientos establecidos en las normas que lo rigen inducen ese comportamiento, con acentuado énfasis en los partidos políticos, la conducta de camarillas mafiosas que presentan está dado por la estructura que los hace funcionar.

Cómo es posible que el actual presidente de México sea visto y se autoperciba como un “outsider” del sistema, cuando lleva cincuenta años siendo parte de este, es una distorsión que sólo se puede dar cuando un ambiente se vuelve tan cerrado que pasa de la endogamia al incesto y hasta un primo es visto como extraño. Bajo este escenario, no es raro que la cleptocracia nacional muestre evidentes signos de descomposición y retraso.  

Hay una vieja y anacrónica idea, que justifica la implementación de los restrictivos procedimientos que regulan la posibilidad de que un ciudadano pueda acceder a convertirse en candidato, a ocupar un cargo de elección popular o sea parte del sistema político: evitar en lo posible la incursión de actores desestabilizadores del Estado, premisa que se vuelve absurda con la evidente infiltración actual de la instituciones del país por parte del crimen organizado, entre otros poderes fácticos que degeneran el funcionamiento de nuestro gobierno.

El sistema electoral debe abrirse y no con esa figura burda de candidatos independientes, cuyas exigencias implican una opción igual de restrictiva que la de los partidos políticos. Dados los resultados del sistema de restricciones, cabe hacer la pregunta:

 ¿Por qué no basta ser ciudadano en plena función de sus derechos para poder registrarse ante el órgano electoral como candidato?

Cuidando los detalles de residencia o lo que tenga implicaciones de validez geográfica electoral, entre otros elementos civiles básicos, sería un trámite que no generaría un gasto oneroso ni para el ciudadano ni la instancia electoral y el hecho tampoco daría carta libre a quien se registrara: tendría el mismo trabajo de convencer gente a través de la socialización de una plataforma, la obtención de recursos, justificación de gastos, etc.

Esto también liberaría el monopolio de los partidos sobre la vida pública y política del país y los obligaría a modernizar su operación, si pretenden seguir aglomerando los intereses de grupos de la sociedad y no sólo cumplir el papel de filtros arbitrarios de las dirigencias para colocar gente en la administración pública y los puestos de elección popular.

Y en el caso específico de la administración pública, implementar un examen de oposición para especializar y optimizar la función de la misma, así al mismo tiempo se quita el coto veleidoso y nocivo de los mismos grupos políticos sobre ella.

Ese perverso negocio sexenal de vender esperanza debe acabar por el bien de todos.

DOS A LA SEMANA: EL VERDADERO HORCÓN DEL MEDIO

por

SEGUNDA DE IDEAS SUELTAS SOBRE EL MAÍZ

Jorge Eduardo Aragón Campos

¿Sin agricultores no hay país? ¿Sin agricultores no hay alimentos? ¿El agricultor pone la comida en nuestras mesas? ¿En qué película fue eso? Lo que determina si un país existe o no, es su fuerza laboral y, valga el juego de palabras, la fuerza de la fuerza laboral es su capacidad, o sea su capacitación, su nivel de conocimiento sobre la actividad que desempeña, estoy hablando de obreros, operarios, médicos, abogados, ingenieros, maestros y también, por qué no, de músicos, escritores, videastas, actores…

Hoy, en caso de una verdadera emergencia nacional en cualquier país del mundo, lo primero a asegurar es la movilidad, porque hoy lo que no se mueve se muere: tropas, auxilios, alimentos, población… hoy, la autosuficiencia alimentaria no viene de la madre tierra cuidada por las amorosas manos de un campesino de rostro ajado y noble, viene de las plantas industriales que tienen la capacidad de enlatar cualquier producto perecedero que abunde en cualquier momento del año, así como de las redes de distribución rápida que, el mismo día, pueden poner cualquier producto fresco en cualquier lugar del mundo. Sin fuerza laboral no hay electricidad ni combustibles, ni vehículos automotores, ni hospitales, ni laboratorios de drogas ilegales, ni agricultores, ni políticos, ni candidatos, ni elecciones, ni fiestas, ni panteones, por eso también México es cada vez menos país, porque desde el año 1982, todos los costos de todas las políticas económicas que han sido aplicadas hasta el día de hoy, han sido pagados por la clase trabajadora en beneficio de ciertos sectores privilegiados, valgan como referencia el del transporte, el de las telecomunicaciones y el bancario.

Retomando el mismo video al que me he referido desde el artículo anterior, donde un agricultor sonorense da un mensaje en Topolobampo a sus colegas que le andaban haciendo a “los alzados de Alma Grande”, suelta una expresión de moda que, como todas las modas, es resultado de una vieja costumbre: “lo que estamos pidiendo al gobierno es que nos pague lo justo nada más, y el gobierno dice que no tiene dinero pero sí lo tiene y además ni que fuera tanto, con mucho menos de lo que se acaban de robar en SEGALMEX nos pagan y todavía les sobra”. No estoy siendo literal, pero sé muy bien que me estoy dando a entender muy bien, porque esa idea que se sustenta en el caso SEGALMEX, es compartida por la inmensa mayoría, de ahí que ahorita es cosa de todos los días, en todas partes y para todas las situaciones. Ojo con este elemento.

¿Tiene usted bien claro, qué es lo que está diciendo el orador? Porque yo creo que no, pues lo que está planteando es cobrarle piso al gobierno: la verdadera pretensión de “los productores”, es sacar un acuerdo propio de delincuentes organizados, para entre los dos jodernos a usted y a mí. “Los productores” no están protestando contra un esquema comercializador indebido, o contra una autoridad abusiva, o contra una reforma legal que atente contra su actividad… No, nada de eso, piden mayor precio y que todo siga igual, o sea piden más dinero y es todo; el punto es que se lo están exigiendo al gobierno; lo que reclaman entonces, son recursos públicos con el único argumento de que sólo así les resulta costeable, se trata, nada más ni nada menos, de una incitación a la corrupción, disfrazada de lo que a primera vista luce como un acto justo: ser ellos quienes fijen el precio de lo que producen. Nada más que esto último, lo vamos a abordar en la siguiente entrega.