Urge mejorar la infraestructura educativa en México.

Microscopio Social

Héctor Melesio Cuén Ojeda

 

El 26 de febrero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma de enorme trascendencia al artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo núcleo esencial fue la calidad de la educación.
Por eso, el párrafo tercero del citado artículo hoy ordena claramente que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria —preescolar, primaria, secundaria y bachillerato—, para lo que establece que los materiales y métodos educativos, así como la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos, a fin de que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.
Tal contenido normativo del párrafo de referencia, y todas las demás partes de que se compone, es muy importante. Sin embargo, en esta colaboración solo abordaremos el elemento de la infraestructura educativa por la necesidad que se tiene de mejorarla no solo en Sinaloa, sino en todo el país, como lo muestran los hechos y datos duros.
Por principio, según el Foro Económico Mundial, nuestro país ocupa el lugar número 102 de 124 en el mundo en lo que se refiere a la calidad de la educación, lo cual está estrechamente relacionado, entre otros aspectos, con el tema de la infraestructura escolar.
De acuerdo con cifras del sistema educativo mexicano, solo el 10% de las 246,341 escuelas poseen el certificado de calidad, debido a que el 20% de los planteles no cuentan con agua potable y cerca de 4,000 escuelas carecen de energía eléctrica; asimismo, el 36% no tiene drenaje, el 10% no tiene mobiliario adecuado para alumnos y profesores, el 59% carece de salidas de emergencia, 54% adolece de zonas de seguridad, el 24% cuenta con rampas para personas con discapacidad y solo el 10% tiene instalaciones sanitarias habilitadas para ese importante sector de la población.
Un estudio hecho por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) concluyó que solo el 55% de las primarias en el país cuenta con todos los espacios administrativos y de uso común necesario, tales como dirección, tienda escolar o cooperativa, almacén, patio de recreo, áreas verdes y baños. Ello significa que el 45% no tiene dicha infraestructura elemental.
En cuanto al mantenimiento y conservación de las instalaciones, solo el 50% de las primarias en el país posee planteles en buen estado, con una infraestructura bien conservada. En cambio, el 15% de las escuelas presentan problemas en el inmueble, tales como fisuras, cuarteaduras y otros daños visibles. Derivado de esta situación, el INEE y las comunidades educativas recomiendan diseñar políticas que atiendan de raíz el problema de la infraestructura educativa.
En Sinaloa, la situación en este tema no es mejor, puesto que según el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), en nuestro estado existen 5,103 inmuebles, de los cuales únicamente 3,689 fueron hechos para fines educativos y 1,414 fueron adaptados para estos fines.
De 4,131 inmuebles construidos solo para preescolar, primaria y secundaria, el 77% no dispone de rampas para personas con discapacidad, el 87.67% no cuenta con sanitarios amplios con agarraderas, el 36% carece de áreas deportivas y recreativas, el 16 % no dispone de plaza cívica, el 25% no posee cafetería o tienda escolar, 38 % no tiene cocina o comedor y el 46% carece de aula de usos múltiples.
Asimismo, del total de las escuelas en nuestro estado, solo el 13.21% tiene señales de protección civil, el 17.12% posee rutas de evacuación, el 25.49% cuenta con salidas de emergencia y el 19.09 % tiene zonas de seguridad.
Los datos revelan, además, que el 48.9% de los centros escolares no tienen acceso a drenaje y el 23% no cuenta con agua potable en la red pública. A estos aspectos básicos se suma que el 67.5% no posee acceso a internet, servicio fundamental actualmente para conectarse con el conocimiento global.
Ante esa situación general, el Grupo Parlamentario que coordina el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño en la LXII Legislatura, congruente con los principios, estatutos y programas de acción del instituto político al cual se debe, propuso una iniciativa de Ley de Infraestructura Física Educativa del Estado de Sinaloa, con el objetivo de que la niñez y juventud sinaloense tenga espacios más dignos en las escuelas y existan las condiciones adecuadas para que el proceso enseñanza-aprendizaje sea de calidad, según lo recomienda la pedagogía moderna, y para que los objetivos de la reforma constitucional de 2013 se conviertan en hechos y no solo en postulados jurídicos.

Gracias y que pasen un excelente fin de semana.

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Urge mejorar la infraestructura educativa en México.

Héctor Melesio Cuén Ojeda

 

El 26 de febrero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma de enorme trascendencia al artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo núcleo esencial fue la calidad de la educación.
Por eso, el párrafo tercero del citado artículo hoy ordena claramente que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria —preescolar, primaria, secundaria y bachillerato—, para lo que establece que los materiales y métodos educativos, así como la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos, a fin de que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.
Tal contenido normativo del párrafo de referencia, y todas las demás partes de que se compone, es muy importante. Sin embargo, en esta colaboración solo abordaremos el elemento de la infraestructura educativa por la necesidad que se tiene de mejorarla no solo en Sinaloa, sino en todo el país, como lo muestran los hechos y datos duros.
Por principio, según el Foro Económico Mundial, nuestro país ocupa el lugar número 102 de 124 en el mundo en lo que se refiere a la calidad de la educación, lo cual está estrechamente relacionado, entre otros aspectos, con el tema de la infraestructura escolar.
De acuerdo con cifras del sistema educativo mexicano, solo el 10% de las 246,341 escuelas poseen el certificado de calidad, debido a que el 20% de los planteles no cuentan con agua potable y cerca de 4,000 escuelas carecen de energía eléctrica; asimismo, el 36% no tiene drenaje, el 10% no tiene mobiliario adecuado para alumnos y profesores, el 59% carece de salidas de emergencia, 54% adolece de zonas de seguridad, el 24% cuenta con rampas para personas con discapacidad y solo el 10% tiene instalaciones sanitarias habilitadas para ese importante sector de la población.
Un estudio hecho por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) concluyó que solo el 55% de las primarias en el país cuenta con todos los espacios administrativos y de uso común necesario, tales como dirección, tienda escolar o cooperativa, almacén, patio de recreo, áreas verdes y baños. Ello significa que el 45% no tiene dicha infraestructura elemental.
En cuanto al mantenimiento y conservación de las instalaciones, solo el 50% de las primarias en el país posee planteles en buen estado, con una infraestructura bien conservada. En cambio, el 15% de las escuelas presentan problemas en el inmueble, tales como fisuras, cuarteaduras y otros daños visibles. Derivado de esta situación, el INEE y las comunidades educativas recomiendan diseñar políticas que atiendan de raíz el problema de la infraestructura educativa.
En Sinaloa, la situación en este tema no es mejor, puesto que según el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), en nuestro estado existen 5,103 inmuebles, de los cuales únicamente 3,689 fueron hechos para fines educativos y 1,414 fueron adaptados para estos fines.
De 4,131 inmuebles construidos solo para preescolar, primaria y secundaria, el 77% no dispone de rampas para personas con discapacidad, el 87.67% no cuenta con sanitarios amplios con agarraderas, el 36% carece de áreas deportivas y recreativas, el 16 % no dispone de plaza cívica, el 25% no posee cafetería o tienda escolar, 38 % no tiene cocina o comedor y el 46% carece de aula de usos múltiples.
Asimismo, del total de las escuelas en nuestro estado, solo el 13.21% tiene señales de protección civil, el 17.12% posee rutas de evacuación, el 25.49% cuenta con salidas de emergencia y el 19.09 % tiene zonas de seguridad.
Los datos revelan, además, que el 48.9% de los centros escolares no tienen acceso a drenaje y el 23% no cuenta con agua potable en la red pública. A estos aspectos básicos se suma que el 67.5% no posee acceso a internet, servicio fundamental actualmente para conectarse con el conocimiento global.
Ante esa situación general, el Grupo Parlamentario que coordina el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño en la LXII Legislatura, congruente con los principios, estatutos y programas de acción del instituto político al cual se debe, propuso una iniciativa de Ley de Infraestructura Física Educativa del Estado de Sinaloa, con el objetivo de que la niñez y juventud sinaloense tenga espacios más dignos en las escuelas y existan las condiciones adecuadas para que el proceso enseñanza-aprendizaje sea de calidad, según lo recomienda la pedagogía moderna, y para que los objetivos de la reforma constitucional de 2013 se conviertan en hechos y no solo en postulados jurídicos.

Gracias y que pasen un excelente fin de semana.

Microscopio Social

La Auditoría Superior del Estado:
obligada a fortalecerse

Héctor Melesio Cuén Ojeda

Sábado 8 de julio de 2017 


En los últimos 15 días se ha generado una controversia entre diputados locales, organismos sociales y ciudadanos en general sobre una iniciativa de ley formulada por la Comisión de Fiscalización del H. Congreso del Estado acerca de la revisión de las Cuentas Públicas, en la cual propone que se deroguen el sexto y séptimo párrafo del artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Dicho párrafo establece:

El Congreso del Estado revisará, aprobará, hará observaciones o suspenderá y, de proceder, expedirá el finiquito respectivo, por cada semestre del ejercicio fiscal en los casos de las cuentas públicas del estado y de los municipios.

Cuando se decrete la suspensión de la aprobación de una cuenta pública, ésta deberá ser nuevamente discutida en el siguiente período ordinario de sesiones, previa a la revisión y aprobación en su caso, de la que corresponda al mismo.

Para algunos, la interpretación es que con esta reforma el H. Congreso del Estado renuncia a la fiscalización de las Cuentas Públicas del gobierno del estado, municipios y otros entes fiscalizables.

Para otros, entre los que me incluyo, es todo lo contario. Esta reforma sólo obedece a una armonización con el Sistema Nacional de Anticorrupción (SNA) y tiene como objetivo fortalecer la responsabilidad de la Auditoría Superior del Estado (ASE), a través de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, una de las siete leyes secundarias que se desprenden del SNA.

Sin duda, la incertidumbre y desconfianza de la sociedad tiene razón de ser, pues la corrupción y la impunidad, convertidas en una práctica común en todos los niveles de gobierno, han provocado hartazgo y escepticismo hacia los representantes populares.

La reforma que se propone con la iniciativa coadyuvará a despolitizar el proceso de revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, situación que se ha dado por muchos años en las reuniones plenarias de los legisladores. Todo mundo sabe que en esas discusiones se impone el interés político, es decir, un partido defiende a las autoridades que provienen de su organismo político, mientras que otros defienden a los suyos; por lo general, esas discusiones terminan en una negociación.

Por tanto, se trata entonces que con la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la ASE asuma un papel de más responsabilidad y que no se reduzca sólo a realizar la auditoría correspondiente al ente fiscalizable y rendir un informe a la Comisión de Fiscalización, la cual empieza por distorsionar los resultados de la auditoría realizada, y ya con estas deficiencias llega al pleno de diputados, en donde termina de politizarse completamente

Otro asunto importante es que la ASE forma parte del H. Congreso y, en ese sentido, debe asumirse como un verdadero brazo fiscalizador de ese Poder Legislativo. Hay que aceptar también que con la actual ley la ASE tiene facultades para iniciar procesos administrativos, jurídicos y hasta juicios políticos, pero en la práctica las auditorías que realiza no tienen continuidad ni seguimiento. Prueba de ello es que el anterior auditor externo, Antonio Vega Gaxiola, interpuso 93 denuncias contra funcionarios públicos, pero a ninguna se le dio curso.

Es importante remarcar que aun si se aprueban las reformas al artículo 37 constitucional, las obligaciones de los diputados están expresadas en la propia Constitución Política del Estado de Sinaloa, cuyo artículo 43, fracciones XXII y XXII BIS:

Artículo 43. Son facultades exclusivas del Congreso del Estado, las siguientes:

XXII. Revisar y fiscalizar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de los municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.

XXII Bis. Revisar y fiscalizar el informe que rinda la Auditoría Superior del Estado sobre la aplicación de los recursos públicos estatales o municipales, asignados a los organismos descentralizados o de participación estatal o municipal, en los términos previstos en las leyes.

En resumen, la iniciativa propuesta nunca le quita la responsabilidad al H. Congreso de revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas, sino que le permite atender la armonización necesaria con el SNA, fortalecer el rol fiscalizador que debe tener la ASE y minimizar al máximo el proceso de politización que a la fecha se le ha dado a este proceso de revisión del gasto y aplicación del erario público. Por eso, consideramos que es necesaria y que ayudará a que el Sistema Local de Anticorrupción cumpla con los objetivos planteados.

Gracias y que pasen un excelente fin de semana.