Este jueves 11 de mayo, los diputados integrantes de la 62 Legislatura Local dispensaron la segunda lectura de la iniciativa Ley para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Sinaloa, presentada por Paola Iveth Garate Valenzuela, la cual fue presentada el 1° de diciembre del 2016. Posterior a la citada dispensa, fue turnada a Comisiones para la elaboración del dictamen correspondiente.
Tal acción es positiva, y de manera inmediata me hizo recordar que el 3 de julio del 2014, María del Rosario Sánchez Zatarain, Robespierre Lizárraga Otero y un servidor, siendo legisladores de la 61 Legislatura, formulamos y presentamos formalmente al H. Congreso del Estado, la iniciativa denominada Ley de Protección de Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Sinaloa, a la cual se le dio primera lectura el 26 de agosto del 2014. El 2 de septiembre del mismo año fue motivo de segunda lectura, fecha esta última que fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, de Salud y Asistencia Social, así como a la de Derechos Humanos.
Resulta pertinente mencionar, que la iniciativa nuestra es de gran interés social, ya que contiene propuestas que van dirigidas a proteger a las personas de la tercera edad, y tiene como propósito esencial: la protección de los derechos fundamentales de los adultos mayores; establecer las autoridades responsables de la aplicación de la ley y el establecimiento de un enfoque integral de la salud; el acceso de dichas personas a los servicios asistenciales de manera gratuita; prevé también, y esto importante, la existencia de un órgano rector de las políticas públicas a favor de los adultos mayores, denominado, precisamente, Instituto Estatal para la Atención del Adulto Mayor.
Igualmente, esta iniciativa propone reconocerle a las personas de la tercera edad, los siguientes derechos: la integridad y dignidad; la certeza jurídica y familia; la salud y alimentación; la educación, recreación, información y participación; el derecho de asociarse y reunirse; a recibir información, educación y a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa de su comunidad.
Lo que no se entiende, es cómo después de casi tres años de haber presentado esta iniciativa y dársele primera y segunda lectura, aun las Comisiones Unidas a las que fue turnada, no hayan presentado al pleno de diputados el dictamen correspondiente para su aprobación o rechazo. Tampoco, en términos eficacia legislativa y por ley, logro entender por qué una iniciativa muy similar –me refiero a la que se hizo llegar al Congreso en diciembre del 2016–, no se legisle conjuntamente, cuando sus propósitos y propuestas son muy similares, es decir, versan sobre un mismo objeto técnicamente.
Es pertinente recordar, que este tema ya lo he comentado en ocasiones anteriores, cuando observo que se presentan iniciativas muy similares a las que tuvimos la oportunidad de hacer llegar al Congreso en el periodo 2013-2016, lo cual no es negativo por si mismo, lo reprobable es que el Congreso del Estado no tenga un control de las mismas y les aplique un tratamiento anárquico, desorganizado o discriminatorio; que lo único que pone de relieve, es que lo que indeseablemente se le llama “congeladora”, y por ello se estén acumulando cientos y cientos de iniciativas. Por tal motivo, considero legítimamente, y lo reitero, que quienes presentan una iniciativa de ley, tienen todo el derecho a que el Congreso se la apruebe o se la rechace, pero no mantenerlas en la indefinición como ocurre en la realidad. Esto al margen de que se esté cometiendo la falta identificada como omisión legislativa.
Ahora bien, me siento obligado a reclamar que lo que está pasando concretamente con la iniciativa Ley de Protección de Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Sinaloa, está sucediendo con un número importante de iniciativas que trabajamos en el periodo en que asumimos la responsabilidad de diputados locales, muchas de ellas con un marcado compromiso social.
Al efecto, vale la pena recordar que en octubre del 2016, Sánchez Zatarain, Lizárraga Otero y un servidor, ratificamos ante la presente legislatura, un total de 79 iniciativas que, organizadas en 6 ejes de trabajo, versan sobre las siguientes líneas generales: 1) Educación, Cultura y deporte; 2) Salud y Seguridad Social a Grupos Vulnerables; 3) Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil;4) Desarrollo Familiar, Político, Social y Económico; 5) Producción de Normas Legislativas, Transparencia y Rendición de Cuentas y, 6) Fortalecimiento democrático y reforma político-electoral. Lo hicimos con la convicción de que se tomaran en cuenta para la elaboración de la Agenda Legislativa para el presente periodo, sin embargo, no apreciamos que esto esté ocurriendo como es debido.
Con el respeto que merece toda iniciativa que se hace llegar al Congreso, considero que dentro de las 79 iniciativas ratificadas, hay varias que por su enfoque de beneficio social a diferentes sectores, son dignas de tomarse en cuenta, menciono solo algunas a manera de ejemplo: Promover la Ley de Becas para el Estado de Sinaloa; Modernizar la infraestructura educativa para el desarrollo pleno y elevar la calidad de la educación en Sinaloa atendiendo los lineamientos de la Reforma Educativa; Promover la Ley de Inclusión Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Sinaloa; Hacer realidad el ordenamiento jurídico de los pueblos indígenas a través de Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Sinaloa; Promover la armonización de las leyes secundarias derivadas de la ley de niños, niñas y adolescentes, en los temas de, asistencia social, desarrollo infantil, seguridad y salud en el marco del derecho superior de la niñez; Ley para la Protección a Jefas de Familia del Estado de Sinaloa; reformas a la Ley de Tránsito y Transporte Público para que el descuento del 50% en transporte urbano y suburbano, se aplique lo mismo a personas de la tercera edad, así como a quienes tienen capacidades diferentes, entre otras más que forman parte del paquete de las 79 iniciativas ratificadas.
Por estas consideraciones, y con el respeto que merecen nuestros diputados, es que una vez más considero que es necesario se trabaje bajo el esquema de una Agenda Legislativa que dé orden al proceso de legislación de la iniciativas depositadas en el H. Congreso del Estado, misma que tome en cuenta temas afines para compactarlas y resolverlas de manera conjunta, lo cual envía un mensaje de atención e inclusión general, y por el contrario cierra las puertas a ideas de falta de equidad, transparencia e institucionalidad.
