Urge Mejorar la Infraestructura Educativa en México

El 26 de febrero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma de enorme trascendencia al artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo núcleo esencial fue la calidad de la educación.
Por eso, el párrafo tercero del citado artículo hoy ordena claramente que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria —preescolar, primaria, secundaria y bachillerato—, para lo que establece que los materiales y métodos educativos, así como la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos, a fin de que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.
Tal contenido normativo del párrafo de referencia, y todas las demás partes de que se compone, es muy importante. Sin embargo, en esta colaboración solo abordaremos el elemento de la infraestructura educativa por la necesidad que se tiene de mejorarla no solo en Sinaloa, sino en todo el país, como lo muestran los hechos y datos duros.
Por principio, según el Foro Económico Mundial, nuestro país ocupa el lugar número 102 de 124 en el mundo en lo que se refiere a la calidad de la educación, lo cual está estrechamente relacionado, entre otros aspectos, con el tema de la infraestructura escolar.
De acuerdo con cifras del sistema educativo mexicano, solo el 10% de las 246,341 escuelas poseen el certificado de calidad, debido a que el 20% de los planteles no cuentan con agua potable y cerca de 4,000 escuelas carecen de energía eléctrica; asimismo, el 36% no tiene drenaje, el 10% no tiene mobiliario adecuado para alumnos y profesores, el 59% carece de salidas de emergencia, 54% adolece de zonas de seguridad, el 24% cuenta con rampas para personas con discapacidad y solo el 10% tiene instalaciones sanitarias habilitadas para ese importante sector de la población.
Un estudio hecho por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) concluyó que solo el 55% de las primarias en el país cuenta con todos los espacios administrativos y de uso común necesario, tales como dirección, tienda escolar o cooperativa, almacén, patio de recreo, áreas verdes y baños. Ello significa que el 45% no tiene dicha infraestructura elemental.
En cuanto al mantenimiento y conservación de las instalaciones, solo el 50% de las primarias en el país posee planteles en buen estado, con una infraestructura bien conservada. En cambio, el 15% de las escuelas presentan problemas en el inmueble, tales como fisuras, cuarteaduras y otros daños visibles. Derivado de esta situación, el INEE y las comunidades educativas recomiendan diseñar políticas que atiendan de raíz el problema de la infraestructura educativa.
En Sinaloa, la situación en este tema no es mejor, puesto que según el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), en nuestro estado existen 5,103 inmuebles, de los cuales únicamente 3,689 fueron hechos para fines educativos y 1,414 fueron adaptados para estos fines.
De 4,131 inmuebles construidos solo para preescolar, primaria y secundaria, el 77% no dispone de rampas para personas con discapacidad, el 87.67% no cuenta con sanitarios amplios con agarraderas, el 36% carece de áreas deportivas y recreativas, el 16 % no dispone de plaza cívica, el 25% no posee cafetería o tienda escolar, 38 % no tiene cocina o comedor y el 46% carece de aula de usos múltiples.
Asimismo, del total de las escuelas en nuestro estado, solo el 13.21% tiene señales de protección civil, el 17.12% posee rutas de evacuación, el 25.49% cuenta con salidas de emergencia y el 19.09 % tiene zonas de seguridad.
Los datos revelan, además, que el 48.9% de los centros escolares no tienen acceso a drenaje y el 23% no cuenta con agua potable en la red pública. A estos aspectos básicos se suma que el 67.5% no posee acceso a internet, servicio fundamental actualmente para conectarse con el conocimiento global.
Ante esa situación general, el Grupo Parlamentario que coordina el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño en la LXII Legislatura, congruente con los principios, estatutos y programas de acción del instituto político al cual se debe, propuso una iniciativa de Ley de Infraestructura Física Educativa del Estado de Sinaloa, con el objetivo de que la niñez y juventud sinaloense tenga espacios más dignos en las escuelas y existan las condiciones adecuadas para que el proceso enseñanza-aprendizaje sea de calidad, según lo recomienda la pedagogía moderna, y para que los objetivos de la reforma constitucional de 2013 se conviertan en hechos y no solo en postulados jurídicos.

Gracias y que pasen un excelente fin de semana.

Ley de Adultos Mayores

Este jueves 11 de mayo, los diputados integrantes de la 62 Legislatura Local dispensaron la segunda lectura de la iniciativa Ley para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Sinaloa, presentada por Paola Iveth Garate Valenzuela, la cual  fue presentada el 1° de diciembre del 2016. Posterior a la citada dispensa, fue turnada a Comisiones para la elaboración del dictamen correspondiente.


Tal acción es positiva, y de manera inmediata me hizo recordar que el 3 de julio del 2014, María del Rosario Sánchez Zatarain, Robespierre Lizárraga Otero y un servidor, siendo legisladores de la 61 Legislatura, formulamos y presentamos formalmente  al H. Congreso del Estado, la iniciativa denominada Ley de Protección de Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Sinaloa, a la cual se le dio primera lectura el 26 de agosto del 2014. El 2 de septiembre del mismo año fue motivo de segunda lectura, fecha esta última que fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, de Salud y Asistencia Social, así como a la de Derechos Humanos.

Resulta pertinente mencionar, que la iniciativa nuestra es de gran interés social, ya que contiene propuestas que van dirigidas a proteger a las personas de la tercera edad, y tiene como propósito esencial: la protección de los derechos fundamentales de los adultos mayores; establecer las autoridades responsables de la aplicación de la ley y el establecimiento de un enfoque integral de la salud; el acceso de dichas personas a los servicios asistenciales de manera gratuita; prevé también, y esto importante, la existencia de un órgano rector de las políticas públicas a favor de los adultos mayores, denominado, precisamente, Instituto Estatal para la Atención del Adulto Mayor.

Igualmente, esta iniciativa propone reconocerle a las personas de la tercera edad, los siguientes derechos: la integridad y dignidad; la certeza jurídica y familia; la salud y alimentación; la educación, recreación, información y participación; el derecho de asociarse y reunirse; a recibir información, educación y a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa de su comunidad.

Lo que no se entiende, es cómo después de casi tres años de haber presentado esta iniciativa y dársele primera y segunda lectura, aun las Comisiones Unidas a las que fue turnada, no hayan presentado al pleno de diputados el dictamen correspondiente para su aprobación o rechazo. Tampoco, en términos eficacia legislativa y por ley, logro entender por qué una iniciativa muy similar –me refiero a la que se hizo llegar al Congreso en diciembre del 2016–, no se legisle conjuntamente, cuando sus propósitos y propuestas son muy similares, es decir, versan sobre un mismo objeto técnicamente.

Es pertinente recordar, que este tema ya lo he comentado en ocasiones anteriores, cuando observo que se presentan iniciativas muy similares a las que tuvimos la oportunidad de hacer llegar al Congreso en el periodo 2013-2016, lo cual no es negativo por si mismo, lo reprobable es que el Congreso del Estado no tenga un control de las mismas y les aplique un tratamiento anárquico, desorganizado o discriminatorio; que lo único que pone de relieve, es que lo que indeseablemente se le llama “congeladora”, y por ello se estén acumulando cientos y cientos de iniciativas. Por tal motivo, considero legítimamente, y lo reitero, que quienes presentan una iniciativa de ley, tienen todo el derecho a que el Congreso se la apruebe o se la rechace, pero no mantenerlas en la indefinición como ocurre en la realidad. Esto al margen de que se esté cometiendo la falta identificada como omisión legislativa.

Ahora bien, me siento obligado a reclamar que lo que está pasando concretamente con la iniciativa Ley de Protección de Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Sinaloa, está sucediendo con un número importante de iniciativas que trabajamos en el periodo en que asumimos la responsabilidad de diputados locales, muchas de ellas con un marcado compromiso social.

Al efecto, vale la pena recordar que en octubre del 2016, Sánchez Zatarain, Lizárraga Otero y un servidor, ratificamos ante la presente legislatura, un total de 79 iniciativas que, organizadas en 6 ejes de trabajo, versan sobre las siguientes líneas generales: 1) Educación, Cultura y deporte; 2) Salud y Seguridad Social a Grupos Vulnerables; 3) Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil;4) Desarrollo Familiar, Político, Social y Económico;  5) Producción de Normas Legislativas, Transparencia y Rendición de Cuentas y, 6) Fortalecimiento democrático y reforma político-electoral. Lo hicimos con la convicción de que se tomaran en cuenta para la elaboración de la Agenda Legislativa para el presente periodo, sin embargo, no apreciamos que esto esté ocurriendo como es debido.

Con el respeto que merece toda iniciativa que se hace llegar al Congreso, considero que dentro de las 79 iniciativas ratificadas, hay varias que por su enfoque de beneficio social a diferentes sectores, son dignas de tomarse en cuenta, menciono solo algunas a manera de ejemplo: Promover la Ley de Becas para el Estado de Sinaloa; Modernizar la infraestructura educativa para el desarrollo pleno y elevar la calidad de la educación en Sinaloa atendiendo los lineamientos de la Reforma Educativa; Promover la Ley de Inclusión Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Sinaloa; Hacer  realidad el ordenamiento jurídico de los pueblos indígenas a través de Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Sinaloa; Promover la armonización de las leyes secundarias  derivadas de la ley de niños, niñas y adolescentes, en los  temas  de,  asistencia social, desarrollo infantil, seguridad y salud en el marco del derecho superior de la niñez; Ley para la Protección a Jefas de Familia del Estado de Sinaloa; reformas a la Ley de Tránsito y Transporte Público para que el descuento del 50% en transporte urbano y suburbano, se aplique lo mismo a personas de la tercera edad, así como a quienes tienen capacidades diferentes, entre otras más que forman parte del paquete de las 79 iniciativas ratificadas.

Por estas consideraciones, y con el respeto que merecen nuestros diputados, es que una vez más considero que es necesario se trabaje bajo el esquema de una Agenda Legislativa que dé orden al proceso de legislación de la iniciativas depositadas en el H. Congreso del Estado, misma que tome en cuenta temas afines para compactarlas y resolverlas de manera conjunta, lo cual envía un mensaje de atención e inclusión general, y por el contrario cierra las puertas a ideas de falta de equidad, transparencia e institucionalidad.