En la raya

EL GRUPO CULIACÁN
¿Existe?
Por José Luis López Duarte

A todos los políticos que se les considera integran el “Grupo Culiacán” como una corriente política vital del PRI en Culiacán, tienen un común denominador: Tienen un alto nivel de independencia política y han construido sus carreras políticas en buena medida por méritos propios.

Nos referimos al alcalde Jesús Valdez, al diputado Aarón Rivas y al ex alcalde Sergio Torres, quienes tienen en sus carreras políticas un promedio de diez años, cuando mucho, que hoy por hoy lo tiene como figuras preponderantes dentro del PRI en Culiacán y Sinaloa.

Si hablamos del de mayor trayectoria política, Sergio Torres, empezó como empleado del ayuntamiento, fue dirigente sindical del STASAC, regidor del ayuntamiento de Culiacán y de allí a diputado local, para luego coordinar la campaña de Héctor Melesio Cuén y Jesús Vizcarra e Culiacán el 2010, ser funcionario municipal con ellos y el 2012 diputado federal, el 2013 gana la presidencia municipal de Culiacán que entrega la estafeta el 1° de enero de 2017 a otro miembro del “Grupo Culiacán”, Jesús Valdez.

Jesús Valdez, quien hizo mancuerna con Sergio Torres y Jesús Vizcarra en la elección municipal del 2010, el primero para diputado y el segundo para presidente municipal, después de haber sido secretario de Héctor Melesio Cuén cuando fue rector y director de la juventud en el ayuntamiento con Aarón Irizar, después de la derrota del PRI y Jesús Vizcarra el 2010, el 2011 se fue a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y fue diputado federal el 2012 para venir a competir y ganar la presidencia municipal el 2016.

El más joven de los tres, políticamente hablando, es Aarón Rivas, un joven empresario muy abierto a la política que se incorporó al PRI en el 2009 como secretario general adjunto del comité ejecutivo estatal del PRI y en el 2010 es candidato a diputado local para luego convertirse en presidente municipal sustituto en Culiacán en lugar de Héctor Melesio Cuén el 2011, cuando este renunció para competir por el senado de la república bajo las siglas del PANAL. Durante el 2014 y 2015 fue secretario de desarrollo económico en el gobierno de Mario López Valdez y el 2016 regresa a ser diputado local.

Los tres son personajes de meteóricas carreras políticas, identificados cada quien con su personalidad propia y acciones destacadas en sus desempeños que los han distinguido con sellos peculiares que los han hecho no pasar desapercibidos en sus diversos cargos, además de que han tenido un común denominador los tres: han sido líderes electorales y políticos del PRI con arraigo social y popular, que no es muy común en la clase política de cualquier partido, como tampoco del PRI.

La existencia o no del “Grupo Culiacán” es un misterio que no hay quien lo aclare, por lo menos para mí, pero lo que si es cierto es que estos tres personajes del PRI son figuras relevantes de ese partido no solo en Culiacán sino en todo el estado, reconocidos incluso por todos los partidos políticos en Sinaloa.

Y si a eso se agrega la relación que han construido a nivel nacional y con grupos de poder local los convierte en una tercia de políticos de lo más rentable en Sinaloa y más todavía porque están en el corazón de las decisiones. En Culiacán se define casi el 40% del resultado electoral y se toman la mayoría de las decisiones para el resto.

Por eso son un grupo de liderazgo sumamente importante que bien puede encabezar cualquier partido en el estado, no se diga en Culiacán y tienen altas probabilidades de ser ganadores. Exista o no el grupo, nadie los debiera tratar sin la relevancia que tienen, mucho menos atacarles y vilipendiarles.

La Tenencia

Se ha hecho público que por lo menos dos diputados, Maribel Chollet y Tomás Amador, circulan en vehículos con placas de Jalisco y Durango, respectivamente, ambos diputados del PRI votaron por reducir el subsidio de la tenencia que se había establecido en el sexenio malovista.

Sin ningún rubor estos diputados han actuado en contra de lo que ellos mismos aprobaron y buscaron en otros estados placas y tenencia vehicular más baratos, siendo autores del decreto que hizo pagar más ahora en Sinaloa a los tenedores del vehículos.

Ellos, así como familias enteras de diputados y políticos de todos los partidos han optado por sacar placas en otros estados donde no se paga tenencia, incluso personajes del gobierno estatal, mientras que la población en general es empujada al sacrificio de esos impuestos que decretaron.

No resulta ocioso insistir en la anticonstitucionalidad de dicho impuesto decretado nacionalmente en 1962 para financiar las olimpiadas de 1968 y que se convirtió en una carga fiscal permanente, que a pesar del consenso público de todos los partidos políticos y de todos los candidatos presidenciales el 2006, haya prevalecido como tal.

La demagogia de Felipe Calderón llegó al extremo cuando en el 2010 propuso cambiar la legislatura para dejar de ser impuesto federal y trasladárselo a los estados como una burda maniobra para seguir manteniéndolo y que si los estados lo dejaban fuera repercutiera en detrimento de las haciendas estatales.

Actualmente, 19 estados ya no cobran la tenencia en el país, 11 lo hacen con subsidio y 2 estados cobran con descuento (Nuevo León y Oaxaca), en más de la mitad del país (19 estados) el impuesto ya no existe.

Esa es la historia de la ilegalidad que la suprema corte en miles y miles de casos durante décadas estuvo condenando el impuesto de la tenencia como ilegal y aún muchos gobiernos insisten en la ilegalidad, como aquí en Sinaloa.

La tenencia es absolutamente ilegal, con antecedentes contundentes y aquí en Sinaloa la hipocresía raya en el límite cuando hace meses se denunció una amplia lista de diputados que no pagaban la tenencia, como ahora se denuncia a la diputada Maribel Chollet y el diputado Tomás Amador de portar placas de otros estados que rodean a Sinaloa y no pagan tenencia.

Esto se parece mucho también a la hipocresía de la insuficiencia presupuestal para no continuar apoyando a los niños en las escuelas con uniformes y útiles escolares, mientras que sin ningún rubor el gobernador del Estado dispone de casi 600 millones para entregárselo a los empresarios del beisbol en Los Mochis y Mazatlán sin consultar a nadie. Así, a donde iremos a parar.

En la raya

LOS RICOS NO TIENEN LLENE
Por José Luis López Duarte

 

Más de 600 millones de pesos del presupuesto del gobierno del estado ha anunciado el gobernador Quirino Ordaz que serán destinados para remodelar los estadios “Emilio Ibarra” y “Teodoro Mariscal”, de Los Mochis y Mazatlán respectivamente, para sumar mil cien millones de pesos agregando los 500 millones que Mario López Valdez le otorgó a la familia Ley en Culiacán para remodelar el estadio “Ángel Flores”.

El argumento del gobernador es darle a la afición beisbolera estadios “decorosos” para el beisbol profesional, como si eso fuera prioridad y como al otro, alguna vez el Congreso del Estado les haya aprobado dicho presupuesto. Por lo pronto, ya inició con 50 millones de pesos en Los Mochis y en los meses siguientes fluirán los 520 millones. “Bendito sea dios” diría mi madre.

En definitiva, la vergüenza y el decoro de los gobernantes no se perdieron ahora, sino que ya rebasó los 20 años cuando Sadol Osorio Salcido en Culiacán autorizó la primera concesión por 15 años que le dio a la familia Ley prácticamente la propiedad “ad perpetuam” del estadio “Ángel Flores”, con la ampliación de la concesión a 40 años más en el 2009 con Jesús Aguilar, luego Malova le da 500 millones para construir la monstruosidad que hicieron y ahora quieren apropiarse de los terrenos de la secundaria federal N° 2, luego, en el gobierno de Juan Millán siguieron el mismo camino los estadios “Teodoro Mariscal” en Mazatlán y “Emilio Ibarra” en Los Mochis, para diez y quince respectivamente, siendo el 2010 y el 2017, prorrogados ya con Jesús Aguilar y Quirino, por diez años el “Teodoro Mariscal” y por 15 años más el “Emilio Ibarra”.

El patrimonio deportiva y cultural de los municipios que habían sido símbolo de los gobiernos ahora se convierten en negocio privado quitándole todos los derechos a los ayuntamientos usurpando facultades que por ley les competan, como si los inmuebles fueran propiedad de la familia Ley en Culiacán, la cervecería “Pacífico” en Mazatlán y a Joaquín Vega e hijos en Los Mochis. Y peor, ejecutar la ley en cobros y seguridad como si fueran autoridad.

Hicieron muchas alharacas contra la disposición del gobierno malovista que impuso en el sexenio la entrega de uniformes y útiles escolares a niños y jóvenes en la escuela de educación básica, reduciéndola drásticamente a un uniforme, aplicándola selectivamente y además reduciendo los útiles escolares, con el argumento de que no había presupuesto y que fue procesado en el Congreso del Estado que emitió un decreto.

Ahora resulta para el gobernador Quirino Ordaz que el dinero le sobra y que Joaquín Vega y la cervecería “Pacífico”, como lo hicieron con la familia Ley, les van a otorgar 300 millones de pesos a cada empresa beisbolera para tener “estadios bonitos”.

Definitivamente no entiendo. O en el gobierno son muy tontos o significa que estos ricos que han medrado del erario público no tienen límites, y lo peor, que haya gobernantes que tienen doble discurso como el gobernador que para una causa social no tiene dinero y para robustecer la riqueza de algunos presume la inversión. Lo peor es que todo se hace sin soporte y nuestros diputados no dicen nada, como tampoco nuestros regidores. Bendito sea dios.