Héctor Melesio Cuén

En 2016 en Sinaloa, según el Coneval, vivían en pobreza alrededor de 930,000 habitantes: 842,600 en situación moderada y 87,100 en extrema, por lo que resulta paradójico e insultante que en el sistema electoral local, y en una democracia carente de calidad, los partidos políticos gocen de enormes prerrogativas en materia de financiamiento. Peor aún, con ello se violenta la norma constitucional y el espíritu o propósitos del Constituyente Permanente.
Recordamos con claridad, que en relación con el sistema local de financiamiento público, en agosto de 2015 María del Rosario Sánchez Zatarain, Robespierre Lizárraga Otero y un servidor, como diputados de la LXI Legislatura y en el marco de la reforma de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa (en particular el Capítulo VIII. Del Financiamiento Público de los Partidos Políticos), votamos en contra de que se incrementara el dinero público que reciben los partidos para sus Actividades Ordinarias Permanentes debido a que se violaba flagrantemente lo dispuesto por el artículo 41, fracción II, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A pesar de ello, se reformó dicha ley, con lo que se infringió también la Ley General de Partidos Políticos.
Ante esa circunstancia, interpusimos una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual la radicó con el expediente 66/2015.
En su sentencia, el máximo órgano jurisdiccional del país nos dio la razón jurídica, al considerar inconstitucional las citadas normas electorales. Es decir, las relativas al financiamiento público aquí en Sinaloa, por estimarlo violatorio a lo dispuesto por el referido artículo 41 de la Carta Magna, así como por diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos.
Lo lamentable del caso es que dicha resolución surtiría efectos después de los procesos electorales de 2016, por lo queel año pasado, desafortunadamente, se destinaron alrededor de 80 millones de pesos más debido a que hubo elecciones para gobernador del estado.
Se estima que para 2018, en las que no habrá proceso para gobernador, Sinaloa se ahorrará 45, 175,607 pesos, ya que se regresa a la fórmula electoral anterior, merced al fallo favorable de la SCJN. Asimismo, nuestra demanda de acción de inconstitucionalidad beneficiará directamente a la ciudadanía sinaloense que, con sus impuestos, contribuye al erario público.
Así es como asumimos los compromisos hechos con Sinaloa. Sin embargo, no estamos del todo satisfechos, pues en el país no existe todavía una democracia de calidad. Prueba de ello es que, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral (INE) no vigila debidamente las elecciones y deja pasar infinidad de irregularidades cometidas por algunos partidos políticos, entre ellas los famosos carruseles y las “casas amigas” que operan el día de la elección.
Aunado a lo anterior, se realiza el desvío de recursos públicos de diversos programas sociales, aprovechándose de la necesidad de la gente más pobre, y ello sucede en los comicios federales, estatales y municipales. Para eso sí resultan muy eficaces las delegaciones federales, no así cuando no hay proceso electoral.
Sin duda, esta situación amerita una reflexión más detenida. Por hoy, sólo cabe destacar que en el referido año 2015 fuimos los únicos actores sociales de nuestra entidad que promovimos una acción de inconstitucionalidad en contra de las reglas de financiamiento público.
De igual forma, a principios de este año seis diputados locales, encabezados por Víctor Antonio Corrales Burgueño, presentaron al H. Congreso del Estado de Sinaloa una iniciativa para reducir el 53% las prerrogativas a los institutos políticos en el país, misma que fue aprobada de manera unánime para que sea presentada al H. Congreso de la Unión, en la Ciudad de México. No obstante, dicha iniciativa se encuentra congelada por los diputados federales, y la razón principal de ello es que “afecta” a los grandes partidos nacionales.
Gracias y que tengan un excelente fin de semana.

Sábado 8 de julio de 2017 

En los últimos 15 días se ha generado una controversia entre diputados locales, organismos sociales y ciudadanos en general sobre una iniciativa de ley formulada por la Comisión de Fiscalización del H. Congreso del Estado acerca de la revisión de las Cuentas Públicas, en la cual propone que se deroguen el sexto y séptimo párrafo del artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Dicho párrafo establece:

El Congreso del Estado revisará, aprobará, hará observaciones o suspenderá y, de proceder, expedirá el finiquito respectivo, por cada semestre del ejercicio fiscal en los casos de las cuentas públicas del estado y de los municipios.

Cuando se decrete la suspensión de la aprobación de una cuenta pública, ésta deberá ser nuevamente discutida en el siguiente período ordinario de sesiones, previa a la revisión y aprobación en su caso, de la que corresponda al mismo.

Para algunos, la interpretación es que con esta reforma el H. Congreso del Estado renuncia a la fiscalización de las Cuentas Públicas del gobierno del estado, municipios y otros entes fiscalizables.

Para otros, entre los que me incluyo, es todo lo contario. Esta reforma sólo obedece a una armonización con el Sistema Nacional de Anticorrupción (SNA) y tiene como objetivo fortalecer la responsabilidad de la Auditoría Superior del Estado (ASE), a través de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, una de las siete leyes secundarias que se desprenden del SNA.

Sin duda, la incertidumbre y desconfianza de la sociedad tiene razón de ser, pues la corrupción y la impunidad, convertidas en una práctica común en todos los niveles de gobierno, han provocado hartazgo y escepticismo hacia los representantes populares.

La reforma que se propone con la iniciativa coadyuvará a despolitizar el proceso de revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, situación que se ha dado por muchos años en las reuniones plenarias de los legisladores. Todo mundo sabe que en esas discusiones se impone el interés político, es decir, un partido defiende a las autoridades que provienen de su organismo político, mientras que otros defienden a los suyos; por lo general, esas discusiones terminan en una negociación.

Por tanto, se trata entonces que con la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la ASE asuma un papel de más responsabilidad y que no se reduzca sólo a realizar la auditoría correspondiente al ente fiscalizable y rendir un informe a la Comisión de Fiscalización, la cual empieza por distorsionar los resultados de la auditoría realizada, y ya con estas deficiencias llega al pleno de diputados, en donde termina de politizarse completamente

Otro asunto importante es que la ASE forma parte del H. Congreso y, en ese sentido, debe asumirse como un verdadero brazo fiscalizador de ese Poder Legislativo. Hay que aceptar también que con la actual ley la ASE tiene facultades para iniciar procesos administrativos, jurídicos y hasta juicios políticos, pero en la práctica las auditorías que realiza no tienen continuidad ni seguimiento. Prueba de ello es que el anterior auditor externo, Antonio Vega Gaxiola, interpuso 93 denuncias contra funcionarios públicos, pero a ninguna se le dio curso.

Es importante remarcar que aun si se aprueban las reformas al artículo 37 constitucional, las obligaciones de los diputados están expresadas en la propia Constitución Política del Estado de Sinaloa, cuyo artículo 43, fracciones XXII y XXII BIS:

Artículo 43. Son facultades exclusivas del Congreso del Estado, las siguientes:

XXII. Revisar y fiscalizar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de los municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.

XXII Bis. Revisar y fiscalizar el informe que rinda la Auditoría Superior del Estado sobre la aplicación de los recursos públicos estatales o municipales, asignados a los organismos descentralizados o de participación estatal o municipal, en los términos previstos en las leyes.

En resumen, la iniciativa propuesta nunca le quita la responsabilidad al H. Congreso de revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas, sino que le permite atender la armonización necesaria con el SNA, fortalecer el rol fiscalizador que debe tener la ASE y minimizar al máximo el proceso de politización que a la fecha se le ha dado a este proceso de revisión del gasto y aplicación del erario público. Por eso, consideramos que es necesaria y que ayudará a que el Sistema Local de Anticorrupción cumpla con los objetivos planteados.

Gracias y que pasen un excelente fin de semana.

Los padres de familia se encuentran desubicados y confundidos sobre qué hacer y cómo actuar ante los hechos de violencia que se han suscitado en los últimos días en nuestra entidad y las posibles repercusiones que pueden tener niñas, niños, adolescentes y jóvenes que asisten a los planteles educativos del estado.

Las actividades de alrededor de 25 escuelas ubicadas en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, y comunidades aledañas, así como en la colonia INFONAVIT Barrancos, se han visto trastocadas debido a actos violentos que se han dado en las cercanías de estos centros escolares, a lo que se debe sumar el uso irresponsable de las redes sociales.

Ante estos escenarios, los padres de familia están desorientados: unos optan por sacar a sus hijos de las escuelas para darles protección y otros deciden que permanezcan en las aulas e instalaciones escolares; sin embargo, algo positivo puede surgir de esta circunstancia: que hagamos una reflexión sobre las condiciones materiales de las escuelas y la preparación de maestros y directivos para hacer frente a estos momentos difíciles que se han presentado, tema indisolublemente ligado a los programas que impulsan e implementan los encargados de Protección Civil a nivel estatal y municipal.

Hay muchos que consideran que lo más recomendable es no sacar a los niños de las escuelas en los momentos de violencia, aunque también se escuchan opiniones a favor de lo contrario. Por ello es importante recuperar lo que en tribuna del H. Congreso del Estado abordé en varias ocasiones cuando tuve la oportunidad de formar parte de la LXI Legislatura: las condiciones e infraestructura en que se encuentran la mayoría de nuestras escuelas.

En diferentes posicionamientos retomé las cifras y estadísticas reportadas por el INEGI a través del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2014 (CEMABE), en el cual se resalta, entre otros datos, que de un total de 5996 escuelas de educación básica, 5204 no cuentan con señales de protección civil; 4969 no tienen rutas de evacuación; 4467 no tienen salidas de emergencia y 4851 no tienen zonas de seguridad. Y a lo anterior habría que agregar decenas de insuficiencias.

Por estas cifras es que razono que también en un gran número de escuelas el personal carece de capacitación para hacer frente a condiciones en donde se pone en peligro a las comunidades escolares; es decir, se carece también de los protocolos necesarios para enfrentar estos momentos difíciles.

Las propias autoridades dan fundamento a la afirmación anterior. En recientes declaraciones, el delegado de la Secretaría de Educación Pública en el estado, Eligio Medina Ríos, lamentó que el ambiente de inseguridad esté trastocando la tranquilidad de los educandos, y reconoció lo siguiente: “Necesitamos un protocolo donde los niños, ante cualquier evento, los encapsule dentro de la escuela en áreas de mayor seguridad”: asimismo, recomendó que “los padres de familia estén en esa idea, porque naturalmente la seguridad de los niños puede ser mejor dentro de la escuela que en la calle o en el tránsito hacia su casa”.

También afirma lo siguiente: “Existen protocolos como Escuela Segura; sin embargo, ya están obsoletos y no cubren las necesidades de los tiempos actuales”. Estas declaraciones evidencian que se carece de los protocolos necesarios, y se contraponen a lo declarado por Luis Felipe Espinoza, coordinador nacional de Protección Civil, quien visitó Sinaloa hace apenas unos días y declaró que las escuelas no deben suspender las clases por cuestiones de violencia en sus inmediaciones o casos de emergencia, sino asumir los protocolos de protección. Así lo afirmó: “Se tienen protocolos establecidos para emergencias o temas de inseguridad, los cuales deben ser adoptados, bajo la instrucción de los maestros.

Finalmente, siempre he dicho que la palabra “hubiera” es la más inservible que puede haber. Incluso me trae a la memoria el posicionamiento que tuve en tribuna el 9 de diciembre de 2014, relacionado con la infraestructura educativa. En aquel momento afirmé que consideraba obligado y urgente que el gobierno del estado, los municipios, la misma legislatura y los consejos escolares de participación social, trazaran una estrategia inmediata para atender y remediar las condiciones de nuestros planteles educativos.

Propuse, también, que en esa estrategia se involucrara directamente la Dirección de Protección Civil del estado de Sinaloa, para que, con los reglamentos específicos existentes, se corrigieran las deficiencias tan marcadas en este renglón y pudiera realizarse un programa estatal de simulacros para las escuelas públicas mediante el cual preparara a los alumnos en el conocimiento de las señales de evacuación, apoyándose para ello en los cuerpos municipales de protección civil y los bomberos de cada localidad.

Ya pasaron dos años y tres meses desde que hice ese posicionamiento y poco se ha avanzado. Por este tipo de omisiones, los sinaloenses y los mexicanos repetimos constantemente la indeseable frase: “Después de ahogado el niño, a tapar el pozo”. Sin embargo nunca es tarde para actuar: hagamos lo que tenemos que hacer para proteger a nuestra niñez; claro que se puede.

Gracias; y que pasen una excelente semana.
Cuén.