POLITEIA

12 de abril de 2022

César Velázquez Robles

Decía ayer que desde el punto de vista cualitativo, el ejercicio revocatorio no pasó la prueba del ácido de una buena práctica democrática, y que desde una perspectiva cuantitativa los resultados del conteo rápido no eran como para echar las campanas a vuelo, pues si bien fue apabullante el porcentaje de ciudadanos que votó por la ratificación del mandato de López Obrador –casi nueve de cada diez votantes—la tasa de abstencionismo se movió entre el 82 y el 83 por ciento, esto es, ocho de cada diez electores decidió no acudir a las mesas receptoras a emitir su voto. Con estos datos, impresionantes los primeros, decepcionantes los segundos, difícilmente se puede sostener la tesis de que estuvimos ante una demostración de fortaleza democrática. En ese sentido, podemos hablar de un fracaso de la consulta, aunque habría que hacer algunos matices. Aquí va uno que creo fundamental.

Los alrededor de 15 millones de votos que ratificaron la continuidad del mandato de López Obrador, aunque sean solo la mitad de los que obtuvo en la elección presidencial de 2018, constituyen en este momento su piso electoral, que claramente mostró una reducción en las elecciones intermedias de 2021, en las que coalición Juntos Hacemos Historia bajó a 17 millones, con lo que no pudo alcanzar el mínimo requerido en la cámara de diputados para impulsar por sí sola reformas constitucionales. Sin embargo, esa energía social que se expresó este domingo 10 de abril en las urnas, da cuenta precisa del estado de fuerza del obradorismo y es una excelente plataforma de lanzamiento para emprender la batalla en la perspectiva sucesoria de 2024. Consideremos, además, que la elección de 2018 fue una elección atípica –lo que se confirmó con los resultados de las intermedias tres años después–, por lo que difícilmente, ni aun en las peores condiciones políticas para la oposición, podría repetirse un triunfo aplastante como el de aquel entonces. Así, esos 15 millones del pasado domingo, constatan la capacidad competitiva del obradorismo y, por supuesto, su capacidad para retener el poder, claro, si no se activan las tendencias centrífugas que acompañarán la declinación del poder actual con las disputas y rupturas que parecen a estas alturas ya inevitables.

Este no es un supuesto producto del voluntarismo o el deseo. No hay un solo analista o comentarista que no lo considere en sus valoraciones. Es un dato real a considerar en la construcción de escenarios, y que la oposición –más bien, las oposiciones–, debe tomar en cuenta para medir sus posibilidades de competir con éxito en el 2024. Ah, aquí viene el pero: tiene que saber también cuál es su estado real de fuerza. En eso está en desventaja frente a morena. En las instituciones, en el parlamento, ha dado la batalla al poder y mal que bien ha podido frenar los excesos y arbitrariedades del poder, pero en la calle, en el espacio público abierto, no se ha calado.  Esta es una asignatura que tiene pendiente, y que debe empezar a atender para ir construyendo y tensando sus fuerzas en la perspectiva de los acontecimientos venideros. A este propósito, me parece que las oposiciones articuladas en la coalición legislativa no han sabido ni han podido responder con eficacia al poder, y están obligadas a trascender prácticas políticas anodinas y burocráticas como las que han caracterizado su quehacer en el pasado reciente.

La comodidad de las instituciones y la incomodidad de la calle

Vienen en estos días batallas cruciales. Las mismas tácticas marrulleras utilizados tanto tiempo por el PRI, serán aplicadas ahora por morena: llevar todo el proceso relacionado con la reforma eléctrica hasta el domingo para cansar a la oposición y dispersarla y así conseguir los votos que le den la mayoría calificada, es un viejo truco sacado del baúl del viejo régimen puesto en acto por el nuevo régimen. La oposición ya lo conoce, y acampará ahí para evitar un madruguete. Esta semana será, así, una guerra de posiciones.

Una vez conquistado lo que consideran un “triunfo histórico”, viene el siguiente paso en la escalada: la reforma electoral, que es una guerra abierta contra la autoridad electoral, y que busca eliminar, capturar o colonizar lo que hasta hoy ha sido uno de los pocos contrapesos que ha defendido los logros y avances democráticos de estos años difíciles y complejos de la transición democrática en nuestro país. Este será, junto al propósito de desaparecer la representación proporcional en los órganos de representación popular, el eje de las batallas políticas del porvenir. ¿Cuál será la actitud de los partidos de la oposición? ¿Se animarán finalmente a salir a la calle y defender sus propuestas y proyectos? Bueno, vamos a ver.

11 de abril de 2022

César Velázquez Robles

Si nos atenemos a estrictos criterios cualitativos, el ejercicio de revocación de mandato no pasó la prueba del ácido de una práctica democrática. Se activaron los peores mecanismos del viejo régimen autoritario, que creíamos ya desterrados para siempre, del acarreo, la violación sistemática de la legalidad, el desprecio por las instituciones, los ataques al árbitro electoral, sometido a una campaña de acoso y derribo, la violencia verbal contra los adversarios, todo lo cual, en suma, podría llevarnos a hablar de una consulta de Estado. Súmese a todo ello la asfixia presupuestal al Instituto Nacional Electoral, lo que impidió instalar la totalidad de las casillas, el linchamiento mediático desde algunas de las propias instituciones de la democracia, las amenazas de cárcel a consejeros del INE, y el desacato a las sentencias del Tribunal Electoral.

Los peores vicios, los peores defectos de la construcción democrática recuperaron protagonismo: la inauguración del “aeroacarreo” en un avión de la Guardia Nacional, que transportó al secretario de Gobernación a Sonora y Coahuila, acompañado del dirigente formal de Morena y otros altos funcionarios del régimen, y el acarreo terrestre que en la jornada misma llevó a cabo Mario Delgado, hacen palidecer los antiguos métodos del carrusel, ratón loco, operación tamal, relleno de urnas, tacos de votos, y otros más que el viejo poder ponía en acción cada vez que consideraba necesario.

Desde el punto de vista cuantitativo, el ejercicio revocatorio es otro fracaso de los promoventes. Si se mide el esfuerzo por la cantidad de ciudadanos que se hizo presente en las mesas receptoras, tampoco hay mucho que celebrar. Más de una vez lo comenté en este espacio: morena tendrá una justificación al sostener que solo se instaló una tercera parte de las casillas que debieron haberse instalado, y si se hace una proyección con la totalidad de casillas, se advertirá el enorme apoyo del presidente, sostuvo Mario Delgado apenas unas cuantas decenas de miles de votos escrutados, en una conferencia de prensa.

Pese a la utilización de toda la maquinaria estatal en todos los niveles de gobierno, a la orden de mover todos los resortes para asegurar la asistencia masiva de los ciudadanos a las urnas, el resultado de la consulta es desastroso para los promotores: quedó muy lejos del 40 por ciento que validaría el proceso. Generalmente se acepta que ese porcentaje es el umbral mínimo que requiere la democracia para su viabilidad, de ahí que se haya establecido como el piso para la consulta. Pues nada, ni con la proyección que empieza a servir ya como coartada de morena para justificar un resultado tan pobre como el alcanzado, es posible justificar el estrepitoso fracaso que, con inocultable enojo y con un discurso incendiario, pronunció en la conferencia de prensa el “ideólogo” Epigmenio Ibarra.

En el tema cuantitativo de la consulta, comencemos por lo ya sabido: se requería una participación del 40 por ciento para que el resultado fuese vinculatorio. En números redondos, un listado nominal de 90 millones de electores, requería de la asistencia de 36 millones de electores. El conteo rápido del INE, dado a conocer unas dos o tres horas después de cerradas las mesas receptoras, estimó la participación ciudadana entre el 17 y el 18.2 por ciento, con lo que la votación sobre la base de la cota mayor llegaría a 16 millones 704 mil 976 votos.

Normalmente, el conteo rápido coincide, con las naturales variaciones, con el resultado final, por lo que vamos a suponer que así se cierre el resultado. Lo primero que salta a la vista es que faltaron 24 millones de votos para que el resultado fuese válido, lo que a final de cuentas poco importa tanto a los promotores como los objetores de todo el proceso. En segundo lugar, la tasa de abstención es muy alta: entre 81.8 y 83 por ciento de los electores no acudieron a las urnas. Ninguna votación con esos porcentajes de abstencionismo puede ser considerada seriamente como un indicador de fortaleza democrática. Una democracia participativa en la que ocho de cada 10 electores no acuden a ejercer su derecho, no es una democracia sólida, por más cuentas alegres y coartadas para justificar el resultado que pongan en marcha los promoventes de la “ratificación” de mandato.

El tema de la participación lo abordamos varias veces en la mesa de análisis de Punto Crítico Sinaloa Digi TV. Arturo López Flores, Carlos Calderón Viedas y el que esto escribe hicimos nuestros respectivos pronósticos. López Flores pronosticó una votación total de ocho millones; Carlos Calderón, 12 millones de votos, y yo pronostiqué 10 millones de votos.

Pero más allá de los datos cuantitativos que arrojó esta consulta, con cifras que lo mismo sirven para un roto que para un descosido, el núcleo central de la reflexión debe estar en la calidad de nuestra deliberación colectiva. ¿Estamos en la tesitura de avanzar en la construcción de un orden cada vez más democrático, o nos encaminamos en la perspectiva de una descomposición política y moral, al endurecimiento de posiciones, a la reducción de los espacios de libertad, pluralismo y tolerancia? Creo que esa es la cuestión.

07 de abril de 1972

César Velázquez Robles

Todo parece indicar que, ahora sí, la posición del PRI sobre la iniciativa de reforma eléctrica del gobierno de López Obrador, es irreductible: votará en contra, con todas las consecuencias que ello arrostra, y que para un partido que en sus 92 años de vida no ha sabido realmente lo que es ser oposición, son muchas. Las dudas e inquietudes de sus aliados legislativos y de no pocos de sus seguidores se han despejado. Está firmemente anclado en la oposición, tiene en materia eléctrica una propuesta alternativa, que se diferencia claramente de la del Ejecutivo; la docena de puntos que la conforman reivindica los fundamentos de una economía y una sociedad abiertas, defiende la libertad de mercado; afirma la rectoría del Estado en este sector estratégico, alienta la competencia, preserva la legalidad y el Estado de derecho al garantizar la seguridad jurídica de las inversiones nacionales y extranjeras, y garantiza que la explotación del litio, ese caro objeto del deseo en el mundo contemporáneo, se ceñirá a lo que la legislación establece en lo relativo a la exploración y explotación petrolera.

 Hay, por tanto, un mundo de diferencia con relación a lo que reivindica el gobierno y sus aliados en el Congreso de la Unión. Se trata, como apunté en mi colaboración de ayer, de propuestas que se ubican en las antípodas, y que ni haciendo un esfuerzo extraordinario, podrían “embonarse”, a menos que las partes pretendieran crear un Frankenstein: se asegura la posición preponderante  de la Comisión Federal de Electricidad, y al mismo tiempo se garantiza la existencia de mercados competitivos; se alienta la utilización de energías limpias, y al mismo tiempo se coloca al combustóleo por delante, para poner solo dos ejemplos.

Pero Morena de inmediato encontró coincidencias y, por medio de su dirigente en la Cámara de Diputados, anunció que seis de los puntos contenidos en el decálogo de la coalición legislativa, los hacían propios desde ya, lo cual allanaba el camino para aprobar en la Cámara una ley de consenso. Eso fue el martes 5 de abril. El 6 llegó la respuesta puntual a través del líder priista en la Cámara de Diputados: la asunción de seis de los 12 puntos no es un ofertón; ofertón sería que se aceptaran todos los puntos y, si en el camino hay necesidad de más cambios, casi aceptar las propuestas que haga la coalición legislativa. En otras palabras, el PRI ha dicho que no hay ninguna posibilidad de acuerdo. Las posiciones son tan distantes, tan irreductibles, que todo lo que se haga en el Parlamento en estos días, desde su discusión y aprobación en comisiones hasta su discusión y aprobación en el pleno, será un ejercicio totalmente inútil.

El PRI, el PAN y el PRD saben que, en este asunto, tienen el sartén por el mango y el mango también. Saben que su propuesta no tiene ninguna posibilidad real de salir adelante cuando se someta a votación, pero tienen ahora la capacidad para evitar que la propuesta gubernamental alcance la mayoría calificada que se requiere al implicar reformas constitucionales, lo cual constituirá para el gobierno una estrepitosa derrota política. Humberto Moreira lo dijo claramente: “Nosotros nos mantenemos en lo mismo, sin ninguna novedad. Presentamos nuestra propuesta y hemos dicho que son 12 puntos, no seis. Vamos por nuestras 12, nosotros queremos las 12, y si ellos las agarran, pues está perfecto… Si además de nuestras propuestas agregan más, pues se tiene que revisar, y para revisarlo, el momento oportuno es después de las elecciones.” Tan tan.

Revés de la Suprema Corte a la planta de fertilizantes

La decisión unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de suspender los trabajos de construcción de la planta de fertilizantes en la Bahía de Ohuira, Topolobampo, es un duro golpe a los proyectos de desarrollo material y social del norte del estado de Sinaloa. Ordena la reposición de procedimientos de tal modo que se involucre a las comunidades indígenas presuntamente “perjudicatarias” por las externalidades negativas que supone la construcción de una obra que, una vez concluida, significaría una inversión superior a los cinco mil millones de dólares. Es muy probable que este proceso se lleve varios meses, lo que puede desalentar aún más a la empresa extranjera que ya ha invertido importantes recursos en este proyecto. 

Más allá de los aspectos legales del caso, que entiendo nadie discute, la decisión de la Corte tendrá consecuencias para el crecimiento y la diversificación de la estructura productiva de la entidad. Ahí está –¿o estaba?— la clave para un polo de desarrollo regional con importantes efectos multiplicadores, la atracción de nuevas inversiones productivas, generación de empleos de alta calificación, reconstrucción del tejido social, mejores salarios, educación de calidad, salud y vivienda dignas. No digo que todo eso se haya cancelado en definitiva, sino que habrá un nuevo retraso en el desarrollo de un estado como el nuestro urgido de superar ese crecimiento mediocre que, por más empresarios que hayan pasado por la secretaría de Economía, no logra superar el dos por ciento promedio anual.

7 de abril: los mártires de la reforma universitaria

Ha transcurrido medio siglo de aquella jornada trágica en que perdieron la vida dos jóvenes universitarios: Juan de Dios Quiñonez y María Isabel Landeros. Ese 7 de abril de 1972, cientos, miles de estudiantes que libraban una decidida lucha contra la represión y el autoritarismo gubernamental empeñado en mantener a toda costa el rectorado de Gonzalo Armienta Calderón, fueron víctimas de una agresión brutal. Esa lucha que sacudió la universidad entera y las conciencias de muchos otros sinaloenses, hundía sus raíces en la tradición combativa del movimiento de reforma universitaria de Córdoba, Argentina, en 1918, y muchos de quienes participábamos en esas jornadas, nos sentíamos herederos de aquellos que postulaban en su manifiesto la necesidad de que las universidades dejaran de ser “refugio secular de los mediocres”.

A medio siglo de aquellos acontecimientos, es bueno recrear la memoria histórica del movimiento democrático por la reforma universitaria, recordando a esos dos jóvenes, Juan de Dios e Isabel, Isabel y Juan de Dios, que fueron, como lo dijera el ilustre poeta Juan Eulogio Guerra Aguiluz, “dos varitas de nardo cortadas al amanecer”.