POLITEiA

César Velázquez Robles

PRI: el futuro ya no es lo que era

Otro revés jurídico al poder

Para el Partido Revolucionario Institucional, el futuro ya no es lo que era: su futuro es, a estas alturas, bastante sombrío. A diferencia de su primera travesía del desierto por 12 años, a principios de este siglo, en que, incluso desde el tercer lugar en la elección presidencial de 2006 se afirmó como clave de la estabilidad y la gobernabilidad, ahora ha ido perdiendo centralidad. Ya no gravita con fuerza en la política, no es factor de consenso, no tiene liderazgos sólidos y firmes capaces de ofrecer siquiera un bosquejo de proyecto de partido o de nación.

Vive una fuga permanente de militantes hacia otras formaciones, señaladamente Morena, y lejos de hacer un aporte a la construcción de una auténtica alternativa democrática para el país, aleja a grupos sociales amplios y plurales que están presentes en la vida pública y es incapaz de tender puentes con la sociedad civil. En suma, ha perdido su capacidad para agregar preferencias e intereses. Como bien dice Jesús Silva-Herzog Márquez en su artículo de esta semana, “¿Qué queda del PRI?”: “Cuando los votos se van y la identidad se pierde los partidos mueren. Ese doble golpe es el que pone al PRI en condición agónica: el repudio de los votantes y la pérdida de sentido.” De ahí también su conclusión lapidaria: “El futuro del PRI, más que oscuro, parece breve”.

Y sin embargo, los votos que le quedan siguen constituyendo un formidable capital político.  Varias de las encuestas sobre intención de voto rumbo al 24, le dan entre 15 y 20 por ciento, que ya lo quisieran muchos de los grandes partidos que fueron gobierno y referencia central en la oposición, como el Partido Socialista Francés, que apenas alcanzó en las recientes elecciones  presidenciales algo así como el cinco por ciento de los votos, y ahora, rumbo a las legislativas de los próximos días, va como furgón de cola del líder de una izquierda populista que tiene cierta admiración por López Obrador.

En sociedades como las nuestras, en que el voto se ha fragmentado, las opciones se han atomizado y el electorado ya no emite cheques en blanco –la elección presidencial de hace cuatro años fue atípica— ese porcentaje que todavía tiene el PRI significaría entre unos 7.5 y 10 millones de votos, aporte importante al caudal político-electoral de las oposiciones, si éstas, al margen de su mezquindad e intereses particulares, fuese capaz de poner todo al servicio de una causa.

Y creo que ahí está la clave de futuro para la sobrevivencia del PRI y de las oposiciones. La piedra de toque es la unidad. Fragmentada, dispersa, aislada, está condenada al fracaso. Es muy fácil que se activen las tendencias centrífugas: el miedo al futuro, a la pérdida de todo poder, quedar reducidos a la mínima expresión. Todos esos, y muchos más, son sus desafíos de futuro. Sobre este tema, hay un amplio consenso de comentaristas y analistas. Recojo aquí la opinión que me hizo llegar mi estimado amigo Rito Terán Olguín, a propósito de lo que escribí antier sobre el futuro del viejo decrépito que es el PRI:

“Veo que tu análisis es en buena medida coincidente con algunas de las apreciaciones de Roger Bartra en “Regreso a la jaula”, libro que ciertamente me tardé en leer, pero ya lo terminé. Sobre ello te diré que estoy totalmente de acuerdo en prácticamente todas las reflexiones que ahí formula.

“Ayer que escuchaba a los comentaristas del canal 2, cuando intentaban analizar las elecciones del próximo domingo, veía que le daban demasiadas vueltas a algo a mi parecer más simple: el hecho incontrovertible que yo veo en cuanto a la fuerza que ha adquirido Morena es que el imán del poder ha vaciado de sus filas a casi todos los electores-votantes especialmente del PRI y del PRD. Pienso que eso es lo principal. Claro está que el poder y el caudillismo del ‘peje’ cuenta también, y mucho.

“Pero tienes razón: tampoco se puede ignorar la incapacidad del PRI, y digo más: que pese a cierto avance que la oposición logró el año pasado, no aprenden que la contienda electoral en forma fragmentada (como ahora ocurre en forma fragmentada en la mayoría de los seis estados en competencia), los lleva a la ruina. Lo discute con claridad hoy Aguilar Camín en Milenio).

“Esta oposición es la que hay. O aprende de la necesaria unidad, mediante alianzas para el 24, y si así ocurre, aunque pierda logrará avanzar; lo otro es la pulverización. Pero ahí estaría lo más grave: la entronización del autoritarismo a todo lo que da, como argumenta Bartra.”

Así están las cosas. Solo queda esperar que Dios los ilumine a todos.

Otro revés jurídico al poder.- La Suprema Corte de Justicia en su sala uno, le rayó el cuaderno una vez más al poder. Dio la razón al Instituto Nacional Electoral en su querella contra la Cámara de Diputados a propósito de la reducción presupuestal contra el organismo autónomo en el Presupuesto de Egresos para 2022. Ordena, así, ordena, lo subrayo, al Legislativo, argumentar, fundar las razones que motivaron ese recorte del orden del 26 por ciento, ya que en la definición presupuestal no justificó el motivo que le llevó a determinar un monto inferior al solicitado. Así, entonces, determina que se analice de nuevo el presupuesto en los recursos asignados al INE.

Es, para todo aquel que se precie de demócrata, una buena decisión. Es una defensa de la autonomía del INE, como lo comentó el comisionado Ciro Murayama, pero sobre todo advierte que el sistema de pesos y contrapesos que establece el modelo de control recíproco entre poderes, que la división horizontal de poder, sigue, pese a todo, funcionando en nuestro país. Da cuenta de que no hay, no puede ni debe haber, poderes absolutos, y que la entronización del autoritarismo que algunos advierten en el horizonte, no podrá materializarse. No es la primera vez que el poder judicial le enmienda la plana al Legislativo –y al Ejecutivo–; es una rayoneada más que constata que, pese a todo, sí funciona el Estado de derecho, que resiste los embates de quienes están convencidos de que la ley es tan solo un cuento.

El asunto es el siguiente, en pocas palabras: la decisión tiene que estar suficientemente sustentada. Si la respuesta no satisface a la Corte, esto es, si no presenta razones válidas a juicio de esa instancia, tendrá que autorizar al INE recursos adicionales. El diputado Ignacio Mier ya adelantó que no habrá recursos adicionales para seguir engordándole los bolsillos a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. ¿Qué significa? Que la Corte puede decir misa, pero a los diputados sus timbres. Ahí están las resistencias al Estado de derecho.

César Velázquez Robles

* PRI: ¿llega a su fin la travesía del desierto?

*Morena: la oposición de la oposición?

Si de algo podía presumir el Partido Revolucionario Institucional (PRI), era de su capacidad de autorreforma. Esa flexibilidad para adecuarse a las circunstancias tanto en condiciones de mercados políticos cerrados como abiertos, le permitió formar parte de modo en gran medida exitoso de los cambios y transformaciones del sistema político mexicano. Si vemos en retrospectiva lo que ocurrió con los partidos de Estado de Europa del Este y, señaladamente, con el PCUS, el caso del partido mexicano difícilmente puede asimilarse a ese o esos modelos. Sigo sosteniendo que, en este caso, el PRI no fue un partido de Estado, aunque muchas de sus prácticas puedan asemejarse a ese modelo.

En la vieja Europa central y en la antigua URSS, los partidos gobernantes eran auténticos partidos de Estado, pero fueron arrollados por la sublevación social desde fines de los años 80 y principios de los 90 del siglo pasado, y están ahora en la irrelevancia cuasi-absoluta en condiciones de competitividad política. No es el caso del PRI: pasó de partido prácticamente único en la etapa dorada del viejo régimen semi-autoritario, a partido mayoritario en un régimen plural de partidos cuando el sistema se abrió a la competencia; luego al perder esta condición fue un partido más que fue gradualmente perdiendo poder territorial hasta llegar al momento actual en que lucha por su sobrevivencia.

Es un caso que difícilmente encuentra acomodo en las tipologías clásicas de los partidos políticos del siglo XX. Ya Giovanni Sartori en su momento explicó las enormes dificultades para intentar su inserción en los esquemas al uso. Lo cierto es que fue, prácticamente a lo largo de toda la centuria pasada, un partido relevante entre los grandes partidos en el mundo entero pero, a diferencia de muchos otros que detentaron el poder por largo tiempo, no se trató nunca de un partido ideológico, sino pragmático, que fue el sustento de gran parte de su hegemonía.

Pero, bueno, todo eso es historia pasada. Las nuevas generaciones de políticos priistas, sus dirigencias reales o formales, no están preparadas para competir por el poder político, sino para vivir de las migajas del nuevo poder. Tal es el ADN del PRI: no nació para conquistar el poder político; nació en pañales de seda desde el poder mismo para mantenerlo a toda costa. Hoy, las circunstancias han cambiado y vive con intensidad su drama. Cada vez tiene menos asideros. Va camino a la extinción. No pocos de sus viejos militantes o dirigentes han emigrado hacia nuevos cobijos de poder, y para el PRI no hay vientos favorables porque no sabe a dónde va.

Todo el espectáculo lamentable que en estos días está ofreciendo, da cuenta de que su travesía por el desierto está por llegar a su fin, pero no por que hayan alcanzado la tierra prometida. Al contrario. Se necesitaría una verdadera sublevación de su base social –que la tiene: no en balde fueron 70 años de dominación que crearon y recrearon una cultura política parroquial—para recuperar parte de la identidad perdida. Pero nadie cree falsas expectativas: ya hace más de un siglo, Robert Michels enunció la ley de hierro de la oligarquía partidaria.

Sobre este tema seguiré mañana.

 Morena: ¿oposición de la oposición? Debo decirlo sin darle muchas vueltas al asunto: el “liderazgo” (así, entre comillas) del partido gobernante es de dar pena ajena. Resulta que Mario Delgado acudió a la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia contra los poco más de 200 diputados federales del PAN, PRI y PRD, que votaron contra la iniciativa de (contra)reforma eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los acusa de “traición a la patria”. No es una denuncia política, que se vale, sino una denuncia penal, que resulta un absurdo en una sociedad que se presume abierta, moderna y pluralista, que acepta y reconoce el disenso como una forma de la democracia liberal toda contrahecha que tenemos ahora.

Es evidente el tufillo electoral: estamos a la vuelta de la esquina de elecciones en seis entidades de la república, y hay que aprovechar. Pero hay que decir también que no es necesaria la coyuntura electoral para actuar de tal manera. Lo hizo ya hace meses el líder de la bancada de Morena en la cámara de diputados para presentar una denuncia penal nada menos que contra el Instituto Nacional Electoral, el árbitro de la contienda por el poder político.

Este asunto de las denuncias penales frente al disenso va mucho más allá de lo anecdótico y de un estilo intolerante de entender y hacer política en la sociedad democrática. Expresa, a mi juicio, una preocupante tendencia que tiene por objetivo convertirse en el actor único de la arena pública, esto es, que no acepta ni reconoce a los disidentes, es decir, la minoría, y que rechaza el legítimo derecho al desacuerdo. ¿Puede un disidente, puede el disenso ser considerado como traición a la patria? En la lógica del dirigente de morena, un político tardío o irrelevante en años pasados, sí, porque sus declaraciones, su discurso y, en consecuencia, su práctica no es la de un demócrata liberal, sino la de un demócrata autoritario, por más que esta definición pueda ser entendida como un oxímoron.

La descalificación de “traidor a la patria”, en lo que insiste el lenguaje endurecido del poder, puede terminar por conducirnos al establecimiento de un nuevo autoritarismo, contra el que muchos luchamos –por supuesto, muchos que hoy están en Morena—por desmontar e impulsar un régimen de libertades. Respetar el disenso, reconocer el legítimo derecho al desacuerdo, sigue siendo una asignatura pendiente para el bloque gobernante.