ZONA POLITEiA Reforma eléctrica: ¿cómo conciliar desde las antípodas?

06 de abril de 2022

César Velázquez Robles

El método de las aproximaciones sucesivas para alcanzar por consenso una reforma eléctrica, ha naufragado. La lógica de guerra que desde el poder se instaló contra los adversarios de la iniciativa gubernamental, polarizó la arena política, impidió un diálogo civilizado y respetuoso, y echó por la borda toda posibilidad de encontrar los puntos de acuerdo, acercar las posiciones extremas, renunciar a los maximalismos y procesar un compromiso compartido. Es el fracaso rotundo de la política, de lo cual nadie puede ni debe sentirse satisfecho. Nadie gana, por más que haya quien se solace con el clima de crispación que dominará toda la vida política en un horizonte temporal amplio. Pierde el país, pierde la democracia, pierde el gobierno, los partidos, los ciudadanos-clientes del bien básico que representa la energía eléctrica, la capacidad competitiva del país en una época de mercados abiertos. O tal vez si ganan algunos: los que apuestan a la confrontación, al choque; los portadores de un discurso endurecido, de un lenguaje de ladrillo, los que reproducen el discurso sectario y dogmático de patriotas y traidores a la patria.

Entre la propuesta gubernamental y la alternativa de los partidos que integran la coalición legislativa hay un mundo de diferencia. Muchas de las discrepancias pudieron haberse abordado si hubiese imperado un talante distinto. Pero no: se trató de aplastar, de pasar por encima del adversario, sin miramientos, para demostrar cómo el centro de gravedad del poder se ha desplazado en las nuevas coordenadas. Prácticamente todas las propuestas de la oposición eran conocidas desde hace tiempo. Pero fue hasta ahora, una vez que ésta pintó su raya, cuando aparecieron las “coincidencias” y, con ello, la posibilidad de incorporarlas a la iniciativa del poder.

Así lo dijo el diputado Ignacio Mier, dirigente de la bancada morenista en la cámara de diputados: “Ayer escuchamos 12 propuesta públicas de tres partidos políticos. De esas 12, he tenido oportunidad junto con el Grupo Parlamentario y la coalición, de revisar seis, y coincidimos plenamente en que vamos a hacerlas nuestras. El día jueves Morena hará pública a cuáles se suma para que vayan en una sola propuesta”. Luego añadió: “Por prudencia, así es mi obligación como coordinador del grupo mayoritario, es de establecer canales de comunicación y vamos a profundizar para que lleguemos a más acuerdos”.

Pero me parece que el que pudo ser su aliado cruzó ayer el Rubicón. Despreciado, desdeñado, no acostumbrado a los desaires, decidió tomar el camino que su propia militancia, recio y quedito, le pedía: ejercer su autonomía e independencia y consolidar la alianza tripartidista con una propuesta común en materia eléctrica, que no queda anclada en el pasado, sino que mira hacia el futuro para no ser rehenes del presente. Creo que ahí quedó sellado el destino de la iniciativa gubernamental.

Los medios: un límite al ejercicio arbitrario del poder

Los poderes institucionales, los poderes extralegales, ilegales o alegales, tratan de acallar las voces críticas que se expresan en los medios porque, históricamente, éstos han sido un límite a su ejercicio arbitrario. Lo han sido desde el ejercicio de todos los géneros periodístico, a los cuales esos poderes a los que no gusta la crítica, buscan añadir un género más: el género del silencio. Pese a la violencia, a la intimidación, a la persecución y el asesinato que pretenden que su voz no se escuche, están y estarán ahí como la conciencia crítica de nuestra vida colectiva, impidiendo la degradación moral de la sociedad.

En el informe anual 2021, la organización no gubernamental Artículo 19 afirma que “La continua violencia contra la prensa es el resultado de gobiernos ausentes, tanto el actual como los pasados, que han sido incapaces de impedir la violencia, de garantizar medidas de no repetición, de investigar los crímenes contra la libertad de expresión y de reparar el daño, y que, por el contrario, agreden directamente a los medios mediante el estigma, la violencia física y el acoso, entre otros agravios”. Reporta que el año pasado hubo 644 ataques contra periodistas, lo que constata que “hoy el ejercicio de la libertad de expresión no tiene mejores condiciones que antes del 2018”.

Tal es el ambiente en el que hoy se desenvuelven los medios. ¿Puede la sociedad desarrollar una convivencia democrática en un contexto de ataques, amenazas, agresiones a medios y periodistas que cumplan una función crucial que garantice libertades, pluralismo y tolerancia?

ZONA POLITEiA: La reforma eléctrica: nada de aproximaciones sucesivas.

05 de abril de 2022

César Velázquez Robles

Todavía no hace muchos meses, el discurso político del poder permitía albergar alguna esperanza de que podrían alcanzarse acuerdos con la oposición. El tema de la reforma energética, pese a la endurecida posición gubernamental de sacarla adelante a toda costa “sin cambiarle ni una coma”, ofrecía algunas posibilidades de construir un consenso mínimo incorporando algunos de los planteamientos de las oposiciones. Al iniciarse el periodo de sesiones del Congreso de la Unión, el dirigente de Morena en la Cámara de diputados, fijó una posición interesante:  el compromiso de su partido de acercar posiciones políticas acudiendo al método de las aproximaciones sucesivas.

El recurso del diálogo, la búsqueda de un plano común de entendimiento, la posibilidad de un consenso que permitiese una reforma abierta, democrática y pluralista, aparecían, aunque de manera tímida, en el horizonte. La convocatoria al parlamento abierto parecía también abrir un camino para obligar a la modificación de actitudes irreductibles sin confrontar abiertamente la orden presidencial. Pronto se advirtió la imposibilidad de transitar por esta vía. Si se hubiese sido más flexible y receptivo a los planteamientos de la coalición legislativa, sobre todo a las posiciones negociadoras y conciliadores del priismo, el bloque gobernante podría haber abierto un boquete en la alianza tripartita opositora. No ocurrió así: se prefirió asumir una posición maximalista, apelar a un discurso apolillado, propio de una sociedad cerrada, que no puede tener ya cabida en una época de mercados económicos y políticos abiertos.

Los resultados están a la vista. Una reforma crucial, central, fundamental en el proyecto del gobierno para orientar al país de acuerdo con su visión, está por terminar –si es que no ha terminado— en un estruendoso fracaso, que prefigura otro fracaso de una todavía mayor magnitud: la reforma electoral. Es muy probable, como han señalado algunos comentaristas, que esta derrota política marque para efectos prácticos el fin del gobierno de López Obrador. Sin reforma eléctrica ni reforma electoral, que en la lógica del poder cerrarían el ciclo de las grandes reformas para consolidar las bases del cambio de gobierno y de régimen, no queda mucho más que administrar y tratar de llevar a buen término los grandes proyectos estratégicos que han sido santo y seña de esta administración.

Otro camino es una reacción autoritaria: buscar la imposición de esas reformas por la fuerza, lo que puede conllevar a una política de confrontación y represión; la renuncia a la lógica política y al establecimiento de mecanismos que fueron útiles para la reproducción del viejo poder político, pero que no pueden tener ya cabida en una época en que muchas de las decisiones y políticas públicas de orden nacional tienen como marco de referencia ordenamientos, acuerdos y compromisos de alcance suprasoberano. Para no ir muy lejos: el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá.

Ayer, lunes 4 de abril, puede quedar en la historia política del país como la fecha que marca el fin del proyecto político del lopezobradorismo. El anuncio del PRI de su rechazo definitivo a la iniciativa gubernamental en materia energética, junto al anuncio de coalición legislativa de este partido con Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, de una contrapropuesta que sitúa en las antípodas, constituye un momento de condensación de dos propuestas, proyectos y visiones de país: una que apunta hacia el pasado, de nostalgia por los tiempos idos, que recrea el viejo modelo de desarrollo hacia adentro, de fronteras cerradas, y otra, de un modelo de desarrollo abierto, de mercados y fronteras abiertas, que aspira a construir una nueva forma de inserción en la economía y en la sociedad global, y que apuesta por la competencia en lugar de los monopolios.

Veamos algunos puntos de la propuesta alternativa de la coalición legislativa:

  • Se mantiene y fortalece la rectoría del Estado en el sector eléctrico a través de la planeación y la Constitución de la Nacional de Redes Eléctricas, organismo autónomo del Estado, entidad que conforme a los requerimientos y demanda de electricidad, elaborará programas regionalizados para el crecimiento de líneas de transmisión y distribución.
  • Se fortalece la Comisión Federal de Electricidad, al otorgársele la autonomía presupuestaria y de gestión. Dispondrá de órganos corporativos, independientes y profesionales, pero rendirá cuentas como organismo público, y mantendrá a su cargo las empresas de capital, comercialización de combustibles, generación y suministro calificado.
  • Se fomenta la penetración del uso de energías renovables, que será una obligación de la Comisión Nacional de Redes Eléctricas, para permitir una mejor penetración de energías renovables en todo el país.
  • Se mejora el mecanismo de otorgamiento de permisos para dar mayor certeza jurídica a inversionistas.
  • El litio, ese material que se ha convertido en el caro objeto del deseo de sectores tecnológicos de punta en el mundo entero, se mantiene bajo la rectoría del Estado, pero sujeto a las mismas reglas de exploración del petróleo; habrá rondas de exploración y explotación de los minerales, que garanticen en todo momento la propiedad estatal, así como las ganancias de esta actividad.

Estos son algunos de los puntos de la propuesta alternativa que se presentará en la Cámara de Diputados. Son planteamientos interesantes, algunos de los cuales pudieron haber sido puntos de encuentro con las propuestas del gobierno. Claro, si hubiese sido seria la propuesta de aproximaciones sucesivas.

ZONA POLITEiA: Un abogado de la nación desautorizado.

29 de marzo de 2022

César Velázquez Robles

Una de las grandes batallas que se siguen librando en el propósito de defender los avances en la construcción de un orden legal pleno en el país, ha tenido hoy un muy buen desenlace: la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determina la cancelación de la orden de aprehensión contra Laura Morán, y decide la liberación de Alejandra Cuevas, ambas perseguidas con saña y crueldad por el todavía fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. La decisión, tomada por unanimidad de sus 11 integrantes, constituye la más radical desautorización del abogado de la nación: es una derrota jurídica, política, ética y moral, que exige su inmediata dimisión del cargo que viene ocupando desde hace unos tres años. Ha quedado demostrado que utilizó el cargo para buscar venganzas personales; que actuó con una ética en el ejercicio de la función pública que dañó, precisamente el valor de lo público, y prohijó conductas propias de un ejercicio autoritario del poder político, en este caso contra ciudadanas indefensas, que constituyen una regresión en la construcción de un orden democrático moderno.

La lucha por el establecimiento del Estado de derecho, por la vigencia plena del imperio de la ley, ha sido uno de los rasgos distintivos de las batallas democratizadoras libradas en los años de la transición democrática. Ha habido avances notables, pero también enormes resistencias. La cultura de la legalidad ha enfrentado los intereses largamente sedimentados de los grupos de presión, de las prácticas patrimonialistas que siguen considerando los asuntos públicos como una extensión de los asuntos privados, y de grupos y corrientes especializados desde hace décadas en la captura del Estado.

El modelo de control social recíproco, esto es, el modelo de la división horizontal de poderes, pese a resistencias, sigue ganando terreno, y esa es una muy buena noticia para todos los demócratas. Era dable pensar en una subordinación del poder judicial a un enorme poder como el concentrado por el fiscal general luego de conocerse el contenido de las llamadas telefónicas filtradas, y al aval explicito del presidente a la honestidad de Gertz Manero. Afortunadamente, la Suprema Corte dio un ejemplo de autonomía e independencia, que debe ser aliento para defender y preservar lo que debe seguir siendo un valladar contra toda forma de conducción autoritaria de la vida pública nacional.

La Suprema Corte y la reducción temporal de las puertas giratorias

Esta muestra de autonomía e independencia que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al dar palo a Gertz Manero, tendrá otra oportunidad de reafirmarse en los próximos días, cuando el pleno discuta –y muy probablemente rechace— la Ley aprobada en 2019 y que prohíbe a funcionarios públicos prestar sus servicios en el sector privado sino hasta después de transcurrido un periodo de 10 años. Es un tema sin duda muy interesante, y que en las sociedades democráticas, abiertas y pluralistas, tiene un tratamiento distinto. El horizonte temporal es diverso, y hay sociedades en las que la prohibición es de hasta cinco años, y otras en las que es de solo dos años. En México así lo era, dos años, pero la llegada al poder de morena significó redefinir el horizonte temporal de la prohibición hasta una década, lo que sin ninguna duda, significa violentar el derecho humano al trabajo.

Este salto del servicio en el sector público al sector privado –en el caso, por supuesto, de los altos funcionarios— o viceversa, es conocido en todas las latitudes como el fenómeno de las puertas giratorias, y “designa de forma coloquial el hecho de que un alto cargo público se marche a trabajar a una empresa privada, obteniendo beneficio de su anterior ocupación pública y produciendo conflictos de interés entre la esfera pública y la privada, en beneficio propio y en perjuicio del interés público”.

Es cierto que la ausencia de una legislación racional en la materia ha dado lugar a despropósitos y actos impresentables. Muchos funcionarios de muy alto nivel en la administración pública electos o por designación, de la noche a la mañana aparecen vinculados a empresas privadas como asesores o miembros de sus consejos de administración sin rubor alguno. Ahí están los casos de funcionarios que son miembros de los consejos de empresas eléctricas o ferrocarrileras, recompensados por éstas con toda certeza por sus buenos oficios durante el ejercicio de la función pública.

Bueno, el caso es que el tema será abordado por la SCJN la próxima semana, el 4 de abril. La prohibición de marras está contenida en la Ley de Austeridad Republicana, que ya ha sido recusada por algún ex funcionario resolviéndose a su favor, a través del llamado juicio de garantías, pero que puede y debe hacerse extensivo a todo aquel funcionario que haya estado en la función pública. Seguramente la revisión de la Ley restablecerá que el periodo en el que un alto funcionario no pueda laborar en el sector privado no sea mayor de dos años, como ocurre en la mayor parte de los países con regímenes democráticos.

Y la SCJN resolverá también sobre la planta de fertilizantes

Y ya que estamos con la SCJN añadamos un tema más: el 6 de abril discutirá sobre los recursos interpuestos contra la planta de fertilizantes que desde hace años empezó a construirse por inversionistas extranjeros en la Bahía de Ohuira, Topolobampo. Ha sido un asunto complejo, que una consulta realizada hace unos meses, a mi juicio mal llevada, y que ganó ampliamente la posición a favor de que continúe una inversión programada que alcanza los cinco mil millones de dólares en un horizonte temporal de un década, no logró resolver.

Si la Corte decide en favor de quienes interpusieron los recursos contra la planta, se habrá cancelado el más importante proyecto de inversión para Sinaloa en esta administración; si decide en favor de quienes quieren que la planta se construya, el proyecto recibirá un formidable impulso y creará un polo de desarrollo regional que mucho necesita la entidad para crecer a una tasa que supere el mediocre dos por ciento promedio de las últimas tres décadas.

Claro que estos no son temas que interesen a la Corte. Ellos decidirán en apego a la legalidad, como creo que lo hicieron en el caso que involucró al fiscal general de la República, y como creo que resolverá en el caso de las puertas giratorias para funcionarios electos o por designación en México.