César Velázquez Robles

08 de febrero de 2022

Ayer, 7 de febrero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la convocatoria a la consulta de revocación de mandato. Se ha iniciado una especie de periodo de veda electoral, en el que está prohibida, hasta el 10 de abril, fecha de la consulta, toda actividad de propaganda gubernamental a favor o en contra de la consulta, y los partidos mismos podrán hacer labor de publicidad para promover la participación. Tal es el contenido y el espíritu de la Ley de Revocación de mandato, publicado en septiembre del año pasado. Sin embargo, esta disposición legal ha parecido a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación excesivamente laxa, por lo que han decidido acotarla, y reducir su ámbito de acción. Así lo explicó el propio árbitro electoral: “Si bien la Ley Federal de Revocación de Mandato establece que los partidos políticos podrán promover la participación ciudadana en este proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional dicha determinación al considerar que es una labor exclusiva del Instituto Nacional Electoral”.

De inmediato han surgido reparos, que no dejan de ser razonables. El primero, obvio, evidente, es el del propio presidente López Obrador, que en su mañanera anunció que se dirigirá al alto tribunal para que precise los alcances del concepto propaganda. Y creo que tiene razón: “Existe el concepto general de propaganda. Y todo lo que tiene que ver con el gobierno, de una u otra forma, todo lo que hace puede considerarse propaganda. Tenemos muchas cosas que se están haciendo”, entre ellas sus proyectos estratégicos, aunque a final de cuentas, por el enorme poder que concentra el representante el poder ejecutivo en un sistema presidencialista, puede saltarse, como se ha visto, ésta y otras normas sin que la transgresión de la legalidad se traduzca en castigo alguno. Pero más allá de esta consideración, me parece que el presidente da en el clavo, cuando dice: “Yo siento que debería de acotarse lo de propaganda en la participación a favor de la postura de un partido. Algo que beneficie al partido en el gobierno o que el gobierno promueva algún partido”. De inmediato veremos también entonces, la protesta del partido gobernante por esta restricción en la promoción de este ejercicio ciudadano.

Me parece que esta limitación a la participación de los partidos poco contribuye a ampliar los espacios de participación ciudadana en los asuntos de la vida pública. Tenemos en México un alto déficit de participación ciudadana y eso se refleja, entre muchas otras cosas, en la tasa de abstencionismo en procesos electorales, en la escasa fortaleza de la sociedad civil y del magro número de asociaciones ciudadanas que constituyen esos centros intermediarios de poder. Es necesario alentar una más activa y entusiasta participación ciudadana para ensanchar la base social en que se sustenta la democracia, y los partidos deberían asumir esta tarea como parte de una pedagogía cívica permanente, y no actuar solo como maquinarias burocráticas que se activen solo en periodo de elecciones.

Para morena, esta disposición restrictiva será una oportunidad para activar más su fuerza. La mera denuncia de que se limitan derechos de los partidos –en lo que tendría razón— será una excelente oportunidad de propagandizar su propuesta “revo-confirmatoria”, ponderar lo que considera los grandes logros de la transformación en curso del país, y tensar todos los resortes políticos internos no solo de cara a la jornada del 10 de abril, sino para atender la orientación estratégica en favor de la reforma energética y prepararse para las elecciones de gobernador en varias entidades de la república en junio próximo.

Pero para los partidos de la oposición, de manera señalada los que conforman la coalición Va por México –PAN, PRI y PRD— la disposición de que los partidos callen les caerá de perlas. No son partidos de acción; son organizaciones burocráticas que pueden moverse más o menos bien en los espacios institucionales, pero que son alérgicos a la calle; que no saben, porque nunca ha sido lo suyo, combinar la lucha en las instituciones con el respaldo de los ciudadanos en los espacios públicos. Por eso están desaprovechando esta coyuntura, en la que podrían haber movilizado a miles, decenas o cientos de miles de ciudadanos, no a favor o en contra de la revocación-ratificación, sino explicando de manera pedagógica el significado y la importancia de un procedimiento que debiendo haber surgido desde la base social, como derecho que es de los electores, ha sido confiscado desde el poder, que al apropiárselo, lo desnaturaliza y distorsiona, contribuyendo no a la ampliación y consolidación de la vida democrática, sino a dificultar su desarrollo.

07 de febrero de 2022

César Velázquez Robles

Exagerando un poco el argumento, Norberto Bobbio decía que en democracia puede haber disenso en todo, pero tiene que haber un consenso fundamental: el relacionado con las reglas del juego. Si todos los actores que participan en la competencia por el poder político las comparten, si todos se sienten respaldados y protegidos por los mecanismos que aseguran imparcialidad, objetividad y certeza, del proceso, y convencidos de la independencia y autonomía del responsable de aplicar las reglas, del árbitro electoral, la lucha política discurrirá en un ambiente civilizado y respetuoso. Si hay confianza, componente capital en una disputa por el voto en un mercado abierto, se asume, en consecuencia, que la política tiene un horizonte temporal, y que quien hoy gana o pierde, tiene también la posibilidad real de cambiar de posición en la siguiente oportunidad. Cuando el movimiento social en nuestro país arrebató de manos del gobierno el control electoral, se experimentó un enorme avance en la democratización de la vida política nacional, y ese primer consejo ciudadano encargado de los procesos electorales, tuvo una enorme legitimidad: habían pasado a la historia los procesos en los que votaba hasta el 130 por ciento del padrón y en que los muertos llenaban las urnas, aunque persistían los viejos vicios del acarreo, el ratón loco, los carruseles, componentes estructurales de un modo de hacer y entender la política mexicana.

Pero la desconfianza no tardó mucho en instalarse en las relaciones interpartidarias. La legislación electoral empezó a llenarse de candados, la autoridad electoral a encargarse cada vez de más y más tareas, y la composición de un consejo ciudadanizado empezó a desdibujarse para trocarse en un consejo que expresaba más bien la fuerza con que cada partido gravitaba en las decisiones parlamentarias. A partir de esos hechos –entre muchos otros— empezó a deteriorarse la legitimidad del árbitro, acaso matizada por la presencia de figuras y personajes que al frente de ese órgano, han hecho mucho para garantizar la autonomía e independencia electoral. Sin embargo, los empeños por desmantelar el ahora Instituto Nacional Electoral, no han cejado. Es penoso que desde el poder político mismo, se escuchen voces de la desmesura que llaman a su exterminio, y que no esconden el evidente interés de recuperar para el gobierno el control de las elecciones. En ese propósito se inscribe la propuesta de reforma constitucional en materia electoral –que aunque no se ha conocido, ya se sabe por dónde va— que el presidente López Obrador insiste en que se discuta en el futuro inmediato para que, como dijo ayer en Querétaro, “tengamos jueces, autoridades imparciales en lo electoral, que no haya fraudes, que las elecciones sean limpias, sean libres. No consejeros, magistrados, empleados del presidente o de los partidos.”

Es cierto que el INE tiene defectos, y como todas las instituciones de la democracia, es perfectible, porque la democracia misma es un orden en permanente construcción. El INE es también una de las instituciones que mayor aprecio merece los ciudadanos, porque su contribución a la conformación y consolidación de un régimen de libertades y que garantiza una competencia por el poder político apegada a normas y reglas de consenso, forman parte de nuestro patrimonio como sociedad abierta y democrática. Si realmente se tiene el propósito de reformar las condiciones en que se disputa el poder político, pues justamente lo primero que hay que hacer es buscar el consenso de todos los actores que participan en esa competencia, de tal modo que todos se sientan protagonistas y parte de ese juego. De otra manera, la reforma, en caso de aprobarse, lo que veo en estos momentos sumamente difícil, pues requiere mayoría calificada, esto es, dos tercios de la Cámara, indicaría de manera simultánea la necesidad de otro cambio para desmontar la contrarreforma que ahora se apruebe.

El propósito de romper la autonomía e independencia del INE, sea por exterminio, colonización o captura, está condenado al fracaso. Significaría una regresión autoritaria y la cancelación de logros y conquistas en una larga y azarosa transición democrática que ha marcado nuestro camino hacia una sociedad cada vez más libre, moderna y abierta. Comparto plenamente lo que a este propósito escribe Francisco Valdés Ugalde: “De acuerdo con los principios de mayoría e igualdad que regulan el equilibrio democrático, cualquier reforma del sistema electoral debe evitar absolutamente su control por la mayoría gobernante y mantener su autonomía. Esta es la única garantía de que responde solo a la ciudadanía y esa es la lucha que se dará una vez pasado el ‘revo-confirmatorio’ para conjurar el peligro de instauración de una nueva hegemonía autoritaria”.