CUÉN| Plantean gobernadores salirse del pacto federal.

Por Héctor Melesio Cuén Ojeda.-

En medio de la crisis sanitaria que estamos viviendo, ha surgido un reclamo muy delicado de parte de cinco gobernadores: la exigencia de una mejor atención a sus demandas de parte de la Federación y, en caso de no obtenerla, plantearon la posibilidad de abandonar el pacto federal.

Se trata de los gobernadores de Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. ¿Qué significa abandonar el pacto federal? Sencillamente, dejar de formar parte del país y erigirse en un territorio independiente.

Esta sería una decisión muy radical, pues hasta ahora los reclamos en este sentido se habían limitado a cuestionar el “injusto” pacto fiscal que concentra los recursos hacendarios en la Federación, pero nunca el pacto federal, que implica romper con todos los vínculos institucionales y actuar política, económica y socialmente de forma autónoma.

Ello, desde luego, no es deseable. De continuar, sería un conflicto inédito, pues lo que México ha vivido a lo largo de su historia ha sido lo contrario, como la libre incorporación de Chiapas a nuestro país (y no a Guatemala) en 1824, o la declaración de nuevas entidades federativas, cuando en 1974 Quintana Roo y Baja California dejaron de ser “territorios federales” para incorporarse constitucionalmente como territorios estatales al pacto federal.

Por eso, es urgente que desde la presidencia de la república se promueva el diálogo y se escuchen los legítimos planteamientos de quienes gobiernan las entidades federativas.

Tan solo desde el punto de vista constitucional, una ruta de este tipo sería muy desgastante, pues implicaría todo un proceso legislativo para modificar diversos artículos de la Carta Magna, empezando por el artículo 43, que determina a los estados integrantes del pacto federal, y también por la propia discusión interna en el Congreso local de cada entidad federativa, desvirtuando el emblemático artículo 40 que define a México como una “República representativa, democrática, laica y federal”.

Hoy más que nunca debemos recordar que el pacto federal es un acuerdo de unidad nacional y no se debe hacer menos a los estados.

Mientras en prácticamente todos los países del mundo, las fuerzas políticas han hecho a un lado sus diferencias para atender la convocatoria del jefe de Estado, en México siguen prevalenciendo los prejuicios, los agravios y las diferencias.

Vivimos una situación extraordinaria y de esa magnitud deben ser las soluciones de nuestros gobernantes.

En España están acordando nada menos que reeditar los Pactos de la Moncloa, esos grandes acuerdos en materia económica y política que en 1977 permitió construir un nuevo país. Asimismo, en Estados Unidos el presidente Donald Trump aprueba apoyos solo comparables con los tiempos de la Gran Depresión, y en toda Europa se está perfilando un nuevo Plan Marshall para superar la crisis, ese histórico plan de reconstrucción que reactivó la devastada economía europea después de la Segunda Guerra Mundial.

No es posible que en México no tengamos la altura de miras para acordar una estrategia verdaderamente extraordinaria.

Esperemos que haya la voluntad de las autoridades federales para escuchar los legítimos planteamientos de los gobernadores y que defina una política de apoyo a la economía de todos los mexicanos.

Es crucial apoyar a los 22 millones de beneficiarios de los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero México tiene 130 millones de habitantes, con necesidades y con los mismos derechos.

Necesitamos una política integral, de Estado, que vele por los pobres, pero también por el empleo y por la viabilidad de los casi 6 millones de unidades económicas (empresas de todos los niveles) donde se generan la mayor parte de los impuestos de los mexicanos.

Microscopio Social

En el Senado, crónica de una negligencia legislativa anunciada

Este jueves 15 de marzo, por fin el Senado de la República discutió en el pleno la iniciativa ciudadana impulsada y representada por el Dip. Víctor Antonio Corrales Burgueño y un servidor, para que en nuestro estado no se aplique el horario de verano debido a los comprobados estragos en la salud que genera en las niñas, niños, adolescentes y adultos en general, sumándole a ello el inexistente ahorro económico para miles de familias.

Esta historia empezó con la entusiasta jornada ciudadana para recabar el apoyo de los sinaloenses y reunir el número de firmas suficientes (262 mil 876), para interponer la segunda iniciativa ciudadana de parte de los sinaloenses. Un dispositivo constitucional que se incorpora a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2012 y que le otorga facultad de iniciativa legislativa al ciudadano común, antes sólo lo podían hacer el presidente de la República, los legisladores federales (diputados y senadores) y las legislaturas de los estados.

Jurídicamente la iniciativa ciudadana es una de las cuatro vías constitucionales para iniciar leyes o decretos contempladas en el artículo 71, apartado IV de nuestra Carta Magna. En la doctrina constitucional mexicana se le define como el proyecto de ley o decreto presentado por el equivalente al 0.13% del listado nominal de electores para crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar disposiciones constitucionales o legales.

También es conocida como Iniciativa Popular y se le considera como un mecanismo de la democracia directa, a través del cual se confiere a los ciudadanos el derecho de hacer propuestas de ley al poder Legislativo. Para dimensionar los requisitos, quiero destacar que el 0.13% de la lista nominal es lo que se requería hace unos años para formar un partido político nacional.

La travesía o viacrucis que hemos vivido ya lo hemos comentado en otra ocasiones: 1) Reunimos más de 262 mil firmas de puros ciudadanos sinaloenses, 2) Presentamos la iniciativa en el Senado, 3) El Senado incurre en omisión legislativa, 4) Interponemos un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación denunciando dicha omisión, 5) El Tribunal Electoral Sentencia al Senado a dictaminar la iniciativa ciudadana, 6) Nuevamente acudimos ante el Tribunal Electoral para interponer un incidente de inejecución de sentencia, 7) El Tribunal Electoral nuevamente falla a favor y sentencia al Senado a dictaminar el asunto a la mayor brevedad posible, 8) Como representantes de la iniciativa, comparecimos ante las comisiones, y 9) Por unanimidad, los integrantes de la Comisión de energía aprobaron el dictamen.

Después de toda esta desgastante dinámica de inacción y recursos de impugnación, este pasado jueves 15 de marzo el Senado de la República discutió en el pleno el dictamen que en términos aprobatorios presentó la Comisión de Energía, con 8 votos a favor y cero en contra.

Lamentablemente una vez que hicieron uso de la voz cuatro senadores a favor y se somete a votación el dictamen, inmediatamente se declaró la terminación de la sesión por falta de quorum, lo que se conoce en la jerga como “reventar la sesión”, lo cual se lleva a la práctica con el retiro de la sesión de una buena parte de legisladores, claro con toda la intención de que no exista mayoría para sesionar y luego se proceda a suspender la reunión plenaria.

Sin embargo, por lo pronto quiero celebrar que haya por fin llegado al pleno la discusión del dictamen y sobre todo las participaciones memorables que a favor de los sinaloenses expusieron los cuatro oradores en esa máxima tribuna de la nación, a groso modo en los siguientes términos:

Senador Manuel Cárdenas (Independiente): Fue el primero en subir a tribuna a defender el origen ciudadano de la iniciativa, a la que se sumó y que presentaron en el mismo sentido un grupo de senadores, el propio Cárdenas incluido. Y dijo algo muy contundente: “esta iniciativa recoge una de las demandas más sentidas de los sinaloenses y cuenta con la aprobación unánime de los senadores integrantes de las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera”

Luis Sánchez Jiménez (PRD, Coordinador Parlamentario): “Hay muy pocas ocasiones en las que la sociedad consensa un tema y lleva a la práctica su opinión. Cerca de 263 mil personas han firmado esta iniciativa y piden al Senado su apoyo, esto requiere el respaldo de todos nosotros y debemos otorgarlo. Este dictamen venía muy bien, pero hace unos días, 10 empresarios se manifestaron en contra, y no puede ser que esto pese más que la voluntad de 262 mil personas”.

Salvador López Brito (PAN): “Esta iniciativa representa una manifestación legitima de la libertad y la soberanía de miles de ciudadanos del estado de Sinaloa, tiene su origen el 15 de noviembre del 2016 y en noviembre pasado nos sumamos otros senadores. El sentido aprobatorio de las Comisiones de Energía y Estudios Legislativos, habla de sus bondades. En Sinaloa estar cambiando el horario cada cierto tiempo no resulta nada benéfico y en comisiones han considerado pertinente esta reforma. Esto favorecería la coordinación y el desarrollo regional entre los países del norte del país.”

ZOE ROBLEDO (PT): “Nosotros dotamos a los mexicanos de mecanismos de democracia directa. Lo celebramos en este Senado, por fin podíamos preguntarles a los ciudadanos a través de esta forma de consulta directa, pero en los hechos les estamos dando la espalda. Le damos la espalda a los ciudadanos que activan estos mecanismos constitucionales, les decimos que no. Les decimos que no entienden, que no saben. ¿No habrá simulación en los mecanismos de democracia directa? Los invito a que seamos los primeros senadores que aceptemos una iniciativa ciudadana. Démosle ese beneficio a la gente, reconozcamos su mayoría de edad. Dejemos que los ciudadanos sean protagonistas de su destino.”

Hay una paradoja histórica bastante irónica para nuestro estado: nunca Sinaloa había tenido tantos “representantes populares” en el Senado, siete en total, probablemente sea un record legislativo, y la primera iniciativa ciudadana (también record por ser de las pioneras) surgida de su estado, no es respaldada por todos ellos. A favor solo estuvieron los senadores Cárdenas Fonseca y López Brito.

Esta lucha todavía no termina, esperemos que, en la próxima sesión del Senado, ahora sí con quorum, se anteponga la sensatez, el interés por la gente y el compromiso con lo mejor para Sinaloa.

Gracias y que pasen un excelente fin de semana

cuenhector@hotmail.com

 

Las campañas políticas y el uso del internet

Héctor Melesio Cuén Ojeda

En los años noventa en el mundo del marketing electoral se repetía el siguiente cliché: “un político sin medios es un medio político”, y los partidos gastaban hasta el 70% de su financiamiento público en radio y televisión; era la temporada alta para muchos medios de comunicación Pero con la reforma electoral de 2007 el modelo de comunicación política cambió.

Hoy los partidos no pagan medios electrónicos al acceder gratuitamente a los tiempos oficiales pautados por el Instituto Nacional Electoral (INE), y gracias a un nuevo factor clave en las estrategias de posicionamiento: el internet.

La primera experiencia exitosa debido al internet fue la campaña presidencial de Barack Obama en 2008. Marcó un verdadero hito la manera en que utilizó las redes digitales para comunicarse y recoger aportaciones económicas.

Actualmente, en México y el mundo los políticos usan en primer lugar el internet y las redes sociales para difundir un mensaje. En nuestro país, el mercado con acceso a internet es muy amplio, e incluso ya es un derecho constitucional (artículo 6): “El Estado garantizará el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet”.

¿Qué tan efectiva ha sido esta garantía constitucional, y hasta dónde llega, ante las elecciones, la influencia potencial de internet? El 20 de febrero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2017, la cual es comparable con los datos de 2016 y 2015, y es el instrumento más confiable para conocer el avance en esta materia.

Así, sabemos que en México existen 71.3 millones de usuarios de internet que representan el 63.9% de la población de seis años o más. El aumento respecto a 2016 es de 4.4%. El grupo de población con mayor proporción de usuarios es el de los hombres y mujeres de 18 a 34 años de edad, pues casi el 85% de esa población usa dicho servicio.

Asimismo, ya sea mediante conexión fija o móvil, 17.4 millones de hogares disponen de internet (50.9 % del total nacional), lo que significa un incremento de 3.9% respecto a 2016. Se trata, además, de un fenómeno urbano, puesto que el 86% de los usuarios se concentra en esta zona.

En lo que respecta a la penetración de la telefonía celular, el 72% de la población de seis años o más utiliza ese dispositivo. Ocho de cada diez disponen de celular inteligente, con lo cual tienen la posibilidad de conectarse a internet, con lo que el número creció de 60.6 millones de personas a 64.7 millones.

Sin duda, muchos actores políticos y los medios de comunicación más influyentes conocen estas cifras. La intercampaña del actual proceso electoral 2017-2018, no ha significado un receso en la competencia política ni en la tentación de algunos medios de querer influir en el electorado.

Y conforme avance el proceso electoral, el uso del internet se intensificará. Por eso cabe hacer un llamado, sobre todo a los medios de comunicación, de hacer un uso racional, ético y profesional de las TIC, buscando siempre la noble labor de informar a la sociedad para que tome las mejores decisiones.

Gracias y que pasen un excelente fin de semana.

cuenhector@hotmail.com