Microscopio Social

Este oprobioso crimen consternó a toda la sociedad sinaloense. A su afligida esposa, Griselda Triana –trabajadora de nuestra Alma Mater– y a sus hijos, Tania y Francisco, les expresamos nuestra tristeza e indignación. Sabemos que fue un padre ejemplar, una persona de hondo sentido humanista, siempre muy presto para ayudar a sus semejantes y orientar a sus compañeros periodistas. Su asesinato no solo cimbró al gremio periodístico de todo el mundo, también, al gobierno de Sinaloa, y por supuesto, a la sociedad sinaloense.

Además, con sus cinco libros de trascendencia nacional e internacional nos dejó un legado cultural muy útil para examinar y realizar investigación académica acerca del narcotráfico y de la delincuencia organizada. Por lo anterior, la ausencia de Javier Valdez Cárdenas también deja un enorme vacío en el ámbito del periodismo sinaloense.

Nos unimos a las cada vez más numerosas voces para exigir a las autoridades competentes que se esclarezcan los hechos y se haga pronta justicia en éste y todos los asuntos criminales aún no aclarados. Que no nos vengan con “chivos expiatorios”, o con endebles investigaciones ministeriales, únicamente para salir del paso ante la presión e irritación social.

De ninguna manera deseamos que sigan ocurriendo este tipo de acciones violentas que agravian cada vez más a la ciudadanía,  al contrario, exigimos que las carpetas de investigación se realicen con auténtico profesionalismo, seriedad, ética y genuina justicia, apoyados técnica y debidamente en las ciencias jurídico-penales. No queremos que este hecho quede impune, como miles que se han suscitado en nuestra entidad y en el país.

La sociedad y las familias de bien, amas de casa, padres de familia, empresarios y organismos empresariales y gremiales, así como académicos, líderes e intelectuales, ya estamos hartos de tanta inseguridad, impunidad y simulación, ante la ineficacia que han mostrado en los hechos las autoridades en la materia.

El pueblo de México, particularmente el de Sinaloa, ya no queremos seguir viviendo en la zozobra que deriva de la enorme inseguridad pública que padecemos.

En las últimas dos décadas en nuestra entidad, los homicidios dolosos se han incrementado alrededor del 300%, a pesar de que el presupuesto público destinado en materia de seguridad pública ha aumentado hasta diez veces en todo ese tiempo.

Ello significa que los programas, sus objetivos, estrategias, líneas de accióny  metas,no han funcionado como debieran. En lo que va de este año, se tienen registrados poco más 600 homicidios. La mayoría han quedado impunes, lo que demuestra una clara ineficiencia en este tema particular.

Sabemos que el problema de la criminalidad constituye un asunto complejo que se origina por diversos factores. Por ese motivo,es pertinente mencionar que como diputados de la anterior y la actual Legislatura local, hemos presentado diversas iniciativas de ley que tienen como propósito ir al fondo de las causas de este mal. El 14 de noviembre del 2014, los entonces diputados Robespierre Lizárraga Otero, María del Rosario Sánchez Zatarain y el colaborador de esta columna, presentamos al H. Congreso del Estado, una iniciativa de ley con proyecto de decreto, denominadaLey del Instituto de Prevención del Delito para el Estado de Sinaloa, así como otras muy diversas que tienen por objeto generar condiciones más propicias en la entidad, y que se vinculan con el desarrollo social y económico para efecto de ir solucionando la criminalidad que tanto nos agobia.

Estoy convencido que para Javier Valdez esta era una sus principales preocupaciones, y la comentó en diferentes ocasiones de la siguiente forma: “como periodistas, no podemos callarnos, nuestro trabajo tiene que ser consecuente para no vivir en el infierno en que nos encontramos”

Por Héctor Melesio Cuén Ojeda

La postura asumida en el pre dictamen por parte de la mayoría de los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, respecto de la iniciativa ciudadana con proyecto de Decreto por la que un numeroso grupo de sinaloenses propusimos reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación de mandato y de segunda vuelta electoral, va en contra de los anhelos de la mayoría del pueblo de México por mejorar sus instituciones democráticas, y contradice además en los hechos la teleología de la soberanía originaria de la nación, estatuida en el artículo 39 de la Ley Suprema de la Unión, el cual señala clara y contundente que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Y que todo poder público dimana del mismo y se instituye para beneficio de éste. Además de que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

De manera tal que el citado pre dictamen se “justifica” más por el confort e intereses de los partidos políticos nacionales representados en las citadas comisiones, que por los lacónicos “argumentos” que se arguyen en el mismo, los cuales se sintetizan en la siguiente expresión literal que figura al final del mismo, cuando señala: “…a la luz de la valoración de los componentes de los sistemas político, electoral y de partidos de nuestra República, hoy no se encuentran presentes las condiciones idóneas para la introducción de dichas figuras en nuestra Ley Fundamental.”

Precisamente, los hechos y circunstancias en los que hoy se debate nuestro país, constituyen las condiciones idóneas para introducir las figuras jurídicas de la segunda vuelta electoral y la revocación de mandato.

En lo que se refiere a la segunda vuelta electoral, si se revisa con mesura y objetividad, por ejemplo, las cifras electorales relativas a la elección de presidente de la República en los últimos dos procesos para dicho cargo, se advierte claramente que en los comicios de 2006, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, postulado por el Partido Acción Nacional, obtuvo de manera formal, únicamente el 35.89% de la votación nacional, mientras que su más cercano competidor del Partido de la Revolución Democrática en aquel tiempo, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo el 35.33%. Es decir, el primero ganó en términos formales con una diferencia sólo del 0.56%, lo que provocó serios conflictos postelectorales y pusieron en duda su legitimidad.

Por su parte, en el proceso electoral de 2012, el Lic. Enrique Peña Nieto, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, obtuvo el 38.21%; mientras que su más cercano contendiente, del Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador, alcanzó formalmente el 31.59% de los sufragios válidos legalmente, según datos obtenidos en la página web del Instituto Nacional Electoral.

Razón por lo cual, en ambos procesos electorales no se obtuvo la suficiente legitimación ciudadana. Es decir, arriba del cincuenta por ciento del electorado que justifique plenamente dicha legitimación.

En los países donde se observa suficiente legitimación formal, desde el punto de vista constitucional, que tienen establecida precisamente la segunda vuelta electoral, son, entre otros muchos: Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Guinea Ecuatorial, España, Benin, Cabo Verde, Egipto, Tago, Senegal, Albania. Bulgaria, Mali, Niger, Togo y Senegal. Ello, desde luego, al margen de los diversos sistemas políticos y de los problemas domésticos de carácter social, económicos y políticos que tienen todos los países del mundo.

Lo importante es dejar claro, que la segunda vuelta electoral otorga, entre otros, mayor legitimación; el ciudadano común adquiere más aprecio sobre el valor de su sufragio; existe la posibilidad de que el votante para la segunda vuelta cambie su decisión a favor de un candidato distinto al que votó en la primera vuelta; mejora la calidad democrática;
permite al ciudadano votar con clara visión de la realidad y, favorece la negociación política y la integración de pactos que brindan mejores niveles de gobernabilidad.

Por eso es que hay en el mundo diversos personajes de talla internacional que abogan por la existencia de la segunda vuelta electoral, como por ejemplo: Maurice Duverger, Daniel Sabsay, Juan Enrique Molina Vega, y Giovanni Sartori. Este último, por cierto, en una ocasión recomendó que en México se aplicara la segunda vuelta electoral.

Ahora bien, por lo que respecta a la revocación de mandato, en lugar de verla como un riesgo, ésta resulta muy positiva, al constituir un aliciente para que los representantes populares realicen de mejor manera sus funciones, en beneficio directo de la ciudadanía.

Pero cuando sea insostenible su presencia en el cargo, pueda ser arrojado del poder para que su puesto sea ocupado por una persona mucho más capaz.

De tal manera que ambas instituciones tienen mayor beneficio que perjuicios.

Las anteriores, sólo constituyen algunas pinceladas gruesas y esenciales que justifican plenamente la iniciativa ciudadana respecto de la segunda vuelta electoral y la revocación de mandato, avalada por 227,130 ciudadanos sinaloenses. Razón por la cual se exhorta a los integrantes de dichas comisiones del Senado de la República, a que reflexionen con mayor mesura y vean con más profundidad y aprecio su contenido, tomando en cuenta también a esos personajes de talla internacional referidos en el penúltimo párrafo de esta breve colaboración, y no únicamente los referidos en el predictamen, aunque tengan su propio reconocimiento y también merezcan nuestro respeto.