PUENTE NEGRO

TORMENTA DE SPOTS Y BANALIZACIÓN DE LA POLÍTICA
Por Guillermo Bañuelos

Con el pretexto de fortalecer la vida democrática nacional, en México inició la transmisión en radio y TV de 60 millones de spots que, machaconamente, saturarán e intoxicarán nuestros sentidos.

Se trata de casi medio millón de horas de transmisiones que programará el Instituto Nacional Electoral (INE).

Un auténtico bombardeo de mensajes banales.

Este  fenómeno mediático-electoral  muestra un crecimiento exponencial: si en el 2006 (un año antes de que se reformara la ley federal electoral y se prohibiera la contratación directa de espacios electrónicos) los partidos políticos compraron a los concesionarios de la radio y la TV 700 mil spots. ¿Le parece mucho?

Usted compare: desde ahora al 1 de julio del 2018 los candidatos dispondrán de 60 millones de espacios regulados por el INE con los sanos propósitos de garantizar equidad en la competencia y reducir los costos de las campañas.

Aunque los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre los efectos que provoca en la audiencia la saturación de los medios de comunicación con la transmisión de tantos millones de mensajes, sí hay indicios de que esta auténtica tormenta mediática genera rechazo en el público hacia los candidatos y sus partidos.

Según datos del Grupo Delphos, la exposición de cada partido es tan abrumadora que representa un tres mil por ciento más que la publicidad empleada por cualquier firma comercial, lo que nulifica la eficacia de esta estrategia electoral, sobre la cual apuestan todo los contendientes y sus partidos.

Diversos expertos en el tema creen que el efecto acumulado de tanta publicidad es contraproducente.

En lugar de convencer a los ciudadanos de que acudan a votar, pueden provocar su hastío.

También, en vez de que los millones de spots sean útiles para que el ciudadano discierna con claridad entre las ofertas de los partidos, puede ocurrir lo contrario: confundirlos y llevarlos a la conclusión de que’ todos son iguales’ (¿le suena?), sobre todo si sus spots usan símbolos que apelen a las emociones primarias de la gente.

Aunque la ‘ciencia de las campañas políticas’ se encuentra aun en pañales, muchos estudiosos refutan lo anterior y sostienen que las campañas de lodo (negativas) sí propician más participación de los votantes y hacen que estos sean más exigentes antes de votar.

La confrontación de ideas (el debate) es útil y se debe alentar, efectivamente, pero en la práctica caminamos en sentido contrario.

Lo riesgos parecen claros:

Después de tan abrumadora propaganda, es posible que el votante quede exasperado y más escéptico respecto del valor y la importancia de los procesos electorales.

PUENTE NEGRO

Seguridad: Quirino vs Malova
 Por Guillermo Bañuelos

Las comparaciones son odiosas, sin duda. Empero, comparar sus ‘logros’ en materia de seguridad con los resultados de su antecesor Jesús Aguilar Padilla fue el recurso mediático más utilizado por Mario López Valdez cada día. No erraba el golpe.

Pero ahora es útil usar el mismo recurso para contrastar los datos de los últimos meses y comprender mejor la actuación de la autoridad estatal frente a una problemática de inseguridad que nos deshonra ante el mundo, sin más afán que identificar errores u omisiones.

A 10 meses de gestión de Quirino Ordaz, es válido revisar cómo va este gobierno respecto de la administración malovista.

No se trata sólo de comparar para evaluar, sino de aclarar aunque sea un poco este fenómeno  que no parece tener fin, y, mediante el contraste, interrogar los fracasos y estancamientos perceptibles en tal o cual práctica.

El primer informe de Quirino Ordaz aporta datos estadísticos generados por la Secretaría de Seguridad Pública que expondremos sin afán de hacer juicios apurados ni de presentar conclusiones,  pues no podríamos hacerlo adecuadamente si sólo disponemos de las cifras que ellos mismos proveen.

No obstante, hagamos el ejercicio ‘Seguridad: Malova vs Quirino’, a quienes nos referiremos en lo sucesivo como MLV y QOC , y confrontemos las estadísticas registradas durante el lapso enero-octubre de los años 2016 y 2017, respectivamente, cuya fuente es la SSP:

-En 2017, las corporaciones policiacas locales, en coordinación con las fuerzas federales, aseguraron con 154.4 kilogramos y 13 mil dosis de cocaína, contra una cantidad de cero decomisos logrados en el mismo lapso del 2016 (MLV).

– Hasta octubre, el gobierno de QOC  reporta el decomiso de 152 armas cortas, 638 largas, 12 aditamientos lanzagranadas, 35 mil cartuchos, 2 mil 461 cargadores y 82 granadas (en total, 39 mil piezas), contra 991 piezas con MLV,  lo que representa  3,836% más.

– Con QOC se han asegurado 11 laboratorios clandestinos  y 42 mil 354 litros de sustancias y precursores químicos, en tanto que el registro con MLV en este renglón es de cero.

-Con QOC han sido detenidas un mil 273 personas por delitos contra la salud, portación de armas de fuego, robo y otras causas (un 185% más que con MLV).

-Este año, se han recuperado 2 mil 182 vehículos en Sinaloa, contra sólo 538 durante el 2016.

-Durante los últimos 10 meses, se han decomisado 44 mil 786 dosis de diversas drogas, contra 9 mil 503 porciones en 2016.

-Este año  se han asegurado 20 toneladas 908 kilogramos de marihuana, más 885 cigarrillos de esa hierba, contra 199 kilos el año anterior.

-Durante enero-octubre se han destruido 119 plantíos de marihuana y 23 de amapola en la entidad, contra cero en el mismo lapso del año pasado.

-Este mismo año se han decomisado 12 mil 390 dosis de cristal, contra un mil 558 el año anterior.

-Las corporaciones han asestado  algunos golpes también  a la industria huachicolera  -refirió la SSP-. Durante 2017 se han recuperado 527 mil litros de combustibles, contra cero en 2016.

Hasta ahí los números.

El reporte menciona que el primer paso del gobierno actual fue analizar el fenómeno y reconocer “un escenario que durante años se ocultó a los sinaloenses”, aunque  en el discurso malovista se presumió este rubro como ‘exitoso’.

“La realidad era otra y, por desgracia, no estaba siendo atendida. Todo ello generó una bomba de tiempo” que, refirió el  informe de QOC, “hemos podido contrarrestar” aunque “hay daños colaterales innegables”.

La administración de Ordaz ha descrito que recibió un aparato de seguridad disfuncional, desmantelado y corrupto.

Encontró –sostiene- “una situación lamentable en términos de personal, además de altos índices de corrupción y un cuerpo policial que carecía de la confianza de la sociedad”, lo que los obligó a reestructurar este sistema y a emprender un programa de capacitación con el apoyo de la Sedena, el cual han cursado 2 mil 300 policías que desde hace años no recibían ningún entrenamiento en temas básicos con son manejo de armamento y tiro.

El gobierno quirinista refiere además que intensificó el reclutamiento de nuevos agentes, logrando hasta ahora la captación de 588 policías.

También presume que ha invertido 152 millones de pesos en la adquisición de 241 patrullas, más 50 motocicletas para integrar una unidad motorizada.

En convenio con la Sedena, compró este año 8 vehículos tácticos tipo DN-XI para establecer el orden en situaciones de crisis y adquirió 100 cámaras portátiles que permiten a los mandos registrar la actuación de sus elementos.

El esfuerzo que refiere la administración actual, sin embargo, no ha sido suficiente para pacificar las calles de las ciudades y nuestras comunidades.

La cadena de crímenes y sucesos violentos  que continúa nos recuerda que la inseguridad pública y sus expresiones de alto impacto son el mal de males de Sinaloa.

Esta realidad del estado se ocultó (mejor dicho: se intentó ocultar) y generó una bomba de tiempo.

Los daños colaterales, ha dicho Quirino Ordaz, son innegables. No se puede tapar el sol con un dedo.

PUENTE NEGRO

 Ciudades al filo del caos
Por Guillermo Bañuelos

Es común creer que el gigantismo o el congestionamiento vial de una ciudad son un indicador o sinónimo de buena calidad de vida. Nada más tonto.

“¡Cómo ha crecido la ciudad, ya ni caben los autos!”, se expresa en función de halago o de reconocimiento, cuando en realidad tales fenómenos son causa de estrés colectivo, de contaminación del aire, suelo y agua; de hacinamiento, de segregación y marginación social, de delincuencia y violencia, de inequidad y de pérdida de recursos naturales.

Tal concepción, generalizada globalmente durante el siglo XX, parece que desaparece en algunos lugares en donde las cosas cambian. De hecho, en muchas ciudades del mundo la sociedad y sus gobiernos han vuelto a lo importante: a repensar cómo hacer ciudades más amables en las que sea más grato vivir; en las que no existan barreras para caminar y pedalear,  o en las que los niños tengan derecho a jugar en espacios abiertos y seguros.

Gracias a la vigencia de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, creada en noviembre 2016, México podría lograr frenar  la expansión de las manchas urbanas de muchas de sus ciudades al filo del caos y la adopción de alternativas de transporte y de movilidad que contengan el crecimiento de vehículos de combustión interna, que suman ya 43 millones de unidades (2016), algo cercano a tres personas por cada vehículo.

No ajeno a estos fenómenos  de desorden urbano y a sus consecuencias, Sinaloa deberá contar este mismo mes con una ley propia armonizada con la ley general mencionada, para lo cual la semana este día el Congreso local dio segunda lectura a una iniciativa presentada por el Ejecutivo para crear la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

La iniciativa, en sus considerandos, menciona que nuestro país es eminentemente urbano metropolitano, donde el 80% de la población y el 70% del producto interno bruto se concentran en las ciudades con más de 200 mil habitantes, y reconoce que en los últimos 30 años la extensión de nuestras ciudades se  multiplicó por siete, mientras la población apenas se duplicó.

La Ley de Desarrollo Urbano de Sinaloa fue creada en 2004. Desde entonces, en la entidad surgieron grandes retos en temas muy específicos que es urgente enfrentar con un marco constitucional  obsoleto.

Los niveles de actuación de los municipios y del mismo gobierno estatales son ampliamente rebasados por las presiones políticas, económicas y sociales que ejercen los diversos agentes que influyen en la toma de decisiones sobre el territorio pues los gobiernos carecen de mecanismos financieros, capacidades administrativas e instrumentos legales adecuados.

La ley propuesta por el gobernador Quirino Ordaz Coppel plantea sustituir el modelo actual de desarrollo urbano por uno que oriente y garantice la construcción de ciudades resilientes, sustentables  y equitativas de acuerdo a los principios de derecho a la ciudad, equidad e inclusión, derecho a la propiedad urbana, coherencia, participación democrática, productividad, protección y progresividad del espacio público, seguridad y prevención de riesgos promovidos a través de la Nueva Agenda Urbana de ONU Hábitar y la Agenda 2030.

La iniciativa propone que para ejercer sus facultades de planeación, control y administración territorial y urbana, las autoridades estatales y municipales podrán apoyarse en órganos auxiliares como son los consejos de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano y en otros instrumentos similares.

El Ejecutivo propone que las consultas a la población tengan la fortaleza de opinión representativa de la sociedad, ya que surgen de organismos de participación social y de gestión ciudadana, por lo que algunos aspectos importantes los concentra en la planeación urbana y territorial tengan como base un institutos estatal de planeación  (por crearse) y los institutos municipales (IMPLAN).

El documento establece que el Instituto Estatal de Planeación Urbana y Territorial deberá tener personalidad propia, autonomía financiera, administrativa, técnica y operativa, aunque operará de manera subordinada a la Sedesu.

A los IMPLAN –ya existentes en Ahome, Salvador Alvarado, Culiacán, San Ignacio, Mazatlán y Rosario-, la ley propuesta por el gobernador  les otorga la mayoría de edad ansiada al enfatizar su carácter ciudadanizado con el fin de garantizar su continuidad, de fortalecer su autonomía y de minimizar su vulnerabilidad respecto de decisiones políticas discrecionales o no prioritarias.

La propuesta establece que las decisiones en materia de desarrollo urbano sean tomadas por los gobiernos en consenso con la sociedad.

En el aspecto económico-financiero de los IMPLAN, la iniciativa formula participaciones sobre algunos impuestos, la posibilidad de generar ingresos complementarios mediante cobros municipales diversos y por gestiones propias. La intensión de la ley, apunta, es convertir a los IMPLAN en instituciones sólidas que garanticen la planeación municipal y regional.

Las consideraciones expuestas, por sí, tienen un peso abrumador. Ninguna legislatura en su sano juicio osaría cerrar el paso a la oportunidad de tener una ley actualizada que brinde disposiciones y principios urgentes para revertir el deterioro de nuestras ciudades y el territorio.

Sí o sí, esta iniciativa tiene que caminar.