POLITEiA

21 de febrero de 2022

César Velázquez Robles

Hace algunos años, las encuestas entre nosotros no pintaban. Era natural, pues una sociedad de mercados políticos cerrados en los que el Estado, gobierno, partidos y opinión pública eran una y la misma cosa, las hacían innecesarias. La ausencia de competitividad en la lucha por el poder político, el férreo control gubernamental sobre los procesos electorales, el verticalismo y el autoritarismo del sistema, eran los determinantes fundamentales del resultado. Con la llegada de la democracia, las encuestas y sondeos empezaron a adquirir alguna significación. Los estudios de opinión arrojaron bastante luz para entender y explicarnos el estado de ánimo de los electores, las tendencias, la formación y configuración de la voluntad ciudadana por regiones, estados, municipios y país. Abundaron los elementos para una comprensión más objetiva, menos ideologizada, de la dinámica que va determinando el voto ciudadano.

Los ciudadanos mismos se sentían partícipes de esta novedad política que trajeron los vientos democráticos, y participaban con entusiasmo en estos ejercicios demoscópicos por lo general bastante apegados a la realidad que emanaba de las urnas. Pronto, sin embargo, empezaron a instrumentalizarse, ponerse al servicio de tal o cual causa, candidato o partido. Así, proliferaron las encuestas hechas a medida, con los resultados más disímbolos y con diferencias tan abismales para una misma elección, que empezaron a desprestigiarse e, incluso, dejaron de servir como referencia para orientar el quehacer político.

Digo todo esto porque empiezan a publicarse las encuestas a propósito de la intención de voto para la consulta pública de revocación de mandato, prevista para el próximo 10 de abril. Habría que tomarlas con cuidado. Es el caso de la encuesta nacional –bueno, eso es al menos lo que dicen sus promotores— realizada por el Centro de Estudios de Políticas Públicas Iberoamericanas (CEPPI), con sede en Guadalajara, que se levantó del 14 al 16 de febrero, y que tiene un margen de error de 5 por ciento. Estos son sus resultados:

A la pregunta de si en general aprueba o desaprueba la gestión del presidente López Obrador, 60 por ciento de los encuestados contesta que sí, mientras que el 40 por ciento no. Enseguida –y aquí empiezan los resultados que llaman la atención—viene la pregunta sobre la gestión por rubros, el único que merece un buen resultado es el de los programas sociales, que es, de acuerdo a los encuestados, lo mejor de este gobierno, aunque el porcentaje que señala que es peor, no es nada desdeñable, pues llega a poco más del 30 por ciento. De ahí en adelante, no hay nada positivo que reportar: en seguridad, 66.5 por ciento dice que estamos peor –claro, se entiende que con relación al gobierno anterior–, en economía, salud y empleo, 67, 68 y 60  por ciento, respectivamente, afirman que estamos peor, y en educación 62.2 por ciento hay una rotunda descalificación.

Luego viene la pregunta sobre a quién se le da la razón en la discusión reciente entre el periodista Carlos Loret de Mola y el presidente López Obrador. El 77 por ciento de los encuestados respalda al periodista y tan solo el 23 por ciento afirma que la razón está de la parte presidencial. Enseguida, la pregunta “¿Tiene pensado ir a votar en la consulta de revocación de mandato?” tiene las siguientes respuestas: 51.7 por ciento dice que sí; 32.5 por ciento dice que no, en tanto que 15.8 por ciento sostiene no saber aún. Esto significaría que irían a las 50 y tantas mil mesas receptoras que se instalarán en el país, poco más de 45 millones de ciudadanos, lo que es prácticamente imposible, pero que, en el muy remoto caso de que ocurriera, rebasaría con holgura los casi 40 millones de votos que se requieren para que el resultado sea vinculatorio, esto es, obligatorio.

Y viene la pregunta clave: “Supongamos que está decidido a votar en la consulta de revocación de mandato, ¿por qué opción votaría usted?” He aquí los resultados: 64.1 por ciento votaría por revocarle el mandato, en tanto que solo el 35.9 por ciento votaría por ratificarle el mandato.

En modo alguno diría que la encuesta está “cuchareada”, como gusta decir YSQ, cuando no le gusta su resultado pero, como apunté arriba, es una encuesta que habría que tomar con pinzas. Estamos todavía a varias semanas, casi siete, para la fecha de la consulta, y si alguna fuerza está en movimiento, poniendo en tensión sus resortes internos –aunque algunos se vuelvan contra sus dirigentes—es morena. El resto de partidos, los de la oposición coaligada o aislada, hace en este tema como que la virgen le habla. No están por la labor. Lo suyo es otra cosa.  Es posible que el resultado que arroja esta encuesta aliente a ciudadanos que no parecen estar dispuestos a participar en esta consulta, a abandonar su actitud reticente, y ante la posibilidad de revocarle el mandato al presidente, decidan acudir a las urnas, como es la intención explícita de los grupos de la ultraderecha, pero también creo que no habrá una afluencia masiva.

En fin, veremos…

18 de febrero de 2022

César Velázquez Robles

Nuestros políticos parecen haber perdido por completo el rumbo. No es algo nuevo, ciertamente; ocurre desde hace ya largo tiempo, algunos de ellos convencidos de que lo que no está prohibido está permitido, en lugar de asumir, como lo establece un principio general de derecho constitucional universalmente admitido, que solo pueden hacer lo que les está permitido. Lo primero corresponde en democracia a los ciudadanos, a cualquier ciudadano común y corriente, de a pie; lo segundo a funcionarios electos y por designación, integrantes de la administración pública, diputados federales y locales, senadores, alcaldes, regidores y todos aquellos que manejan recursos públicos y que, en consecuencia, están obligados a rendir cuentas y actuar con transparencia, esto es, ponerse bajo el escrutinio público.

Estos principios constitucionales, por ejemplo, no autorizan al presidente a indagar los ingresos, fuente, origen o procedencia de la “riqueza” de un particular, a menos que exista una razón de seguridad para el Estado. Por ahí fue la respuesta del órgano encargado de garantizar la protección de los datos personales, el INAI, frente a la petición del presidente de que se investigaran e hicieran públicos los datos de los bienes de Loret de Mola, incluyendo a sus familiares. Como le dijeron que no, que por ahí no podía transitar, preguntó entonces que si podía pedir toda esa información como ciudadano, pues el se reclama así, como ciudadano, sin entender, o sin querer entender, que por sus funciones, responsabilidades, atribuciones y potestades, no es un ciudadano cualquiera.

Pero en su permanente fuga hacia adelante, el presidente sigue y seguirá su abierta confrontación contra un particular, utilizando todo el poder del gobierno, todas sus facultades constitucionales y metaconstitucionales. Quiere saber quién le paga al periodista, cuánto le paga y por qué le paga. En esta tarea le están engordando el caldo, entre otras figuras, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, convertida en un vulgar epígono presidencial, que en el propósito de quedar bien con su jefe ha perdido toda capacidad crítica. En rueda de prensa ayer, dijo lo siguiente: “Hay periodistas que tienen ingresos mensuales de 35 millones de pesos. Entonces la pregunta es ¿quién financia esos medios? ¿Cómo se financian? ¿De dónde se tienen tantos recursos? Yo creo que son preguntas pertinentes, hay quien dice que eso viola los datos personales, pero finalmente, una persona que se dedica a difundir, también, yo creo que es importante que, en estos casos donde hay esta característica, pues pueda dar la información; y si no tiene esas características el INAI, pues a lo mejor las debería de tener para poderle dar las atribuciones necesarias”.

Éste es, por supuesto, un tema de debate. Se discute desde hace mucho y aunque hay un amplio consenso en que quienes están obligados a informar sobre sus ingresos y bienes, son aquellos que ejercen una función pública o, más concretamente, que manejan recursos que la sociedad les ha confiado, hay también una corriente nada desdeñable que está convencida, a mi juicio con argumentos poco sólidos, de que un particular también debe estar obligado a informar, si así lo exige el gobierno, el SAT, la UIF o Hacienda, sobre todos sus ingresos, como si tuviese las mismas responsabilidades y obligaciones que un funcionario público.

Sobre este tema conversamos ayer en la mesa de análisis de Punto Crítico Sinaloa Digi TV, Edgar Hernández Cervantes, Carlos Calderón Viedas, Arturo López Flores y quien esto escribe, y fue posible advertir enfoques diferentes y posiciones discrepantes. En mi breve intervención como moderador del debate preguntaba: ¿importa la titularidad de los medios, si son públicos o privados? ¿Importa saber quiénes son los dueños? ¿Importa saber la procedencia de sus recursos? Eso nos va a llevar a descubrir el hilo negro o el agua tibia. ¿Qué importancia tiene saber quién es el dueño de The Washington Post o The New York Times? Y en el caso de México, que interés tiene investigar para llegar a la conclusión de que la familia Vázquez es la propietaria de Excelsior o Juan Francisco Healy es el accionista mayor de El Universal o, más particularmente, en el caso local, ¿importa “descubrir” que los Salido son los dueños de El Debate, y que ello condiciona la línea informativa de la cadena?

Es cierto que los medios ya no son lo que eran. Es verdad que hemos tenido una visión idealista de la prensa, la radio y la televisión, sobre todo a raíz de los cambios y de los vientos de fronda que trajo nuestra transición democrática desde fines de los años setenta del siglo pasado, de que han sido amplificadores de nuestra vida democrática, y que los medios son límites a todo ejercicio arbitrario del poder. Hay que reconocer que “el espíritu comercial de los medios ha desbancado su dimensión como servicio a la sociedad civil”, y los lectores o la llamada opinión pública no siguen ya tanto las orientaciones y directrices de los grandes conglomerados mediáticos estilo Rupert Murdoch, sino que inclinan claramente a modalidades alternativas para obtener información o para asegurar la libre circulación de ideas e información de su interés, afianzando la centralidad de las redes sociodigitales y dejando atrás a los medios convencionales.

Esta es la realidad de los medios y a partir de ésta se establecen sus relaciones con el poder. La aspiración del poder es siempre y bajo cualquier circunstancia, el control de los medios. En México ello logró durante muchos años, a través de una relación subordinada condensada en aquella famosa expresión de “¿qué horas son? Por el presidente, con la respuesta pronta y expedita de los medios: “Las que usted guste, señor presidente”. La transición, el pluralismo, el afianzamiento de las libertades, ha ido cambiando de manera acelerada el escenario. Hoy los medios son críticos porque eso es lo que vende, no porque lo sean por convicción. Y si critican al poder, el poder se exalta, se irita, se molesta. Persigue, acosa, acusa, en una batalla que solo puede ganar recurriendo al autoritarismo. Y creo que ni así.