POLITEiA

17 de febrero de 2022

César Velázquez Robles

Estamos viviendo un momento muy peligroso en la vida política del país. El espacio público, donde los diversos actores se reconocen en su diversidad, empieza a reducirse de manera drástica. El diálogo pierde presencia y la conversación colectiva, por su magnitud y extensión, se reduce de manera considerable. Lo que tenemos a la vista es un empobrecimiento del debate o, peor aún, una persecución, un linchamiento de quienes expresan las voces del disenso. Pocas veces, si no es que ninguna en las últimas cuatro décadas, desde la primera reforma electoral que abrió sus compuertas a las oposiciones para integrarlas a la vida democrática, habían peligrado tanta el régimen de libertades que en este periodo entre todos hemos ido construyendo los mexicanos.

No sabría precisar con certeza cuándo se torció el asunto. Pero diría que en el momento en que el presidente de la cámara baja interpuso una denuncia penal contra miembros del Instituto Nacional Electoral (INE), un órgano con autonomía constitucional, un órgano de Estado, no una organización no gubernamental, el país entró en una deriva autoritaria y poco o nada se ha hecho desde las propias instituciones, por impedir que esta regresión en la vida democrática adquiera su propia dinámica. Un diferendo entre dos órganos de Estado se quiere entonces zanjar –castigar, más bien—con cárcel. La respuesta no podía ser más que una firme defensa de la institucionalidad democrática: en un estado democrático de derecho, el disenso no se persigue por la vía penal. Diría más todavía: que el disenso no persigue por ninguna vía; se incorpora a la vida pública como parte sustancial de la democracia, pues es la contraparte del consenso. Bueno, eso al menos es lo que diría cualquier demócrata.

Ahora, esta misma semana, hubo una nueva y más ominosa señal de que la deriva autoritaria puede extenderse de manera acelerada. Los senadores del partido gobernante, que se supone son políticos profesionales con más rigor y profesionalismo, formados en las luchas democráticas y que saben que la persecución de la disidencia termina por instaurar un orden represivo, dieron una muy grave muestra de que el autoritarismo se empieza a enseñorear entre nosotros. Resulta que en defensa del presidente López Obrador aprobaron y dieron lectura a una declaración que cualquier régimen de mano dura la aplaudiría sin reservas. Es en verdad una joya de la política moderna la que uno de los senadores leyó mientras el resto de sus colegas, con una actitud hierática, en posición de auténticos héroes de la patria, se sentían como el último valladar en la defensa de la dignidad, la integridad moral y espiritual del pueblo mexicano.

Quisiera pensar que fue el desaseo de la redacción de la proclama incendiaria de los senadores, y no que ese es su verdadero pensamiento. Si fuese lo primero es imperdonable entre los miembros de la cámara alta, y si es lo segundo, es de una gravedad extrema, que debe llamar nuestra atención y entender que ahora sí, como nunca antes, está en grave riesgo las conquistas democráticas de estos años. Veamos algunas de las parrafadas que nos avientan los representantes del pacto federal:

1.- Ya no hay adversarios; ahora son enemigos. La dicotomía amigo-enemigo, que hizo tan popular uno de los ideólogos del nazismo, Carl Schmitt, vuelve por sus fueros. En la lógica entre contrarios, ya no impera la razón política, que supone un reconocimiento recíproco de los actores. Ahora se impone una lógica de guerra, en la que el adversario desaparece para convertirse en un enemigo, y como en toda lógica de guerra, al enemigo hay que destruirlo, exterminarlo. Con ese discurso van los senadores al encuentro de futuro: “Los enemigos no son sólo opositores a los principios democráticos y populares que encabeza el Ejecutivo, sino opositores a México y a todos los ciudadanos que buscan la justicia y la igualdad social”. Es la lógica de buenos y malos, de blanco y negro, que no admite matices ni reconoce la existencia de una zona de grises.

2.- Los enemigos son traidores a la patria. “Los que se oponen al Presidente de México, no son más que un puñado de mercenarios que, al ver privilegios mancillados, luchan con todo su poder económico para que prevalezca el viejo régimen en el que podrían hacer sus negocios sucios en la oscuridad. Son unos traidores a la Nación, a la Patria y al pueblo”.

3.- Un exacerbado culto a la personalidad. Enemigos, traidores a la patria, mercenarios, ese es el lenguaje de sus señorías. Claro, todos estos calificativos porque se oponen al presidente de México, quien, para los senadores encarna, simboliza y personifica al pueblo, a la nación y a la patria. Como ello no puede ser permisible, hay que denunciarlos, perseguirlo y exhibirlos en la plaza pública, cual si fuesen unos vulgares Miramón y Mejía.

Para que nos entendamos: con ese lenguaje, que también hace recordar las peores persecuciones macartistas de los años 50 en los Estados Unidos, ¿alguien puede creer que sea posible el entendimiento, el diálogo, el acercamiento de posiciones en un ejercicio de aproximaciones sucesivas? Bastante difícil, creo. Este lenguaje de la intolerancia debe merecer un amplio rechazo. Es intolerable que después de varias décadas de lucha por la democratización de nuestra vida pública, sigan imperando en las relaciones entre los actores políticos ese tufillo autoritario, ese lenguaje endurecido que excluye, que cancela posibilidades del diálogo y lastima nuestra convivencia.

16 de febrero de 2022

César Velázquez Robles

En una de mis colaboraciones de la semana pasada, preguntaba si acaso era muy difícil entender la diferencia entre el principio de intimidad uniforme y el principio de intimidad restringida. El primero aplicable a todos los ciudadanos por igual, en el sentido de que nadie puede entrometerse en su vida privada, y el segundo, aplicable a toda figura pública, electa o no, que toma decisiones en nombre de los ciudadanos, y que por tanto su quehacer, su comportamiento en el ámbito de lo público y lo privado, está sujeto a escrutinio de la sociedad. No es lo mismo pedirle cuentas al presidente de la República que pedirle cuentas a Loret de Mola. A aquél le dimos el voto y por todo su quehacer institucional está obligado a rendir cuentas. A éste solo le pueden pedir cuentas las audiencias y lectores, quienes si no comulgan con él, simplemente le retiran el respaldo dejando de leerlo o escucharlo.

Por supuesto, pueden pedirle cuentas quienes con él establezcan una relación contractual, y pueden pagarle cuanto desee o cuanto convengan, sin que nadie tenga que meter sus narices, por más importante que sea. El presidente la ha emprendido contra el periodista –un particular, un ciudadano al que nadie ha elegido y por tanto al que nadie puede pedir cuentas— y demanda que se diga públicamente cuáles son sus ingresos. Para tal efecto, se dirige al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI), haga pública su riqueza, y da una pista: dice que Loret gana mucho más que él.

El presidente ha perdido la brújula. El coraje y la irritación por la exhibida que le ha dado el periodista a su hijo, y que pega de lleno en la línea de flotación del barco obradorista de la lucha contra la corrupción, ha terminado por obnubilarle la visión. Quiere que a Loret se le de el mismo trato que a un funcionario público, pero, para fortuna de todos, eso todavía no es posible en el país, aunque algunas pulsiones autoritarias quisieran que ya lo fuera. Y recibió la única respuesta que podía recibir: el INAI no puede dar ninguna información sobre el origen y monto de la riqueza de Loret ni de nadie, porque su función es preservar y garantizar la protección de los datos personales de los ciudadanos. Y vuelta a explicar lo mismo que se ha explicado hasta la saciedad, pero que no entiende o se niega a entender: “Existen dos normativas de protección de datos: la que es para particulares y la que es para sujetos obligados. El INAI está obligado a transparentar cuando se está hablando de un ente público, pero cuando se trata de un privado no se debe publicar la información”.

Este miércoles, en la mañanera, el presidente despepitará contra el INAI por una respuesta que evidentemente lo habrá puesto colérico. Un asunto aparentemente sencillo, que según los entendidos no configura un delito, el de conflicto de interés, se ha convertido en una enorme bola de nieve que pone gravemente en entredicho el discurso anticorrupción del presidente. Pero lo suyo es no retroceder. Aceptarlo sería el fin del mito.

El carnaval llegó para quedarse

Las relaciones entre el alcalde de Culiacán y el Congreso del Estado van de mal en peor. Más que un conflicto entre una institución clave de la división horizontal de poderes –el Legislativo—  y una institución clave de la división vertical de poderes –el gobierno local–, lo cual daría cuenta de la naturaleza transversal o cruzada del choque, se trata de un viejo pleito entre grupos vinculados a morena. El asunto viene de lejos, al menos desde 2018, cuando se constituyó en el Congreso una nueva mayoría y en la alcaldía la llegada de Estrada Ferreiro puso fin a la hegemonía priista. Desde el principio, éste “charoleaba” con su relación cercana a López Obrador, y aquellos, los de la nueva mayoría, que se sentían cosidos a mano, iban por todas las canicas. La bomba estalló pronto, con motivo de la discusión del presupuesto de los ayuntamientos para 2019. Los recién llegados al Congreso decidieron que el “pueblo bueno” no debería ser víctima de una “exacción” de recursos por impuesto predial, y que por tanto no aprobaría ningún cambio a las tablas catastrales. Estrada se sublevó, y como de leyes sabe algo aunque no lo parezca, les anunció que interpondría una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero además auguró que se las ganaría de calle.

En efecto, así ocurrió.  En el Congreso buscaron minimizar el hecho, a la espera de la revancha. La oportunidad llegó. El tema de las pensiones a las viudas de policías municipales se convirtió en campo de batalla para el ajuste de cuentas, y lo perdió Estrada. La nueva legislatura, totalmente morenista, con nuevos y más firmes aliados, también con algo que sentir contra el alcalde, siguió la misma ruta de colisión: aprobaron una ley que otorga un 50 por ciento de descuento en sus recibos de consumo de agua potable a los jubilados y pensionados, discapacitados y adultos mayores, una decisión poco menos que absurda, pues deja sin protección a las finanzas municipales, que desde hace tiempo viven en condiciones de penuria financiera.

El alcalde que es de mecha corta, ha lanzado contra los diputados una ofensiva dura. Ya anunció que no aplicará esa ley, que no habrá descuentos, y que interpondrá una nueva controversia constitucional, en una escalada que todo indica no tendrá buen fin para ninguna de las partes.

A diferencia de la controversia constitucional presentada en 2019 y que ganó el alcalde, no estoy tan seguro de que esta nueva controversia la pueda ganar tan fácilmente, aunque también creo que la razón está de su parte: me parece que hacer un descuento a discapacitados –hasta de 100 por ciento, dice el alcalde— es muy sensato, pero hacer un descuento de 50 por ciento a jubilados y pensionados y adultos mayores, por el solo hecho de ser eso, jubilados y pensionados y adultos mayores, no ayuda en nada y, por el contrario, favorecen a muchos “gorrones” que aprovechan el viaje. Para los gobiernos locales constituye un duro golpe, pues reduce su capacidad para atender una creciente demanda social y material, y experimentan una sobrecarga de reclamos, peticiones y exigencias de la vida comunitaria. Además, al reducirse su eficiencia recaudatoria, disminuye también en consecuencia los recursos que recibe de la Federación.

¿Consideraron este problema sus señorías para aprobar esta ley? Por lo que dice el alcalde en su desplegado, ni al caso.

Ojalá que el asunto no escale o que se aborde en los términos más civilizados posibles. Es un asunto importante que tiene que ver con la naturaleza de las relaciones intergubernamentales y, por supuesto, con la naturaleza del federalismo deseable y posible para México.

Veremos…

15 de febrero de 2022

César Velázquez Robles

En nuestros países, incluido México, por supuesto, hay una desafección cada vez mayor con la democracia. Las encuestas de Latinobarómetro dan cuenta del desencanto de amplios sectores sociales con unos regímenes que, al sustituir a las viejas dictaduras, ofrecieron a sus pueblos bienestar y progreso. Pronto empezó a advertirse que, ciertamente, hubo una inflación de expectativas y que la democracia en realidad poco tiene que ver con progreso material, trabajo, mejores ingresos, salarios remuneradores, abatimiento del hambre. De ahí el enfado con estas democracias liberales que no lograron atender con eficiencia los reclamos sociales, que pronto se trocó en irritación y en ese malhumor social que empezó a derribar en las urnas un modelo que siguió a su aire en la ruta de concentración del ingreso, exclusión y marginación, dando paso a una nueva generación de gobiernos presuntamente de izquierda.

En los años previos a este ascenso de la llamada por algunos “marea rosa”, esta frustración social con los órdenes democráticos se traducía en una demanda de gobiernos de mano dura, como si los viejos gobiernos de corte militar hubiesen sido capaces de resolver los añejos problemas sociales. Además, ha sido proverbial la desconfianza ciudadana sobre las instituciones de la democracia, y así lo reconoce el informe 2021: “América Latina es la región del mundo más desconfiada de la tierra. En promedio, en América Latina se registran veinte puntos porcentuales menos de confianza en las instituciones elegidas por voto popular que en Asia, África, los países árabes y Eurasia”.

Pero en las democracias avanzadas o consolidadas, consideradas modélicas por muchos, las cosas no marchan mejor. Consideremos los siguientes datos de una encuesta, cuyos resultados recoge en su artículo Pablo Hiriart, jefe de corresponsales de El Financiero en los Estados Unidos: Una encuesta de Zogby Analytics indica que 46 por ciento de los votantes piensa que Estados Unidos se encamina a una guerra civil (16 por ciento muy probable y 30 por ciento algo probable), contra 42 por ciento que no lo cree. Entre las personas de 18 a 29 años, 53 por ciento ve probable una guerra civil y sólo 39 por ciento improbable.” Evidentemente, estamos ante un desencanto con la democracia, y de lo que se trata, diría Trump, es de “drenar la corrupción que impera en Washington”. El ensayo insurreccional de enero del 21, a unos días de la toma de posesión de Biden, evidenció el malestar que recorre a un segmento considerable de la sociedad estadounidense, no solo a sectores y grupos sociales atrasados con una cultura arcaica o premoderna, sino a un segmento de la clase política conservadora, en la que la cultura del Tea Party ha calado profundamente hasta llevarlo a conspirar contra la propia democracia.

La derecha y la ultraderecha están en un acelerado proceso de acumulación de fuerzas con miras a acontecimientos cruciales como las elecciones de medio término, por allá en noviembre de este año y las presidenciales de 2024. Ya han logrado aprobar en casi una veintena de estados una reforma electoral que restringe derechos de negros, latinos y adultos mayores para el ejercicio del voto, en un desesperado intento por impedir el voto demócrata o revertir los resultados desfavorables en algunos estados en las pasadas elecciones presidenciales. Hay tal ambiente de polarización en la sociedad estadounidense, que las elecciones, lejos de contribuir a resolver de manera civilizada los conflictos y contradicciones que la cruzan, no harán sino atizar todavía más una explosividad social que está a flor de piel.  De ahí que no sean descabellados los planteamientos de quienes en aquel país advierten que las cosas se encaminan hacia una guerra civil.

Y el considerable porcentaje de encuestados que advierte que el país se encamina hacia una guerra civil, no es que sean pesimistas. Lo más probable es que sean optimistas… bien informados.