POLITEiA

26 de enero de 2022

César Velázquez Robles

Tengo la impresión de que la batalla por la (contra)reforma energética está perdida para el gobierno de López Obrador. El parlamento abierto ha querido ser una demostración de fuerza, de razones y argumentos por parte del bloque gobernante y de quienes lo apoyan, pero es difícil ir contra el sentido de la historia: vivimos una época de mercados abiertos y la competencia llegó para quedarse. Es cierto que la nacionalización de la industria eléctrica hace 60 años representó un enorme paso en la recuperación de un bien básico para el desarrollo del país, al establecer en el artículo 27 constitucional, que “corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público”.

Pero en esas seis décadas, el país ha cambiado: se ha transformado en una sociedad abierta y moderna, se han ido desmontando gradualmente los monopolios públicos y privados, y en el caso del monopolio de la energía eléctrica, el gobierno ha tenido que ceder atribuciones y potestades, dejando atrás la vieja idea patrimonialista de que representa la nación o es la encarnación del Estado. A diferencia, además, de lo que ocurría en 1960, cuando imperaba un modelo de desarrollo hacia adentro, de fronteras cerradas a toda competencia, hoy las interdependencias que nos impone la globalización, nuestra pertenencia misma a uno de los bloques comerciales más dinámicos del mundo moderno, nos obliga a movernos en un marco de reglas que poco o nada tienen que ver con aquellos tiempos ya lejanos.

Lo vimos en estos días, cuando precisamente en el marco del parlamento abierto, estuvo en nuestro país la secretaría de Energía del gobierno estadounidense, quien se reunió con figuras representativas del mundo de la política y de los negocios, para ponderar el significado de la (contra)reforma, sus efectos y consecuencias para la producción, distribución y conducción de la energía eléctrica. El gobierno y sus personeros trataron de pintarnos un ambiente de concordia, cuando en realidad la secretaria pintó las rayas rojas que no pueden ser rebasadas sino a condición de generar un enorme conflicto en el que México lleva todas las de perder. ¿Qué dijo la señora Granholm? Esto: “En cada reunión expresamos las preocupaciones reales de la administración Biden-Harris sobre el potencial impacto negativo de las reformas energéticas propuestas en México sobre la inversión estadounidense en el país. La reforma propuesta también puede dificultar los esfuerzos conjuntos de México y Estados Unidos en materia de energía limpia y clima. Debemos mejorar los mercados energéticos abiertos y competitivos que benefician a América del Norte. México está comprometido a apoyar la energía limpia y a resolver las disputas actuales con proyectos de energía dentro del Estado de derecho”.

Esos mercados energéticos abiertos y competitivos que perfiló la reforma de 2013, quieren ser revertidos por el gobierno que quiere permanecer anclado en el pasado, como si el mundo y la propia sociedad mexicana no hubiesen evolucionado. Ese y no otro es el sentido de la (contra)reforma, que quiere restituir no el monopolio o la rectoría del Estado, sino el monopolio del gobierno en el campo de la política energética. La diferencia no es menor, y ocurre que normalmente, en la conversación pública e, incluso, en los círculos especializados, identificamos Estado con gobierno, que no son lo mismo. El gobierno es tan solo una parte del Estado. Ello lo explicó hoy en el parlamento abierto Paolo Salerno, quien sostuvo que no es necesaria una reforma constitucional (como plantea el gobierno) para que el Estado recupere la rectoría en el sector energético.  He aquí sus palabras: “Actualmente, la planeación del sector está a cargo de la Secretaría de Energía, la regulación bajo la responsabilidad de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la operación del mercado recae en el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), mientras que la Comisión Federal de Electricidad atiende el Suministro Básico a los ciudadanos”.

Pero al gobierno de López Obrador le causan urticaria los organismos autónomos, de ahí que este embarcado en una cruzada para desmantelarlos, capturarlos o colonizarlos, y la Comisión Reguladora de Energía es un órgano dotado de autonomía técnica, operativa y de gestión, con una función clave para el fomento del desarrollo de la industria, la promoción de la competencia, la defensa de los usuarios y la atención de confiabilidad y seguridad en el suministro y prestación del servicio. Tal es el sentido de la reforma constitucional que quiere hacer el gobierno.

Y garantizar la competencia es la mejor forma de evitar distorsiones en el mercado. Se trata precisamente de distribuir el poder entre el gobierno y órganos con autonomía para evitar la restitución de condiciones monopólicas en el mercado. En suma, se trata de asegurar la rectoría del Estado, y evitar que se restituya un monopolio del gobierno. Ni más ni menos. Concluyo citando de nuevo a Salerno:

“La reforma constitucional no es necesaria hoy en día, pero eso no significa que no tengamos que mejorar la legislación, como la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), en cualquier mercado eléctrico en el mundo cada cinco o siete años se realizan acciones para mejorar la regulación”.

25 de enero de 2022

César Velázquez Robles

Y ahí estamos todos, desde el sábado, luego de escuchar el “tranquilizador mensaje”, hablando, escribiendo, opinando, especulando, sobre el testamento que nos anunció dejaría el presidente López Obrador. Nos quejamos de que el presidente pone e impone la agenda de la vida pública, pero lo primero que hacemos es hacerla nuestra, la convertimos en el centro de la conversación colectiva y así, a esperar la siguiente ocurrencia presidencial para seguir friéndonos en el aceite que todos los días se destila desde palacio nacional. No digo que el asunto no merezca atención. Por supuesto, que la merece. Y tan la merece que son incontables las columnas que en estos dos últimos días se han dedicado al tema. Nada más ayer, se podían contabilizar, por señalar solo algunos, los textos de Raymundo Riva Palacio, de Roberto Zamarripa, de Jorge Fernández Menéndez, de Pascal Beltrán, de Dennise Dresser y uno, inefable, del ideólogo de la llamada 4T, John Ackerman, que es casi de risa loca, o de pena ajena, según el estado de ánimo de cada lector.

Y a todo esto, ¿qué dice el testamento de López? Leamos lo siguiente: “Declaro pública y solemnemente… que he servido a mi patria con el esmero y lealtad que puede hacerlo un buen mexicano; y que en las diversas épocas de mi gobierno, en ningún caso han pesado sobre los habitantes de la República préstamos forzosos”.  Pero éste es otro López: Antonio López de Santa Ana, un dictador que ocupó por 11 veces el cargo de presidente de México. Ahí está una primera pista. Un testamento político no lo deja un demócrata; lo escribe, redacta o dicta un dictador, alguien que se siente cosido a mano, tocado por Dios, y para el que las instituciones propias de la democracia no garantizan la continuidad sin rupturas de un proceso histórico como el que hoy se está viviendo en nuestro país. López –el “vigesémico primero”, no el decimonónico– está convencido de que en su ausencia el proyecto de transformación se desbarrancaría –en lo cual probablemente no ande muy desencaminado–, de ahí que, como ha insistido luego del  estampido que sus palabras han propiciado, se trata de garantizar la gobernabilidad.

Así que no hay que darle muchas vueltas al asunto: la gobernabilidad no la garantizan las instituciones, ¡al diablo con su artículo 84 constitucional!, sino un testamento que será la carta de navegación no solo de sus partidarios sino de un pueblo entero para conquistar el porvenir. ¿Será también que el presidente desea, como Juárez, morir en Palacio Nacional? No es descabellada la hipótesis, sobre todo después de saberse que abandonó el hospital militar –donde debió haber permanecido algunas horas en reposo después del cateterismo— para regresar de inmediato al lugar donde falleció el Benemérito.

Bueno, la clave de toda la conversación pública está en la salud del presidente. Es la primera vez que el tema se aborda de manera abierta. Desde hace años se sabe de los males de López Obrador, pero el asunto no pasaba de rumores. Recuerdo que Riva Palacio escribió un texto en el que apuntaba que el entonces candidato –fue en la campaña de 2018–, padecía diverticulosis. Pero, al modo, el asunto quedó como un rumor, aunque con una cada vez más fuerte presión de sectores de opinión, que insistían en que el tema de la salud de las figuras públicas era en realidad un tema de interés general. Claro, por supuesto, estamos hablando de sociedades abiertas, pluralistas y modernas, no de sociedades cerradas, autoritarias y excluyentes. En las primeras, la salud de los líderes es un asunto que no incumbe a los ciudadanos, pues se considera que no han alcanzado la mayoría de edad política, aunque, ciertamente, hay casos en los que incluso en sociedades democráticas modernas, el tema parte de la cultura de la secrecía, de la opacidad del poder. Para no ir muy lejos en el tiempo, está el proverbial caso del presidente francés Francois Miterrand que, como ha recordado David Owen en su libro “En el poder y en la enfermedad. Enfermedades de jefes de Estado y de Gobierno en los últimos cien años”, pasó casi la totalidad de sus catorce años en el cargo con un cáncer de próstata, sin que su enfermedad se hiciera del conocimiento público.

En el mundo moderno no necesitamos darle muchas vueltas al asunto para entender y exigir que la salud de los gobernantes de haga pública. No es un asunto que pertenezca al ámbito de lo privado, pues estos, los gobernantes, toman decisiones en nombre de la ciudadanía, de los electores. Volvamos al caso de Miterrand: si los electores franceses hubiesen sabido que el candidato socialista padecía un cáncer de próstata, lo hubiesen elegido? Lo más probable es que no. En el caso de López Obrador, su estado de salud había tratado desde hace mucho tiempo de mantenerse en secreto. Incluso el tratamiento posterior a la operación por su afección cardiaca, ha tratado de manejarse, creo que de manera muy penosa, como un asunto de exámenes rutinarios, recurriendo a evidentes mentiras por parte de sus comunicadores, justamente porque lo que ha imperado y en la que se han formado, es una cultura de la opacidad y de la secrecía, confiscando en la práctica el derecho a la información y de acceso a la información.

Sobre este tema he recordado en otras ocasiones, siguiendo las reflexiones de Dennis F. Thompson en su libro “La ética política y el ejercicio de cargos públicos, la diferencia que establece entre el principio de intimidad uniforme y el principio de intimidad restringida. El primero, corresponde a todos como ciudadanos, es un derecho inalienable a desarrollar nuestra vida como particulares al margen de toda intromisión. Ese espacio de privacidad e intimidad es irrenunciable, en tanto que el segundo principio, el de intimidad restringida, corresponde a figuras públicas, a funcionarios electos o por designación, que toman decisiones en nombre de los ciudadanos. De ellos es necesario saber cuál es su estado real de salud –física y mental—para tomar decisiones que a todos nos pueden afectar. Su intimidad, su privacidad, es más restringida, pues tienen forzosamente, aunque no quieran, al escrutinio público. No aceptar esto, que es tan evidente, habla de esa cultura autoritaria que, pese a muchos avances, continúa instalada en nuestra vida pública.

Y bueno, mientras queremos saber el estado real de la salud del presidente López Obrador, éste sale muy orondo por la puerta principal de Palacio Nacional enfundado en la casaca nacional de beisbol y con su gorra, camino de algún campo deportivo, dispuesto a macanear por encima de los .300. Así están las cosas aquí. Es que, como dijo Blais Pascal, hay cosas del corazón que no entiende la razón.

24 de enero de 2022

César Velázquez Robles

No puedo menos que estar totalmente de acuerdo con el texto de Ana Luz Ruelas publicado el pasado sábado en el diario El Debate, a propósito del sainete que han venido escenificando el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y un grupo de diputados, muy dados a la reyerta, el choque y la confrontación, como lo han demostrado desde la pasada legislatura. Como habrá de recordarse, la pasada legislatura (2018-2021), la primera con mayoría de morena, quiso hacer valer su “compromiso con el pueblo” y demostrar que el nuevo poder político descansaba en la representación popular, rechazando la actualización de las tablas catastrales, frente a la exigencia o demanda del alcalde de que el Congreso debía autorizar aumentos conforme el índice inflacionario. Fue una disputa agria, en que las partes se cruzaron descalificaciones hasta el hartazgo, pero se impuso esa nueva mayoría: ni un solo cinco de aumento a las tablas, cero actualizaciones, y el municipio a rascarse con sus uñas. El choque venía de tiempo atrás, desde que se distribuyeron las candidaturas a todos los cargos de elección popular mediante los “democráticos” métodos de encuestas unidigitales o de tómbolas. Siempre visto como priista, el alcalde charoleó con el cuento de su estrecha amistad y cercanía con López Obrador, y los diputados locales. No solo llevó el tema ante el presidente, sino que lo llevó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y saben qué? La SCJN resolvió en su momento en favor de la posición del alcalde. Los diputados debieron haber actualizado las tablas catastrales al momento de aprobar los presupuestos de los 18 gobiernos locales.

Fue un triunfo político, jurídico y moral del alcalde de Culiacán frente a los diputados de morena, y frente a quienes desde el Congreso federal los apoyaron. Tercos como una mula, los diputados locales de nuevo, al aprobar los presupuestos de los gobiernos locales para 2022, decidieron no actualizar las tablas conforme al índice de inflación, como lo demandaban varios alcaldes, entre ellos Estrada Ferreiro. El munícipe irá de nuevo a tribunales y, ¿saben qué? Les volverá a ganar. Será un nuevo triunfo para el alcalde. Ya les ha dicho a los diputados hasta de lo que se van a morir, y ha recurrido a un muy florido lenguaje, con que lo único conseguido es la degradación de la política, haciendo que un triunfo relevante se diluya en la intrascendencia administrativa.

Bueno, pero volviendo a lo que escribe Ana Luz: dice que el Congreso morenista de Sinaloa no es más que “una camarilla de aventureros incapaces de actualizar las ideas y diagnósticos de los problemas para delinear nuevas políticas públicas. Comete “enormes burradas”, como “la resistencia de los lopezobradoristas para actualizar los ingresos municipales por predial para 2022 al nivel de la inflación, que en 2021 superó el 7 por ciento”, lo que “castiga directamente a las finanzas de los cabildos y sus capacidades para resolver múltiples problemas de servicios públicos”. No actualizarlo, en efecto, favorece a los que más tienen, y peor aún, la absurda política “quedabien” de establecer descuentos a los adultos mayores, solo lleva a crecientes dificultades de los gobiernos locales para atender una adecuada provisión de bienes y servicios públicos, incapacitados estructuralmente para atender la sobrecarga de demanda social. La “balconeada” del alcalde a los diputados Serapio Vargas y Luis Javier de la Rocha, deudores inveterados del predial, solo demuestra este nivel de descomposición moral con que se defiende una política absurda que solo busca llevar agua a su molino clientelar y electoral.

El conflicto entre el alcalde de Culiacán y un grupo de diputados morenistas tiende a escalar. Al tema se ha referido Alejandro Sicairos en su columna Observatorio, publicada en el diario Noroeste del pasado viernes. Hay un frente, Todos Unidos contra Estrada Ferreiro (TUCEF), en el que participan diversas fuerzas, entre ellas un bloque de diputados morenistas, de modo destacado Pedro Lobo y Serapio Vargas, que quieren llevar el choque hasta demandar su destitución y juicio político. Si hubiese un mínimo de decencia política, al menos el primero debería partir del reconocimiento de la derrota jurídica que les impuso el alcalde en el máximo tribunal, esperar a una eventual nueva resolución que, sin duda, seguirá el mismo cauce que la anterior, y luego ya plantear sus reclamos y estrategias. Ahí se tendrían tela de dónde cortar, ya que hay otros grupos y corrientes desafectas al alcalde, algunas de ellas con actitudes que lindan con la provocación y la violencia, y que formarían parte de este frente.

De acuerdo con Sicairos, otro grupo relevante sería el constituido por jubilados y pensionados a los que el alcalde ha cancelado el descuento del 50 por ciento en el consumo de agua potable y el pago del predial, un derecho, el primero, –recuerda el columnista—“que desde hace años está consagrado en la Ley de Agua Potable del Estado de Sinaloa”. De este beneficio pensado para los pobres, hay muchos gorrones. Ese es el problema con esta política pública, que no puede ser pensada para todos de modo indiscriminado, y si se quiere que realmente dé los resultados deseados, debe ser focalizada. Me parece que eso es lo que ha planteado el alcalde, lo que ocurre es que su estilo atrabiliario e intolerante, poco o nada le ayuda en el propósito de explicar y socializar una estrategia de esta naturaleza. Bien lo dice Ana Luz: “Se han establecido becas universales para adultos mayores que también se pretende que no paguen predial.  Pero no todos son menesterosos. ¿Usted cree que los jubilados del SNTE, el IMSS, la UAS, no pueden pagar predial? Muchos de ellos tienen pensión del bienestar además de doble jubilación”.

Finalmente, hay otro frente en el que están viudas de policías, comerciantes, activistas sociales, abogados, locatarios, regidores, maestros, trabajadores, pepenadores, etcétera, que también tienen algo que sentir por las acciones de la administración municipal actual.

Es comprensible y explicable el frente abierto por el alcalde en el caso de los diputados morenistas. Ese conflicto se alimenta de un estilo intolerante de hacer política de uno y otros. En esas condiciones, resulta muy difícil acercar posiciones, recurrir al diálogo o buscar formas de entendimiento que posibiliten un acuerdo mínimo que permita llevar la controversia en forma más o menos civilizada.

En los otros casos, que no son disputas con poderes institucionales, resulta totalmente incomprensible el trato del poder público local para con grupos ciudadanos, sobre todo los usuarios de los servicios públicos. El alcalde debe entender que la sobre carga de demanda social de la vida municipal, requiere de un liderazgo capaz de gestionar con eficiencia las interdependencias que se establecen entre la diversidad y multiplicidad de actores de la vida pública. No entiende que el papel, la función del líder es sentar a la mesa a todos y cada uno de los actores que son factores reales de poder, para negociar y acordar un programa, un plan, un proyecto, una estrategia compartida.

En su lugar, lo que hace es confrontarlos. Tratar de dar marcha atrás a “conquistas” como los descuentos en agua y predial, que son insostenibles para el desarrollo local, porque, además, una parte de las participaciones federales están en función del volumen de su captación y eficacia tributaria. El alcalde debe entender que el liderazgo está en función de los argumentos, de las razones de sus decisiones. Si no lo hace, si quiere recurrir al argumento de la fuerza, no tiene perspectiva.