18 de enero de 2022
César Velázquez Robles
Hay entre la población un muy extendido sentimiento de indefensión frente a la pandemia. Nos llaman desde el poder a no hacernos la prueba de antígenos covid, pues, nos dicen que si tenemos algunos síntomas, no hay que darle más vueltas al asunto: estamos contagiados. Luego, vemos, sabemos que los encumbrados se contagian y corren a hacerse la prueba. Entonces, ¿en qué quedamos? El presidente muy orondo, después de permanecer “aislado” por contagio unos días, aparece sin cubrebocas, lo cual considero que es ofensivo y humillante luego de las campañas para mantener la sana distancia, lavarse frecuentemente las manos, utilizar gel y ponerse el cubrebocas. En los días previos a su reaparición, nos anunció henchido de orgullo, que sus remedios habían sido unas pastillas de paracetamol, unas untadas de vaporub y unas caricias. Uno de nuestros mejores moneros locales lo describió magistralmente: mientras el presidente anuncia y promueve sus remedios, detrás de una mampara está un equipo de médicos, un quirófano, y todo el instrumental necesario para intervención en caso necesario. Lastima que no sea el caso de la gente común, que desesperada acude a las clínicas y hospitales públicos en busca de una prueba, tan solo una que permita acabar con la incertidumbre. Todos vivimos con el Jesús en la boca. El anunció de que en las próximas semanas más de la mitad de la población del país se contagiará, hace más dramática la situación.
Las pruebas, en este ambiente de desesperación, se han convertido en un negociazo de farmacéuticas, farmacias, establecimientos dedicados a la venta de equipo y productos médicos, y de no pocos vivales que están haciendo su agosto, como lo han hecho a lo largo de estos dos años con todo tipo de medicamentos, sobre todo con las mascarillas, a ciencia y paciencia de las autoridades, cuya ineptitud e incapacidad es ya proverbial no solo para definir una política pública en la materia, sino para poner un poco de orden frente a la actitud de avorazamiento de quienes se han dedicado a enriquecerse impunemente en estos tiempos. Resulta que en estos días una prueba rápida se está vendiendo en 300 pesos o más, y es previsible que, en un contexto de escasez –por supuesto artificial–, el precio se dispare a la estratósfera. ¿Qué hacen el gobierno, las autoridades sanitarias? ¡Nada, absolutamente nada! Que cada quien se rasque con sus uñas. Aquí y ahora, ante la ineptitud del gobierno, ante un capitalismo salvaje y depredador, no queda otra más que encomendarse a la divina providencia, como decía el clásico.
El gobierno debería voltear a lo que está pasando en otras latitudes con el asunto de las pruebas rápidas. En varios países europeos las autoridades se han dedicado a poner orden y a impedir que los avorazados actúen de manera impune. Pongamos por caso España. Ahí, este sábado entró en vigor la disposición –publicada en el diario oficial— que establece un precio máximo para las pruebas rápidas. Ese precio es de 2.94 euros, poco más de 60 pesos al tipo de cambio actual, en realidad un precio bajo en un país en el que los mileuristas –esto es, los que ganan mil euros mensuales– forman una legión de marginados económica, política y socialmente. Esas pruebas no hace mucho llegaron a tener un precio de 15 euros. ¿Fue disposición o buena voluntad de las autoridades? No; la decisión llegó después de las protestas y reclamos de consumidores y expertos ante la escasez de pruebas frente a un claro acto de especulación contra la salud de las personas. ¿Pueden o no pueden las autoridades hacer algo? ¿No tienen fuerza ni capacidad de meter al orden a farmacéuticas, empresas distribuidoras y particulares que han montado sus negocitos con los que están obteniendo pingües ganancias? Es cierto que hace falta una asociación de consumidores con fuerza y capacidad de movilización para obligar a autoridades y particulares a actuar con mesura, sin excesos. Mientras, ajo y agua.
Bueno, dum spiro spero, mientras hay vida hay esperanza: recién se publicó un estudio del Instituto de Soluciones Globales, con sede en Barcelona, en el que establecen que la pandemia de Sars Cov-2, evolucionará hacia una situación endémica, aunque sin fijar plazos, en un esquema de evolución y desarrollo desigual. En el estudio titulado “¿Cuándo y cómo acabará la epidemia?”, se apunta: “… cada país o región probablemente hará su transición a una fase endémica en un momento diferente y de una forma distinta, pero la pandemia no será endémica hasta que todos los países hayan alcanzado esta fase”. Y añade: “la única forma de reducir este riesgo y acelerar la salida de la pandemia consiste en mantener ciertas intervenciones no farmacéuticas en vigor y garantizar un acceso verdaderamente global a vacunas y tratamientos… Las principales amenazas para la salud de esta pandemia llegarán a su fin, como ha sucedido con todas las pandemias anteriores. La cuestión es cuándo, cómo y después de cuántas muertes. El cuándo llegará probablemente en diferentes momentos en distintas partes del mundo”.
El asunto es que aquí entre nosotros no sabemos qué pasará. La intervención gubernamental es desastrosa; el responsable de la lucha contra la pandemia carece de autoridad científica y moral para orientar los esfuerzos institucionales y de la población; la población se siente indefensa y hace lo que puede para sobrellevar esta circunstancia que ha terminado por rebasar a todos; las autoridades –de todos los ámbitos, esferas o niveles—se regodean en la atención que se dispensan frente al contagio –ahí está el caso del presidente y su protegida— y, en resumidas cuentas, aquí, frente a la pandemia, no hay viento favorable porque no sabe a dónde va. Ese es el asunto.
