POLITEiA

15 de diciembre de 2021

César Velázquez Robles

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de suspender parcialmente el acuerdo del gobierno federal que consideraba las obras de infraestructura estratégicas como de interés general y de seguridad nacional, es una más en la larga cadena de derrotas que acumula Andrés Manuel López Obrador. Es, sin duda, una derrota jurídica pero, ante todo, es para el poder una enorme derrota política. Demuestra que pese a todos los esfuerzos por violentar el Estado de derecho, sigue funcionando el modelo de control social recíproco propio de un régimen democrático basado en la división de poderes. La argumentación de los magistrados consideró válidos los razonamientos esgrimidos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, uno de los organismos dotados de autonomía constitucional, en el sentido de que el “decretazo” del gobierno federal invadía la esfera de atribuciones que la Carta Magna le concede para determinar la naturaleza clasificada o reservada de la información pública. Al decidirlo así, los demócratas, todos aquellos que han luchado durante años por romper con la cultura de la secrecía y la opacidad del poder, deben sentirse satisfechos y celebrarlos como un importante triunfo que garantiza el derecho de acceso a la información y la defensa de la institucionalidad democrática.

Esta cultura de la opacidad y la secrecía, como todos sabemos, expresa la resistencia del poder, de todo poder, a la transparencia y la rendición de cuentas. Es la negativa férrea a poner bajo escrutinio público el quehacer de las instituciones. Es el modus operandi de un ejercicio arbitrario del poder que no acepta controles, y que considera los asuntos públicos como una extensión de los asuntos privados. No es gratuito por ello, que alrededor del 80 por ciento de todos los contratos públicos se hayan decidido sin licitación, violentando la legalidad en la materia y abriendo el camino a hechos de corrupción, que han sido claramente denunciados por organismos internacionales en la materia, que ubican a nuestro país como uno de los más corruptos del mundo.

Con la decisión de la Suprema Corte, el “decretazo” tiene una vida efímera, pues el poder judicial entiende que la decisión gubernamental de considerar la construcción de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía como obras de interés general y de seguridad nacional, “se encuentra relacionado con un régimen de opacidad y secreto que no se ajusta a las directrices establecidas para la aplicación de excepciones al derecho de acceso a la información”. Esta argumentación está en línea con la tesis sostenida por el propio INAI que en su demanda planteó que “la suspensión solicitada no constituye un peligro a la seguridad nacional porque no se encuadra en ninguno de las premisas normadas, es decir, no existe amenaza o riesgo que enfrente el país ni su defensa legítima, no se pone en riesgo la soberanía, independencia nacional o la defensa del territorio, no hay vulneración al orden constitucional, al fortalecimiento de las instituciones democráticas o a la unidad de las partes integrantes de la federación y, no se atenta en contra del desarrollo económico, social o político de México”.

De ahí, que la Corte haya considerado como “procedente… que se suspendan todos los efectos y consecuencias del acuerdo impugnado que deriven de catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para tal efecto”.

No se trata de una resolución definitiva, ni tampoco es total. Es parcial y puede reconsiderarse. Pero indudablemente es un triunfo democrático. Es una buena noticia que sigue funcionando el modelo de control de nuestro ordenamiento democrático, pese a los excesos y arbitrariedades del Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones. Se trata ahora de hacer justamente que decisiones de esa naturaleza contribuyan a reducir los espacios que en nuestra convivencia ocupa la cultura de la desconfianza en las instituciones.

El conflicto alcalde-Congreso seguirá escalando

Estaba cantada la decisión del Congreso con relación a las tablas catastrales: no se autorizaría la actualización o aumento de las tablas catastrales del 6 por ciento que demandaba el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, sino aumentos menores de entre 2.5 y 4.0 por ciento. Era también evidente el enojo, la molestia, el coraje, la irritación del presidente municipal. Así lo dejó ver en su intervención de 30 minutos en la tribuna congresual, en defensa de su propuesta, que en realidad fue montada por los diputados como una válvula de escape frente a una decisión que, se sabía, provocaría la muina del primer edil.

Pero si a alguien no le gusta hablar de “florecitas y amores míos” con los diputados ni con el gobernador Rubén Rocha Moya es al presidente municipal. Su lenguaje directo y llano, ese estilo vitriólico que tiene de dirigirse a algunos de los interlocutores que no quiere –y que tampoco lo quieren a él— vuelve imposible encontrar un espacio común de entendimiento. Pidió a los diputados votar en conciencia y a que no se llenen la boca hablando de la 4T y de “por el bien de todos, primero los pobres”. Se comprometió a renunciar –fíjese usted bien, qué despropósito, como si ya la tuviera en la bolsa— a la candidatura al Senado de la República, si sus señorías le autorizaban el incremento al predial solicitado, y asumir los costos políticos que tal decisión significaría. Todo ello, para terminar con este llamado. “Yo apelo a la conciencia de ustedes, a la dignidad como personas, que se les respete y voten como les pegue la gana, no como les digan, voten a conciencia. Muchas gracias por escucharme. Les reitero mi respeto a todos. Yo digo las cosas como son. A mí no me manda el gobernador ni los diputados, más que cuando hagan leyes que las tengo que aplicar.”

¿Cuál es el futuro de este enfrentamiento? El mismo de los años precedentes. El alcalde interpondrá un recurso ante la Corte. La Corte tomará cartas en el asunto. Decidirá como lo hizo ya hace tres años, en su favor. Obtendrá un triunfo moral. Ahondará la brecha con el Legislativo. No será candidato al Senado, pues su valedor –bueno, eso dice él— López Obrador, ya irá de salida. Creo que, al igual que hace tres años, cuando el tema se abordó al definir el presupuesto de 2019, el alcalde tiene razón. Y se siente legitimado por el respaldo que tiene del Tribunal. El problema es que le falta esa pizca de sensibilidad… que tampoco tienen los de la tienda de en frente, aunque trabajen para la misma firma.

13 de diciembre de 2021

César Velázquez Robles

Hoy día, izquierda puede significar cualquier cosa. López Obrador se dice de izquierda y llama a sus correligionarios a no perder esa identidad que se funda en un afán justiciero. El PT se define también como un partido de izquierda. Movimiento Ciudadano se inscribe en esta misma línea ideológica, morena por el estilo y ahora el PRI, en su 23 asamblea nacional, asume esta adscripción. Si hiciéramos caso a tanto compromiso ideológico izquierdista, tendríamos ese espectro político mexicano muy claramente colonizado por formaciones que estarían disputándose un electorado decididamente progre; una derecha representada por el PAN sin grandes adversarios en esa franja del espectro, y un centro político poco atractivo que, como dijo el presidente, es más bien el fruto de la propaganda neoliberal.

El PRI, según uno de sus más preclaros dirigentes, Humberto Moreira, coordinador del grupo parlamentario en la cámara de diputados, no tiene duda alguna: es un partido de centro-izquierda, de claro y decidido corte socialdemócrata, que ha decidido en esta asamblea nacional, darle, según sus propias palabras, una patada al neoliberalismo. En un tuit apuntó: “Por mandato de la 23 Asamblea somos un partido de centro izquierda. Somos socialdemócratas, feministas, ambientalistas, enemigos de la discriminación, progresistas, aliados de las causas populares. Le dimos una patada al neoliberalismo que nos impusieron desde el poder”.

En realidad, la práctica política del PRI, a lo largo de su periodo de dominación política, buscó su identidad en el encuentro no de una ideología precisa –digamos como la que definió la naturaleza de los grandes partidos clásicos del mundo occidental –liberales, comunistas, socialdemócratas, demócrata-cristianos,  socialistas— sino en un modelo que economistas marxistas ortodoxos calificaron como nacional-revolucionario, una vía intermedia entre el modelo capitalista y el modelo socialista, y que caracterizó a una gran parte de los países que rompieron, a partir de la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, con el viejo modelo colonialista de destrucción y saqueo de sus riquezas. Este modelo suponía una alianza interclasista, que otorgaba un papel principal a la burguesía nacionalista, en el objetivo y tarea de promover un desarrollo autónomo y sostenido. Su correlato en la política era, obviamente, un gran frente nacional pluriclasista: burguesía nacional, incipiente clase obrera, trabajadores de la ciudad y del campo, estamentos militares y sectores vinculados a la educación, la cultura y la intelectualidad. En suma, un modelo en el que cabía todo mundo: había de chile, de dulce y de manteca. Este es el modelo que siguió la política en México, y que permitía a los gobiernos priistas, al identificarse con las luchas progresistas y anticolonialistas, construir la coartada que le permitía venderse en el mundo como un gobierno de izquierda. Prácticamente todos aquellos países que emprendieron guerras de liberación nacional y lograron triunfar, con el paso del tiempo devinieron en dictaduras crueles. Para fortuna nuestra, no fue el caso de México, aunque si se estableció un régimen de corte (semi)autoritario, por supuesto siempre alejado de los valores de la izquierda clásica.

Lo suyo nunca fueron los valores de igualdad y justicia. Sin embargo, siempre buscó el acercamiento con organizaciones de la izquierda mundial. Así, fue su incorporación a la Internacional Socialista, luego de que esta organización puso su vista en América Latina a raíz del golpe militar en Chile en 1973.  Con el surgimiento del PRD en México, que tenía el propósito de consolidarse como una alternativa socialdemócrata, se hicieron famosos los conflictos con el PRI en los congresos de la Internacional, cada uno de ellos reclamando para sí su condición de interlocutor legítimo con los grandes partidos de este corte. Lo más cerca que el PRI ha estado del ideario socialdemócrata, es posible encontrarlo en los documentos y resoluciones de la 19 Asamblea Nacional, en los tiempos de Luis Donaldo Colosio, gracias a un equipo de intelectuales mexicanos vinculados a esta tradición ideológica, que tenían nexos importantes con la socialdemocracia alemana, los socialistas españoles y franceses, y que nutrieron posicionamientos ideológicos de avanzada.

Lo real, lo cierto, es que los partidos mexicanos no han sido históricamente partidos ideológicos, y de la derecha, tal vez solo el PAN. Quizá se deba a la naturaleza propia del desarrollo histórico de la sociedad mexicana, en la que las definiciones ideológicas clásicas nunca han ocupado un espacio relevante. Por otra parte, la definición ideológica de un partido no se hace por decreto: supone un debate abierto, una confrontación de ideas, que un congreso virtual difícilmente puede procesar. A ello añádase la presencia de mecanismos de control que han confiscado a la militancia los espacios para la discusión, y se tienen todos los ingredientes para darle a la organización la identificación ideológica que se quiera.

El alcalde y el lenguaje político endurecido

Nunca está de más insistir en la necesidad de que en las relaciones entre los actores políticos se establezca un trato civilizado y respetuoso. Sólo así es posible acercar posiciones y limar las aristas más filosas de la relación que impiden encontrar un campo común de entendimiento. La relación entre un grupo de diputados de morena y el alcalde de Culiacán, que acumula ya un enorme deterioro, es de pena ajena. Si con los diputados de la pasada legislatura sobraba para un sainete, ahora, con la incorporación a las filas morenistas de un diputado como Serapio Vargas, la cosa adquiere ya ribetes de vodevil. Frente a declaraciones groseras e insultantes de uno de ellos, la respuesta es todavía más virulenta del otro, y así va escalando un conflicto que no tiene visos de solución. El tema de las actualizaciones catastrales, como ocurrió hace casi tres años, ha profundizado la brecha ente el presidente municipal y sus señorías en una absurda medición de fuerzas. Aquél, demandando una actualización del impuesto predial conforme al índice inflacionario; éstas, rayándole el cuaderno, y solo dispuestos a un incremento que no exceda el cuatro por ciento, bajo el argumento de evitar más daños a la economía popular.

Pero el alcalde se defiende. Tiene argumentos válidos, pero también un lenguaje bastante florido, duro, de madera, que aleja toda posibilidad de entendimiento. He aquí sus declaraciones de la semana pasada: “Para los ricos sí es mucho dinero porque van a pagar más, pero para la gente pobre el 6% de cada mil pesos, van a ser 60 pesos al año. ¿En qué les impacta? Y aquí vale la pena tocar el otro tema también, porque hay la grilla de un diputado hocicón Serapio Vargas, que nos anda hasta mentando la madre prácticamente, que dice lo del agua potable van a firmar la Ley para evitar que la reglamentemos el descuento, ya les explicamos a los diputados con palitos y bolitas, nada más él y otros dos no entendieron, y el del PAN tampoco entendió, o se hacen como que no entienden”.

¿O usted cree que con este lenguaje hay alguna posibilidad de entendimiento?