24 de febrero de 2022
César Velázquez Robles
Lo que fue un tema de la agenda pública que rápidamente pudo haberse atendido y resuelto con disposición y buena voluntad presidencial para que a través de las investigaciones pertinentes se esclareciera este affaire, escaló rápidamente, contribuyendo a la polarización política que, a estas alturas, ha penetrado ya por todos los intersticios de nuestra convivencia.
Desde que estalló el caso, hace poco más de tres semanas, algunos especialistas advirtieron que el presunto caso de conflicto de interés que significaba la casa de Houston, no constituía per se un delito, y que abrir el asunto al escrutinio permitiría resolverlo sin desdoro para las partes. En esa línea, escribí mi colaboración para Punto Crítico Sinaloa Digi TV el 16 de febrero, en el que planteé: “Un asunto aparentemente sencillo, que según los entendidos no configura un delito, el de conflicto de interés, se ha convertido en una enorme bola de nieve que pone gravemente en entredicho el discurso anticorrupción del presidente. Pero lo suyo es no retroceder. Aceptarlo sería el fin del mito.
En su lugar, ha imperado un discurso de excesos verbales, planteando el asunto como una gran disputa por la nación entre “buenos” y “malos”, y haciendo chuza con todos los periodistas, analistas y comentaristas que, a juicio del poder, están al servicio de los peores intereses injerencistas o golpistas. Esto es, un lenguaje endurecido, que excluye, y que se inscribe en una lógica de guerra con todo lo que ello significa.
Pero volviendo al tema: ayer, en El Financiero, Raymundo Riva Palacio abordó el asunto, y apuntó que la auditoría para saber si hubo o no conflicto de interés, fue realizada por un prestigiado despacho de abogados “que entre sus especialidades está el cumplimiento corporativo de normas éticas”. “En la auditoría no se encontró ninguna implicación con el hijo del presidente, ni comportamiento inapropiado por parte de Baker Hughes en la operación de arrendamiento”.
Dada nuestra cultura y la inveterada costumbre de hacer investigaciones y auditorías a modo para exculpar a figuras del poder económico y político de sus eventuales responsabilidades, es natural, dice Riva Palacio, que se homologuen las acciones para cumplir con normas éticas que se llevan a cabo en México y Estados Unidos. Sin embargo, en el país vecino, “individuos y empresas saben que si cometen un delito pueden ser descubiertos y pagar con multas y cárcel su ilegalidad”.
El asunto es que aquí no se corre ese riesgo: se violenta la legalidad, se transgrede la ley, se asumen los asuntos públicos como si fuesen una extensión de los asuntos particulares, y se premia la corrupción. No ocurre así en Estados Unidos, donde, dice Riva Palacio, “el cumplimiento de las normas éticas se ha vuelto un instrumento de gobierno corporativo fundamental desde principios de este siglo”, y después de escándalos de corrupción de grandes conglomerados y consorcios, “la ley busca la protección de los accionistas, los empleados y el público en general de las malas prácticas, con previsiones que vigilan los conflictos de interés, castigando la opacidad, exigiendo la transparencia y obligando a que las empresas tengan auditores externos”.
Así las cosas. Ocurre, sin embargo, que los discursos excluyentes en este y en casi todos los temas, dominan la conversación pública. Quienes están convencidos desde el principio de que estamos ante un caso de corrupción del poder o de que la auditoría ha sido un procedimiento a modo para ocultar los malos manejos entre la empresa y el gobierno mexicano, no cambiarán de parecer. A su vez, quienes están convencidos de que todo fue un tinglado armado por la mafia del poder, refirmarán su discurso beligerante y sentirán que tienen ahora más motivos para perseguir y castigar a quienes pusieron en entredicho la prístina y acrisolada honradez del presidente.
