ZONA POLITEiA: Revocan una ley que nunca entró en vigor.
20 de enero de 2022
César Velázquez Robles
En el ámbito nacional, todos los gobernantes tienen la tentación autoritaria de limitar los controles que impiden el ejercicio arbitrario del poder. El PRI no perdía oportunidad de amenazar con iniciativas de reforma electoral que contenían, casi siempre, la intención de reducir la cantidad de diputados tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. Desde la tienda de en frente, las oposiciones, el PAN y el PRD, primero, y después morena, hacían una defensa numantina del tamaño del Congreso y, sobre todo, de los diputados de representación proporcional con el argumento central –a mi juicio correcto– de que su existencia era la mejor garantía de corregir las distorsiones de la representación. La llegada al poder de morena no modificó mucho los argumentos: simplemente se invirtieron los términos de la ecuación. Morena pasó a defender el recorte de parlamentarios, mientras que el PRI, ahora en la oposición, enarboló los argumentos que antes eran la bandera de las minorías. Por allá a mediados del año pasado, el presidente López, por ejemplo, en una reunión con empresarios en la que abordó el tema de la reforma electoral, (se) preguntó: “¿Para qué tantos diputados? ¿Por qué no nada más se quedan los de mayoría? ¿Por qué no se quitan las 200 plurinominales, pero no solo en la Cámara de Diputados, también en la de Senadores? Vamos a reformar la ley, la Constitución, para que haya democracia plena”, Claro, como siempre estaba la salvedad presente: “Si no quieren los legisladores, nada por la fuerza”.
En los estados, réplicas de los gobiernos federal, los gobiernos estatales seguían –siguen ahora más que nunca— las directrices de la Federación. Cada gobierno subnacional, claro, por supuesto, con el control de su poder legislativo, asumía como propia la política diseñada por su partido. Sinaloa no fue la excepción. Apenas iniciado el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, envió al Congreso una iniciativa de reforma electoral para reducir el tamaño del poder legislativo, recortando la cantidad de diputados de mayoría relativa y de representación proporcional. Fue una iniciativa que no estuvo precedida de una discusión amplia en la sociedad, tan apresurada que sorprendió a todo mundo, pues no estaba en la agenda de asuntos públicos relevantes. Un Congreso de clara mayoría priista sacó adelante sin problemas de la reforma, que reducía el Congreso a 30 diputados –20 de mayoría relativa y 10 de representación proporcional— y disminuía también el tamaño de los 18 cabildos. La reforma entraría en vigor para las elecciones de 2021. Pero hete aquí que para 2021 el PRI ya no era la mayoría en el Congreso, sino morena. Unos y otros dejaron en suspenso la ley, de tal modo que para las elecciones de junio de 2021 se votó por 24 diputados de mayoría relativa y los correspondientes 16 plurinominales. Se esperarían mejores tiempos para revocar esa ley que nunca entró en vigor, al menos en loque se refiere a diputados. Ese momento llegó esta semana: se vuelve a lo que nunca se cambió.
En realidad la reforma quirinista no tenía motivación política, mejorar la representación, facilitar el desempeño y productividad de los legisladores o responder a un sentido reclamo ciudadano. Simplemente se aprovechó del desprestigio de un poder que funcionaba como oficialía de partes del poder ejecutivo, y de unas figuras políticas poco dispuestas a expresar su autonomía e independencia política. El argumento era más bien el prosaico asunto económico: disminuir el costo de un poder y reorientar los recursos hacia la atención de las más sentidas demandas populares.
Ni la reforma ni la contrarreforma se hicieron con el consenso ciudadano. Simplemente fueron decisiones del poder para materializar ideas malas (disminuir el espacio de la representación) que parecen buenas (reducir el parasitismo político y el carácter oneroso de un poder ineficiente que no representa un contrapeso real, según una muy extendida percepción ciudadana). Los argumentos mismos de sus señorías son bastante pobres, según los recoge Alejandro Sicairos en su columna Observatorio: “de haberse llevado a cabo la reducción de diputaciones, hubiese provocado que el Congreso del Estado pierda representatividad por lo que respecta a los habitantes del estado, toda vez que mientras menos legisladores se tengan, menor será la capacidad de atención por cada legislador a sus representados”. O este: “las 75 mil 674 personas que representa cada diputado pasarían a ser más, haciendo más difícil la labor de cada representante popular en abarcar y atender las necesidades de sus representados”.
Si acaso, una referencia que debería haber sido el hilo conductor de toda la trama argumental: “reducir el número de diputaciones locales de 40 a 30 implica que la voluntad ciudadana, garantizada precisamente en que cada voto cuente con el mismo valor, se vería afectada en relación a las diputadas y los diputados electos por el Principio de Representación Proporcional, al eliminar espacios que pudieran ser asignados de acuerdo a la totalidad de sufragios obtenidos por un partido político en una elección, independientemente de las curules alcanzadas de acuerdo a los resultados en los Distritos Electorales Uninominales”.
¿Y este argumento no lo vieron en su momento los diputados del PRI que habían aprobado sin discusión la ley reduccionista?
Pero me parece que no hay que exagerar ni sacar las cosas de quicio: dice Sicairos que en el propósito de restablecer su estatus, los diputados “no calcularon las consecuencias que ello tiene para finanzas públicas devastadas y la decaída capacidad contributiva de la población que no soportan mayores cargas de estructuras burocráticas que en nada benefician a los gobernados.” El asunto no es económico-financiero; es político. Diez diputados más, diez diputados menos, no significan carga para el erario, no modifican de manera sustancial el presupuesto de este poder. El asunto está en la calidad de la deliberación, del debate. En un ejercicio ético que dignifique la calidad de nuestra democracia. Eso es lo que hay que exigirle al Congreso. Ahí nos salen debiendo. Eso sí tiene consecuencias para nuestra convivencia.
ZONA POLITEiA ¿Quién busca apropiarse de la Corte?
19 de enero de 2022
César Velázquez Robles
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, publicó ayer martes en el diario Milenio un interesante artículo sobre el papel que juega este órgano en el propósito de garantizar la gobernabilidad de la sociedad democrática, las presiones a que se ve sometido en el proceso de toma de decisiones, y la incomprensión de grupos y sectores cuando sus decisiones no se corresponden con sus intereses o intenciones. La parte final de su texto es muy revelador: “Como servidor público, debo tolerar la crítica y así lo he hecho siempre, hasta en los momentos más difíciles de mi carrera. Pero como presidente de la Corte me corresponde defender la integridad de la institución frente a los ataques que no buscan sino apropiarse de ella.” Es evidente que esta parte lleva dedicatoria. ¿Quién busca apropiarse de la Corte? Bueno, quien desde posiciones de poder enfila sus ataques contra la judicatura; acusa a sus integrantes de estar al servicio de intereses de minorías rapaces; promueve su reforma y quiere interferir en su condición de órgano autónomo e independiente alentando cambios para prolongar el mandato de su titular bajo el argumento de que sus integrantes no son dignos de confianza. Por ahí están las pistas que pueden llevar a esclarecer el propósito de los ataques, y ponerle a su autor nombre y apellido.
En los próximos días la Suprema Corte tiene que abordar la controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), sobre la afectación presupuestaria que supone la restricción de recursos para cumplir con el proceso de revocación de mandato que establece la Ley correspondiente. Todos los que estamos interesados en los asuntos de la vida pública nacional estamos pendientes de la discusión y la resolución del máximo tribunal constitucional, y sabemos también que sus decisiones son irrecusables. Puede dar en este caso la razón al INE, pero también puede darle la razón a la Cámara de Diputados y al gobierno de López Obrador. Si se decanta por la primera opción, el Legislativo y el Ejecutivo tendrán que “apechugar” pero el costo político para la Corte puede ser enorme, y si falla a favor de los poderes, ya tendrá que ver el INE cómo le hace para cumplir con lo que la Ley le mandata, con la decepción de muchos mexicanos que están convencidos de que la autonomía e independencia del poder judicial es inexistente.
En otras palabras, la Corte no quedará bien con Dios y con el diablo. Pero no es eso lo que preocupa a Zaldívar, que entiende que “los tribunales hablan a través de sus sentencias, por lo que el foco debería ponerse en los argumentos que los sustentan”. Y en seguida, algo sobre lo que los demócratas deberíamos reflexionar: “La imparcialidad, la autonomía y la independencia judiciales no se demuestran dando la razón a una u otra parte, sino cuando los razonamientos en que descansa la sentencia son persuasivos, incluso para quien perdió.”
No estamos acostumbrados, no tenemos esa cultura. No alcanzamos a entender a plenitud que en la división horizontal de poderes, hay un sistema de pesos y contrapesos que impide el ejercicio arbitrario del poder que a cada uno de ellos le confieren las reglas del juego que constituyen el orden constitucional. Este modelo de control social recíproco es la fortaleza del sistema democrático, y permite entender que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se controlan y limitan mutuamente, pero como bien acota Andreas Schedler, “los actores políticos en un sistema democrático, trátese de individuos o de organizaciones, nunca se enfrentan ni en perfecta igualdad ni en absoluta desigualdad de poder”. Quizá este hecho en el caso de nuestro país, y una larga historia de subordinación al “poder de los poderes”, lleve a pensar de manera fatalista en el sentido de la resolución que viene.
Un presidencialismo exacerbado ha terminado por capturar a un poder legislativo obsecuente y hace pensar que este mismo proceso ocurrirá con el poder judicial. A ello también se ha referido Zaldívar, al señalar que su independencia está en función del sentido de sus fallos “y se ha pretendido instalar la idea de un poder judicial capturado, que ha abdicado de su función equilibradora”. Además, todo mundo desea que la Corte resuelva conforme sus intereses, y cuando no ocurre así, de inmediato acusan parcialidad de sus decisiones. Y apunta: “Paradójicamente, cuando es del gobierno de donde provienen las críticas –lo que por cierto desarticula la narrativa de la captura–, exigen que salgamos a condenarlas por antidemocráticas.”
Lo cierto es que los propósitos de control siempre estarán ahí presentes. Las pulsiones autoritarias derivadas de un presidencialismo acostumbrado a pocos contrapesos buscarán controlar y subordinar al poder judicial. Recordemos que lo hizo Zedillo, quien se dio el lujo de suspender al Judicial so pretexto de una urgente reforma. López Obrador ha designado ya cuatro nuevos ministros de la Suprema Corte, de los que podría suponerse que apoyarán propuestas o iniciativas presidenciales, pero no hay una relación mecánica de subordinación, por más que la historia pueda decir lo contrario. Recordemos, además, el caso del poder judicial en Estados Unidos, donde Trump pudo designar dos ministros, que en su momento frente a decisiones cruciales fueron capaces de votar en sentido contrario a los intereses presidenciales.
No hay, así, nada escrito. El caso que tendrá que abordar la Corte en los próximos días, estará en el centro de la atención de la opinión pública nacional. Lo que decida, sea favorable al INE o sea favorable al gobierno y al legislativo, tendrá que ser acatado. No hay otra instancia a la cual recurrir. Lo que sí hay que pedir es que cualquiera que sea el fallo deberá sustentarse, tener razones y argumentos, ser capaz de persuadir, como escribió Zaldívar, incluso para quien perdió.
Si ello ocurre así, ganará la vida democrática.