07 de enero de 2022

César Velázquez Robles

Ayer jueves 6 de enero se hizo público el llamamiento a la conformación del Frente Cívico Nacional. Se condensan en ese documento, ideas, proyectos, propuestas y propósitos de restauración de una vida democrática plena y de defensa de las libertades. Va dirigido a ciudadanos con partido o sin partido, a trabajadores, a académicos, investigadores e intelectuales, a la variopinta conformación de la sociedad civil, a organizaciones gremiales, profesionales y a los partidos mismos, y tiene el propósito de hacer una contribución decisiva a la conformación de un polo con capacidad para ofrecer una alternativa a la degradación de nuestra convivencia. Su horizonte temporal está en la sucesión presidencial de 2024. Contiene un diagnóstico de la situación actual del país, y más allá de nuestros acuerdos y desacuerdos con la visión que ofrece de la realidad nacional, es un texto valioso alrededor del cual puede organizarse una reflexión seria, un debate respetuoso, una revisión de las estrategias que pueden orientar y dar sentido a una acción colectiva ampliamente compartida. No pretende sustituir el trabajo de los partidos de la oposición, pero sí insistir en la necesidad de procesar convergencias estratégicas con sentido de futuro, a partir de la convicción de que la acción aislada poco puede hacer para impedir que prospere una restauración autoritaria. Dejo a los lectores el link para acceder a la lectura del documento, y aprovecho para recoger ahora algunos de sus planteamientos centrales:

http://www.siempre.mx/2022/01/llamamiento-a-la-conformacion-del-frente-civico-nacional/

1.- El documento parte de la siguiente consideración: el país vive momentos críticos y no podemos ser meros espectadores. Los problemas se agravan y los daños a las instituciones son cada vez mayores. Se cierne sobre México la amenaza creciente de la restauración autoritaria. Tal y como sucedía en el siglo pasado, el Ejecutivo busca someter a los otros poderes como ya lo ha hecho en el Congreso a través de la mayoría a su servicio incondicional. Quiere constituirse en la voluntad suprema de la república, buscando quitar contrapesos, por lo que también le estorban los órganos autónomos a los que pretende capturar cuando no desaparecer.

2.- La libertad de expresión está bajo asedio, se persigue a la disidencia en centros de investigación y se amenaza la autonomía de las universidades. Se persigue asfixiar a las organizaciones de la sociedad civil negándoles recursos para su labor solidaria comprometida con las mejores causas. La prioridad de la presente administración es la acumulación de poder y el control político. No quiere rendir cuentas ni ser vigilada por el periodismo crítico, ni por la ciudadanía organizada. Si no aceptan contrapesos institucionales, menos los sociales.

3.- La agenda de género se encuentra atascada. Se abandonó a su suerte a cientos de estancias infantiles, a refugios para mujeres y niños que sufren violencia doméstica y es insultante el desprecio del presidente ante los feminicidios y ante el movimiento feminista al que absurdamente asocia al neoliberalismo.

4.- En la economía, el país se encamina no solo a un sexenio perdido, sino de franco retroceso. La recuperación está siendo lenta y deficiente. Se han ahuyentado inversiones, debilitado el Estado de derecho y desperdiciado oportunidades de impulsar el desarrollo. La iniciativa de contrarreforma eléctrica es un despropósito del mismo calibre en su yerro, pero con consecuencias todavía más funestas, pues anclarían al país en el pasado, retrasando la transición energética y condenando a normalizar apagones y altos precios.

5.- Las prioridades del gobierno responden a caprichos, carecen de planeación y son de rentabilidad cuestionable. Ahí se va el dinero, lo mismo que en programas sociales clientelares que están pensados para la operación electoral, agregando a los más necesitados el envilecimiento de comprar su libertad política. Todo lo contrario de programas sociales para combatir la pobreza que sean debidamente focalizados.”

6.- La violencia homicida se mantiene en los niveles más altos del siglo. La impunidad es rampante. La militarización de la seguridad pública y de otros sectores importantes, tradicionalmente civiles, no tiene como objeto enfrentar a la delincuencia, sino que responde a motivaciones políticas que nada tienen que ver con la democracia. Las fuerzas armadas son utilizadas por el presidente para sus caprichos porque abusa del mando jerárquico. Al pueblo que lo atrape la tragedia diaria, el presidente vive en Palacio Nacional en su oasis imaginario.

7.- Por lo anterior debemos organizarnos y dar la batalla cívica por el país. Asumir esa responsabilidad sobrepasa a los partidos e interpela a toda la sociedad. No basta con oponerse al gobierno actual, es indispensable construir la alternativa al desastre en curso, algo en lo que todos podemos colaborar. La experiencia nos dice que la unidad hace la fuerza y es correcto que los ciudadanos sean el eje de una gran alianza por la nación, con miras a las cruciales elecciones de 2024. Elaborar el programa de rescate de manera horizontal y participativa, incidir nacional y localmente en las luchas de la sociedad por sus derechos, resistir al creciente autoritarismo y servir de puente con los partidos de oposición, así como con otras organizaciones, para sumar esfuerzos y procesar un acuerdo muy amplio que permita ir con una sola candidatura presidencial, resultante de elecciones primarias abiertas, a la disputa por una nación incluyente y democrática, serían objetivos del Frente Cívico Nacional. Nada mejor que un abanderado elegido por los ciudadanos, enarbolando un proyecto elaborado pluralmente, para enfrentar al designado por una persona que aspira a ser el poder tras el trono.

8.- Nos arrepentiríamos de lo que dejemos de hacer ahora para detener la destrucción y darle una opción distinta y mejor a los mexicanos y sus descendientes. No queremos regresar a la situación previa, los ciudadanos castigaron con razón al llamado régimen de la transición. Se trata de aprender del pasado, rescatar lo valioso, componer lo que tenga remedio y cambiar para superar la polarización y caminar unidos en un proyecto compartido que garantice la profundización de la democracia, la vigencia de derechos y libertades y una sociedad justa y solidaria.

9.- El Frente Cívico Nacional será una alternativa de organización plural e inclusiva, abierta y deliberativa, democrática y transparente. Súmate. Estamos convencidos que solamente con una plataforma amplia y horizontal, donde se vindiquen los derechos de los ciudadanos en todos los rincones del país, y se atiendan los problemas locales, podremos vencer la inercia destructiva y asegurar un nuevo despertar para el país.

10.- Aquí son los ciudadanos los que fijan la ruta, y la plataforma es de quienes quieran impulsar un país justo, próspero, equitativo y en paz. En las manos de los convocados está hacerlo realidad. Sin duda es un propósito alcanzable. Probemos que sí lo lograremos. La suma hace la fuerza y pronto nos habremos de reunir para validar los qués, cuándos, y cómos. Construyamos juntos ese nuevo destino. El Frente Cívico Nacional nos corresponde a todos.

06 de enero de 2022

César Velázquez Robles

Concluía mi colaboración de ayer miércoles señalando que en el campo de la economía, los desafíos para este 2022 son la recuperación del crecimiento, la generación de empleos, el restablecimiento de la confianza entre los agentes productivos y sociales, y mejorar la capacidad de atracción de inversiones. Lo apuntaba en los siguientes términos: “El discurso gubernamental sobre el papel de la inversión privada como motor del crecimiento choca con la realidad. La pérdida de confianza, la incertidumbre, el desconocimiento de contratos producen un desasosiego generalizado que afecta las posibilidades de recuperación de la capacidad de crecimiento. Nunca es tarde para rectificar. El gobierno puede y debe hacerlo sin desdoro de sus principios y estrategias. Baste con entender que le corresponde sentar a todos los factores reales de poder para acercar posiciones, llegar a acuerdos y consensos para recuperar la senda perdida.” Ayer mismo, el presidente López Obrador anunció un nuevo plan de inversiones en infraestructuras en el que, dijo, están trabajando de manera conjunta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Coordinador Empresarial, en el marco del modelo de asociación público-privada. Sin duda, una idea muy buena: la convergencia de los sectores público y privado en el propósito de alentar el crecimiento de la economía, creando, uno, el mejoramiento de las condiciones para la expansión de la actividad económica y, el otro, disponiendo del ambiente para desarrollar inversiones con efecto acumulativo. No es, por supuesto, una idea novedosa, y ha sido una estrategia muy utilizada en la Europa continental, aunque no exenta de enjuiciamientos críticos por casos en los que ha imperado la opacidad y la falta de transparencia.

Apuntaba también que éste es el tercer plan de inversiones que se anuncia. Al igual que con los dos anteriores, de nuevo se pone en marcha toda una parafernalia institucional para aparentar un consenso que marca el rumbo, cuando lo que impera es el desacuerdo, el disenso, el desencuentro, la falta de confianza de los actores productivos. No solo hay desconfianza en el compromiso gubernamental de respetar las reglas del juego, los contratos o los derechos de propiedad, como se ha advertido prácticamente desde el inicio de la actual administración, sino que hay un discurso endurecido que desprecia al empresariado, y que puede sintetizarse en aquella frase terrible pronunciada por el presidente en los momentos más duros de la crisis sanitaria y económica, en que cientos de miles de micro, pequeñas y medianas empresas eran arrasadas : “si tienen que quebrar, que quiebren”.

Lo cierto, lo real, es que de los dos primeros programas de inversión en infraestructuras anunciados no hay prácticamente nada que rescatar. Ambos se aprobaron en octubre y diciembre de 2020 e implicaban un monto de 526 mil millones de pesos, para desarrollar casi setenta proyectos. ¿Qué ha sido de esos proyectos? Bueno, el presidente dijo que en breve se informará de los resultados, aunque por declaraciones de algunos de los dirigentes empresariales, no hay mucho que esperar: la falta factibilidad financiera y la ausencia de proyectos ejecutivos terminó por retrasarlos. Pero nada de esto es óbice para que el presidente siga instalado en su burbuja de irrealidad. Para él no hay problemas económicos estructurales o coyunturales que no puedan ser resueltos gracias a las enormes capacidades y potencialidades del país, y por efecto del acuerdo comercial de América del Norte: “Fue un acierto el firmar el nuevo Tratado, (…) tenemos garantizada la inversión. México tiene condiciones muy favorables en el concierto de las naciones, es un país atractivo para la inversión, por eso no nos está costando mucho la recuperación en lo económico. Está llegando inversión”.

Nunca es tarde para rectificar. Ojalá que este anuncio que se materializará a fines de enero, sea el principio de un cambio en el trato, en las relaciones con los actores productivos. Se trata de restituir la confianza, de recuperar capital social, de renunciar a un lenguaje beligerante y poner el liderazgo y la legitimidad indiscutible de que disfruta no al servicio de un grupo, una corriente o un partido, sino al servicio del país.

05 de enero de 2022

César Velázquez Robles

Decía ayer que habría que hacer un recuento de los desafíos en la economía y la política del país en el año que inicia, y apuntaba, en primer lugar, la necesidad de reinstaurar la institucionalidad democrática para una convivencia civilizada. Lamentaba que ese estilo personal de gobernar, lejos de romper con la polarización que escinde y divide a la sociedad, ahonda la distancia entre los mexicanos. Esa visión maniquea de “buenos” y “malos”, es profundamente sectaria, dogmática y excluyente: no contribuye a procesar la unidad que reconoce y respeta nuestra diversidad; no impulsa la formación de consensos, no respeta ni acepta los disensos; violenta la legalidad de la vida institucional y apuesta permanentemente por el plebiscito como método de gobernar. A este propósito, leía ayer el artículo de José Woldenberg en El Universal, “Amado líder”, una especie de recensión del libro de Diego Fonseca, inmejorable retrato de un líder populista: “… ordena la vida pública alrededor de su voluntad demandando atención permanente/termina concentrando toda la energía sobre sí mismo/(utiliza) un discurso beligerante que atribuye todos los problemas nacionales a la acción de élites políticas y económicas/… El caudillo no busca acuerdos, sino la exacerbación de los ánimos para presentar los problemas en términos apocalípticos y ofrecerse como su único salvador…”

Un segundo desafío –apuntaba–, es asegurar condiciones de equidad en la competencia por el poder político. Si releemos lo transcrito supra, lo deseable está lejos de ser lo posible. Asegurar mejores condiciones de equidad presupone la búsqueda de acuerdos, el acercamiento de posiciones, recurrir –como he dicho en no pocas ocasiones— al acercamiento de posiciones a través del diálogo, pero, otra vez, “el caudillo no busca acuerdos, sino exacerbar los ánimos”. Y no necesitamos darle muchas vueltas al asunto para llegar a una conclusión irrecusable, como lo han planteado los grandes teóricos de la política: puede haber disenso en todo, pero tiene que haber un consenso fundamental, el que se refiere a las reglas del juego. La reforma electoral que plantea el presidente no quiere ni busca acuerdos; quiere desmontar, desmantelar toda la institucionalidad que en estos años se ha construido con el esfuerzo y la perseverancia de todos. Imponer, arrasar, avasallar: esos son los propósitos de la (contra)reforma que el gobierno ha puesto en marcha.

3.- Reivindicar la centralidad de las instituciones con autonomía constitucional como factores de equilibrio y límites a ejercicios arbitrarios del poder político. Las instituciones con autonomía constitucional o con autonomía de gestión presupuestaria, no son, no han sido ni serán una moda; es un conjunto de reglas del juego, de organizaciones nacidas al calor de las luchas por la democratización del poder político. Fueron factores centrales para desmontar el andamiaje de los viejos regímenes autoritarios y para romper con la secrecía y la opacidad del poder; para romper con las condiciones monopólicas en la economía y en la política que caracterizaban a la sociedad cerrada y desmontar el patrimonialismo que consideraba a los asuntos públicos como una extensión de los asuntos privados. El PRI entendió en su momento los vientos del cambio y decidió acompañar la evolución democrática de la vida pública nacional; Fox trató de resistir la creación de la institución encargada de garantizar la transparencia en la gestión de los asuntos públicos, pero no pudo ya frenar la fuerza irresistible del cambio. Hoy, todas esas instituciones son torpedeadas desde la cúspide del poder político, desmanteladas, capturadas o colonizadas.

En el campo de la economía, los desafíos también son enormes. Estamos en los umbrales del estancamiento. Lejos quedan ya aquellas proclamas triunfalistas que en el colmo de los despropósitos hablaban de “patentar” el modelo económico seguido frente a la crisis. La economía no crece y la inflación devora los magros ingresos de amplios sectores sociales. Un panorama sombrío se abre y arroja dudas sobre la capacidad del sistema para sortear esta fase del ciclo. En el debate sobre si la inflación es pasajera o persistente, el presidente se decanta obviamente por la primera, pero nada garantiza que así ocurra, sobre todo por las ominosas señales que ya lanza la nueva ola pandémica con la variante ómicron. Recuperar el crecimiento debe ser una prioridad, pero ello exige y reclama acuerdos entre el gobierno y los actores productivos, pero el clima de desconfianza generado como consecuencia de la sistemática destrucción de capital social inhibe la inversión productiva, amén de que una enorme masa de recursos públicos se redirecciona hacia los proyectos estratégicos del gobierno. Para fortuna, las remesas, del orden de los 50 mil millones de dólares –¡un billón de pesos!— antes tan vilipendiadas por los mismos que hoy las deifican, han mantenido un cierto nivel de actividad económica y de funcionamiento del mercado interno, pues una parte importante de esos recursos se ha incorporado a los circuitos comerciales y mercantiles. Ahí está una de las claves que explica que la economía no se haya hundido: esos recursos significan cinco puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), y han sido el motor que ha mantenido a flote el aparato productivo.

Hay un amplio consenso compartido por los agentes productivos, los hombres de negocios, la comunidad académica, las entidades bancarias y financieras, las empresas consultoras, en que es necesario:

1.- Reactivar el crecimiento, recuperar los empleos perdidos y generar nuevos empleos. Hay al menos tres planes de impulso a la inversión pública y privada concertados con los agentes productivos, pero han quedado en el papel. Han sido planes como los llamados a misa. Y en el corazón de todo ello está la pérdida de capital social: la desconfianza se ha instalado en las relaciones sociales. Falta ese pegamento que todos jalen en la misma dirección. Y ello supone un giro que, al parecer, el gobierno no está dispuesto a dar. Ojalá no tenga que ser un golpe de realidad el que obligue a rectificar una política que nos puede estar encaminando hacia el desastre.

2.- Restablecer la confianza, garantizar los derechos de propiedad y la capacidad de atracción de inversiones. El discurso gubernamental sobre el papel de la inversión privada como motor del crecimiento choca con la realidad. La pérdida de confianza, la incertidumbre, el desconocimiento de contratos producen un desasosiego generalizado que afecta las posibilidades de recuperación de la capacidad de crecimiento.

Nunca es tarde para rectificar. El gobierno puede y debe hacerlo sin desdoro de sus principios y estrategias. Baste con entender que le corresponde sentar a todos los factores reales de poder para acercar posiciones, llegar a acuerdos y consensos para recuperar la senda perdida.

¿Habrá voluntad y compromiso gubernamental para ensayar este camino en 2022?