04 de enero de 2022

César Velázquez Robles

Como siempre, cada inicio de año tiene que ser una nueva oportunidad para la esperanza. Quienes nos interesamos en los asuntos de la vida pública, deseamos que nuestra convivencia sea cada vez más respetuosa de la diversidad, y que la relación entre el poder y los ciudadanos se base en el respeto mutuo, en el reconocimiento del pluralismo y la tolerancia como valores que en su observancia y ejercicio, hacen posible un disfrute pleno de las libertades políticas que la sociedad mexicana en su conjunto ha conquistado en años de lucha. Indisociable de la política está la economía –la política es la expresión concentrada de la economía, dijo más de una vez Lenin— de ahí que también llame la atención la persistencia de problemas estructurales –y coyunturales— del aparato productivo que lastran el crecimiento económico, dificultan la recuperación del empleo, atizan ahora un acelerado incremento de precios, y que nos puede llevar a una situación de estancamiento con inflación, de cuyos primeros avisos hemos ya sabido.

En su interrelación, economía y política no prefiguran para nuestro país en el año que empieza a correr, el mejor escenario. La suerte de una puede ser seguida por la otra, de ahí la importancia de que todos los actores de la vida económica, política, social y cultural realicen sus intercambios encuentren ese espacio común de entendimiento que permitan gestionar sus interdependencias como un juego de suma positiva. Sé que no es fácil: una forma que considero equivocada de entender la política y ejercer el liderazgo, ha conducido a la polarización y a discursos excluyentes que ha terminado por ahondar una brecha que nos separa y divide. A lo anterior, añádase el hecho de que la política mexicana –más bien, un sector de la clase política— ha insistido en volver a un viejo vicio que parecía desterrado: la persecución penal del disenso, lo que, como lo sabemos muy bien, debilita el Estado democrático de derecho.

Dicho lo anterior, tratemos de hacer un repaso de los principales retos que tenemos en la política y en la economía mexicana para el año 2022:

1.- Una restauración de la institucionalidad democrática. No quiero con ello decir que el Estado democrático de derecho esté haciendo agua. Simplemente, que nuestro sistema de división de poderes, el modelo de control social recíproco que entre todos, unos desde el poder, otros desde la oposición, hemos construido, deje de estar sometido a las tensiones absurdas que en nuestro país pretenden hacer del poder ejecutivo el poder de los poderes. El presidencialismo mexicano, exacerbado como no lo estuvo ni siquiera en la época dorada del autoritarismo priista, gravita sobre las discusiones y decisiones de los poderes legislativo y judicial, condicionando su autonomía e independencia. Las presiones, las coacciones, el chantaje, el intervencionismo, las amenazas, los condicionamientos, son rasgos de una pulsión autoritaria refractaria a los equilibrios, a los pesos y contrapesos propios de la democracia. Hasta hoy, el poder judicial ha logrado resistir esta ofensiva, pero la fuerza de ese presidencialismo es tan poderosa que no es descartable la posibilidad de que termine también siendo un espacio colonizado por el ejecutivo, con todas las consecuencias nefastas para nuestra vida pública y para la calidad de nuestra vida democrática.

Cada vez está más claro que el poder legislativo es un poder capturado. Su autonomía e independencia es letra muerta. Es cierto que en un sistema presidencialista como el nuestro, donde no hay gobierno dividido, es natural que la fuerza mayoritaria en el Congreso apoye y promueva los proyectos, las iniciativas y políticas impulsadas por el poder ejecutivo. Es legal y es legítimo. Lo que no es ético ni estético, es que el ejecutivo ordene a los diputados el sentido de su voto, como por ejemplo pedirles que aprueben tal o cual iniciativa “sin quitarle ni ponerle ni una coma”, o que los propios diputados coreen, luego de aprobarla, “es un honor estar con Obrador”. Ello es comprensible en un régimen parlamentario donde los altos funcionarios del gobierno son escogidos de entre los propios diputados. Baste ver cómo en las sesiones parlamentarias de control al gobierno, los diputados del partido gobernante se desgañitan en apoyo a su presidente, perdiendo toda compostura.

No es el caso del poder judicial, que permanentemente está sometido a presiones que buscan coartar su autonomía e independencia, y que obligan al titular de ese a poder a declarar frecuentemente que “como en todos los asuntos la Corte actuará con la independencia e imparcialidad con la que lo ha venido haciendo hasta ahora”, y que su único compromiso “es, ha sido y seguirá siendo con la Constitución y los derechos humanos”, gusten o no sus fallos.

La Corte, el poder judicial, tiene desafíos muy importantes en la perspectiva inmediata y mediata. Tiene que resolver sobre recursos de inconstitucionalidad y controversias constitucionales de cuya resolución dependerá la calidad de nuestra democracia. Tiene razón el ministro presidente: sus fallos pueden gustar o no. Lo importante es que los integrantes de la Corte no cedan a las presiones, y que sus decisiones se apeguen estrictamente a la legalidad, en el marco de su autonomía e independencia. Lo diría claramente: es, si no el último, uno de los últimos valladares contra cualquier intento de restauración autoritaria. Si cede la Corte, si actúa bajo presiones, si cede ante la voluntad del poder y deja de lado la fuerza de la ley, dejará el camino libre a un ejercicio autoritario del poder.  

2.- Asegurar condiciones de equidad en la competencia por el poder político. La iniciativa de reforma electoral, la reducción de la representación proporcional en el Congreso, la destitución de los consejeros, la captura y el control de los procesos electorales, la devolución de los procesos a la esfera gubernamental, representaría, en caso de prosperar, la involución autoritaria más grave en la accidentada historia de la construcción de un nuevo orden democrático en nuestro país. Arrancar las elecciones del control gubernamental, ciudadanizar los órganos electorales federales y locales, fue producto de una larga lucha democrática. Sin duda alguna, uno de los logros más importantes de la transición hacia la democracia en nuestro país. Defender esas conquistas es una tarea de primer orden. (Continuará).