16 de diciembre de 2021
César Velázquez Robles
Quedan sólo diez días para para completar los 2.75 millones de firmas requeridas a fin de solicitar la convocatoria al ejercicio de revocación de mandato. Han transcurrido 45 días desde que inició este proceso, y lo que para algunos de sus promotores sería un día de campo, se ha convertido en un verdadero tormento. El recurso a la chapuza ha sido norma invariable de conducta, agregando firmas falsas, credenciales alteradas, datos de personas fallecidas o que han perdido sus derechos político-electorales y cuanta trampa está disponible, y ni con todo ello se acercan al objetivo. Y es que se trata de una convocatoria fraudulenta, de un vulgar engaño del que se pretende hacer partícipe a la ciudadanía, llamándola a firmar no para la revocación, sino para la ratificación de mandato, esto es, para que continúe en su cargo el presidente López Obrador, figura no considerada en la ley correspondiente. De acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral, el avance de la recolección de firmas electrónicas es de tan solo el 31 por ciento de los 2.75 millones. Sin embargo, una de las organizaciones promoventes, Que siga la democracia, afirma haber entregado un total de 2.1 millones más de firmas que, junto a las ya reconocidas, sobrepasaría el objetivo, pero que seguirán trabajando para reunir unos cuatro millones.Creo, sin embargo, que pese a todas las chapuzas, no lograrán reunir las firmas requeridas. Si a estas alturas, con un corte al 14 de diciembre ciframos en un millón las firmas reconocidas por el árbitro electoral, es difícil suponer que en 10 días más podrán añadir 1.5-1.7 millones más. La abreviación de los plazos opera en contra de las intenciones de los promotores, y no alcanzar la meta será un fracaso del lopezobradorismo. No hay ambiente ni condiciones en las filas del partido-movimiento para tensar sus resortes internos y convocar a una lucha política realmente inexistente, la ciudadanía está más interesada en los asuntos de su vida cotidiana y las oposiciones están más ocupadas en su sobrevivencia que en enfrentar al poder. Todo esto, entonces, está resultando anticlimático porque simple y sencillamente, el poder, ningún poder, convoca bajo ninguna circunstancia, a una consulta para su revocación. No sucede en un régimen presidencialista y en un régimen parlamentario, la mayoría en el Congreso no promueve una moción de censura contra el gobernante surgido de sus filas. El Instituto Nacional Electoral ha quedado entre la espada y la pared. Presentó las necesidades presupuestales para 2022 e incluyó una partida precautoria en caso de que se junten las firmas para la consulta. Los diputados no solo no la incorporaron, sino que redujeron los recursos de que dispondrá para el año próximo. Ante una situación de hechos consumados, interpuso ante la Suprema Corte una controversia, y el poder judicial resolvió que el árbitro electoral está obligado a hacer los ajustes presupuestales necesarios a fin de garantizar la realización de la consulta. El argumento: “La Corte no puede pronunciarse sobre la suspensión de los efectos presupuestarios, porque todavía no existe afectación alguna al Instituto”.El asunto es que el INE está materialmente imposibilitado para llevar a cabo la consulta, insisto, en caso de que se reúnan las firmas necesario, cosa que sigo poniendo en duda. Tiene que instalar unas 165 mil casillas en todo el país, como si fuese una elección presidencial, capacitar personal, garantizar la presencia de casi un millón de ciudadanos en las mesas receptoras, y todo ello requiere cuantiosos recursos, de los que no dispone. ¿Qué puede hacer en tales condiciones? En una declaración firmada ayer 15 de diciembre, señala lo siguiente: “En la medida en que el acuerdo (del ministro de la Corte) lo único que expresa es la imposibilidad de pronunciarse sobre la suspensión solicitada, en tanto no se concrete la convocatoria, no hay impedimento jurídico alguno para que el INE tome determinaciones para resolver el dilema constitucional en el que la Cámara le ha colocado; esto es, que se decida si se realiza la Revocación de Mandato con el presupuesto insuficiente que se tiene, incumpliendo con ello reglas y principios que le rigen, o bien, se pospone hasta en tanto no se tengan los recursos financieros suficientes y necesarios para ello.
”No será fácil resolver el dilema. Decidir hacer la consulta con recursos insuficientes que provocarían incumplir con reglas y principios, más allá del resultado, desataría una nueva ofensiva contra el INE y sus comisionados; no hacer la consulta hasta en tanto no se tengan los recursos suficientes, desataría una grave crisis política: los comisionados serían acusados de desacato, de violentar la ley de revocación de mandato, se demandará juicio político y la escalada de confrontación se aceleraría, con la consecuente crispación y polarización. En cualquier caso, escenario sombrío. ¿No lo cree así?