17 de diciembre de 2021
César Velázquez Robles
Decía al concluir mi colaboración de ayer jueves, que el Instituto Nacional Electoral enfrentaba el dilema de hacer o no hacer la consulta de revocación de mandato. Cualquiera de las opciones implicaba la generación de una crisis política. Lo planteaba en los siguientes términos: “No será fácil resolver el dilema. Decidir hacer la consulta con recursos insuficientes que provocarían incumplir con reglas y principios, más allá del resultado, desataría una nueva ofensiva contra el INE y sus comisionados; no hacer la consulta hasta en tanto no se tengan los recursos suficientes, desataría una grave crisis política: los comisionados serían acusados de desacato, de violentar la ley de revocación de mandato, se demandará juicio político y la escalada de confrontación se aceleraría, con la consecuente crispación y polarización.”
Pues nada, que el asunto ha estallado. Ayer jueves 16, el comisionado presidente del INE, Lorenzo Córdova, planteó, ante la insuficiencia presupuestal, aplazar –ojo: aplazar, no suspender ni cancelar– la revocación de mandato, y para el efecto, presentará hoy en sesión extraordinaria del consejo general, un proyecto de resolución que deberá ser votado por el pleno. La parte sustantiva del proyecto establece que “Se determina de manera extraordinaria posponer de forma temporal todas las actividades para la organización del proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República, … salvo la verificación de firmas de apoyo ciudadano y la entrega del informe que contenga el resultado de la verificación de las firmas de apoyo de la ciudadanía, así como interrumpir los plazos respectivos, derivado del recorte presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados al INE para el ejercicio 2022, hasta en tanto se tengan condiciones presupuestarias que permitan su reanudación”.
En realidad, al INE no le dejaron otro camino. Se le ordena organizar la consulta de revocación y los mismos que le ordenan le niegan los recursos para hacerlo. Se crean así las condiciones para una estrategia de acoso y derribo de una de las pocas instituciones con autonomía constitucional que van quedando, en el propósito de eliminar todo obstáculo al ejercicio arbitrario del poder. Y ahí vienen en cascada las acusaciones, se promueve el linchamiento mediático, se ponen en acción las granjas de bots para deslegitimar al consejo, se demanda el relevo y, como lo dijo ayer mismo el inefable dirigente de morena, se trataría de “un golpe a la democracia”.
Es un despropósito verbal. Está en marcha una campaña de desprestigio, de ataques y calumnias contra una de las instituciones de la vida pública mexicana que goza del mayor aprecio de los ciudadanos. La vida pública del país entrará en una dinámica de choque y confrontación en la que nadie ganará: se tratará de un juego de suma negativa. Debería hacerse un esfuerzo extraordinario de las partes para evitar una mayor degradación de nuestra convivencia; debe imponerse la civilidad en el trato de las diferencias, y recurrir al diálogo, a las razones y los argumentos, en el mejor propósito de encontrar un consenso mínimo que impida que la irracionalidad se imponga sobre la cordura y la sensatez.
Eso sería lo deseable.