Octavio Valdez
Las instituciones mexicanas se adaptaron mal y tarde a la posmodernidad, hace mucho que el diagnóstico está hecho, tan es así que ya hubo quien lo uso para usufructuar el poder vendiendo espejismos de soluciones. Nuestro desastre de convivencia social, empapado en sangre e instalado placenteramente en la desigualdad y la asimetría económica, así como nuestro subdesarrollo intelectual y educativo lo hacen, al día de hoy, más evidente.
Nuestra relación de frivolidad con los poderes de la Unión (y toda noción de civilidad) que nos representan y que dan cuerpo a la República, con énfasis en el Ejecutivo, han convertido nuestra dinámica electoral en un engendro parte carpa de payasos y parte concurso de popularidad, esperamos a ver quién tiene la frase más chistosa, la ocurrencia más viva, el disfraz más colorido, la personalidad más avasallante y combativa o hasta el acento más peculiar, como si se tratara de encontrar al comediante para nuestra serie favorita. Un reflejo del pobre constructo, nuestra idea íntima, que como sociedad tenemos de lo humano.
No es de extrañar que en estos momentos Televisa resurja de sus cenizas de “rating” con un “reality show” (La casa de los famosos) que explota el morbo, simula la intromisión a la intimidad de personajes que generen circunstancias en relación a exponerse en la plenitud de sus contradicciones morales y de vida, manipulando las situaciones para ofrecer la más diversa gama de miserias y patetismos para el espectador, que a su vez participa como voyerista sentimental y carnal. Nadie ha leído y conocido el espíritu del mexicano como Televisa.
Y es que la descripción arriba desarrollada, calza igual para los últimos procesos electorales, incluyendo el que inicia este 2023. La diferencia es que en el caso de los contenidos mediáticos por lo menos hay acceso a un mercado de producciones mundiales de diversa y heterogénea factura, ya decidirá uno si informarse o convertir su cerebro en gelatina, en el caso de la oferta electoral no existe esa pluralidad: es pobre, local y restringida, ahí no hay más que tragar amargo.
Lo restrictivo de nuestro sistema político electoral impide la diversidad de ideas, perfiles y ni hablar de un relevo generacional, necesario para actualizar las instituciones; por el contrario, se ha beneficiado la endogamia entre los grupos de poder político. Nuestros políticos se revuelcan tanto entre ellos, que el sistema representativo ya adolece de más taras y deformidades que el último descendiente de los Habsburgo.
Cambian de partido, fundan nuevos, hacen alianzas, se van de sabático a organismos intermedios, empresariales o sociales y vuelven, se pasean por todos los puestos de elección (diputado federal y local, senador, regidor…), son funcionarios de gobierno o de partido. Prácticamente pueden meterlos al ataúd sin nunca salir del laberinto de posiciones que el vedetteo político ofrece, sin que ello implique que desarrollen un servicio profesional de carrera, perfil muy útil para el servicio público, sólo utilizan las relaciones a las que accedieron al entrar en el sistema político electoral para flotar en el éter presupuestal.
No es extraño que los elementos políticos que lo conforman terminen comportándose como un cártel, los mismos procedimientos establecidos en las normas que lo rigen inducen ese comportamiento, con acentuado énfasis en los partidos políticos, la conducta de camarillas mafiosas que presentan está dado por la estructura que los hace funcionar.
Cómo es posible que el actual presidente de México sea visto y se autoperciba como un “outsider” del sistema, cuando lleva cincuenta años siendo parte de este, es una distorsión que sólo se puede dar cuando un ambiente se vuelve tan cerrado que pasa de la endogamia al incesto y hasta un primo es visto como extraño. Bajo este escenario, no es raro que la cleptocracia nacional muestre evidentes signos de descomposición y retraso.
Hay una vieja y anacrónica idea, que justifica la implementación de los restrictivos procedimientos que regulan la posibilidad de que un ciudadano pueda acceder a convertirse en candidato, a ocupar un cargo de elección popular o sea parte del sistema político: evitar en lo posible la incursión de actores desestabilizadores del Estado, premisa que se vuelve absurda con la evidente infiltración actual de la instituciones del país por parte del crimen organizado, entre otros poderes fácticos que degeneran el funcionamiento de nuestro gobierno.
El sistema electoral debe abrirse y no con esa figura burda de candidatos independientes, cuyas exigencias implican una opción igual de restrictiva que la de los partidos políticos. Dados los resultados del sistema de restricciones, cabe hacer la pregunta:
¿Por qué no basta ser ciudadano en plena función de sus derechos para poder registrarse ante el órgano electoral como candidato?
Cuidando los detalles de residencia o lo que tenga implicaciones de validez geográfica electoral, entre otros elementos civiles básicos, sería un trámite que no generaría un gasto oneroso ni para el ciudadano ni la instancia electoral y el hecho tampoco daría carta libre a quien se registrara: tendría el mismo trabajo de convencer gente a través de la socialización de una plataforma, la obtención de recursos, justificación de gastos, etc.
Esto también liberaría el monopolio de los partidos sobre la vida pública y política del país y los obligaría a modernizar su operación, si pretenden seguir aglomerando los intereses de grupos de la sociedad y no sólo cumplir el papel de filtros arbitrarios de las dirigencias para colocar gente en la administración pública y los puestos de elección popular.
Y en el caso específico de la administración pública, implementar un examen de oposición para especializar y optimizar la función de la misma, así al mismo tiempo se quita el coto veleidoso y nocivo de los mismos grupos políticos sobre ella.
Ese perverso negocio sexenal de vender esperanza debe acabar por el bien de todos.