Microscopio Social:

Por Héctor Melesio Cuén Ojeda

En el año 2000 México vivió la alternancia del poder, lo cual generó grandes expectativas de cambio en los ámbitos político, económico y social. Se pensó que sería posible fortalecer la democracia para encauzar nuevas relaciones entre el Gobierno y la sociedad, lo que permitiría la definición de políticas públicas que verdaderamente beneficiaran a la población.

Doce años después, un grupo de académicos y organizaciones civiles impulsó la idea de elaborar una nueva Constitución, pero ello no prosperó. Asimismo, en diciembre de 2012 surgió la propuesta de realizar un gran acuerdo nacional que luego se firmó como Pacto por México. Este acuerdo fue signado en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México por el presidente de la república, Enrique Peña Nieto; Gustavo Madero, presidente del PAN; Cristina Díaz Salazar, presidenta interina del PRI; Jesús Zambrano Grijalva, presidente del PRD, así como por los presidentes de la cámaras de diputados y senadores, Jesús Murillo Karam y Ernesto Cordero Arroyo, respectivamente. El 28 de enero de 2013 también el PVEM, a través de su vocero Arturo Escobar y Vega, se sumó al pacto.

Como se recuerda, el Pacto por México buscaba la aprobación de reformas estructurales que no habían transitado por falta de acuerdos políticos. Fue así como se impulsaron las siguientes reformas: la laboral, la hacendaria, la educativa, la energética, la política-electoral, así como en transparencia, en telecomunicaciones y radiodifusión, en competencia económica; asimismo, se creó la nueva ley de amparo y el código nacional de procedimientos penales.

Las tres primeras reformas que se impulsaron fueron la educativa, en telecomunicaciones y la ley nacional de responsabilidad hacendaria y deuda pública. Esta última buscaba evitar los grandes endeudamientos de estados y municipios, por lo que hoy puede ser considerada como un fracaso.

De estas reformas estructurales, dos son la que tienen al país al borde del abismo: la Reforma Energética y la Reforma Hacendaria. Sobre la primera, cuando el presidente la mandó al Senado de la República, declaró: “Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz, igualmente bajará el precio de los fertilizantes, y en consecuencia nuestro campo producirá más, habrá más alimentos y a mejores precios, Pemex no se vende, ni se privatiza”.

Más tarde, en enero de 2015, una vez aprobada dicha reforma, el presidente volvió a manifestar: “Se acabaron los gasolinazos que tanto lastimaron mes a mes la economía de las familias mexicanas”. Estas declaraciones, recordadas hoy en las redes sociales, solo han provocado hartazgo, enojo y molestia en la sociedad, lo cual seguramente redundará en expresiones de inconformidad.

La Reforma Energética nos lleva hacia el vacío, ya que la inversión privada en Pemex no ha dado los resultados prometidos para lograr un balance económico que permita entregarle a los mexicanos servicios y productos a menor costo.

Por el contrario, la liberación del precio de los combustibles traerá como consecuencia inmediata un incremento de hasta un 20% a la gasolina en el 2017, lo cual provocará una escalada inflacionaria en poco tiempo. Junto al incremento del costo de las gasolinas vendrá también la liberación del gas LP, lo cual se reflejará en los costos del transporte, logística de distribución y almacenamiento de materias primas, productos básicos, alimentos y diversos servicios cotidianos.

Históricamente, las salidas privatizadoras no han dejado nada bueno al país, pues ha sido la sociedad quien termina pagando los costos de los errores y las malas decisiones tomadas por el Gobierno federal.

En México, el costo del combustible se encarece por dos razones: una, el abandono por décadas del proceso de refinación, lo que dio como resultado una dependencia de la importación de gasolina para satisfacer el mercado interno; y otra es la depreciación del peso, y a unos días de que termine 2016, la moneda mexicana está por completar un ciclo de cuatro años consecutivos con saldo negativo, en el que ha perdido 61.18 %, para elevar el tipo de cambio frente al dólar de 12.8704 a 20.745 pesos.

Sin duda, esta última situación acelerará el estancamiento económico, es decir, volveremos al promedio de crecimiento económico de 1.8% registrado en los dos primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto, la cual es una cifra muy por debajo del 6% prometido.

Los aumentos de los precios de los combustibles provocarán incrementos de hasta 30% en el costo de la canasta básica alimentaria y quebrantará todas las actividades económicas. Los aumentos en transporte y todas las cadenas productivas son inminentes. México puede presentar una situación similar a la de Argentina, en donde la inflación fue de 40% en este año y el crecimiento económico de 1.8%.

El avance del mercado interno será más lento debido, principalmente, a que los hogares carecerán de ingresos para impulsarlo; el salario mínimo en México será de 80.04 pesos diarios a partir de 2017: 2401 pesos mensuales.

Además, la salida de capitales inhibirá la inversión extranjera. Durante los dos primeros años de este sexenio habrían salido alrededor de 50 mil millones de dólares para invertir o depositar en cuentas del extranjero, pero este año han salido 3564 millones de dólares de inversión, según cifras del Banco de México, principalmente de títulos del Gobierno federal de corto plazo.

Según los precios que regirán a partir del próximo domingo, la gasolina Magna —la de mayor utilización en el país— habrá aumentado 48% en lo que va de la actual administración, al pasar de 10.81 pesos por litro en promedio durante 2012 a 15.99 pesos al inicio del próximo año, de acuerdo con datos de Pemex.

Al estado de Sinaloa, el presidente lo dividió en las siguientes regiones: Culiacán, Guamúchil, Mazatlán, Topolobampo y la Zona de Distribución Noroeste. En la primera, que abarca los municipios de Culiacán y Navolato, el precio de la gasolina Magna pasará de 13.98 a 16.24 pesos, la Premium de 14.81 a 18.01 pesos y el diesel de 14.63 a 17.34 pesos.

En la región de Guamúchil, que abarca los municipios de Sinaloa, Guasave, Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado, la gasolina Magna costará 16.19 pesos, la Premium 17.96 pesos y el diesel 17.29 pesos.

En la región de Mazatlán, conformada por los municipios de Elota, Escuinapa, El Rosario, Concordia y Mazatlán, la gasolina Magna tendrá un precio de 15.94 pesos, la Premium de 17.71 pesos y el diesel de 17.04 pesos.

La región de Topolobampo, formada por los municipios de El Fuerte y Ahome, el precio de la Magna será de 15.94 pesos, la Premium de 17.71 pesos y el diesel de 17.04 peso.

Por último, en la región Zona de Distribución Noroeste, que abarca los municipios de San Ignacio, Choix, Cosalá y Badiraguato, la gasolina Magna costará 16.54 pesos, la Premium 18.40 pesos y el diesel 17.68 pesos.

Sin embargo, es preciso recordar que estos precios solo estarán vigentes del periodo del 1 de enero al 3 de febrero, ya que los ajustes continuarán el 4 de febrero, el 11 de febrero y a partir del 18 de febrero los precios aumentarán diariamente.

Por este motivo, la sociedad ha comenzado a hacer fuertes reclamos, y lo que se impone es estar preparados para darle el mejor cauce a este descontento que, sin duda alguna, pude desbordarse en actos de violencia, lo cual es indeseable para el presente y el futuro del país.