14 de enero de 2022

César Velázquez Robles

El presidente López Obrador no ceja en su empeño de exterminar al INE. Recurre a todas las argucias legaloides para debilitar y arrinconar al árbitro electoral, reducir su capacidad de gestión y deslegitimar sus decisiones. La acusación sistemática de que el organismo con autonomía constitucional despilfarra los recursos públicos que recibe, que las elecciones que organiza son las más costosas del mundo, que los salarios de sus comisionados son de lujo y resultan humillantes y agraviantes para el ciudadano medio mexicano, han estado ahí, presentes de manera permanente en el espacio público, y ha permeado en la mente de un sector nada desdeñable del electorado, que también reclama con  furia mal disimulada, la destitución de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, así como de otros comisionados que defienden la autonomía e independencia de la institución electoral. Como he dicho en otras ocasiones, prácticamente todos estos exabruptos del poder carecen de peso. Si acaso, como he escrito en este espacio, el tema de los altos salarios si merece una reconsideración, aunque hay que decir que fueron los legisladores quienes lo decidieron, pero eso no justifica, en mi criterio, esa resistencia expresada en un amparo contra todo intento de disminuir sus percepciones. Pero volvamos al tema.

Desde un principio el INE presentó un presupuesto precautorio para el 2022 en la eventualidad de que saliese adelante la iniciativa de realización de revocación de mandato. Los casi cinco mil millones de pesos solicitados, no fueron considerados por los diputados, que además, para demostrar dónde está el poder, redujeron otras partidas. Se acudió entonces a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento de los procedimientos establecidos en normas y leyes que rigen el Estado de derecho. Estas altas instancias, ante la decisión del INE de posponer el proceso, decidió en sentido contrario: que las tareas preparatorias debían continuar y que, en su momento, la Suprema Corte decidiría sobre la afectación presupuestal, núcleo duro de la controversia constitucional interpuesta por el INE.

En tanto todo esto ocurría, el INE en una muestra de flexibilidad, de compromiso con la institucionalidad democrática anunció algunas medidas tendientes a realizar ahorros y economías que permitieran liberar recursos para redireccionarlos hacia la realización del proceso de revocación de mandato. Así, informaron que se disponía de recursos del orden de 1 mil 500 millones de pesos, lo que abría un espacio para negociar con el Congreso, con las autoridades hacendarias o con el propio presidente de la República, mecanismos extraordinarios de apoyo para garantizar la revocación de mandato y la instalación de las más de 160 mil casillas, como ocurrió en la elección presidencial de 2018, y que es como justamente ordena la Ley de Revocación de Mandato. La solicitud de recursos ascendía a 1 mil 700 millones, cantidad que evidentemente permitía a las partes acercar posiciones y alcanzar una solución compartida por instituciones de Estado.

Lejos de atender este gesto de compromiso con la institucionalidad democrática, el gobierno y su bloque mayoritario en el Congreso endurecieron su discurso, y sus posiciones irreductibles cerraban toda posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre la disposición de recursos financieros.

El presidente López anunció hace unos días, en un gesto de “generosidad” que presentaría al INE una propuesta de ahorros, de austeridad, lo que le permitiría disponer de los recursos necesarios para la revocación. Ayer, el secretario de Gobernación, que suple al presidente en las mañaneras mientras éste permanece “aislado”, hizo la presentación formal de la propuesta, que fue armada conjuntamente con altos funcionarios de la secretaría de Hacienda. He aquí algunos de elementos centrales de la propuesta:

Un ajuste presupuestario del orden de 2 mil millones de pesos, resultantes de reducir sueldos y salarios de los altos funcionarios del INE en poco más de 750 millones de pesos; reducir los gastos de operación en 1 mil 380 millones, en los que se incluye una cantidad superior a los 800 millones destinados a consulta popular y revocación de mandato y la cancelación de un par de fideicomisos que opera el INE. Todo ello, dijeron los voceros oficiales de Hacienda y de la SEFUNPU, en el mejor espíritu de la austeridad republicana, tal como actúa el gobierno federal. No solo dijeron que no había margen presupuestal para apoyar al INE, sino que el ajuste y el recorte propuesto supera en más de mil millones lo que solicita el órgano electoral para cumplir con lo que la ley le ordena.

Ayer mismo, el consejero Ciro Murayama respondió a la propuesta de austeridad del gobierno federal: “es una tomadura de pelo”, pues “piden que se afecte el fideicomiso con el que se compran los equipos de cómputo y cámaras fotográficas para emitir la credencial para votar; quieren que no se arrienden los locales donde tenemos los 800 módulos de atención ciudadana. ¿Qué pretenden? ¿Qué las computadoras están en la banqueta? Es decir, lo que estamos viendo de parte del gobierno es falta de seriedad”. Y añadió: “Lo que vimos hoy (por ayer) en la mañana es una declaración política de anticiparse a negar cualquier recurso al INE, incluso saltándose la Constitución, pretenden ellos decir cómo debe erogar sus recursos el Instituto Nacional Electoral, nos hacen propuestas que incluso violan suspensiones de la Corte, porque están proponiendo reducir prestaciones laborales que están protegidas por la Corte”.

Así están las cosas. Lejos de acercar posiciones y llegar a través del diálogo a un acuerdo, el gobierno ha decidido abiertamente apostar por la confrontación. Es un paso más en la estrategia de liquidación, de exterminio del Instituto Nacional Electoral. En el endurecimiento de un régimen que no acepta y reconoce el disenso, y que desea liquidar todo aquello que constituya un freno a un ejercicio autoritario del poder. Habrá que esperar ahora en los próximos días, en cuanto el INE informe oficialmente que se ha alcanzado la cantidad de firmas necesarias para solicitar la revocación de mandato, la decisión de la Suprema Corte sobre el reclamo presupuestario del INE. 

Diría que tampoco hay que hacerse muchas esperanzas. La Corte ha experimentado recortes en sus presupuestos recientes, y ha terminado por apechugar, es decir, no han rechistado. Quizá porque dinero es lo que les sobra; es el poder más rico de cuantos poderes hay. No es descartable entonces que diga al INE: “hágase la consulta con lo que tienen”. Darle la razón al INE, eso si que sería una auténtica sorpresa. Pero creo que eso no es posible.

13 de enero de 2022

César Velázquez Robles

El anuncio de la venta de Citi-Banamex sonó como un pistoletazo en medio de un concierto. En un país como el nuestro, en el que el capital financiero florece y afianza redes que les garantizan muy altas tasas de ganancia –las que los bancos no obtienen en sus países de origen–, resulta por lo menos extraño y sorpresivo saber que sus dueños quieren irse del país. Los grandes bancos, los que llegaron en lo que ha dado en llamarse “segundo desembarco”, BBVA y Santander, entre otros, junto con el que ahora está a la venta, controlan y dominan gran parte del mercado financiero. El banco resultante de la fusión-absorción del Banco Bilbao Vizcaya y Argentaria, y que capturó a Bancomer, ha hecho su agosto en México, de donde obtiene un tercio de sus beneficios totales.

Citi-Banamex extrae anualmente utilidades del orden de los dos mil millones de dólares, que derivan de una cuota de mercado de un 15 por ciento más o menos. Sus relaciones con el poder político si bien puede decirse que no pasan por un momento excelente, tampoco se desenvuelven en un marco de tensiones derivado de un discurso endurecido como el que impera hoy en la vida política nacional. En suma, el capital financiero, que como todos sabemos no tiene patria, va a lo suyo, y lo suyo no es la política, la disputa del poder, sino la seguridad jurídica de que el gobierno les asegure las condiciones adecuadas para su reproducción ampliada. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que este banco decide vender todos, todos, sus activos?

Los especialistas han recreado las consideraciones formuladas por la dirección institucional de la entidad bancaria. Aducen que no es una política nueva de Citigroup, sino que se ha puesto en marcha desde hace tiempo, y empezó en más de una decena de países asiáticos y en algunos países de América Latina, y que todo ello forma parte de una estrategia global para deshacerse de todo tipo de operaciones de banca de consumo. Si, puede ser, pero no hay ninguna explicación racional para la retirada de una entidad bancaria que tiene en México su segunda fuente de utilidades, y en donde cuenta con casi 1 mil 300 sucursales, atiende a más de nueve millones de clientes y tiene alrededor de 40 mil empleados. En la banca de consumo la competencia interbancaria es brutal y despiadada, y dado el avance tecnológico en muchas de las operaciones de entidades que han roto las barreras del mercado, reduce la competitividad de los bancos tradicionales en tarjetas de crédito, en hipotecas, en apoyos crediticios a micro, pequeñas y medianas empresas, lo que les puede obligar a dejar este segmento de mercado y orientarse hacia otros renglones en los que está garantizada su competitividad.

Pudiese ser esa una razón por la que haya decidido vender el changarro, como dice Salinas Pliego, quien ya se ha anotado para comprarlo, pero quizá solo estamos ante la apariencia del fenómeno, sin llegar a su esencia. Digamos que esta explicación podrían ser los árboles que nos impiden ver el bosque, y creo que habría que hurgar en otros campos para encontrar las razones reales de su abandono de la plaza. El asunto, por supuesto, va a dar para mucho. Habrá especulaciones, muchas de ellas descabelladas, otros con una base más racional, algunas bastante sofisticadas.

A esas explicaciones no podemos ni debemos ser ajenos. ¿Que no nos interesa el asunto, y que es tema de los grandes consorcios financieros y de los grandes oligarcas? Claro que nos debe interesar. El mercado financiero es la parte más sensible de todo el aparato productivo, y es precisamente ahí, en el ámbito financiero, donde empiezan las manifestaciones más agudas de las crisis que dificultan los procesos de reproducción del capital. Y ya sabemos quiénes son los grandes ganones y los grandes perdedores. Los gobiernos lo saben: las entidades financieras son muy grandes como para dejarlas caer, así que las inyecciones de recursos masivos son las recetas más comunes. Todo ello a cuenta de los que no tienen ni siquiera una acción, y que son los que tienen que cargar con la deuda durante largos e interminables años. No vayamos muy lejos. Ahí la deuda que se tiene con el Fobaproa y ahora IPAB.

El INE y la campaña de defensa promovida por Coparmex

En días pasados, el sindicato patronal anunció, frente a la campaña de desprestigio y deslegitimación contra el Instituto Nacional Electoral (INE) impulsada desde las más altas esferas del poder político, el inicio de una campaña de defensa de una institución central en la construcción y defensa de una sociedad democrática. Llamó mi atención la convocatoria, no porque no puedan ni deban hacerlo los empresariados agrupados en la Coparmex, sino porque entiendo que es una tarea que corresponde desplegar a los partidos y a la propia sociedad civil. Es evidente que, ante partidos realmente inexistentes como oposición y ante una sociedad civil débil, y que en estos tres años últimos ha sido lastimada, humillada y agraviada, organizaciones como la citada asuman la tarea de defensa del árbitro electoral. Es verdaderamente penoso que una entidad empresarial, un sindicato patronal, que no es propiamente representación de la sociedad civil, asuma una tarea que en sentido estricto no le corresponde, lo cual, sin embargo, hace más valioso y digno de reconocimiento la movilización que ahora promueven.

Los partidos de la oposición siguen dejando pasar las oportunidades de movilizar a amplios sectores de la sociedad mexicana. Una entidad como el INE, que regula la competencia por el poder político, que garantiza la equidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia de los procesos electorales, tiene que ser defendida por quienes protagonizan esa contienda, porque saben que así, al garantizarlas, el poder tiene un horizonte temporal.

El llamado a la movilización que puede leer íntegro en el sitio www.coparmex.org.mx, “es a detener la embestida contra el INE”, y apuntan que “no es democrático sino autoritario intentar minar y debilitar al árbitro electoral”. “Yo defiendo al INE: celebramos, nos unimos y llamamos a la movilización ciudadana para defender al INE porque eso implica defender también nuestras libertades: de expresión, de emprender, de educar y, desde luego, de elegir”.

Y el remate: En tres décadas de existencia, el INE ha demostrado que es una institución sólida que ha garantizado el avance de México hacia la democracia. Lanzamos una señal de alerta: hoy nuestra democracia está en riesgo por la violencia política, por la infiltración de la delincuencia, el desencanto de algunos electores y por la ambición de algunos personajes políticos; pero frente a ello somos millones los mexicanos que decimos #YoDefiendoAlINE y que daremos pasos al frente -ni un solo paso atrás- en la consolidación de nuestra democracia.”

Porque como estoy totalmente de acuerdo, y convencido de que lo que hace ahora la Coparmex es una tarea ineludible y responsabilidad de los partidos políticos, he firmado el llamado que hace el INE en defensa de nuestras libertades. Punto.