José Luis López

“Los pelones” de Daniel Amador que invadieron el Congreso del Estado el martes pasado, con el apoyo de la administración de la misma cámara, es la respuesta oficial de los líderes de la sección 53 a un movimiento que les ha venido erosionando su poder caciquil que han sostenido por casi dos décadas y que hoy se sienten amenazados por todo lo que tienen que aclarar y pagar, que es lo más preocupante para ellos.

“Los rojos” es un movimiento que ya tiene 15 años, cuando inició con la demanda de los maestros jubilados de la sección 53 que de acuerdo con la ley a ellos (480 maestros aproximadamente) se les deben 161 millones por la prestación de 17 días de pago por año laborado y lo que ha venido a “derramar el vaso” es que la ley de ISSSTESIN establece que al jubilarse o cumplir diez años de antigüedad el fondo para vivienda del trabajador puede ser retirado ¿Y qué cree usted? ¡Efectivamente! ¿Dónde están esos fondos?

Las demandas de “los rojos” son muy simples: “páguenos lo que nos corresponde por ley”. Lo que comprende el dinero de la jubilación y el dinero de la vivienda, que son fondos de los trabajadores en donde está involucrado el gobierno del estado y por eso “los rojos” han involucrado al Congreso del Estado: para obligar al gobierno a que intervenga en un conflicto que también está involucrado porque por lo menos maneja los fondos del ISSSTESIN.

“Los rojos” emergieron a principios de este año ya como un movimiento en forma y enfilado políticamente contra la dirigencia de la sección 53 del SNTE por el alto nivel de sospechas de que están involucrados también en el manejo de esos fondos cuando ni siquiera han “movido un dedo” para concretar estas demandas tan obvias establecidas en la ley.

Y al parecer así fue por la reacción de Daniel Amador, fue una ofensiva radical orquestada contra “los rojos” y al parecer con complicidades de autoridades del Congreso del Estado, porque viene a ser la primera reacción precisamente cuando el movimiento de “los rojos” se está aproximando a acuerdos con el gobierno del estado con la mediación de los diputados Aarón Rivas Loaiza y Víctor Antonio Corrales Burgueño a la cabeza, quienes han atendido durante meses el problema y han aproximado soluciones.

El involucramiento en el operativo del martes que le proporcionó toda la cancha a “los pelones” de Daniel Amador no solo es de personal operativo del congreso, sino también de los mismos diputados, incluida la presidenta de la Junta de Coordinación Política, diputada Irma Tirado, quien ha evidenciado con su protagonismo la intención de seguirle dando largas a esos 480 jubilados y a miles de maestros que quieren retirar su fondo de vivienda.

Es obvio también que el gobierno del estado esté interesado que le movimiento de “los rojos” no avance porque tendría que pagar esos 161 millones de pesos, de los cuales solo ha pagado tres millones en todos estos meses, además de pagar el fondo de vivienda que es mucho mayor, y quién sabe dónde estará y si estará completo.

“Los pelones” de Daniel Amador no emergieron por nada y no fueron al congreso a pedir algo, ellos fueron a enfrentar el movimiento de “los rojos” y boicotear los avances que ha tenido. Ya veremos.

Se ha hecho público que por lo menos dos diputados, Maribel Chollet y Tomás Amador, circulan en vehículos con placas de Jalisco y Durango, respectivamente, ambos diputados del PRI votaron por reducir el subsidio de la tenencia que se había establecido en el sexenio malovista.

Sin ningún rubor estos diputados han actuado en contra de lo que ellos mismos aprobaron y buscaron en otros estados placas y tenencia vehicular más baratos, siendo autores del decreto que hizo pagar más ahora en Sinaloa a los tenedores del vehículos.

Ellos, así como familias enteras de diputados y políticos de todos los partidos han optado por sacar placas en otros estados donde no se paga tenencia, incluso personajes del gobierno estatal, mientras que la población en general es empujada al sacrificio de esos impuestos que decretaron.

No resulta ocioso insistir en la anticonstitucionalidad de dicho impuesto decretado nacionalmente en 1962 para financiar las olimpiadas de 1968 y que se convirtió en una carga fiscal permanente, que a pesar del consenso público de todos los partidos políticos y de todos los candidatos presidenciales el 2006, haya prevalecido como tal.

La demagogia de Felipe Calderón llegó al extremo cuando en el 2010 propuso cambiar la legislatura para dejar de ser impuesto federal y trasladárselo a los estados como una burda maniobra para seguir manteniéndolo y que si los estados lo dejaban fuera repercutiera en detrimento de las haciendas estatales.

Actualmente, 19 estados ya no cobran la tenencia en el país, 11 lo hacen con subsidio y 2 estados cobran con descuento (Nuevo León y Oaxaca), en más de la mitad del país (19 estados) el impuesto ya no existe.

Esa es la historia de la ilegalidad que la suprema corte en miles y miles de casos durante décadas estuvo condenando el impuesto de la tenencia como ilegal y aún muchos gobiernos insisten en la ilegalidad, como aquí en Sinaloa.

La tenencia es absolutamente ilegal, con antecedentes contundentes y aquí en Sinaloa la hipocresía raya en el límite cuando hace meses se denunció una amplia lista de diputados que no pagaban la tenencia, como ahora se denuncia a la diputada Maribel Chollet y el diputado Tomás Amador de portar placas de otros estados que rodean a Sinaloa y no pagan tenencia.

Esto se parece mucho también a la hipocresía de la insuficiencia presupuestal para no continuar apoyando a los niños en las escuelas con uniformes y útiles escolares, mientras que sin ningún rubor el gobernador del Estado dispone de casi 600 millones para entregárselo a los empresarios del beisbol en Los Mochis y Mazatlán sin consultar a nadie. Así, a donde iremos a parar.

EL GOBERNADOR PUEDE

• Necesita instrumentos

Por José Luis López Duarte

El Plan Estatal de Desarrollo del gobierno de Quirino Ordaz Coppel se ha propuesto aspectos fundamentales para el desarrollo de Sinaloa, que son indiscutibles y merecen el respaldo de todos.

Pero esas definiciones ahora necesitan la creación de los instrumentos que los viabilicen, así como los mecanismos de construcción que signifique la articulación de fuerzas suficientes y el proceso que se tendrá que cursar lo que de suyo representa una estrategia integral de gobierno.

Abiertamente en algunos espacios ya se ha llegado a caracterizar al gobierno estatal como “empresarial”, lo que en si no dice nada pero que refleja lo que algunas opiniones se vienen formando, quizá considerando el origen de familias de empresarios del gobernador, lo cierto es que es indispensable que el gobierno adquiera identidad y se defina, perfil que se lo dará esa estrategia de gobierno.

¿Cuáles podrían ser los ejes de esa estrategia? En primer término, considero el diseño como un instrumento que permita claridad en los proyectos de cualquier orden, que sea posible articular lo que ya iniciaran gobiernos anteriores, como lo que se debe iniciar ahora y lo que harán otros gobiernos venideros.

En segundo lugar, los proyectos que se diseñen deber ser discutidos y consensuados con la pirámide social, con las instituciones, con las fuerzas políticas y los poderes económicos ¿Que parece muy difícil? Sí, sí lo es, pero el gobierno necesita pactar con todos para decirlo con precisión y pactar en todo, por lo que se necesitan ideas y diseños claros.

En tercer lugar, inscribirse con un proyecto nacional en un programa sinaloense sin partidizar y mucho menos electorizar, porque eso es dar al traste con todo y enterrar la cabeza en la tierra. La bandera del gobierno en Sinaloa son los sinaloenses, es su economía, su bienestar y su democracia. Sería catastrófico que con tan poco tiempo en el gobierno se desvíen tan temprano, y peor, se equivoquen.

En cuarto lugar, es indispensable trabajar en la cohesión social que permita un ambiente de profunda solidaridad entre todos, lo que obliga al gobierno a abrir los brazos a todos los que sufren sin escudarse en la institucionalidad de las competencias o los subterfugios de la complejidad de los problemas o circunstancias. No se vale escudarse en nada, lo mínimo que un gobierno puede brindar a los ciudadanos es compromiso con su sufrimiento y sus causas.

Y por último, la necesidad de realizar un informe lo más amplio y profundo sobre lo que se hace y lo que se va a hacer por el gobierno. No es posible fincar ningún gobierno en la ignorancia y muchísimo menos en la truculencia ocultando y engañando. Lo mejor sería la apertura y el diálogo mediante una comunicación permanente. Si se quiere, se puede.