César Velázquez Robles

04 de enero de 2022

César Velázquez Robles

Como siempre, cada inicio de año tiene que ser una nueva oportunidad para la esperanza. Quienes nos interesamos en los asuntos de la vida pública, deseamos que nuestra convivencia sea cada vez más respetuosa de la diversidad, y que la relación entre el poder y los ciudadanos se base en el respeto mutuo, en el reconocimiento del pluralismo y la tolerancia como valores que en su observancia y ejercicio, hacen posible un disfrute pleno de las libertades políticas que la sociedad mexicana en su conjunto ha conquistado en años de lucha. Indisociable de la política está la economía –la política es la expresión concentrada de la economía, dijo más de una vez Lenin— de ahí que también llame la atención la persistencia de problemas estructurales –y coyunturales— del aparato productivo que lastran el crecimiento económico, dificultan la recuperación del empleo, atizan ahora un acelerado incremento de precios, y que nos puede llevar a una situación de estancamiento con inflación, de cuyos primeros avisos hemos ya sabido.

En su interrelación, economía y política no prefiguran para nuestro país en el año que empieza a correr, el mejor escenario. La suerte de una puede ser seguida por la otra, de ahí la importancia de que todos los actores de la vida económica, política, social y cultural realicen sus intercambios encuentren ese espacio común de entendimiento que permitan gestionar sus interdependencias como un juego de suma positiva. Sé que no es fácil: una forma que considero equivocada de entender la política y ejercer el liderazgo, ha conducido a la polarización y a discursos excluyentes que ha terminado por ahondar una brecha que nos separa y divide. A lo anterior, añádase el hecho de que la política mexicana –más bien, un sector de la clase política— ha insistido en volver a un viejo vicio que parecía desterrado: la persecución penal del disenso, lo que, como lo sabemos muy bien, debilita el Estado democrático de derecho.

Dicho lo anterior, tratemos de hacer un repaso de los principales retos que tenemos en la política y en la economía mexicana para el año 2022:

1.- Una restauración de la institucionalidad democrática. No quiero con ello decir que el Estado democrático de derecho esté haciendo agua. Simplemente, que nuestro sistema de división de poderes, el modelo de control social recíproco que entre todos, unos desde el poder, otros desde la oposición, hemos construido, deje de estar sometido a las tensiones absurdas que en nuestro país pretenden hacer del poder ejecutivo el poder de los poderes. El presidencialismo mexicano, exacerbado como no lo estuvo ni siquiera en la época dorada del autoritarismo priista, gravita sobre las discusiones y decisiones de los poderes legislativo y judicial, condicionando su autonomía e independencia. Las presiones, las coacciones, el chantaje, el intervencionismo, las amenazas, los condicionamientos, son rasgos de una pulsión autoritaria refractaria a los equilibrios, a los pesos y contrapesos propios de la democracia. Hasta hoy, el poder judicial ha logrado resistir esta ofensiva, pero la fuerza de ese presidencialismo es tan poderosa que no es descartable la posibilidad de que termine también siendo un espacio colonizado por el ejecutivo, con todas las consecuencias nefastas para nuestra vida pública y para la calidad de nuestra vida democrática.

Cada vez está más claro que el poder legislativo es un poder capturado. Su autonomía e independencia es letra muerta. Es cierto que en un sistema presidencialista como el nuestro, donde no hay gobierno dividido, es natural que la fuerza mayoritaria en el Congreso apoye y promueva los proyectos, las iniciativas y políticas impulsadas por el poder ejecutivo. Es legal y es legítimo. Lo que no es ético ni estético, es que el ejecutivo ordene a los diputados el sentido de su voto, como por ejemplo pedirles que aprueben tal o cual iniciativa “sin quitarle ni ponerle ni una coma”, o que los propios diputados coreen, luego de aprobarla, “es un honor estar con Obrador”. Ello es comprensible en un régimen parlamentario donde los altos funcionarios del gobierno son escogidos de entre los propios diputados. Baste ver cómo en las sesiones parlamentarias de control al gobierno, los diputados del partido gobernante se desgañitan en apoyo a su presidente, perdiendo toda compostura.

No es el caso del poder judicial, que permanentemente está sometido a presiones que buscan coartar su autonomía e independencia, y que obligan al titular de ese a poder a declarar frecuentemente que “como en todos los asuntos la Corte actuará con la independencia e imparcialidad con la que lo ha venido haciendo hasta ahora”, y que su único compromiso “es, ha sido y seguirá siendo con la Constitución y los derechos humanos”, gusten o no sus fallos.

La Corte, el poder judicial, tiene desafíos muy importantes en la perspectiva inmediata y mediata. Tiene que resolver sobre recursos de inconstitucionalidad y controversias constitucionales de cuya resolución dependerá la calidad de nuestra democracia. Tiene razón el ministro presidente: sus fallos pueden gustar o no. Lo importante es que los integrantes de la Corte no cedan a las presiones, y que sus decisiones se apeguen estrictamente a la legalidad, en el marco de su autonomía e independencia. Lo diría claramente: es, si no el último, uno de los últimos valladares contra cualquier intento de restauración autoritaria. Si cede la Corte, si actúa bajo presiones, si cede ante la voluntad del poder y deja de lado la fuerza de la ley, dejará el camino libre a un ejercicio autoritario del poder.  

2.- Asegurar condiciones de equidad en la competencia por el poder político. La iniciativa de reforma electoral, la reducción de la representación proporcional en el Congreso, la destitución de los consejeros, la captura y el control de los procesos electorales, la devolución de los procesos a la esfera gubernamental, representaría, en caso de prosperar, la involución autoritaria más grave en la accidentada historia de la construcción de un nuevo orden democrático en nuestro país. Arrancar las elecciones del control gubernamental, ciudadanizar los órganos electorales federales y locales, fue producto de una larga lucha democrática. Sin duda alguna, uno de los logros más importantes de la transición hacia la democracia en nuestro país. Defender esas conquistas es una tarea de primer orden. (Continuará).

20 de diciembre de 2021

César Velázquez Robles

Hace poco más de cinco décadas, en noviembre de 1970, Chile inauguraba una experiencia histórica con el ascenso de Salvador Allende al poder. En septiembre de 1973, un brutal golpe militar destruía un proyecto esperanzador que para millones de personas progresistas en el mundo entero significaba la posibilidad real de construir una vida mejor. Muchos chilenos perdieron la vida, y otros emprendieron la vía del exilio, aunque siempre con el corazón en su patria. De los mexicanos, recibieron siempre el aprecio, el apoyo y la solidaridad, haciéndolos sentir como parte vital de nosotros mismos. Las universidades, entre ellas la Universidad Autónoma de Sinaloa, los incorporaron a sus actividades académicas e hicieron aquí una importante contribución a mejorar la calidad de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.

Dos generaciones después, asumiendo que en términos sociológicos una generación cubre un periodo de 25 años, en Chile se ha producido otro acontecimiento histórico: el retorno de la izquierda al poder. Gabriel Boric, al frente de una amplia coalición de fuerzas progresistas con el respaldo del Partido Comunista, derrotó en las elecciones de ayer al candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast, por un margen que no deja lugar a dudas. Atrás ha quedado la experiencia de los partidos de la Concertación Democrática, una variopinta alianza progresista que derrotó a la derecha y que gobernó al país por un importante periodo en el que destacan las figuras de Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Margarita Bachelet. Pero ello no significa en modo alguno que se haya olvidado esa gesta: al contrario, en su discurso para celebrar el triunfo, Boric se habría encargado de recordarlo a la multitud que lo vitoreaba.

Hay muchos hechos que llaman la atención: aquellos gobiernos de la Concertación, que cubrieron el periodo 1990-2010, cuyos dirigentes y militantes habían vivido la larga noche de la dictadura pinochetista, renunciaron a posiciones maximalistas y buscaron afanosamente el centro del espectro político, ese centro político hoy despreciado por partidos y dirigentes políticos que lo consideran un producto de la propaganda neoliberal. Para Chile, sin embargo, significó mucho: permitió construir un enorme y vasto movimiento social que articuló la lucha por la construcción de una institucionalidad democrática, la defensa y protección de los derechos humanos, y la recuperación de las libertades básicas a que tiene derecho todo ciudadano en una sociedad moderna. El asunto es que la Concertación no logró hacerse cargo de un asunto básico: la desigualdad social: el acceso diferenciado a los bienes de la modernidad. Exclusión y marginación que se advertía como uno de los grandes déficits de un nuevo orden. Quizá ahí se encuentre la clave de las intensas luchas del pasado más reciente, y que dan cuenta de la profunda fractura y división que se ha operado en la sociedad chilena de hoy.

La izquierda: gobernar desde la mesura

Esa fractura y división se expresó en esta contienda electoral. La polarización, la ausencia de una fuerza de centro capaz de renunciar a los extremos y ofrecer a los ciudadanos un espacio de tranquilidad. En ese vacío centrista quedaban, a la izquierda, fuerzas con posiciones y demandas más radicales, que recogían ecos de las luchas más recientes por las libertades, mejores salarios, acceso a bienes básicos, gratuidad de la educación; a la derecha, un conjunto también muy amplio de fuerzas vinculadas política e ideológicamente a la dictadura pinochetista, y que también cuenta con una amplia base social. Dos proyectos de nación que se enfrentaron este domingo en una segunda vuelta, en una jornada electoral que tuvo una tasa de participación del 55 por ciento, y que dio al Frente Amplio una ventaja de 11 puntos.

En su discurso de la victoria, Boric advirtió que gobernará desde la mesura. En un Senado con fuerzas equilibradas y una cámara baja donde no es muy ostensible la mayoría de izquierda, entiende que el programa de gobierno enfrentará las limitaciones naturales que impone el equilibrio de poder. Sin embargo, tiene una gran fuerza política, una masa social en movimiento, fuerzas políticas a las cuales acercarse para ampliar su base de apoyo y un conjunto de compromisos para atender los reclamos y demandas más sentidas. Con Boric al frente del gobierno, la izquierda asume el relevo generacional con enormes posibilidades de construir un nuevo y mejor futuro para Chile y para la vida democrática. Así lo dijo en una parte de su alocución: “Sé que la historia no parte con nosotros. Me siento heredero de una larga trayectoria histórica, la de quienes, desde diferentes posiciones, han buscado incansablemente la justicia social, la ampliación de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la protección de las libertades. Ésta es mi familia grande, a la que me gustaría ver de nuevo reunida en esta etapa que ahora iniciamos”.

Y gobernar desde la mesura, significa una permanente búsqueda de acuerdos. Defender, como dijo, la democracia, y no lastimarla. Acercar posiciones, dialogar con todas las fuerzas, tender puentes de entendimiento. Reconocer en el adversario un interlocutor legítimo con el que se puede dialogar, conversar, llegar a acuerdos y trabajar juntos. La izquierda chilena, como todas las izquierdas latinoamericanas, tiene también muchos defectos. Pero tiene una formación sólida y una identidad ideológica de la que, excepto grupos pequeños vinculados al estalinismo, el maoísmo o el trotskismo, ha carecido históricamente la izquierda mexicana. Además, pasó por una experiencia trágica que le obliga a entender y abordar los fenómenos políticos desde otra perspectiva.

14 de diciembre de 2021

César Velázquez Robles

En materia económica estamos teniendo un cierre de año sombrío. Prácticamente se han encadenado dos trimestres sin crecimiento, al tiempo que la inflación parece salirse de control. Este aumento generalizado de precios se ubicará en el orden de los dos dígitos, lanzando con ello ominosas señales de que el impuesto más regresivo de cuantos impuestos hay, aumentará la masa de pobres en nuestro país. Ello constituirá un enorme fracaso de un gobierno que insiste en que por el bien de todos, primero hay que atender a esa gran cantidad de mexicanos que no tienen empleo o cuyos salarios no alcanzan para cubrir sus más elementales necesidades. Este fenómeno recesivo combinado con alta inflación, es lo que se conoce como estanflación. Por un lado, estancamiento, una insuficiencia de oferta frente a un exceso de demanda; aquélla provocada por una debilidad de la economía para una recuperación postpandemia sostenida, como consecuencia de estímulos fiscales insuficientes para la reactivación del aparato productivo. Una consecuencia de esta estrategia, a todas luces fallida, es que México es desde ya uno de los países que más tardará en entrar en una fase de recuperación.

Pero lo paradójico del caso es que, hace poco algo así como un año y medio, el presidente López Obrador presumió que su estrategia era genial, y que la decisión de no apoyar fiscalmente a micro, pequeñas y medianas empresas, así como la decisión de no contratar más deuda, como lo hicieron muchos gobiernos, la patentaría  para que todos los países la siguieran. La festejó como un gran descubrimiento y aporte a la ciencia económica. No está de más recordar sus palabras: “Imagínense si hubiéramos contratado deuda adicional, eso en el corto o largo plazo se traduce en tener que destinar más presupuesto para pagar servicio de deuda. En algunos países lo que hicieron fue contratar deuda, entregar dinero a las corporaciones, se les cayó la economía más que a nosotros y se endeudaron por completo. Entonces yo espero que el caso de México al final va a ser un ejemplo, vamos a patentar esta vacuna”.

En esas fechas –fines de agosto de 2020–, dijo haber recibido presiones de profesionales y académicos de izquierda para seguir una política distinta. Pero su firme decisión, dijo en ese momento, demostró la justeza de la estrategia. La verdad es que ahora estamos viendo el fracaso por desconocimiento e ignorancia en materia económica: es cierto que en no pocos casos, en otros países hubo un endeudamiento excesivo y se apoyó a grandes corporaciones –esas que le provocan urticaria al presidente–, pero en el caso mexicano, nos fuimos al otro extremo: la ausencia de apoyos suficientes condenó a la muerte a cientos de miles de pequeñas empresas.

Me parece que una de las advertencias que debió atender el presidente, es la que provino el vicegobernador del Banco de México, Jonathan Heath, quien meses antes del festejo lopezobradorista por rayarle el cuaderno a economistas keynesianos, neokeynesianos y poskeynesianos, declaró: “lo que está haciendo el presidente es cambiando el problema, en vez de tener una recesión corta y después tener un dolor de cabeza grandísimo, con una deuda casi impagable, él está apostando quizás a tener una recesión un poco más profunda y complicada, pero cuando salgamos no vamos a tener ese dolor de cabeza que seguramente van a tener todos los demás países”.

Bueno, ahora estamos viviendo las consecuencias de la estrategia fallida. Una economía en recesión, que ha ligado dos trimestres consecutivos sin crecimiento, y con cuellos de botella que están disparando la inflación, con una enorme debilidad para recuperar el crecimiento y la expansión sostenida del mercado interno, con dificultades para acompañar el crecimiento de su principal socio comercial. Frente a esta realidad, el gobierno, el presidente, han decidido emprender la fuga hacia adelante. Y así vamos a ir: de golpe de realidad en golpe de realidad. Mientras, amplios sectores sociales depauperados seguirán sufriendo. ¡Qué paradójico! ¡Un gobierno que se comprometió a abatir la pobreza, está haciendo todo lo posible por agrandar el patio trasero de la modernidad!

Rocha, Estrada Ferreiro y el Congreso

El asunto del Metrobús y la actualización de las tablas catastrales, que por cierto ayer resolvieron ya los diputados con incrementos en el predial que van desde 2.5 por ciento hasta 4.0 por ciento, junto con las declaraciones del gobernador, el presidente municipal de Culiacán y un grupo de diputados que forman la punta de lanza en la disputa con Estrada Ferreiro, conforman un explosivo coctel que en cualquier momento puede estallar.  Un lenguaje soez, impropio de una figura política como es el alcalde, o las respuestas virulentas de los propios diputados, el protagonismo que parece ganarles, o la insistencia en que no hay recursos para el Metrobús, han encendido la mecha de una confrontación que puede salirse de madre, como dicen los españoles.

Sobre el Metrobús, Rocha ha dicho que no se dispone de recursos, y no habrá asignación en el presupuesto de egresos de 2022, aunque reconoce que está incluido en un anexo presupuestal, lo que significa que, si a lo largo del año próximo hay algunos recursos disponibles, podrá apoyarse la iniciativa del alcalde. Por supuesto que esta acotación no deja contento a Estrada Ferreiro, aunque Rocha, algo conciliador, reitero ayer en su conferencia semanal, que no habrá pleito ni discusiones con el alcalde. Ojalá. Sería muy penoso seguir viendo esos choques que por lo visto vienen de lejos. El alcalde respondió que tratará de nuevo el caso con el presidente López Obrador, con cuyo respaldó “charolea” para sacar adelante su magno proyecto. Se va a hacer porque se va a hacer, ha dicho, y ha agregado: “Antes de agotar todo yo necesito hablar con el presidente y que se empiece a trabajar. Ahorita lo que falta es un oficio nada más que manden a México, tenemos que actuar. Él lo dijo, que no lo quería, es un hecho que va el Metrobús, de una forma u otra”.

Vistas así las cosas, la posición del alcalde es irreductible. No será Rocha, entonces, quien le haga desistir de su gran obra, sino el presidente López Obrador. Si gana este pulso, el alcalde verá sus bonos subir como la espuma y se colocará en una excelente posición de cara al futuro político. Si pierde la partida, será un rencor vivo contra el gobernador, lo que puede obligar en un momento determinado, a echarle encima toda la caballería, esto es, poner en acción al Congreso para con cualquier pretexto montarle un juicio político.  Por cierto, es la amenaza que en días pasados ha expresado el diputado local panista Adolfo Beltrán, en los siguientes términos: “Si insiste en un juicio contra los diputados a lo mejor el enjuiciado porque hay elementos suficientes puede ser el propio Estrada Ferreiro y si no le buscamos en el tema de las licitaciones de obras que las hizo de manera directa y ahí hay elementos suficientes para fincar responsabilidades del orden penal, y entonces a lo mejor le sale el tiro por la culata”.

Como dice Julio César Chávez: ¡Hay tiro!, ¡Hay tiro!