César Velázquez Robles

20 de enero de 2022

César Velázquez Robles

En el ámbito nacional, todos los gobernantes tienen la tentación autoritaria de limitar los controles que impiden el ejercicio arbitrario del poder. El PRI no perdía oportunidad de amenazar con iniciativas de reforma electoral que contenían, casi siempre, la intención de reducir la cantidad de diputados tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. Desde la tienda de en frente, las oposiciones, el PAN y el PRD, primero, y después morena, hacían una defensa numantina del tamaño del Congreso y, sobre todo, de los diputados de representación proporcional con el argumento central –a mi juicio correcto– de que su existencia era la mejor garantía de corregir las distorsiones de la representación. La llegada al poder de morena no modificó mucho los argumentos: simplemente se invirtieron los términos de la ecuación. Morena pasó a defender el recorte de parlamentarios, mientras que el PRI, ahora en la oposición, enarboló los argumentos que antes eran la bandera de las minorías. Por allá a mediados del año pasado, el presidente López, por ejemplo, en una reunión con empresarios en la que abordó el tema de la reforma electoral, (se) preguntó: “¿Para qué tantos diputados? ¿Por qué no nada más se quedan los de mayoría? ¿Por qué no se quitan las 200 plurinominales, pero no solo en la Cámara de Diputados, también en la de Senadores? Vamos a reformar la ley, la Constitución, para que haya democracia plena”, Claro, como siempre estaba la salvedad presente: “Si no quieren los legisladores, nada por la fuerza”.

En los estados, réplicas de los gobiernos federal, los gobiernos estatales seguían –siguen ahora más que nunca— las  directrices de la Federación. Cada gobierno subnacional, claro, por supuesto, con el control de su poder legislativo, asumía como propia la política diseñada por su partido. Sinaloa no fue la excepción. Apenas iniciado el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, envió al Congreso una iniciativa de reforma electoral para reducir el tamaño del poder legislativo, recortando la cantidad de diputados de mayoría relativa y de representación proporcional. Fue una iniciativa que no estuvo precedida de una discusión amplia en la sociedad, tan apresurada que sorprendió a todo mundo, pues no estaba en la agenda de asuntos públicos relevantes. Un Congreso de clara mayoría priista sacó adelante sin problemas de la reforma, que reducía el Congreso a 30 diputados –20 de mayoría relativa y 10 de representación proporcional— y disminuía también el tamaño de los 18 cabildos. La reforma entraría en vigor para las elecciones de 2021. Pero hete aquí que para 2021 el PRI ya no era la mayoría en el Congreso, sino morena. Unos y otros dejaron en suspenso la ley, de tal modo que para las elecciones de junio de 2021 se votó por 24 diputados de mayoría relativa y los correspondientes 16 plurinominales. Se esperarían mejores tiempos para revocar esa ley que nunca entró en vigor, al menos en loque se refiere a diputados. Ese momento llegó esta semana: se vuelve a lo que nunca se cambió.

En realidad la reforma quirinista no tenía motivación política, mejorar la representación, facilitar el desempeño y productividad de los legisladores o responder a un sentido reclamo ciudadano. Simplemente se aprovechó del desprestigio de un poder que funcionaba como oficialía de partes del poder ejecutivo, y de unas figuras políticas poco dispuestas a expresar su autonomía e independencia política. El argumento era más bien el prosaico asunto económico: disminuir el costo de un poder y reorientar los recursos hacia la atención de las más sentidas demandas populares.

Ni la reforma ni la contrarreforma se hicieron con el consenso ciudadano. Simplemente fueron decisiones del poder para materializar ideas malas (disminuir el espacio de la representación) que parecen buenas (reducir el parasitismo político y el carácter oneroso de un poder ineficiente que no representa un contrapeso real, según una muy extendida percepción ciudadana). Los argumentos mismos de sus señorías son bastante pobres, según los recoge Alejandro Sicairos en su columna Observatorio: “de haberse llevado a cabo la reducción de diputaciones, hubiese provocado que el Congreso del Estado pierda representatividad por lo que respecta a los habitantes del estado, toda vez que mientras menos legisladores se tengan, menor será la capacidad de atención por cada legislador a sus representados”. O este: “las 75 mil 674 personas que representa cada diputado pasarían a ser más, haciendo más difícil la labor de cada representante popular en abarcar y atender las necesidades de sus representados”.

Si acaso, una referencia que debería haber sido el hilo conductor de toda la trama argumental: “reducir el número de diputaciones locales de 40 a 30 implica que la voluntad ciudadana, garantizada precisamente en que cada voto cuente con el mismo valor, se vería afectada en relación a las diputadas y los diputados electos por el Principio de Representación Proporcional, al eliminar espacios que pudieran ser asignados de acuerdo a la totalidad de sufragios obtenidos por un partido político en una elección, independientemente de las curules alcanzadas de acuerdo a los resultados en los Distritos Electorales Uninominales”.

¿Y este argumento no lo vieron en su momento los diputados del PRI que habían aprobado sin discusión la ley reduccionista?

Pero me parece que no hay que exagerar ni sacar las cosas de quicio: dice Sicairos que en el propósito de restablecer su estatus, los diputados “no calcularon las consecuencias que ello tiene para finanzas públicas devastadas y la decaída capacidad contributiva de la población que no soportan mayores cargas de estructuras burocráticas que en nada benefician a los gobernados.”  El asunto no es económico-financiero; es político. Diez diputados más, diez diputados menos, no significan carga para el erario, no modifican de manera sustancial el presupuesto de este poder. El asunto está en la calidad de la deliberación, del debate. En un ejercicio ético que dignifique la calidad de nuestra democracia. Eso es lo que hay que exigirle al Congreso. Ahí nos salen debiendo. Eso sí tiene consecuencias para nuestra convivencia.

04 de enero de 2022

César Velázquez Robles

Como siempre, cada inicio de año tiene que ser una nueva oportunidad para la esperanza. Quienes nos interesamos en los asuntos de la vida pública, deseamos que nuestra convivencia sea cada vez más respetuosa de la diversidad, y que la relación entre el poder y los ciudadanos se base en el respeto mutuo, en el reconocimiento del pluralismo y la tolerancia como valores que en su observancia y ejercicio, hacen posible un disfrute pleno de las libertades políticas que la sociedad mexicana en su conjunto ha conquistado en años de lucha. Indisociable de la política está la economía –la política es la expresión concentrada de la economía, dijo más de una vez Lenin— de ahí que también llame la atención la persistencia de problemas estructurales –y coyunturales— del aparato productivo que lastran el crecimiento económico, dificultan la recuperación del empleo, atizan ahora un acelerado incremento de precios, y que nos puede llevar a una situación de estancamiento con inflación, de cuyos primeros avisos hemos ya sabido.

En su interrelación, economía y política no prefiguran para nuestro país en el año que empieza a correr, el mejor escenario. La suerte de una puede ser seguida por la otra, de ahí la importancia de que todos los actores de la vida económica, política, social y cultural realicen sus intercambios encuentren ese espacio común de entendimiento que permitan gestionar sus interdependencias como un juego de suma positiva. Sé que no es fácil: una forma que considero equivocada de entender la política y ejercer el liderazgo, ha conducido a la polarización y a discursos excluyentes que ha terminado por ahondar una brecha que nos separa y divide. A lo anterior, añádase el hecho de que la política mexicana –más bien, un sector de la clase política— ha insistido en volver a un viejo vicio que parecía desterrado: la persecución penal del disenso, lo que, como lo sabemos muy bien, debilita el Estado democrático de derecho.

Dicho lo anterior, tratemos de hacer un repaso de los principales retos que tenemos en la política y en la economía mexicana para el año 2022:

1.- Una restauración de la institucionalidad democrática. No quiero con ello decir que el Estado democrático de derecho esté haciendo agua. Simplemente, que nuestro sistema de división de poderes, el modelo de control social recíproco que entre todos, unos desde el poder, otros desde la oposición, hemos construido, deje de estar sometido a las tensiones absurdas que en nuestro país pretenden hacer del poder ejecutivo el poder de los poderes. El presidencialismo mexicano, exacerbado como no lo estuvo ni siquiera en la época dorada del autoritarismo priista, gravita sobre las discusiones y decisiones de los poderes legislativo y judicial, condicionando su autonomía e independencia. Las presiones, las coacciones, el chantaje, el intervencionismo, las amenazas, los condicionamientos, son rasgos de una pulsión autoritaria refractaria a los equilibrios, a los pesos y contrapesos propios de la democracia. Hasta hoy, el poder judicial ha logrado resistir esta ofensiva, pero la fuerza de ese presidencialismo es tan poderosa que no es descartable la posibilidad de que termine también siendo un espacio colonizado por el ejecutivo, con todas las consecuencias nefastas para nuestra vida pública y para la calidad de nuestra vida democrática.

Cada vez está más claro que el poder legislativo es un poder capturado. Su autonomía e independencia es letra muerta. Es cierto que en un sistema presidencialista como el nuestro, donde no hay gobierno dividido, es natural que la fuerza mayoritaria en el Congreso apoye y promueva los proyectos, las iniciativas y políticas impulsadas por el poder ejecutivo. Es legal y es legítimo. Lo que no es ético ni estético, es que el ejecutivo ordene a los diputados el sentido de su voto, como por ejemplo pedirles que aprueben tal o cual iniciativa “sin quitarle ni ponerle ni una coma”, o que los propios diputados coreen, luego de aprobarla, “es un honor estar con Obrador”. Ello es comprensible en un régimen parlamentario donde los altos funcionarios del gobierno son escogidos de entre los propios diputados. Baste ver cómo en las sesiones parlamentarias de control al gobierno, los diputados del partido gobernante se desgañitan en apoyo a su presidente, perdiendo toda compostura.

No es el caso del poder judicial, que permanentemente está sometido a presiones que buscan coartar su autonomía e independencia, y que obligan al titular de ese a poder a declarar frecuentemente que “como en todos los asuntos la Corte actuará con la independencia e imparcialidad con la que lo ha venido haciendo hasta ahora”, y que su único compromiso “es, ha sido y seguirá siendo con la Constitución y los derechos humanos”, gusten o no sus fallos.

La Corte, el poder judicial, tiene desafíos muy importantes en la perspectiva inmediata y mediata. Tiene que resolver sobre recursos de inconstitucionalidad y controversias constitucionales de cuya resolución dependerá la calidad de nuestra democracia. Tiene razón el ministro presidente: sus fallos pueden gustar o no. Lo importante es que los integrantes de la Corte no cedan a las presiones, y que sus decisiones se apeguen estrictamente a la legalidad, en el marco de su autonomía e independencia. Lo diría claramente: es, si no el último, uno de los últimos valladares contra cualquier intento de restauración autoritaria. Si cede la Corte, si actúa bajo presiones, si cede ante la voluntad del poder y deja de lado la fuerza de la ley, dejará el camino libre a un ejercicio autoritario del poder.  

2.- Asegurar condiciones de equidad en la competencia por el poder político. La iniciativa de reforma electoral, la reducción de la representación proporcional en el Congreso, la destitución de los consejeros, la captura y el control de los procesos electorales, la devolución de los procesos a la esfera gubernamental, representaría, en caso de prosperar, la involución autoritaria más grave en la accidentada historia de la construcción de un nuevo orden democrático en nuestro país. Arrancar las elecciones del control gubernamental, ciudadanizar los órganos electorales federales y locales, fue producto de una larga lucha democrática. Sin duda alguna, uno de los logros más importantes de la transición hacia la democracia en nuestro país. Defender esas conquistas es una tarea de primer orden. (Continuará).