Ronaldo González Valdés

Recientemente, a propósito de una conversación sostenida por diversos conocedores del tema, Fernando Escalante dijo que “El problema del crimen organizado existe como tal para una lectura federal. Allá abajo, en los municipios, en cualquier lugar, se experimenta de una manera distinta. Hay una mirada federal que no solamente desconoce la infinita variedad de realidades municipales, sino que desprecia a las instituciones municipales” (en “Nuestra guerra: una conversación”, nexos 407, noviembre de 2011, p. 42). Creo que con esta apreciación, Escalante Gonzalbo apunta una cuestión de interés no sólo para las políticas de seguridad, sino en general para la política pública en el país. Tal es el caso de la política pública cultural.

1. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), organismo rector en la promoción, difusión, apoyo y patrocinio de la cultura, sigue operando con la misma estructura, el mismo marco legal y los mismos programas con que nació en 1988, en el gobierno priista de Carlos Salinas de Gortari. Su relación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA), continúa estando signada por una contradicción de origen: el estatuto jurídico de estos es superior al de aquél; mientras unos fueron creados por decreto legislativo, el otro lo fue por decreto administrativo del Ejecutivo. Todas las decisiones que se han tomado desde entonces, en lo concerniente a diseño organizacional, normativo y administrativo, han sido resultado de la improvisación y la ocurrencia. Una Coordinación de Ciudadanización se puede convertir, sin mayor explicación, en una Dirección de Vinculación. Las reformas de fondo siguen esperando ad calendas graecas.

2. No se ha avanzado una sola pulgada en el renglón de financiamiento. Se sabe que el CONACULTA ha registrado un incremento sostenido en su presupuesto anual desde hace varios años, pero esto no se ha traducido en mayores beneficios ni para los creadores, ni para los promotores culturales, ni, mucho menos, para las entidades federativas y los municipios. Para ponernos solamente en este caso, dígase que los convenios que se firman con los estados son los mismos que se acordaron desde la administración encabezada por Rafael Tovar y de Teresa en los tiempos de la presidencia de Ernesto Zedillo: fondos estatales para el estímulo a la creación artística, apoyos a las culturas municipales y comunitarias, cultura infantil, infraestructura cultural… no mucho más que eso. Igual ha pasado con los fondos nacionales como el FONCA, que sigue siendo el punto de referencia para los creadores en el país. Nada verdaderamente relevante  sucedió durante las gestiones panistas en lo que toca a financiamiento e inversión cultural (como no sean los desatinos de obras, que quisieron ser grandiosas por grandotas, como la saribermudezca biblioteca Vasconcelos). ¹ 

3. Con la política cultural en sentido estricto tampoco ha pasado nada más trascendente que las rosas. El mapa programático de la cultura en México es prácticamente el mismo de los últimos mandatos priistas: Festival Cervantino, ferias nacionales diversas (FIL, Palacio de Minería, etcétera), apoyo casuístico a programas estatales (festivales artísticos, una orquesta por acá, algo de cultura étnica o popular por allá), ¿qué más? El CONACULTA no ha elaborado una política que dibuje estrategias de desarrollo cultural por regiones a partir de la ubicación de capacidades y tendencias históricas regionales desplegadas por iniciativa pública, privada o social a lo largo y ancho del territorio nacional.

Todavía en el último balance de su gestión, Consuelo Sáizar, ex Presidenta de este organismo, afirmaba: “Los saldos pendientes, entre los que alcanzó a distinguir, son: definir la figura jurídica adecuada para el Consejo, diseñar el proyecto internacional del que ha carecido desde sus inicios, alinear la educación artística entre las instituciones que dependen de la SEP, el CONACULTA y el INBA, trabajar de manera más cercana con los estados para definir su vocación cultural, continuar con el proyecto electrónico, que es una forma de garantizar la memoria para el futuro, y democratizar los contenidos” ² . Más allá de la pertinencia indiscutible de algunas de sus consideraciones, es evidente que para la ex funcionaria la insuficiencia de políticas públicas que galvanicen y fortalezcan el tejido social es, como dijera Ernesto Laclau, simplemente un impensable conceptual y programático.

La conclusión es vasta y abrumadora: increíble que a estas alturas de nuestra historia moderna y contemporánea, una de las asignaturas pendientes del quehacer cultural sea la definición, diagnóstico y despliegue estratégico de una auténtica política pública federalista y republicana. Increíble que sigamos subordinados a una narrativa conservadora y centralista que se desentiende de los contenidos regionales del texto cultural nacional. Y diré que, en efecto, no se trata de un asunto sencillo, aunque sí, y con eso debería bastar, de algo claro y evidente al tiempo que dramático y ofensivo dadas las condiciones actuales de nuestro(s) tejido(s) social(es).

Como sucede en el caso de la seguridad pública, se requiere construir una trama de significados distinta a la ya tradicional y convencional narrativa que destaca la ineficiencia o hasta el “anacronismo” de los programas orientados al fortalecimiento de dispositivos regionales, estatales, municipales y comunitarios de intervención social. En un plano, el de la seguridad pública,  se descarta, disminuye o, en el extremo, se anulan por completo los controles policiales municipales (como ha ocurrido en no pocos lugares del país)³ , en otro, el de la acción pública cultural, se imponen programas del centro a la provincia y se formaliza una política y una narrativa lineal y aplanadora de todo erizamiento, de toda diferencia regional (así ocurrió con las casas de cultura municipales y comunitarias que fueron virtualmente satanizadas como vestigios bucólicos de prácticas parroquiales y provincianas –no sé, por cierto, si nuestras burocracias culturales federales y estatales reconozcan la firma de André Malraux en esta línea programática:  con ella se inaugura en Occidente, ni más ni menos, la idea de una política cultural). En ambos planos está claro que se descuida miserablemente el primer eslabón de la cadena que articula la organización social, política y administrativa de la república: la comunidad municipal.

Para avanzar una nueva narrativa en materia cultural, me parece, tendrá que partirse de los contenidos característicos del discurso político convencional: México es una “Nación de naciones”, una Patria de matrias diría don Luis González y González, con una diversa, rica y, en cada caso, arraigada vida cultural que ha permitido a sus moradores establecer relaciones singulares con el mundo que les rodea, con el medio natural y sus semejantes. Ahora, a propósito del terrible flagelo de la violencia que lesiona la sana convivencia y las posibilidades de progreso de nuestras sociedades, es necesario volver la mirada a ese extraordinario legado histórico y a su representación actual a través de sus más distintas manifestaciones. Esto supone dejar atrás las tradicionales concepciones de la cultura como ornamento social o mera evasión del espíritu. Igualmente, tendrán que superarse los encasillamientos que la definen como “alta cultura”, “cultura popular” o “cultura de masas” o de “mercado”. En los tiempos que corren, estamos emplazados a pensar a la cultura como recurso. Solamente desde esta comprensión podremos asumir que, en efecto, “el papel de la cultura se ha expandido de una manera sin precedentes al ámbito político y económico, al tiempo que las nociones convencionales de cultura han sido considerablemente vaciadas”⁴ .

Vale la pena citar otra parte del texto de Yúdice cuando señala cómo “el concepto de recurso absorbe y anula las distinciones, prevalecientes hasta ahora, entre la definición de alta cultura, la definición antropológica y la definición masiva de cultura. La alta cultura se torna un recurso para el desarrollo urbano en el museo contemporáneo (por ejemplo, el Guggenheim de Bilbao). Los rituales, las prácticas estéticas cotidianas tales como canciones, cuentos populares, cocina, costumbres y otros usos simbólicos son movilizados también como recursos en el turismo y en la promoción de industrias que explotan el patrimonio cultural”⁵ .

Nadie discute la misión de proyectar una imagen de país, de nación, que la acción pública cultural tiene encomendada. Nadie discute tampoco su función como educadora en las disciplinas artísticas convencionales, proveedora de bienes y servicios culturales diversos (museos, teatros, festivales artísticos, ferias del libro, etcétera). Pero su tarea va, desde luego, mucho más allá: una verdadera política cultural deberá sustentarse, hoy más que nunca, en la demanda objetiva de las comunidades donde se crean los sujetos de la vida social, donde se gesta el déficit de cohesión y ciudadanía que padecemos. Precisamente por las razones que arguyen los políticos, los funcionarios públicos (empezando por el flamante titular de CONACULTA, Rafael Tovar y de Teresa⁶ ), los intelectuales, opinadores públicos y dirigentes sociales, la política pública debe considerar una recolocación sociológica y política del papel de la cultura.

De aquí que la idea y la práctica de la animación sociocultural (ASC) deba ser ensayada y debatida con más rigor y seriedad en países como el nuestro. La ASC se concibe como “un método de intervención territorial que, desde la cultura, a las personas con aspiraciones y necesidades no satisfechas, les facilite la posibilidad de reunirse en grupos para iniciar un proceso conjunto (…), interrelacionados en redes de cooperación”⁷ . De lo que se trata, ciertamente, es de concebir a los municipios, a sus centros urbanos y localidades, como espacios en los que coexisten fuerzas cohesionantes y fuerzas tensionantes, lugares en los que se generan representaciones y referencias que amplían o constriñen los horizontes de vida de la gente, lugares de integración y anomia, de inclusión y exclusión⁸ .

Para que esto suceda, tiene que tomarse una decisión que es, en última instancia, una decisión política: la de asignar nuevos y más poderosos alcances a la acción cultural. Igualmente, tendrán que recuperarse experiencias como la española, la brasileña y la colombiana (el trabajo en redes, el asociacionismo cultural, etc.). Y tendrá que elaborarse un estudio muy serio que permita contar con los registros antropológicos e identitarios, institucionales, emergentes y hasta comerciales del activo cultural de nuestras regiones y comunidades. Sólo así tendrá sentido georreferenciar el requerimiento, las capacidades y competencias culturales de la república cultural.

Ocurriría así un vuelco en nuestra política cultural, y estaríamos entonces, acaso, actuando en verdad con rumbos definidos en el diseño y despliegue de una política pública nacional auténticamente republicana y federalista.

Ronaldo González Valdés (Culiacán, Sinaloa, 1960). Sociólogo y ensayista, miembro del Consejo de Planeación del Centro de Investigaciones Artísticas y Culturales del INBA, profesor e investigador de la facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Su último libro es Sinaloa: una sociedad demediada, México, Juan Pablos eds., 2008.