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CASTIGO A LA CORRUPCIÓN

LAS COSAS QUE PASAN

Por Jorge Walterio MEDINA

medinawalterio@outlook.com

 

Desde luego que la decisión final en torno de lo que ocurrirá con los responsables del desaseo financiero que caracterizó al gobierno anterior en Sinaloa, obedecerá más a lo político que a lo legal.

En nuestra opinión, por cierto, no vemos en la “hoguera” ni a Mario López Valdez, ni a  Gerardo Vargas Landeros.

Sin embargo la titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, Guadalupe Yan Rubio, soltó este lunes información que amplía el cúmulo de irregularidades que se habrían cometido en el anterior gobierno, el del señor López.

“Gobierno del Estado interpondrá denuncias penales que procedan conforme a derecho”, enfatizó la funcionaria que adelantó además que “abre la STyRC procesos administrativos a ex funcionarios por posible daño a las finanzas”.

Se trata, según la información, de “cuotas no enteradas al IPES y al ISSSTESIN por mil 934 millones de pesos, un faltante en las arcas públicas por 667 millones de pesos, y la apertura de tres expedientes administrativos en contra de ex servidores públicos  por el presunto desvío de mil 21 millones de pesos por posible daño a las finanzas del Estado, además de otros procesos que se abrirán por un monto de mil 143 millones de pesos, son algunos de los puntos que arrojó la auditoría practicada por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas”.

Ernesto Echeverría, el ex secretario de salud, está hoy en el centro de una estrategia mediática, diseñada muy probablemente en el acuerdo de los que se fueron y de los que llegaron a la administración del poder, que le señala  una y mil supuestas irregularidades y cuantiosos negocios donde intervinieron empresas suyas y de amigos como los miembros de la familia Salido, propietario de la cadena de periódicos El Debate.

Para nada casual que las denuncias contra Ernesto Echevarría alcanzaron la difusión en notas de importantes medios nacionales

El qué hay en el futuro de Armando Villarreal, ex secretario de finanzas, de Francisco Frías Castro, ex titular de la SEPyC y de su sucesor en el cargo, Gómer Monárrez González, empieza a llamar también  la atención de los analistas y de la opinión pública.

¿Van también a la hoguera como resultado de la investigación de la Auditoría Superior del Estado ?

El rumor, por lo pronto, crece rápidamente.

Regresando con la denuncia de Yan Rubio, se dio a conocer que durante el primer semestre del año se revisaron los saldos de 841 cuentas de cheques, 16 mil 724 partidas de aplicación presupuestal, 31 mil 237 pólizas que representan 25 mil 762 millones de gasto federalizado y no federalizado,  y 115 convenios con la Federación correspondiente a mil 137 obras.

“De entrada, Yan Rubio informó que el saldo real encontrado no corresponde con el reportado, pues se encontró un saldo en bancos por 421 millones de pesos, que comparado con el registrado en la cuenta pública presenta una diferencia de 667 millones de pesos, de los cuales, 594 millones de pesos corresponden al Banco Interacciones”.

Recalquemos que esta información surge a unos días de que el Congreso del Estado revise el informe que presente la Auditoría Superior del Estado, respecto de la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del 2016.

El asunto se pone interesante porque se abre la posibilidad real de que en Sinaloa se castigue por fin la corrupción, aunque seguimos pensando que en la parte fuerte de las irregularidades, la decisión será política.

Ya lo sabremos.

Así están las cosas…

 

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CUENTAS PÚBLICAS

LAS COSAS QUE PASAN

Por Jorge Walterio MEDINA

medinawalterio@outlook.com

 

El periódico Noroeste dedicó la nota principal del  lunes a denunciar una serie de irregularidades que se habrían cometido en la Secretaría de Salud, cuanto su titular lo fue el doctor Ernesto Echevarría, durante el gobierno de Mario López Valdez.

La nota refiere contratos por 87.2 millones de pesos que Echeverría habría firmado con “empresas que el fundó y con cinco más que están vinculadas con la red empresarial que lo impulsó al cargo”, afirma.

Voces por cierto  que nos recalcan que los 87.2 mdp de los que habla la nota, son en realidad muchos más.

Ya se verá.

Y esas voces nos recuerdan que el grupo empresarial que impulsó a Echeverría a su cargo en Salud, no es otro que el que encabeza la familia Salido, propietaria  de los periódicos El Debate.

Estamos en julio, mes clave para la revisión de las cuentas públicas del segundo semestre del  2016, del gobierno estatal y de los 18 ayuntamientos, donde se tiene el antecedente de que la legislatura local ya rechazó la cuenta pública de la administración estatal, correspondiente al primer semestre del año anterior.

Días interesantes estos, cuando la opinión pública está pendiente del qué va a ocurrir en torno de las múltiples denuncias respecto  de la administración de Mario López Valdez, sobre cuyo gobierno existen muchos señalamientos de irregularidades en torno del manejo del gasto público.

Que alguien tendrá que pagar los “platos rotos” y cuando menos aparecer a la manera de un “chivo expiatorio”, se afirma en la calle.

A seis meses del gobierno de Quirino Ordaz Cóppel, cuya administración sigue enfrentando graves problemas de imagen, es decir que no logra penetrar en el ánimo popular, pareciera que el asunto de castigo a las irregularidades de López Valdez, constituye una de las pocas oportunidades que le quedan para enmendar el camino, para posicionarse bien en el ánimo social.

Otro camino, muy difícil por cierto,  sería el de resolver el grave problema de inseguridad que vivimos, donde los asesinatos y robos de todo tipo van en aumento y enlutecen a cientos de hogares sinaloenses.

Así están las cosas…

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NARCOPOLÍTICA

LAS COSAS QUE PASAN

Por Jorge Walterio MEDINA

medinawalterio@outlook.com

 

Desde luego que tiene  razón la diputada priísta Irma Tirado, presidenta de la Junta de Coordinación Política, cuando señala que la narcopolítica  nunca debió haber llegado al Congreso del Estado.

Sin embargo la narcopolítica está visiblemente no sólo en el poder legislativo estatal, sino además también en los tres niveles del gobierno y en el poder judicial.

Digamos que la enorme presencia de la narcopolítica es la madre de la terrible impunidad que ahora existe en Sinaloa, y que genera la violencia y la alarmante incidencia de muchos delitos más.

Precisemos que la diputada Irma Tirado se refirió desde luego al caso de Lucero Sánchez quien fuera diputada local en la anterior  legislatura y a quien se desaforó desde la cámara baja del Congreso de la Unión, por presuntas relaciones con Joaquín Guzmán Loera,

El caso Lucero Sánchez generó en el 2016 una serie de reacciones políticas utilizadas, en su mayoría, para apuntalar la candidatura priísta de Quirino Ordaz Cóppel a la gubernatura, a partir de que la cosalteca había sido postulada en su momento por una alianza PAS, PAN, PRD y otros.

Resumamos que los señalamientos en contra de Lucero Sánchez fueron llevados al extremo por la dirigencia nacional del PAN que evitó la concreción de la alianza PAS-PAN que, con Héctor Melesio Cuen Ojeda a la cabeza, le hubiera infringido al PRI su segunda derrota consecutiva en la lucha por el gobierno estatal.

Y concluyamos que el PAN fue el principal perdedor porque fue desplazado por el PAS hasta el tercer lugar de las preferencias electorales de los sinaloenses.

Difícil no entender que el desafuero de la diputada Lucero Sánchez tuvo una  utilización política en favor del PRI y de Quirino Ordaz.

Pero pensar que la detención de Lucero Sánchez en California seguirá ayudando igual al PRI y al ahora gobernador, es más difícil todavía.

Es tanto el inmovilismo político que caracteriza al PRI y a la actual administración estatal, que ya no les alcanza con la reacción mediática que genera esta nueva detención de la cosalteca.

LAS COSAS QUE PASAN

En la historia de la entidad los planes de desarrollo, ya del gobierno estatal o de los municipios, no han pasado de ser catálogos de buenos deseos.

Poca es la gente que los ha leído y mucho más poca aún la que se ha interesado  es saber siquiera  que porcentaje de esas promesas se cumplieron.

El tema cobra vigencia porque el gobernador Quirino Ordaz presentó el suyo y se le reprochó que lo haya hecho a puertas cerradas y porque su contenido en materia de estrategias de seguridad es muy pobre.

Este miércoles el alcalde de Culiacán, Jesús Valdés, presentó su Plan Municipal de Desarrollo y ya conoceremos las reacciones que generó.

Pendientes.

Así están las cosas…