Después de muchos años en que la relación entre medios y poder político (y económico) se desarrolló en un entorno de placidez, con el advenimiento de la transición el tema pasó a desenvolverse en un entorno de turbulencias. La subordinación y abyección de la prensa escrita, la radio y la televisión en el largo periodo autoritario, se trocó en unos medios levantiscos que encontraron en el ejercicio de la crítica una forma más funcional de inserción en la competencia por el favor de las audiencias propia de mercados abiertos. Empezó a expresarse una relación más abierta y transparente aunque con notables zonas de opacidad. Pese a muchas propuestas para una asignación de publicidad conforme influencia, penetración y circulación, el gobierno siguió regulando este procedimiento y utilizando como un instrumento para premios y castigos.
Esta cultura sedimentada durante décadas, sigue definiendo el modus operandi de la relación entre medios y poder. Hay tensiones, por supuesto, y éstas solo se pueden resolver en la medida en que las partes de la ecuación son capaces de encontrar, a través de la deliberación, de la discusión serena y responsable, un punto de equilibrio en el que se preserven los derechos de los medios a informar en libertad, el derecho de las audiencias a recibir información de calidad y el derecho de las instituciones de la sociedad democrática a establecer algunas normas de regulación que garanticen la calidad de los bienes y servicios informativos en un clima de libre circulación de las ideas. Aparentemente el asunto no entraña grandes dificultades, pero en la práctica encontrar el equilibrio entre distintas libertades y derechos es sumamente difícil. Dígalo si no, el gran debate que se ha producido por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), según la cual los medios deberán distinguir claramente para proteger el derecho de las audiencias, entre información y opinión.
Hago un rápido resumen de la litis en cuestión:
1.- El pasado 19 de enero, la SCJN resolvió eliminar las normas que permiten a concesionarios de radio y televisión elaborar sus propios códigos de ética, y “restablecer la responsabilidad de los medios de distinguir entre opinión e información para evitar eventuales violaciones a los derechos de las audiencias”. 2.- De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), esta resolución viola el derecho a la libertad de expresión. 3.- La SCJN dispone de 60 días para pronunciarse a partir de la resolución de mediados de enero, de tal modo que en marzo se abordará en el pleno la controversia. 4.- La CIRT se pronunció ayer en contra de la eventual y definitiva aprobación de esta disposición, en términos una inusual dureza, que permite pronosticar un fuerte enfrentamiento y, en consecuencia, la dificultad para llegar a un consenso.
¿Qué dijo ayer la CIRT? Que la supuesta defensa de las audiencias que preconiza la SCJN no es sino una abierta intromisión y un inadmisible acto de censura, que nos retrotrae a los periodos de gobierno de Luis Echeverría y José López Portillo, y de aprobarse acudirán a instancias internacionales, al tiempo que reclamó al Congreso evitar que se invada su esfera jurisdiccional y al Ejecutivo federal pidió ampliar libertades y no acotarlas: “Hacemos un llamado al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revise con cuidado lo que este tema se está diciendo por la abierta censura que habrá sobre comunicadores y las limitantes a la información sobre millones de mexicanos. También un llamado al Congreso para que no dejen que les invadan sus facultades legislativas y al Ejecutivo para que amplíe las libertades y no las acote”. Más todavía: “No tengan dudas. Acudiremos a instancias internacionales para evidencia el manto censor y ominoso con que algunos quieren cubrir a nuestro país”. Añadió que protegerán “el derecho de los mexicanos para que la información que decidan ver y oír sea libre de censura y sin avales gubernamentales”.
¿Cómo equilibrar los derechos de unos y otros? El asunto no es fácil, y ha sido el centro de las controversias en la actual sociedad de la información en el propósito de garantizar, como apunté, la libre circulación de los bienes y servicios informativos, y me parece que si la Corte decide eliminar el derecho de los concesionarios a elaborar sus propios códigos de ética, y a distinguir entre información y opinión, habrá jaleo en serio. En estos casos, siempre es conveniente acudir a nuestros expertos. Cito in extensu a Manuel Núñez Encabo, redactor del Código Europeo de Deontología del Periodismo del Consejo de Europa, quien al analizar la relación medios, ética, derecho de audiencias y poder político o económico, dice lo siguiente:
“Si el control fuese principalmente Jurídico podría encorsetar, sofocar u obstaculizar la propia libertad de expresión, ya que, el derecho, por definición, supone un, heterocontrol ajeno a los propios medios de comunicación que se ejerce y se impone con coacción y rigidez. Por tanto, parece más adecuado establecer un control asumido desde el interior de los medios y que se ejerza como autocontrol ético. En definitiva, en relación con los contenidos de la información, es preferible aplicar un máximo ético y un mínimo jurídico. Sin embargo, ésta sólo será una solución válida a condición de que los compromisos y la responsabilidad ética se asuman públicamente, porque la ética de los medios de comunicación debe concebirse como una ética social y pública, ya que los medios de comunicación, sean públicos o privados, ejercen claramente una función pública, por eso no es admisible afirmar que el ejercicio del periodismo queda reducido a una relación privada entre los emisores, los medios de comunicación y los receptores, los ciudadanos como personas individuales, porque tanto la libertad de expresión como el derecho a la información son derechos fundamentales que afectan al mismo tiempo a la raíz misma de la persona y al desarrollo de la sociedad y de la vida social.”
Creo que en estas palabras está una solución de compromiso, y evitar así que de este asunto se haga un casus belli.
