Opinión

18 de febrero de 2022

César Velázquez Robles

Nuestros políticos parecen haber perdido por completo el rumbo. No es algo nuevo, ciertamente; ocurre desde hace ya largo tiempo, algunos de ellos convencidos de que lo que no está prohibido está permitido, en lugar de asumir, como lo establece un principio general de derecho constitucional universalmente admitido, que solo pueden hacer lo que les está permitido. Lo primero corresponde en democracia a los ciudadanos, a cualquier ciudadano común y corriente, de a pie; lo segundo a funcionarios electos y por designación, integrantes de la administración pública, diputados federales y locales, senadores, alcaldes, regidores y todos aquellos que manejan recursos públicos y que, en consecuencia, están obligados a rendir cuentas y actuar con transparencia, esto es, ponerse bajo el escrutinio público.

Estos principios constitucionales, por ejemplo, no autorizan al presidente a indagar los ingresos, fuente, origen o procedencia de la “riqueza” de un particular, a menos que exista una razón de seguridad para el Estado. Por ahí fue la respuesta del órgano encargado de garantizar la protección de los datos personales, el INAI, frente a la petición del presidente de que se investigaran e hicieran públicos los datos de los bienes de Loret de Mola, incluyendo a sus familiares. Como le dijeron que no, que por ahí no podía transitar, preguntó entonces que si podía pedir toda esa información como ciudadano, pues el se reclama así, como ciudadano, sin entender, o sin querer entender, que por sus funciones, responsabilidades, atribuciones y potestades, no es un ciudadano cualquiera.

Pero en su permanente fuga hacia adelante, el presidente sigue y seguirá su abierta confrontación contra un particular, utilizando todo el poder del gobierno, todas sus facultades constitucionales y metaconstitucionales. Quiere saber quién le paga al periodista, cuánto le paga y por qué le paga. En esta tarea le están engordando el caldo, entre otras figuras, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, convertida en un vulgar epígono presidencial, que en el propósito de quedar bien con su jefe ha perdido toda capacidad crítica. En rueda de prensa ayer, dijo lo siguiente: “Hay periodistas que tienen ingresos mensuales de 35 millones de pesos. Entonces la pregunta es ¿quién financia esos medios? ¿Cómo se financian? ¿De dónde se tienen tantos recursos? Yo creo que son preguntas pertinentes, hay quien dice que eso viola los datos personales, pero finalmente, una persona que se dedica a difundir, también, yo creo que es importante que, en estos casos donde hay esta característica, pues pueda dar la información; y si no tiene esas características el INAI, pues a lo mejor las debería de tener para poderle dar las atribuciones necesarias”.

Éste es, por supuesto, un tema de debate. Se discute desde hace mucho y aunque hay un amplio consenso en que quienes están obligados a informar sobre sus ingresos y bienes, son aquellos que ejercen una función pública o, más concretamente, que manejan recursos que la sociedad les ha confiado, hay también una corriente nada desdeñable que está convencida, a mi juicio con argumentos poco sólidos, de que un particular también debe estar obligado a informar, si así lo exige el gobierno, el SAT, la UIF o Hacienda, sobre todos sus ingresos, como si tuviese las mismas responsabilidades y obligaciones que un funcionario público.

Sobre este tema conversamos ayer en la mesa de análisis de Punto Crítico Sinaloa Digi TV, Edgar Hernández Cervantes, Carlos Calderón Viedas, Arturo López Flores y quien esto escribe, y fue posible advertir enfoques diferentes y posiciones discrepantes. En mi breve intervención como moderador del debate preguntaba: ¿importa la titularidad de los medios, si son públicos o privados? ¿Importa saber quiénes son los dueños? ¿Importa saber la procedencia de sus recursos? Eso nos va a llevar a descubrir el hilo negro o el agua tibia. ¿Qué importancia tiene saber quién es el dueño de The Washington Post o The New York Times? Y en el caso de México, que interés tiene investigar para llegar a la conclusión de que la familia Vázquez es la propietaria de Excelsior o Juan Francisco Healy es el accionista mayor de El Universal o, más particularmente, en el caso local, ¿importa “descubrir” que los Salido son los dueños de El Debate, y que ello condiciona la línea informativa de la cadena?

Es cierto que los medios ya no son lo que eran. Es verdad que hemos tenido una visión idealista de la prensa, la radio y la televisión, sobre todo a raíz de los cambios y de los vientos de fronda que trajo nuestra transición democrática desde fines de los años setenta del siglo pasado, de que han sido amplificadores de nuestra vida democrática, y que los medios son límites a todo ejercicio arbitrario del poder. Hay que reconocer que “el espíritu comercial de los medios ha desbancado su dimensión como servicio a la sociedad civil”, y los lectores o la llamada opinión pública no siguen ya tanto las orientaciones y directrices de los grandes conglomerados mediáticos estilo Rupert Murdoch, sino que inclinan claramente a modalidades alternativas para obtener información o para asegurar la libre circulación de ideas e información de su interés, afianzando la centralidad de las redes sociodigitales y dejando atrás a los medios convencionales.

Esta es la realidad de los medios y a partir de ésta se establecen sus relaciones con el poder. La aspiración del poder es siempre y bajo cualquier circunstancia, el control de los medios. En México ello logró durante muchos años, a través de una relación subordinada condensada en aquella famosa expresión de “¿qué horas son? Por el presidente, con la respuesta pronta y expedita de los medios: “Las que usted guste, señor presidente”. La transición, el pluralismo, el afianzamiento de las libertades, ha ido cambiando de manera acelerada el escenario. Hoy los medios son críticos porque eso es lo que vende, no porque lo sean por convicción. Y si critican al poder, el poder se exalta, se irita, se molesta. Persigue, acosa, acusa, en una batalla que solo puede ganar recurriendo al autoritarismo. Y creo que ni así.

17 de febrero de 2022

César Velázquez Robles

Estamos viviendo un momento muy peligroso en la vida política del país. El espacio público, donde los diversos actores se reconocen en su diversidad, empieza a reducirse de manera drástica. El diálogo pierde presencia y la conversación colectiva, por su magnitud y extensión, se reduce de manera considerable. Lo que tenemos a la vista es un empobrecimiento del debate o, peor aún, una persecución, un linchamiento de quienes expresan las voces del disenso. Pocas veces, si no es que ninguna en las últimas cuatro décadas, desde la primera reforma electoral que abrió sus compuertas a las oposiciones para integrarlas a la vida democrática, habían peligrado tanta el régimen de libertades que en este periodo entre todos hemos ido construyendo los mexicanos.

No sabría precisar con certeza cuándo se torció el asunto. Pero diría que en el momento en que el presidente de la cámara baja interpuso una denuncia penal contra miembros del Instituto Nacional Electoral (INE), un órgano con autonomía constitucional, un órgano de Estado, no una organización no gubernamental, el país entró en una deriva autoritaria y poco o nada se ha hecho desde las propias instituciones, por impedir que esta regresión en la vida democrática adquiera su propia dinámica. Un diferendo entre dos órganos de Estado se quiere entonces zanjar –castigar, más bien—con cárcel. La respuesta no podía ser más que una firme defensa de la institucionalidad democrática: en un estado democrático de derecho, el disenso no se persigue por la vía penal. Diría más todavía: que el disenso no persigue por ninguna vía; se incorpora a la vida pública como parte sustancial de la democracia, pues es la contraparte del consenso. Bueno, eso al menos es lo que diría cualquier demócrata.

Ahora, esta misma semana, hubo una nueva y más ominosa señal de que la deriva autoritaria puede extenderse de manera acelerada. Los senadores del partido gobernante, que se supone son políticos profesionales con más rigor y profesionalismo, formados en las luchas democráticas y que saben que la persecución de la disidencia termina por instaurar un orden represivo, dieron una muy grave muestra de que el autoritarismo se empieza a enseñorear entre nosotros. Resulta que en defensa del presidente López Obrador aprobaron y dieron lectura a una declaración que cualquier régimen de mano dura la aplaudiría sin reservas. Es en verdad una joya de la política moderna la que uno de los senadores leyó mientras el resto de sus colegas, con una actitud hierática, en posición de auténticos héroes de la patria, se sentían como el último valladar en la defensa de la dignidad, la integridad moral y espiritual del pueblo mexicano.

Quisiera pensar que fue el desaseo de la redacción de la proclama incendiaria de los senadores, y no que ese es su verdadero pensamiento. Si fuese lo primero es imperdonable entre los miembros de la cámara alta, y si es lo segundo, es de una gravedad extrema, que debe llamar nuestra atención y entender que ahora sí, como nunca antes, está en grave riesgo las conquistas democráticas de estos años. Veamos algunas de las parrafadas que nos avientan los representantes del pacto federal:

1.- Ya no hay adversarios; ahora son enemigos. La dicotomía amigo-enemigo, que hizo tan popular uno de los ideólogos del nazismo, Carl Schmitt, vuelve por sus fueros. En la lógica entre contrarios, ya no impera la razón política, que supone un reconocimiento recíproco de los actores. Ahora se impone una lógica de guerra, en la que el adversario desaparece para convertirse en un enemigo, y como en toda lógica de guerra, al enemigo hay que destruirlo, exterminarlo. Con ese discurso van los senadores al encuentro de futuro: “Los enemigos no son sólo opositores a los principios democráticos y populares que encabeza el Ejecutivo, sino opositores a México y a todos los ciudadanos que buscan la justicia y la igualdad social”. Es la lógica de buenos y malos, de blanco y negro, que no admite matices ni reconoce la existencia de una zona de grises.

2.- Los enemigos son traidores a la patria. “Los que se oponen al Presidente de México, no son más que un puñado de mercenarios que, al ver privilegios mancillados, luchan con todo su poder económico para que prevalezca el viejo régimen en el que podrían hacer sus negocios sucios en la oscuridad. Son unos traidores a la Nación, a la Patria y al pueblo”.

3.- Un exacerbado culto a la personalidad. Enemigos, traidores a la patria, mercenarios, ese es el lenguaje de sus señorías. Claro, todos estos calificativos porque se oponen al presidente de México, quien, para los senadores encarna, simboliza y personifica al pueblo, a la nación y a la patria. Como ello no puede ser permisible, hay que denunciarlos, perseguirlo y exhibirlos en la plaza pública, cual si fuesen unos vulgares Miramón y Mejía.

Para que nos entendamos: con ese lenguaje, que también hace recordar las peores persecuciones macartistas de los años 50 en los Estados Unidos, ¿alguien puede creer que sea posible el entendimiento, el diálogo, el acercamiento de posiciones en un ejercicio de aproximaciones sucesivas? Bastante difícil, creo. Este lenguaje de la intolerancia debe merecer un amplio rechazo. Es intolerable que después de varias décadas de lucha por la democratización de nuestra vida pública, sigan imperando en las relaciones entre los actores políticos ese tufillo autoritario, ese lenguaje endurecido que excluye, que cancela posibilidades del diálogo y lastima nuestra convivencia.