Opinión

15 de febrero de 2022

César Velázquez Robles

En nuestros países, incluido México, por supuesto, hay una desafección cada vez mayor con la democracia. Las encuestas de Latinobarómetro dan cuenta del desencanto de amplios sectores sociales con unos regímenes que, al sustituir a las viejas dictaduras, ofrecieron a sus pueblos bienestar y progreso. Pronto empezó a advertirse que, ciertamente, hubo una inflación de expectativas y que la democracia en realidad poco tiene que ver con progreso material, trabajo, mejores ingresos, salarios remuneradores, abatimiento del hambre. De ahí el enfado con estas democracias liberales que no lograron atender con eficiencia los reclamos sociales, que pronto se trocó en irritación y en ese malhumor social que empezó a derribar en las urnas un modelo que siguió a su aire en la ruta de concentración del ingreso, exclusión y marginación, dando paso a una nueva generación de gobiernos presuntamente de izquierda.

En los años previos a este ascenso de la llamada por algunos “marea rosa”, esta frustración social con los órdenes democráticos se traducía en una demanda de gobiernos de mano dura, como si los viejos gobiernos de corte militar hubiesen sido capaces de resolver los añejos problemas sociales. Además, ha sido proverbial la desconfianza ciudadana sobre las instituciones de la democracia, y así lo reconoce el informe 2021: “América Latina es la región del mundo más desconfiada de la tierra. En promedio, en América Latina se registran veinte puntos porcentuales menos de confianza en las instituciones elegidas por voto popular que en Asia, África, los países árabes y Eurasia”.

Pero en las democracias avanzadas o consolidadas, consideradas modélicas por muchos, las cosas no marchan mejor. Consideremos los siguientes datos de una encuesta, cuyos resultados recoge en su artículo Pablo Hiriart, jefe de corresponsales de El Financiero en los Estados Unidos: Una encuesta de Zogby Analytics indica que 46 por ciento de los votantes piensa que Estados Unidos se encamina a una guerra civil (16 por ciento muy probable y 30 por ciento algo probable), contra 42 por ciento que no lo cree. Entre las personas de 18 a 29 años, 53 por ciento ve probable una guerra civil y sólo 39 por ciento improbable.” Evidentemente, estamos ante un desencanto con la democracia, y de lo que se trata, diría Trump, es de “drenar la corrupción que impera en Washington”. El ensayo insurreccional de enero del 21, a unos días de la toma de posesión de Biden, evidenció el malestar que recorre a un segmento considerable de la sociedad estadounidense, no solo a sectores y grupos sociales atrasados con una cultura arcaica o premoderna, sino a un segmento de la clase política conservadora, en la que la cultura del Tea Party ha calado profundamente hasta llevarlo a conspirar contra la propia democracia.

La derecha y la ultraderecha están en un acelerado proceso de acumulación de fuerzas con miras a acontecimientos cruciales como las elecciones de medio término, por allá en noviembre de este año y las presidenciales de 2024. Ya han logrado aprobar en casi una veintena de estados una reforma electoral que restringe derechos de negros, latinos y adultos mayores para el ejercicio del voto, en un desesperado intento por impedir el voto demócrata o revertir los resultados desfavorables en algunos estados en las pasadas elecciones presidenciales. Hay tal ambiente de polarización en la sociedad estadounidense, que las elecciones, lejos de contribuir a resolver de manera civilizada los conflictos y contradicciones que la cruzan, no harán sino atizar todavía más una explosividad social que está a flor de piel.  De ahí que no sean descabellados los planteamientos de quienes en aquel país advierten que las cosas se encaminan hacia una guerra civil.

Y el considerable porcentaje de encuestados que advierte que el país se encamina hacia una guerra civil, no es que sean pesimistas. Lo más probable es que sean optimistas… bien informados.

14 de febrero de 2022

César Velázquez Robles

La semana pasada se publicó el Índice de la democracia 2021, de la revista británica The Economist. En nuestro país hubo muchas reacciones; no hubo espacio en el que no se abordara el tema, con evidentes signos de preocupación por la caída en la calificación de su orden democrático, que le lleva a los linderos de un régimen autoritario. Habría que decir que, en efecto, en términos generales, en el mundo entero, hay una caída en la calidad de la vida democrática, que de una calificación de 5.37en 2020 pasa a 5.28 en 2021, en una escala de 1 al 10, constatando que dos años después de la pandemia, asistimos a “una enorme extensión del poder del Estado sobre la vida de las gentes y a la erosión de las libertades individuales”. Claro que ello no puede ni debe ser para nosotros un consuelo. Por el contrario, debe ser motivo de honda inquietud, sobre todo porque el largo y complicado proceso de transición democrática que se prolongó por al menos tres décadas, y que marcó el acceso de México a la modernidad política, hoy se ve seriamente cuestionado desde el poder mismo y por sectores de la población que asumen que las expectativas despertadas por la democracia liberal no han alcanzado a atender sus reclamos y demandas sociales y materiales.

Medir la democracia, su calidad, no es nada fácil. Así lo reconoce la propia revista, que explica que para medir ese propósito elabora un índice basado en cinco categorías: procesos electorales y pluralismo; funcionamiento del gobierno; participación política; cultura política y libertades civiles. Las calificaciones de México en estas categorías son bastante malas, excepto en participación política, renglón en el que supera los siete puntos. La peor es –y esto debe llamar la atención— en cultura política, donde apenas alcanza una calificación de 3.32, y habría que revisar estos criterios: una participación política relativamente alta, al menos en su calificación, debería de tener como contraparte, una participación ciudadana también relativamente alta. En conjunto, estos indicadores arrojan para México una calificación de 5.57, que le coloca en el lugar 86 entre más de 160 países, y que permite definir al país como un régimen híbrido, esto es, un tipo de país que se mueve entre las democracias deficientes

 y los regímenes autoritarios. Para que nos hagamos una composición de lugar: México ocuparía en la región latinoamericana una posición tan solo por encima de Honduras, Bolivia, Guatemala, Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela. De esa calidad se advierte nuestra democracia.

Por supuesto que a nadie gusta esa calificación y menos al poder, que por ahora está muy ocupado en otros menesteres como para dar respuesta. Pero quienes formamos filas en la lucha por desmontar el sistema (semi) autoritario desde fines de los años 60 del siglo pasado, sí que deberíamos estar preocupados por el mal estado de nuestra democracia. No pocas de las conquistas de estos años complicados evidentemente hoy están en peligro, sobre todo de prosperar contrarreformas como la que el régimen planteará en materia electoral. De algún modo, a ello se refirió José Woldenberg, en un artículo publicado también en días previos a la publicación del Índice, titulado “SOS a mis ex compañeros de la izquierda”, y que resume muchas de preocupaciones e inquietudes de un sector amplio de la sociedad mexicana de hoy.

Ahí, en ese texto, Woldenberg dice lo siguiente: “Conozco a muchos que hace apenas unos años, de ninguna manera hubieran aceptado lo que sucede. La izquierda se movilizó a favor de la equidad y la democracia. No puede ahora convalidar la edificación de un nuevo autoritarismo empobrecedor. México está retrocediendo a pasos agigantados hacia un despotismo que creíamos desterrado y sin que se atienda (más allá de las transferencias monetarias) la abismal fractura social que marca nuestra convivencia”.

Estos deben ser los temas del debate público. Lo otro es, como dirían los cubanos, mero diversionismo.