21 de enero de 2022
César Velázquez Robles
El presidente López Obrador anunció ayer, al enviar un mensaje a los trabajadores de la empresa petrolera Deer Park, asentada en Texas, que forman parte del partido de la Fraternidad Universal, humanistas que colocan en el centro de sus preocupaciones la dignidad del ser humano y su realización plena sobre la Tierra. Para celebrar la toma de control de una empresa que acumula millonarias pérdidas, el titular del Ejecutivo Federal dijo a los integrantes de la plantilla laboral que su gobierno seguirá trabajando junto a ellos: “Nosotros somos ciudadanos del mundo, nosotros somos del Partido de la Fraternidad Universal, no vemos fronteras, nos interesan los seres humanos y los trabajadores del mundo”. Quién sabe cómo sentaría a los trabajadores esta nueva adscripción, pero tengo la impresión de que el emocionado discurso institucional –porque nadie puede negar que hubo una gran dosis de emoción al decirles que interesan los seres humanos y los trabajadores del mundo— se fue un poco de paso. Me voy a Wikipedia y leo lo siguiente: “La Gran Fraternidad Universal (GFU) es una organización de carácter cultural, no gubernamental, de carácter mundial, apolítica, con el objetivo de reunir la ciencia, el arte y la filosofía para un perfeccionamiento intelectual y una reeducación espiritual de la raza humana, sin distinciones de raza, nacionalidad, sexo, credo o clase social. Cuenta con delegaciones en: Sudamérica, Europa y Australia. Fundada en 1948 en Caracas (Venezuela) por el escritor, yogui, artista y astrólogo Serge Raynaud.”
Diría que está bien un discurso así para una fundación cultural, una institución de asistencia privada, una entidad dedicada a la filantropía, pero frente a trabajadores, así sean algunos de ellos de cuello blanco, como que desentona, por más emotivo que pueda ser el momento histórico de expansión de una especie de capitalismo monopolista de Estado –diría Paul Boccara–, que instala sus reales en las entrañas mismas del imperio. Ya entrados en gastos, nuestro presidente bien podría haberles dicho que los trabajadores no tienen nada que perder mas que las cadenas que los atan a la esclavitud asalariada, y llamarlos a unirse en todos los países. Al fin y al cabo que todo era solo un discurso. También les dijo tener la certeza de que van a seguir trabajando con el mismo entusiasmo, con el mismo profesionalismo y garantizando la rentabilidad de la compañía, porque -enfatizó—“no debemos tener pérdidas, tenemos que tener utilidades”.
¿Pérdidas no, utilidades sí? Veamos: de acuerdo con medios como El Financiero, la empresa reportaba hacia fines de agosto del año pasado pérdidas del orden de los 1 mil millones de dólares, aunque la secretaria de Energía del gobierno federal, Rocío Nahle, insiste en que Deer Park es una empresa rentable: “Pemex hizo un análisis comercial interno y externo con una empresa externa y los resultados que presentaron son muy buenos”. Uno estaría tentado a pensar, por la vehemencia del discurso presidencial, que la operación de compra es excelente, y será una extraordinaria contribución a la independencia y soberanía energética del país. Pronto veremos si es así o estamos ante un soberano fracaso en la materia.
Mientras, los trabajadores ya lo saben: “somos del Partido de la Fraternidad Universal”.
¿Y si ese modus operandi se repite en 2024?
El juicio expresado por el presidente poco después de cerradas las urnas de las elecciones del 6 de junio del 2021 fue muy lapidario: la delincuencia organizada sí se portó bien; los que no se portaron bien fue la delincuencia de cuello blanco, pero no alteraron en lo fundamental los resultados. Este fue su balance. Sin embargo, la realidad demostraba ya otras cosas. Desde meses antes de la cita en las urnas, ya circulaban en distintos medios, análisis y valoraciones que daban cuenta de la creciente intervención de la delincuencia organizada en los procesos electorales. Llamó poderosamente la atención de muchos analistas dentro y fuera del país, el triunfo “contundente e inobjetable”, como rezaba la antigua jerga priista en todos los estados del noroeste del país, considerado como el gran corredor del narco para hacer llegar las drogas al centro de consumo más grande del mundo.
El asunto, que parecía caso cerrado, ha cobrado renovada fuerza en estos días. Los integrantes de la coalición electoral Va por México, denunciaron ya el año pasado que la intervención de la delincuencia organizada en entidades como Sinaloa y Michoacán distorsionaron los resultados electorales. Fue tan avasallador el triunfo del bloque oficialista, que se consideró la denuncia como un mero desahogo de los derrotados, y sin la fuerza política como para hacer valer sus recursos de protesta ante las instancias correspondientes. Sin embargo, desde mediados del año pasado, los dirigentes trazaron su estrategia de denuncia que llegaría hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA), fincada en las siguientes etapas: la participación de la delincuencia en el momento de la determinación de los candidatos; durante la campaña, el día de los comicios y, después, para que no se impugnaran los procesos donde hubo resultados apretados.
El caso, entonces, no está cerrado. La CIDH y la OEA seguirán la investigación, pero más allá de los resultados que arroje, el peligro es que ese modus operandi pueda repetirse en las elecciones de mediados de este año, en las elecciones del ’23 en el Estado de México y en las elecciones presidenciales de 2024. Ese es el verdadero peligro.
