19 de enero de 2022
César Velázquez Robles
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, publicó ayer martes en el diario Milenio un interesante artículo sobre el papel que juega este órgano en el propósito de garantizar la gobernabilidad de la sociedad democrática, las presiones a que se ve sometido en el proceso de toma de decisiones, y la incomprensión de grupos y sectores cuando sus decisiones no se corresponden con sus intereses o intenciones. La parte final de su texto es muy revelador: “Como servidor público, debo tolerar la crítica y así lo he hecho siempre, hasta en los momentos más difíciles de mi carrera. Pero como presidente de la Corte me corresponde defender la integridad de la institución frente a los ataques que no buscan sino apropiarse de ella.” Es evidente que esta parte lleva dedicatoria. ¿Quién busca apropiarse de la Corte? Bueno, quien desde posiciones de poder enfila sus ataques contra la judicatura; acusa a sus integrantes de estar al servicio de intereses de minorías rapaces; promueve su reforma y quiere interferir en su condición de órgano autónomo e independiente alentando cambios para prolongar el mandato de su titular bajo el argumento de que sus integrantes no son dignos de confianza. Por ahí están las pistas que pueden llevar a esclarecer el propósito de los ataques, y ponerle a su autor nombre y apellido.
En los próximos días la Suprema Corte tiene que abordar la controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), sobre la afectación presupuestaria que supone la restricción de recursos para cumplir con el proceso de revocación de mandato que establece la Ley correspondiente. Todos los que estamos interesados en los asuntos de la vida pública nacional estamos pendientes de la discusión y la resolución del máximo tribunal constitucional, y sabemos también que sus decisiones son irrecusables. Puede dar en este caso la razón al INE, pero también puede darle la razón a la Cámara de Diputados y al gobierno de López Obrador. Si se decanta por la primera opción, el Legislativo y el Ejecutivo tendrán que “apechugar” pero el costo político para la Corte puede ser enorme, y si falla a favor de los poderes, ya tendrá que ver el INE cómo le hace para cumplir con lo que la Ley le mandata, con la decepción de muchos mexicanos que están convencidos de que la autonomía e independencia del poder judicial es inexistente.
En otras palabras, la Corte no quedará bien con Dios y con el diablo. Pero no es eso lo que preocupa a Zaldívar, que entiende que “los tribunales hablan a través de sus sentencias, por lo que el foco debería ponerse en los argumentos que los sustentan”. Y en seguida, algo sobre lo que los demócratas deberíamos reflexionar: “La imparcialidad, la autonomía y la independencia judiciales no se demuestran dando la razón a una u otra parte, sino cuando los razonamientos en que descansa la sentencia son persuasivos, incluso para quien perdió.”
No estamos acostumbrados, no tenemos esa cultura. No alcanzamos a entender a plenitud que en la división horizontal de poderes, hay un sistema de pesos y contrapesos que impide el ejercicio arbitrario del poder que a cada uno de ellos le confieren las reglas del juego que constituyen el orden constitucional. Este modelo de control social recíproco es la fortaleza del sistema democrático, y permite entender que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se controlan y limitan mutuamente, pero como bien acota Andreas Schedler, “los actores políticos en un sistema democrático, trátese de individuos o de organizaciones, nunca se enfrentan ni en perfecta igualdad ni en absoluta desigualdad de poder”. Quizá este hecho en el caso de nuestro país, y una larga historia de subordinación al “poder de los poderes”, lleve a pensar de manera fatalista en el sentido de la resolución que viene.
Un presidencialismo exacerbado ha terminado por capturar a un poder legislativo obsecuente y hace pensar que este mismo proceso ocurrirá con el poder judicial. A ello también se ha referido Zaldívar, al señalar que su independencia está en función del sentido de sus fallos “y se ha pretendido instalar la idea de un poder judicial capturado, que ha abdicado de su función equilibradora”. Además, todo mundo desea que la Corte resuelva conforme sus intereses, y cuando no ocurre así, de inmediato acusan parcialidad de sus decisiones. Y apunta: “Paradójicamente, cuando es del gobierno de donde provienen las críticas –lo que por cierto desarticula la narrativa de la captura–, exigen que salgamos a condenarlas por antidemocráticas.”
Lo cierto es que los propósitos de control siempre estarán ahí presentes. Las pulsiones autoritarias derivadas de un presidencialismo acostumbrado a pocos contrapesos buscarán controlar y subordinar al poder judicial. Recordemos que lo hizo Zedillo, quien se dio el lujo de suspender al Judicial so pretexto de una urgente reforma. López Obrador ha designado ya cuatro nuevos ministros de la Suprema Corte, de los que podría suponerse que apoyarán propuestas o iniciativas presidenciales, pero no hay una relación mecánica de subordinación, por más que la historia pueda decir lo contrario. Recordemos, además, el caso del poder judicial en Estados Unidos, donde Trump pudo designar dos ministros, que en su momento frente a decisiones cruciales fueron capaces de votar en sentido contrario a los intereses presidenciales.
No hay, así, nada escrito. El caso que tendrá que abordar la Corte en los próximos días, estará en el centro de la atención de la opinión pública nacional. Lo que decida, sea favorable al INE o sea favorable al gobierno y al legislativo, tendrá que ser acatado. No hay otra instancia a la cual recurrir. Lo que sí hay que pedir es que cualquiera que sea el fallo deberá sustentarse, tener razones y argumentos, ser capaz de persuadir, como escribió Zaldívar, incluso para quien perdió.
Si ello ocurre así, ganará la vida democrática.
