23 de diciembre de 2021
César Velázquez Robles
Decía, a propósito del debate sobre la revocación de mandato, que la prevalencia de un discurso fincado en una lógica de guerra, como las declaraciones que han inundado el espacio de lo público, violentaba lo que se ha dado en llamar normalidad democrática. Decir, por ejemplo, que la posición del Instituto Nacional Electoral (INE) de posponer la realización de la consulta constituía un “golpe a la democracia”, o afirmar que el caso podría llevarse a la instancia de juicio político contra los seis consejeros que votaron a favor de la posposición, o anunciar que los integrantes de ese órgano de Estado que así votaron podrían ir a la cárcel, es sacar las cosas de quicio. El Estado de derecho presupone una serie de pasos y de recursos a los que los actores o protagonistas de los conflictos entre poderes pueden acudir para hacer valer sus derechos, razones o argumentos, y que deben atenderse, precisamente para garantizar que habrá de imponerse en nuestra convivencia el imperio de la ley.
Así, decía, cada uno de los actores ha presentado sus argumentos: el INE para interponer una controversia constitucional en reclamo de los recursos necesarios para la consulta, y luego para posponer la convocatoria, reclamando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el apoyo a sus demandas. Hasta aquí, el proceso ha seguido una impecable lógica jurídica. Bueno, eso creo. Se daba por hecho que, al entrar ya prácticamente en periodo vacacional, los trabajos de la Corte también entrarían en receso y que no sería sino hasta vuelta de año que se abordarían los pendientes en esta materia. La Cámara de Diputados, a través del presidente de la mesa directiva, por su parte, presentó también una controversia constitucional ante la Suprema Corte contra el árbitro electoral, por el aplazamiento indefinido del proceso revocatorio. Hasta ahí, todo normal, insisto, en el marco de la legalidad institucional.
Pero hete aquí, que aparece en el escenario el llamado Comité de Receso de la Corte, integrado por dos magistradas, Yasmin Esquivel y Margarita Ríos-Farjat, quienes admitieron a trámite la controversia del diputado presidente de la mesa directiva de la cámara baja, y concedieron la suspensión solicitada contra la decisión del INE, es decir, para que la posposición acordada por el árbitro electoral no surta efecto y cumpla en los plazos establecidos con lo que mandata la Ley de Revocación de Mandato, ya que la suspensión del proceso pone en riesgo el derecho de la ciudadanía a revocar el mandato presidencial. En realidad, los trabajos del INE no se han suspendido del todo, pues el acuerdo que se adoptó en días pasados, establece la continuidad del recuento y revisión de las firmas en demanda de la realización de la consulta revocatoria.
Si el Tribunal Electoral del PJF actúa en la misma línea que el Comité de Receso, el INE quedará contra la pared, pero como órgano de Estado que es, tendrá que asumir la decisión de órganos colocados por encima de su autoridad. Si se tiene que pronunciar, es probable que se coloque en esa tesitura, pero quedará pendiente todavía el asunto que motiva la litis y sobre el que la Suprema Corte no se ha pronunciado: el de los recursos necesarios para llevar a cabo la consulta de acuerdo a lo que establece la Constitución y la Ley de Revocación de Mandato.
No soy especialista en el tema y la jerga legal me es ajena, y puede que mi idea expresada líneas arriba en el sentido de que la controversia no está aún resuelta esté equivocada, pues en el comunicado de prensa emitido por la Corte puede leerse lo siguiente: en consecuencia, el INE debe continuar “con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades del proceso de revocación de mandato hasta su conclusión con el presupuesto aprobado de 1,503 millones de pesos el cual constituye un indicador de viabilildad financiera.”
El asunto no es menor. Se trata de un desencuentro, de un desacuerdo entre instituciones de Estado. Que puede y debe ser tratado con respeto, sin el recurso del lenguaje endurecido que lamentablemente ha imperado en estos días. De lo que si podemos tener certeza es de que la respuesta del INE será apegada a la legalidad, en defensa de la institucionalidad democrática. Esa será la mejor contribución a la distensión de un ambiente enrarecido con el que desafortunadamente estamos cerrando el año.