ENTRE LA BURLA Y EL HORROR
LAS COSAS QUE PASAN
Por Jorge Walterio MEDINA
Desde luego que causó más hilaridad, que sorpresa, la decisión de la Secretaría de la Función Pública de exonerar al Presidente Enrique Peña Nieto, a su esposa Angélica Rivera, y al titular de la Secretaría de Hacienda Luis Videgaray, en torno de conflictos de interés generados por la compra de casas y otras propiedades a empresas a las que les asignaron obra pública.
Buena divertida también la que se dio la opinión pública nacional, cuando Peña Nieto y Videgaray pidieron disculpas al pueblo de México, a propósito de las operaciones denunciadas públicamente y que despertaron las sospechas a lo largo y ancho del país.
“Que la mujer del César no sólo debe ser honesta, sino parecerlo también”, constituye una expresión que le escuchábamos a los viejos y que hoy, en los gobiernos mexicanos, sencillamente no aplica.
“La Secretaría de la Función Pública concluyó que el Presidente Enrique Peña Nieto, la Primera Dama Angélica Rivera y el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, no incurrieron en conflicto de intereses por la adquisición de inmuebles a empresas que luego obtuvieron contratos públicos millonarios”, destacaba la nota repetida a lo largo y ancho del país el pasado sábado.
Y agregaba que se trataba de “un fallo que ha satisfecho a pocos y desató una serie de críticas de la Oposición y en redes sociales. El Secretario de la Función Pública y miembro del Gabinete presidencial, Virgilio Andrade, dijo el viernes que tras una investigación de varios meses se determinó que ‘no existe conflicto de interés’ porque los inmuebles fueron adquiridos antes de que Peña Nieto asumiera como Presidente, en diciembre de 2012, y que tras revisar los contratos otorgados a las empresas involucradas no encontraron ninguna irregularidad”.
Y si la determinación de la Secretaría de la Función Pública constituyó una condenable burla, hay otros asuntos que también lesionan igual o más al ciudadano común de este país.
Hablamos de los abusos cometidos por elementos de la Secretaría de Marina en Sinaloa y en otras entidades de la nación, donde se están registrando excesos que van desde asesinatos de jóvenes hasta una serie de abusos en comunidades urbanos y serranas de esta entidad.
Hablamos de hechos que han sido denunciados en los medios de comunicación, pero que no han merecido una respuesta contundente ni de las comisiones de derechos humanos, la nacional y la estatal, y menos de las propias autoridades.
El propio gobierno estatal que encabeza Mario López Valdez, ha permanecido inmóvil ante el horror desatado por los marinos.
El sábado pasado, en un fraccionamiento de la capital sinaloense, un joven de apenas 20 años fue asesinado por marinos, porque no hizo alto en un retén.
“Un joven muerto y tres hombres heridos fue el saldo de un ataque por parte de elementos de la Marina, quienes dispararon contra ocupantes de una camioneta Tahoe que no detuvo su marcha en un retén, en el Residencial Colinas de San Miguel; algunas de las balas hicieron blanco en un Chevy donde quedaron lesionadas víctimas inocentes. Información dada a conocer por las autoridades señalan que el fallecido se llamaba Carlos Eduardo Gaytán Ramírez, de 20 años y con domicilio en la Colonia La Estancia II. Murió en las instalaciones de la Cruz Roja, a causa de una herida de fusil en el muslo derecho. Los lesionados son Alejandro Cruz Gaytán, de 26 años, vecino de la Colonia Salvador Alvarado y quien viajaba en la camioneta Tahoe junto con el fallecido”, leímos en la prensa local.
Hablamos de un hecho donde los marinos no dejaron acercarse a elementos de corporaciones locales, hasta que les dio su gana.
Hace poco menos de seis meses en Eldorado, otro joven fue ultimado por marinos, al no hacer alto tampoco en un retén. Este joven viajaba en una motocicleta.
Hace algunas semanas, en el vecino municipio de Tamazula, Durango, las balas de los marinos cegaron la vida de otros jóvenes estudiantes, en hechos donde tampoco nadie ha sido castigado.
Qué decir de la serie de abusos cometidos por elementos de la Marina en comunidades serranas de Sinaloa, lo cual también está siendo documentado y denunciado por medios informativos locales, pero donde tampoco están actuando ni los organismos de derechos humanos ni las autoridades locales.
Los desplazamientos provocados hace poco por la impunidad con que actúa el crimen organizado en la sierra sinaloense, ahora son alentados por elementos de corporaciones federales como la Marina, que pareciera que quieren que el ciudadano común pague por la ineficiencia oficial para recapturar a Caro Quintero y a Joaquín Guzmán.
Sinaloa y México, entonces, entre la burla y el horror.
Así están las cosas…