Microscopio Social:

*Por Héctor Melesio Cuén Ojeda

La expresión general de los mexicanos es que la corrupción es uno de los principales males  y una de las causas principales de la crisis económica y de credibilidad que vive nuestra nación.

Tuve la oportunidad de asistir este 17 y 18 de agosto al Foro Empresarial Anticorrupción convocado y organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y organizaciones sociales por la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, realizado en la ciudad de México. Lo que se aprecia y escucha en este tipo de reuniones es lo mismo: al país lo tiene hundido la corrupción, y lamentablemente son nuestras autoridades quienes de manera permanentemente están involucrados en este tipo de actos.

Esta convicción de los mexicanos no es errónea; datos y estadísticas nacionales e internacionales así lo corroboran. Por ejemplo, en el Índice Anual que publicó el martes pasado la organización, Transparencia Internacional, ubica a México, junto con Venezuela, Paraguay y Argentina, como una de las naciones más corruptas. De un total de 175 países en los cuales se efectuaron mediciones, Venezuela se situó en el lugar número 161, Paraguay en el 150, Ecuador en el 110, Argentina en el 107 y México en el 103 junto con Bolivia. Los países menos corruptos de América Latina resultaron ser Chile y Uruguay, que ocuparon el lugar número 21 de la lista encabezada por Dinamarca y Nueva Zelanda.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015, identifica a la corrupción y a la inseguridad como los problemas que más afectan a los mexicanos. El informe detalla que el 55.2 por ciento de la población tuvo una experiencia de corrupción cuando se enfrentó a las autoridades de seguridad pública, seguido por el 23.7 por ciento en los trámites del Ministerio Público.

En esta encuesta, Sinaloa ocupa el vergonzoso segundo lugar en la tasa de incidencia en corrupción, registrando 58 mil 322 casos por cada 100 mil ciudadanos, lo que significa que el 58.32 % de los sinaloenses se ha visto involucrado en un acto de corrupción.

En el Foro Nacional Anticorrupción se advirtió que es muy alto el costo de la corrupción para los mexicanos, pues equivale al 10 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa un billón 920 mil millones de pesos. En términos porcentuales esta cifra quintuplica el costo que este problema registra a nivel mundial, el cual es de un promedio del 2 % del PIB, según el actual informe del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin duda, la corrupción se ha convertido en una práctica común de la mayoría de los políticos mexicanos generando una crisis en la credibilidad de nuestros gobernantes. En  los últimos años se ha incrementado considerablemente las conductas y acciones de las autoridades que lesionan a la sociedad, quizá el ejemplo más lamentable es la desaparición de 43 estudiantes en septiembre del 2014 a manos de policías en la sureña ciudad de Iguala. Se dice que fueron ellos quienes los entregaron a la delincuencia organizada, acción en donde se involucraron autoridades municipales aunque no se descarta la intervención del gobierno del estado de Guerrero y aún el mismo ejército, involucrando con ello al régimen federal.

Otro acto de corrupción que implica al presidente Enrique Peña Nieto es el caso de la llamada  “Casa Blanca”,  la casa de la pareja presidencial,  la cual tiene un costo aproximado a los 7 millones de dólares y en cuya compra se involucra a un empresario que por muchos años venía sosteniendo negocios con el gobierno del estado de México y en los últimos años, con el gobierno federal.

Los gobernadores no se han escapado de acusaciones de corrupción. A través de los medios de comunicación los mexicanos nos hemos enterado de las denuncias hechas contra Javier Duarte de Ochoa, actual gobernador de Veracruz, por agresiones a periodistas y la muerte de al menos 17 de ellos. Asimismo, según el Informe de la Cuenta Pública 2014 presentado por la Auditoría Superior de la Federación, el daño patrimonial contra el erario de Veracruz asciende a 15 mil 772 millones 56 mil pesos.

Otro caso es el de Guillermo Padrés Elías, gobernador de Sonora en el periodo 2009-2015, señalado por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Existen averiguaciones previas y demandas judiciales contra Padrés, sus hermanos y su esposa, Iveth Dagnino de Padrés, por sustracción y tráfico de infantes recién nacidos.

Se suma a ellos, Andrés Rafael Granier Melo, gobernador de Tabasco en 2007-2012, a quien se acusa de desvío de recursos por un monto total de 918 millones de pesos. Algunos otros cargos giran en torno al lavado de dinero por 35 millones de pesos y defraudación fiscal por dos millones 552 mil pesos. También se la ha señalado como responsable del desvío de recursos del sector salud por 700 millones de pesos y la compra de medicamentos caducos entre 2008 y 2010.

El estado de Aguascalientes no se escapa de tener gobernadores acusados de realizar actos de  corrupción. Luis Armando Reynoso Femat fue detenido en mayo de 2014 por el delito de peculado por más de 26 millones de pesos. El ex mandatario se habría validado de la compra de unos terrenos para hacerse de dinero público. Sin embargo, fue liberado pocos días después tras pagar una fianza de 30 millones de pesos.

Llama la atención que en los procesos electorales posteriores al ejercicio sexenal de estos y otros gobernadores acusados de corrupción, el voto ciudadano no ha favorecido al partido de origen de dichos ex mandatarios. Esto implica que la sociedad ya está harta de la corrupción de las autoridades y es en las urnas donde se está expresando su repudio.

A partir de enero del año 2017se relevarán en Sinaloa las autoridades ejecutivas, municipales y legislativas. El próximo gobernador, tal y como lo dijo él mismo, está obligado a integrar su gabinete con personas que sean ejemplo de probidad; de que tengan como objetivo único servir a los sinaloenses y no servirse de los sinaloenses.  Por nuestra parte, estamos dispuestos a apoyar al gobierno que tenga como prioridad el beneficio de la sociedad mediante la  implementación de políticas públicas ajenas a cualquier acto de corrupción.