Sin fijar sanción económica alguna – a pesar de la gravedad de la falta y del monto de los recursos cuestionados – , la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, Guadalupe Yan Rubio, inhabilitó para el ejercicio de la función pública a dos servidores públicos de la administración de Mario López Valdez, que iniciaron y terminaron el sexenio con el rango más alto: secretarios del despacho.
Se trata, como seguramente usted ya está enterado, de Armando Villareal Ibarra, secretario de Administración y Finanzas y de José Luis Sevilla Suárez, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. El primero de ellos, malovista puro; el segundo, cuota para Acción Nacional; más concretamente, para Heriberto Félix Guerra, firme aliado del gobernador anterior.
Para ellos, así como para otros funcionarios más, no hubo castigo económico; pero si un dictamen de ilegibilidad para su desempeño en el servicio público. En el caso de Villareal, hasta por 7 años, en el del “Pepón”, solo por 3.
La gente, severamente agraviada, por lo abierto y descarado de la corrupción imperante durante el sexenio anterior, había pedido peces gordos y no simples charales.
Estos dos son algo más que peces gordos: verdaderos picudos del Mar de Cortez.
Y los que faltan todavía.
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Bien.
Ciertamente la ausencia de una penalidad económica en contra de los aludidos, parece ser lo de menos. Dinero es lo que les sobra a Villareal y al “Pepón”. Además nunca se sabe a ciencia cierta si en realidad las cubren o no. Al menos no hay información de que lo hayan hecho los malovistas señalados en el paquete anterior, mismas que promediaron 15 millones de pesos por cada pájaro de cuenta.
Y si la sanción poco importa, mucho menos la inhabilitación toda vez que, antes de esto, los aludidos, de cualquier manera, no tenían la menor expectativa de ser llamados para cargo público alguno, al menos durante la administración de Quirino Ordaz Coppel.
El escarnio público, sin embargo, eso sí debe de doler.
Y mucho.
Hijo de un ex presidente municipal de Ahome, Armando Villareal se mueve entre los más altos círculos de la rancia aristocracia mochiteca, donde proclama su hombría de bien, su honorabilidad y su posición social.
El de José Luis Sevilla es un caso similar. Es hijo de don Jaime Sevilla Poyastro, secretario de Obras Públicas del gobierno de Antonio Toledo Corro y quien tuvo a su cargo – entre muchas obras más – la construcción de lo que se bautizó como “carretera costera”. “Pepón” también presume su roce entre la alta sociedad culichi; su honestidad y el prestigio familiar.
Cuestionar todo esto, precisamente, es lo que verdaderamente duele, más cuando se ha luchado estoicamente por llegar a tales niveles de vida.
Todavía, ciertamente, les queda el recurso de ubicarse en el papel de victimas políticas, perseguidas por el gobierno de Quirino Ordaz; pero los señalamientos de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas son contundentes.
En el caso de Villareal – además de muchos otros milagritos – , el haber omitido enterar al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, retenciones a los trabajadores y diversas aportaciones patronales, que suman la nada despreciable cantidad de mil 175 millones de pesos, cuyo paradero es todavía un misterio indescifrable. También de esta área, inhabilitación por 6 años a su subsecretario Andrés Daniel Guzmán Cota, quien reportó, al cierre de ejercicio, saldo en bancos por mil 088 millones 671 mil pesos, cuando lo real eran solo 421 millones. ¿Acaso don Armando ignoraba las pillerías de su subalterno?
Por lo que a José Luis Sevilla concierne, se le acusa de suscribir par de convenios que superaron el 25 por ciento del plazo de ejecución y monto original de los contratos. Uno de ellos – así como para no dejar dudas -, la construcción del cruce ferroviario del boulevard Enrique Tamayo en esta ciudad; el otro, la edificación de la Unidad Administrativa de Servicios Municipales de Navolato. Además, como “pilón”, Sevilla suscribió contrato para la construcción del Centro de Justicia Penal de Sinaloa, región centro, sin contar con la autorización correspondiente. Esto le generó al gobierno estatal una obligación financiera del orden de los 79 millones de pesos, que no se han cubierto a la empresa contratista correspondiente.
Como usted puede ver, se trata de señalamientos concretos, plenamente fundamentados y adecuadamente documentados. Infantil, entonces, exponer la clásica persecución política como argumento recurrente.
Todo está claro.
¿Así o más bandidos?
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Y bueno.
Lo que extraña, a estas alturas, es la ausencia de acusaciones soportadas en contra de la Secretaría de Salud del gobierno malovista, señalada como la madre de todas las corrupciones de la administración anterior; pero, hasta ahora, su anterior titular, el doctor Ernesto Echeverría, está ileso, aunque, suponemos, no exento de preocupaciones.
De la secretaría de Salud se ha dicho todo lo imaginable, incluso por parte del responsable actual; pero, hasta ahora, las declaraciones no han pasado por Transparencia y Rendición de Cuentas, cosa que no les da, de momento, carácter oficial.
Dicen, no nos consta, que cuando esto salga a la luz, Villareal, Sevilla y secuaces que los acompañan, quedarán en condición de candidatos a la corte celestial.
Ya lo veremos, en su momento. Sin duda.
Por ahora, aunque ya se había tardado, el gobernador Quirino Ordaz Coppel da cumplimiento a su palabra en el sentido de que denunciaría todas las corruptelas y que, con bases firmes y documentadas, las turnaría a las instancias correspondientes.
Una parte de lo prometido se ha cumplido. Falta, sin embargo, lo más importante: el castigo cabal e inclemente para los habitantes de la clásica Cueva de Alí Babá y los 40 ladrones.
¿Qué digo 40? Muchos, muchísimos más. La pus brota por todos lados.
¿No?