Por Solón y Licurgo
- Semana tormentosa en el Congreso del Estado
- Se perfiló una crisis institucional
- Pero terminó por imponerse la cordura
- La prensa en medio de la tormenta
Algo grave pasa en el Congreso, decíamos en nuestra columna del pasado fin de semana. Penosos errores de conducción por parte de la presidencia de la mesa directiva; una instrumentalización del órgano colegiado, esto es, de la Junta de Coordinación Política; el desaseo institucional en el manejo de la legalidad a que todos los diputados están obligados; el azuzamiento de grupos cuyo comportamiento público evidenció una sistemática falta de respeto a los legisladores priistas; la presión sobre los propios diputados del grupo mayoritario por parte de su clientela recriminando que conversaran con los adversarios, fueron entre otros, algunos de los hechos que dieron cuenta de un clima de tensión y crispación que enrarece el ambiente que debe imperar para sacar adelante importantes tareas que están ahí, esperando en la agenda legislativa.
Y los hechos de esta semana no hacen sino constatarlo. Esa dinámica podía conducir, casi de manera inevitable, a una crisis institucional en el Parlamento. Así lo advirtió el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Sergio Jacobo. Frenar a tiempo ese estilo atrabiliario de conducción, la soberbia y prepotencia como rasgos distintivos de una cultura política que se resiste a desaparecer, se convirtió pronto en una exigencia. Desde la semana pasada, se había anunciado por los diputados priistas: de persistir la intolerancia y el estilo pendenciero, rijoso del presidente de la mesa directiva, se pediría su destitución.
Ciertamente, si algún espacio de la vida pública debe caracterizarse por la pasión –pero sin que ésta obnubile la razón—es el Parlamento. Pero una cosa es discutir con pasión, y otra recurrir a la violencia verbal e, incluso, física, contra adversarios que son considerados como enemigos, y que conduce a una lógica de guerra. El asunto podría no haber pasado a mayores, pues a final de cuentas los adversarios tienen capacidad de diálogo y encuentran un espacio común de entendimiento, y previsiblemente las cosas caminarían por ahí, pero la decisión de imponer a rajatabla la propuesta de austeridad presupuestal del grupo mayoritario, esto es, sin el consenso de las demás fuerzas representadas en el Congreso, detonó con fuerza el conflicto.
Hay un error de perspectiva en este hecho. Se insiste en que el conflicto gira en torno a los pesos más, pesos menos, que recibirán sus señorías. No. Es, ante todo, un asunto de legalidad. La JUCOPO, su presidencia, anunció, el lunes 22, antes de tener el consenso o decidir por mayoría a través del uso del voto ponderado, la decisión de aprobar el recorte presupuestario o, más bien, el recorte a los ingresos de los diputados. Estos se enteraron a través de las redes sociales, a través deyoutube de la decisión del órgano colegiado –la verdad es que en este caso hablamos de un eufemismo–, en una evidente falta de respeto a la más elemental de las legalidades en el funcionamiento del Congreso, y a la investidura de los diputados. La respuesta era natural: no asistir a la sesión de la JUCOPO en protesta por la actitud soberbia y prepotente. Y sin reunión de la JUCOPO no podía haber orden del día para la sesión del martes 23, o podrían haberlo aprobado recurriendo al llamado voto ponderado, utilizando su aplastante mayoría: 23 de 40 diputados, pero como su curva de aprendizaje sigue siendo lento, no le columbraron por ahí.
Ahí está la clave del conflicto que se desató en el Congreso esta semana y que crispó los ánimos. La presidencia de la mesa directiva al intentar instalar la sesión y dar lectura al supuesto orden del día, encontró de inmediato el rechazo de la bancada priista y panista. La presidencia de la mesa directiva apeló a un presunto derecho a establecer el orden del día en ausencia de decisión del órgano colegiado. En esta idea se atrincheró y no hubo poder humano que le hiciera reconsiderar lo que a todas luces no era sino una violación de la Ley Orgánica del Congreso.
Pudo más la soberbia y la prepotencia que un pequeño ejercicio de humildad. Reconocer el error hubiese sido suficiente. La legalidad no está para cumplirse a contentillo ni de manera casuística. Tiene que observarse de manera permanente y ello sólo puede lograrse a través de un proceso de aprendizaje, de una andadura que requiere acumular experiencia para evitar tropiezos y errores que evidencian la falta de profesionalismo.
La decisión de llevar adelante la sesión por parte de la presidencia de la mesa directiva, la falta de capacidad, el aprovechamiento numérico, grupos coléricos, conformaron un coctel explosivo. Por segunda vez el GP-PRI subió a la tribuna para reclamar respeto y atención a sus diputados que pedían la palabra. El presidente de la mesa escenificó un triste espectáculo y, lejos de propiciar orden y tranquilidad, exaltó todavía más los ánimos. Para colmo, entra en escena lo que ya ha sido bautizado como el Bronx de Morena en el Congreso. Finalmente, con dificultades, pero se impuso la cordura y el asunto no pasó a mayores, Para fortuna de todos. Pero ojo: hay un grupo –que no son ciudadanos interesados en la vida pública, sino empeñados en presionar e intimidar a los diputados opositores, a quienes se considera enemigos. Utilizados o no, son uno de los riesgos principales que pueden echar por la borda los esfuerzos de conciliación que impulsa un importante grupo de parlamentarios.
Pero tal como en su momento lo anunció el coordinador del grupo parlamentario del PRI, se presentó ante la JUCOPO la solicitud de destitución del presidente de la mesa directiva, y la petición de llevar ante la comisión legislativa correspondiente la revisión de su comportamiento, que atenta contra toda ética legislativa. Más todavía: el GP-PRI ya tiene preparada la estrategia para interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por lo que considera una violación flagrante de la presidencia de la mesa directiva, es decir, desahogar un orden del día de la sesión del martes 23 que nunca fue aprobado ni discutido por el órgano colegiado.
Y en la incontrolable cadena de errores y despropósitos del grupo mayoritario en el Congreso, los medios fueron también víctimas, pues al retirarse de la sesión el GP-PRI en protesta y convocar a rueda de prensa, salieron del pleno a seguir la información. Unos juicios desafortunados sobre la prensa desde la tribuna atizaron todavía más la hoguera. El asunto traería sus consecuencias.
De ello se harían eco los dirigentes de dos de las agrupaciones gremiales del periodismo en Sinaloa. Desde su columna Observatorio, Alejandro Sicairos escribió: “Está muy bien que en el Congreso del Estado se abra el debate sobre la corrupción en el periodismo y los criterios de otorgamiento de publicidad oficial a medios de comunicación, pero no podrá ser en ese ambiente de linchamiento donde las diputadas Francisca Abelló Jordá y Karla Montero Alatorre ya instalaron el cadalso para la prensa sin que medie la cordura. Ellas, con la hoguera de la inquisición encendida, exhiben improvisación en este tema específico.” Por su lado, Juan Manuel Partida habría de llamar a manifestarse en el Congreso en protesta por la política de linchamiento contra los periodistas por parte de algunos diputados de la nueva mayoría.
Para el jueves 24 se puso en marcha una política de control de daños. En un gesto que la enaltece, la diputada Abelló hizo un ejercicio autocrítico que contribuyó a rebajar la tensión del ambiente político. Lástima que la hayan dejado sola sin el arropamiento de la dirigencia. Pero que habla y muy bien de su sensibilidad. Por su parte, el PRI, además de sendas cartas de solidaridad con las organizaciones de periodistas, presentó en tribuna, a través de la diputada Ana Cecilia Moreno, un posicionamiento que en sus partes medulares señala:
“Entendemos que el oficio periodístico, el ejercicio de las libertades, y, particularmente, el ejercicio de la libertad de expresión, tienen poderosos enemigos.
“Son aquellos que pretenden acallar toda voz crítica, y que desde la soberbia y la prepotencia, quieren presumir de una supuesta autoridad moral para decidir qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué ha de informar sobre cualquier hecho o acontecimiento.
“Y esto ocurre en muchas partes. Se trata de una política que pretende satanizar a los medios como ‘enemigos del pueblo’, cuando quienes impulsan esta política son auténticos enemigos de la libertad y pretenden que la prensa no cumpla con su función de contrapeso a los excesos y arbitrariedades de todo poder, de cualquier poder.”
Finalmente, las aguas recuperaron su cauce normal. Se distensó el ambiente e, incluso, un acuerdo por unanimidad: se obvia primera y segunda lectura de la iniciativa que reforma el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución General de la República, y adiciona al Código Nacional de Procedimientos Penales los delitos de cohecho, peculado y abuso de autoridad como delitos graves.
Y eso es, justamente, lo que requiere el Congreso para su funcionamiento adecuado. Todo parece indicar que desde la Secretaría General del Legislativo se ha empezado a operar en el propósito de limar las aristas más filosas de una relación de la que la línea más dura y confrontacionista quisiera que prevaleciera porque ese es su mero mole.
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Zurrapas legislativas.- Está por concluir el primer mes de trabajos de la 63 Legislatura… Ha sido de aprendizaje para todos. Claro, para algunos más lento que para otros… Andando se acomodan las calabazas y los bules… Y esta andadura apenas ha iniciado, evidenciando la naturaleza diletante de algunos parlamentarios, pero sobre todo, un discurso endurecido y un lenguaje de madera… Pese a las dificultades de un esquema inédito, hay avances importantes, acuerdos de consenso, y la posibilidad de que el diálogo cierre el paso a la intolerancia y la exclusión… La próxima semana, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institución hará la evaluación correspondiente… La controversia constitucional por la ilegalidad en que se ha incurrido en la 63 Legislatura al desahogar un orden del día no aprobado por la JUCOPO, va. Y hay muchísimas posibilidades de que se gane, dicen expertos en el tema. Veremos.