Por Solón y Licurgo
Balance del GP-PRI altamente positivo
El desenlace del debate presupuestario
La valoración mediática sobre el quehacer legislativo
El dilema de la oposición: colaborar o no colaborar.
Un mes después de iniciados los trabajos de la 63 Legislatura, después de muchos ires y venires, dimes y diretes, consecuencia de la incapacidad para generar consensos y alcanzar acuerdos mínimos en la materia, se aprobó el ajuste presupuestal para el funcionamiento del Congreso en la parte final de este año. Y se hizo de la peor manera posible: aquélla que el ahora grupo mayoritario denunciaba como expresión de la soberbia y prepotencia del entonces partido gobernante que frente a todo asunto acudía a la aplanadora.
Vamos a explicarlo: en la práctica legislativa existe lo que se llama voto ponderado. Se acude a este expediente cuando en la Junta de Coordinación Política se dificulta alcanzar acuerdos entre los grupos parlamentarios ahí representados –que son los que tienen derecho a voto—sobre los temas a debate. Y así lo señala el artículo 56, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Congreso, el órgano colegiado “adoptará las decisiones mediante el sistema de voto ponderado, en el cual los respectivos coordinadores representarán tantos votos como integrantes tenga su grupo parlamentario”.
Muy bien lo explicó el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, al señalar en rueda de prensa que “el voto ponderado es el último recurso al que se llega cuando hay incapacidad para construir acuerdos; el voto ponderado es un anacronismo antidemocrático que desde ahora vamos a pedir que se derogue, y es un voto que los partidos de izquierda durante mucho tiempo estuvieron cuestionando justamente por su carácter antidemocrático”.
Así es. Es un expediente innoble en el ejercicio de la política. Ni en sus peores momentos el PRI utilizó el voto ponderado para imponer sus decisiones en la JUCOPO. Hoy, lo que vemos es el fracaso del diálogo, del acuerdo, de la negociación.
Es una forma absurda de dinamitar los puentes que debe haber en una instancia como el Legislativo donde están presentes todas las fuerzas políticas del estado, que convergen en un espacio común y compartido para trazar y definir políticas con sentido de futuro. Y este fracaso, como no puede ser de otra manera, va a la cuenta del grupo mayoritario, que sigue sin dar pie con bola en la tarea legislativa.
Pero, vayamos por partes: ¿Cómo quedó el ajuste presupuestal del legislativo? El propósito era reducir los ingresos de los diputados y colocarlos por debajo de lo que será el salario del presidente que asumirá el primero de diciembre: 108 mil pesos. Y ello había que lograrlo a como diera lugar. Si era necesario demostrar fuerza, capacidad para apabullar e imponer, había que hacerlo. Para eso se es mayoría.
El asunto es que, desde el principio, desde el inicio de la legislatura, desde que arrancó octubre, se les hizo bolas el engrudo. No había consenso interno, los agravios afloraron, se ausentó el espíritu de cuerpo. Ahí el PRI advirtió rapidez de reflejos: presentó su propia alternativa en materia presupuestaria, que reducía el ingreso global de los diputados, reordenaba partidas, y cancelaba arcaísmos y eufemismos a través de los cuales se ha ocultado el desaseo en las percepciones.
Era una propuesta racional y sensata. Sin excesos ni despropósitos, que apuntaba no solo a fijar con claridad –y a la baja— los ingresos de los diputados, sino a corregir distorsiones en el gasto de todo el Congreso, y a la cancelación de los criterios discrecionales en su ejercicio. Finalmente, dijo el diputado Jacobo Gutiérrez, “lo que se está aprobando es un plan de austeridad limitado, a todas luces insuficiente porque como lo hemos venido diciendo, únicamente afecta un componente de los recursos que maneja el Congreso del Estado, y es el que tiene que ver con los ingresos y los apoyos que recibimos los legisladores”.
En fin, es un tema que se ha cerrado en falso. Habrá que estar pendientes.
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Lo que ha ocurrido en estos días en el Congreso, ha llamado mucho la atención no tanto de la opinión pública como de la opinión publicada. Entre los columnistas hay una muy extendida opinión de que la gestión del grupo mayoritario tiene un considerable déficit que puede conducir, de persistir en una conducta autoritaria e intolerante, a una crisis de institucionalidad. Es cierto que nadie se mueve hoy en un entorno plácido, y que más bien lo que predomina es un entorno de turbulencias, lo que obliga a poner en marcha gestiones deliberadas y/o gestiones emergentes, según las circunstancias.
Uno u otro tipo de gestión requiere rapidez de reflejos, y ello es una notable ausencia en la operación política de la nueva mayoría. A ello se refirió, por ejemplo, el columnista de Noroeste,Ernesto Hernández Norzagaray, en su artículo “Es la mayoría, ¡estúpido!” (28/10/18), en el que advierte “las graves debilidades” “por la inexperiencia y falta de oficio político de la mayoría de los legisladores de Morena”.
El de Hernández Norzagaray es un artículo interesante porque aborda el tema desde una perspectiva analítica diferente: desde la perspectiva de la presencia, por primera vez en Sinaloa, de un gobierno dividido, esto es, un escenario en el que el Ejecutivo y el Legislativo son controlados por partidos distintos. Esa mayoría absoluta, que puede llegar a ser calificada, que tiene Morena en el Congreso, le debería permitir el control de la agenda parlamentaria, y no resulta muy coherente que una segunda fuerza parlamentaria débil, con tan solo ocho diputados, le dispute esa prerrogativa.
Tiene razón Hernández en esta apreciación. Lo que no entiende es que el recurso a esa mayoría aplastante, como en el pasado –y aquí no cabe aquello de que como así lo hacía la vieja mayoría, así se va a hacer ahora—no contribuye a una ambiente de corresponsabilidad que exige el trabajo legislativo. La oposición, que por definición es minoría, no disputa ninguna prerrogativa, sino que defiende y reclama su derecho a no ser avasallada. Pide ser escuchada y atendida. ¿Es mucho pedir? ¿Es pedirle peras al olmo?
Entiéndase: el ajuste presupuestario no es un asunto prosaico de más o menos dinero. Es ante todo, un asunto de legalidad, un ambiente en el que el grupo mayoritario no se mueve como pez en el agua. Lo suyo no parece ser el dominio de las rutinas institucionales, la comprensión de la legalidad, el respeto por las normas y las formas que regulan los intercambios entre los actores políticos del parlamento. En pocas palabras: un asunto que debió haberse ventilado en la JUCOPO –y haberse resuelto con el voto ponderado desde el principio—fue llevado primero a los medios, a los que se les dio la primicia de lo que la nueva mayoría ya había decidido. Era natural la respuesta de las demás fuerzas: no asistir a la sesión del órgano colegiado.
No hay “estrategias putschistas” que quiera aprovechar “debilidades”. Eso es querer ver moros con tranchetes. La conducta del GP-PRI ha sido clara y transparente. No se basa en una lógica de guerra. Se inspira en una lógica política. Busca acuerdos, compromisos, asunción de responsabilidades compartidas. Eso es colaborar aunque, ciertamente, como lo ha recordado EHN en su artículo, tiene también la opción de no colaborar con la mayoría.
Este último planteamiento me ha traído a la memoria una conferencia que hace alrededor de tres lustros dictó en la sede del Congreso, el distinguido académico español Manuel Zafra, creo que con el título “La calidad del gobierno depende de la calidad de la oposición”. Una exposición que hizo época y que todavía es citada en algunos espacios columnares. Al hilo de esta reflexión, en otro foro agregaría lo siguiente:
“La oposición tiene que ser colaboradora y competitiva. No se puede acusar a la oposición de no apoyar al gobierno (o al grupo mayoritario en el Congreso)… Si apoya en todo no sirve, se extingue el pluralismo. Puede no colaborar con el gobierno y ello es legítimo…”
Así que si el grupo mayoritario quiere ganarse la colaboración de la oposición, no puede acusarle de deslealtad.
En suma: un tema de debate asaz interesante el que plantea el artículo. Sobre ello seguiremos luego.
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Zurrapas legislativas.- Un excelente libro el que cita Arturo Santamaría en su columna de este sábado 3 de noviembre en Noroeste: “The moral bases of a backwardsociety”. Un texto que acaba de cumplir 60 años, y que centra una parte importante de su contenido en lo que denomina “familismo amoral”. A propósito de libros, en una conferencia mucho más reciente (2015), Zafra recomienda algunos textos, que se los pasamos al costo: “Respaldo político para buenas ideas”, de su propia autoría; Creación de valor y gestión estratégica en el sector público”, y “La espiral del silencio”, de Elizabeth Noëlle-Neumann. Solo una frase: “lo que todos sabemos, pero nadie asume el costo de expresarlo en público”. Hasta aquí.