César Velázquez Robles

ZONA POLITEiA: Un abogado de la nación desautorizado.

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29 de marzo de 2022

César Velázquez Robles

Una de las grandes batallas que se siguen librando en el propósito de defender los avances en la construcción de un orden legal pleno en el país, ha tenido hoy un muy buen desenlace: la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determina la cancelación de la orden de aprehensión contra Laura Morán, y decide la liberación de Alejandra Cuevas, ambas perseguidas con saña y crueldad por el todavía fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. La decisión, tomada por unanimidad de sus 11 integrantes, constituye la más radical desautorización del abogado de la nación: es una derrota jurídica, política, ética y moral, que exige su inmediata dimisión del cargo que viene ocupando desde hace unos tres años. Ha quedado demostrado que utilizó el cargo para buscar venganzas personales; que actuó con una ética en el ejercicio de la función pública que dañó, precisamente el valor de lo público, y prohijó conductas propias de un ejercicio autoritario del poder político, en este caso contra ciudadanas indefensas, que constituyen una regresión en la construcción de un orden democrático moderno.

La lucha por el establecimiento del Estado de derecho, por la vigencia plena del imperio de la ley, ha sido uno de los rasgos distintivos de las batallas democratizadoras libradas en los años de la transición democrática. Ha habido avances notables, pero también enormes resistencias. La cultura de la legalidad ha enfrentado los intereses largamente sedimentados de los grupos de presión, de las prácticas patrimonialistas que siguen considerando los asuntos públicos como una extensión de los asuntos privados, y de grupos y corrientes especializados desde hace décadas en la captura del Estado.

El modelo de control social recíproco, esto es, el modelo de la división horizontal de poderes, pese a resistencias, sigue ganando terreno, y esa es una muy buena noticia para todos los demócratas. Era dable pensar en una subordinación del poder judicial a un enorme poder como el concentrado por el fiscal general luego de conocerse el contenido de las llamadas telefónicas filtradas, y al aval explicito del presidente a la honestidad de Gertz Manero. Afortunadamente, la Suprema Corte dio un ejemplo de autonomía e independencia, que debe ser aliento para defender y preservar lo que debe seguir siendo un valladar contra toda forma de conducción autoritaria de la vida pública nacional.

La Suprema Corte y la reducción temporal de las puertas giratorias

Esta muestra de autonomía e independencia que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al dar palo a Gertz Manero, tendrá otra oportunidad de reafirmarse en los próximos días, cuando el pleno discuta –y muy probablemente rechace— la Ley aprobada en 2019 y que prohíbe a funcionarios públicos prestar sus servicios en el sector privado sino hasta después de transcurrido un periodo de 10 años. Es un tema sin duda muy interesante, y que en las sociedades democráticas, abiertas y pluralistas, tiene un tratamiento distinto. El horizonte temporal es diverso, y hay sociedades en las que la prohibición es de hasta cinco años, y otras en las que es de solo dos años. En México así lo era, dos años, pero la llegada al poder de morena significó redefinir el horizonte temporal de la prohibición hasta una década, lo que sin ninguna duda, significa violentar el derecho humano al trabajo.

Este salto del servicio en el sector público al sector privado –en el caso, por supuesto, de los altos funcionarios— o viceversa, es conocido en todas las latitudes como el fenómeno de las puertas giratorias, y “designa de forma coloquial el hecho de que un alto cargo público se marche a trabajar a una empresa privada, obteniendo beneficio de su anterior ocupación pública y produciendo conflictos de interés entre la esfera pública y la privada, en beneficio propio y en perjuicio del interés público”.

Es cierto que la ausencia de una legislación racional en la materia ha dado lugar a despropósitos y actos impresentables. Muchos funcionarios de muy alto nivel en la administración pública electos o por designación, de la noche a la mañana aparecen vinculados a empresas privadas como asesores o miembros de sus consejos de administración sin rubor alguno. Ahí están los casos de funcionarios que son miembros de los consejos de empresas eléctricas o ferrocarrileras, recompensados por éstas con toda certeza por sus buenos oficios durante el ejercicio de la función pública.

Bueno, el caso es que el tema será abordado por la SCJN la próxima semana, el 4 de abril. La prohibición de marras está contenida en la Ley de Austeridad Republicana, que ya ha sido recusada por algún ex funcionario resolviéndose a su favor, a través del llamado juicio de garantías, pero que puede y debe hacerse extensivo a todo aquel funcionario que haya estado en la función pública. Seguramente la revisión de la Ley restablecerá que el periodo en el que un alto funcionario no pueda laborar en el sector privado no sea mayor de dos años, como ocurre en la mayor parte de los países con regímenes democráticos.

Y la SCJN resolverá también sobre la planta de fertilizantes

Y ya que estamos con la SCJN añadamos un tema más: el 6 de abril discutirá sobre los recursos interpuestos contra la planta de fertilizantes que desde hace años empezó a construirse por inversionistas extranjeros en la Bahía de Ohuira, Topolobampo. Ha sido un asunto complejo, que una consulta realizada hace unos meses, a mi juicio mal llevada, y que ganó ampliamente la posición a favor de que continúe una inversión programada que alcanza los cinco mil millones de dólares en un horizonte temporal de un década, no logró resolver.

Si la Corte decide en favor de quienes interpusieron los recursos contra la planta, se habrá cancelado el más importante proyecto de inversión para Sinaloa en esta administración; si decide en favor de quienes quieren que la planta se construya, el proyecto recibirá un formidable impulso y creará un polo de desarrollo regional que mucho necesita la entidad para crecer a una tasa que supere el mediocre dos por ciento promedio de las últimas tres décadas.

Claro que estos no son temas que interesen a la Corte. Ellos decidirán en apego a la legalidad, como creo que lo hicieron en el caso que involucró al fiscal general de la República, y como creo que resolverá en el caso de las puertas giratorias para funcionarios electos o por designación en México.

ZONA POLITEiA: Ucrania frente a las pretensiones imperiales de Rusia.

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rusia

He leído en la prensa nacional e internacional en estos días aciagos para el pueblo ucraniano y de temor e incertidumbre para la humanidad entera, muchos materiales y textos que dan cuenta del drama que vive como consecuencia de la invasión rusa a su territorio. Artículos esclarecedores de Timothy Garton Ash, de Yuval Noah Harari, entre muchos otros, arrojan luz sobre la historia trágica de Ucrania en diferentes momentos a lo largo de cientos de años, pero también sobre las luces y las gestas épicas de un pueblo heroico decidido a defender y conquistar su libertad al precio de sus propias vidas.

He leído también muchos otros textos en las redes socio-digitales. Muchos de ellos escritos con odio hacia Ucrania y los ucranianos, y que constituyen una enloquecida defensa de Rusia, a la cual no solo ven como agredida por las potencias imperialistas agrupadas en la Organización del Atlántico Norte, sino que sostienen que la “operación militar especial”, eufemismo con el que intentan disfrazar la descarada invasión militar, es un recurso defensivo frente a una expansión del “nacionalismo profascista” que, según ellos, se ha instalado en territorio ucraniano.

Diría que son los esfuerzos de las granjas de bots a los que son afectos los rusos, pero no. Me apena profundamente encontrar en ese esfuerzo digno de mejor causa, a algunos conocidos, entre ellos maestros historiadores formados en la vieja URSS en la peor tradición libresca del marxismo, y personas que realizaron estudios profesionales en aquel país y que hoy son fervientes defensores de la Rusia y sus pretensiones imperiales, sin más argumentos que el de hacer una larga lista de agresiones imperialistas, fundamentalmente de los Estados Unidos, contra muchos otros pueblos del mundo.

Digo “pretensiones imperiales”, y creo que ahí está una de las claves principales para entender lo que está ocurriendo ahora en aquella parte del mundo, ese espacio de la Europa del Este en la que se está definiendo el futuro no solo de esta región, sino del mundo entero. Leo un excelente artículo de Joel Ortega Juárez, publicado en la revista Siempre! Y que pronto reproduciremos en POLITEiA, que analiza con otra lente, distinta del maniqueísmo de ”buenos” y “malos”, el significado de la brutalidad, la sevicia con que los rusos están actuando contra el pueblo de Ucrania.

Dice Joel Ortega, que coincide con los planteamientos de una de las pocas expresiones que todavía quedan del trotskismo: “Los Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y las otras grandes potencias de la OTAN son imperialistas, al igual que Rusia. La confrontación de las grandes potencias sobre Ucrania es imperialista por todos lados.”  Y añade: “No se necesita ser ‘experto’ en Ucrania, Rusia y Europa del Este o de Asia Central para tener una posición ante la invasión rusa de Ucrania. Se requiere tener una postura contra las guerras, que son todas, por definición, producto del enfrentamiento entre oligarcas y contra sus respectivos pueblos. Ucrania, como todos los países vecinos de grandes potencias o de Imperios, ha sido víctima de las ambiciones expansionistas del imperio zarista y ahora de las del oligarca ruso Putin, formado en la KGB, policía política del estalinismo de la URSS. El ‘argumento’ de que Rusia se defiende ante la amenaza de la OTAN, es aceptar la división del mundo en bloques imperiales y considerar a sus vecinos como patios traseros de la potencia geográfica, con ese criterio México debe estar siempre alineado a los Estados Unidos y si fuese invadido sería justificado por esa ‘teoría”.

Frente al simplismo de buenos y malos, blanco y negro, que no reconoce matices ni zona de grises, y que termina por oscurecer cualquier análisis, Ortega Juárez plantea lo siguiente: “Ciertamente el ejército ucraniano no es ninguna garantía pacifista por su salvajismo mostrado en la represión de 2013-14. Por eso en el caso de la presente invasión será definitiva la resistencia popular. Reducir esa rebeldía a los grupos pro nazis es una grosería contra el pueblo ucraniano y contra los movimientos que han resistido a las oligarquías y sus estados en diversas épocas y países. La existencia de grupos pro nazis en Ucrania no justifica de ninguna manera la invasión de Putin. En Rusia hay muchos grupos semejantes como el llamado Partido Nacional Bolchevique; Putin mismo es jefe de un partido y una coalición muy derechista y anticomunista.”

28 aniversario de la muerte de Colosio

Ayer, 23 de marzo, se conmemoró el 28 aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio, en ese momento candidato del PRI a la presidencia de la República. Días antes, el 6 de marzo, había pronunciado un histórico discurso en el monumento a la Revolución, que constituía un reconocimiento autocrítico de un sistema que no había logrado resolver en casi setenta años de ejercicio del poder, las profundas desigualdades y pobreza que laceraban la vida nacional.

A su muerte, y por ese discurso, surgieron no pocas teorías conspiranoicas: que había sido ordenada por Salinas de Gortari. Con una cultura de la desconfianza y la sospecha que invade desde hace mucho tiempo todos los espacios de nuestra vida pública, la tesis se instaló en el imaginario colectivo. Eduardo Valle habría de decir en tono jocoso sobre si fue uno o dos los participantes en el crimen: “fue la acción concertada de dos asesinos solitarios”.

Sea éste un recordatorio del crimen que cambió la historia del país.

Infraestructuras a Trompatalega

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04 de marzo de 2022

César Velázquez Robles

Las infraestructuras para el desarrollo de Sinaloa tienen un enorme problema: la aquiescencia de las poblaciones en las zonas donde están o estarán asentadas. No digo que este problema no hubiese existido en el pasado, sino que en las condiciones de un régimen de corte autoritario o semiautoritario, no había necesidad de consultar a la gente. Simplemente se decidía hacerla y no había más. Sin embargo, la llegada de la democracia, la emergencia de una sociedad critica, el surgimiento de formas de participación ciudadana, el cuestionamiento y el ejercicio del derecho a saber, así como la exigencia de argumentos y razones de las decisiones de gobierno, pusieron de manera natural bajo escrutinio público el quehacer institucional.

Pero como venimos de esa cultura arbitraria y autoritaria, desde las esferas del poder se piensa que se puede actuar de modo impune, sin dar explicaciones y razones de por qué se decide hacer tales o cuales obras, y es entonces cuando la puerca tuerce el rabo. Surgen las protestas, se organizan las manifestaciones, se pone en marcha la resistencia y vienen las confrontaciones y los choques. Dije arriba que es un problema para las infraestructuras en nuestro estado. Corrijo: es un problema en todo el país: el proyecto de la hidroeléctrica en La Parota, Guerrero; proyectos eólicos en Quintana Roo y la construcción de la termoeléctrica en Huexca, Morelos, por mencionar solo algunos de los más emblemáticos en los últimos años.

Pero en Sinaloa hay sobrados casos que dan cuenta de esta triste historia. Para no ir muy lejos, el de la presa Picachos en el sur de la entidad. Ahí muchos procesos se hicieron a trompatalega, violentando la legalidad, pasando por encima de derechos de los pobladores, en la más absoluta de las opacidades, usando en no pocas ocasiones la fuerza pública para acallar las protestas de hombres y mujeres que reclamaban con justicia pagos e indemnizaciones por sus tierras. No es nada fácil abandonar la tierra donde vivieron sus ancestros, donde están sus historias y tradiciones, su espacio vital, sus raíces. La insensibilidad y el desprecio por estas historias de vida hicieron de las poblaciones de Casas Viejas e Iguanas en Concordia, y El Placer, Copales, Puerta de San Marcos y San Marcos, en Mazatlán, gente levantisca, con resentimientos y rencores frente a un gobierno que no tuvo nunca la sensibilidad para atender sus necesidades y reconocer sus legítimos derechos.

Ahí no hubo consulta. Se actuó de manera no solo autoritaria, sino con un aire de suficiencia burocrática. De ese modus operandi tenemos también en la época moderna ejemplos varios. Se organizan consultas a modo. Ahí está, por ejemplo, la realizada en Ensenada, Baja California, para evitar la construcción de una empresa cervecera, con una cuantiosa inversión adelantada. Es cierto que es una zona, una región con un enorme déficit de agua, y que es necesario preservar el derecho humano de la población a este recurso, pero no se puede pasar impunemente sobre la legalidad, sobre la ley, sobre el Estado de derecho, actuando de manera atrabiliaria. Estoy convencido de que hay que garantizar la capacidad de carga y recarga del planeta, pero no se puede pasar impunemente sobre derechos ya adquiridos. 

El caso de la planta de fertilizantes en la zona del puerto de Topolobampo, es uno más del desparpajo con el que se tratan asuntos de trascendencia para el desarrollo social y material. Es una obra clave para la creación de un polo de desarrollo regional que puede y debe estimular el crecimiento, la creación de empleos, la diversificación de las actividades productivas, y construir opciones de bienestar y progreso para las poblaciones del norte de la entidad. Los críticos levantaron la voz: se está construyendo sobre una zona protegida. El riesgo también lo advirtieron nuestros científicos, entre ellos Federico Páez, quien propuso un conjunto de acciones para que las externalidades negativas que significaba la obra, pudiesen ser neutralizadas. Sin embargo, ese estudio no significó nada para los críticos. Solo hubo una defensa a ultranza de la zona y un rechazo absoluto a la construcción de la planta.

Se optó por la consulta. Sin embargo, la consulta, según diversas investigaciones, se hizo con dados cargados, creo que sin haber necesidad de ello. Fue una demostración de rudeza innecesaria. Parecería que se trataba de dar legitimidad a un deseo o una decisión presidencial en favor de la planta, y había que sacarla adelante a toda costa. Ahora, hay cinco amparos interpuestos contra la construcción, y el asunto puede prolongarse por mucho más tiempo, lo que puede terminar por ahuyentar una importante inversión ya adelantada por empresas extranjeras, y cancelar, quién sabe por cuántos años, un proyecto clave para el desarrollo del norte de Sinaloa.

Bueno, a eso se refirió el presidente en su mañanera. Está a favor de la planta, y entiende lo que significa en términos de la construcción de un proyecto de futuro para el norte de Sinaloa, para la diversificación productiva y para impulsar el crecimiento de una economía urgida de motores que la dinamicen. En ese propósito creo que también coincide el gobernador Rubén Rocha. No hacer la obra cancelaría un proyecto de futuro. Por eso, hay que recurrir a la política, al diálogo, a una pedagogía que explique, que de cuantas veces sea necesario, explicaciones, razones y argumentos.

Entiendo que el asunto no es nada fácil. Tengo la impresión de que ya hay muchos enconos acumulados. El camino se ha plagado de prejuicios que, como sabemos son eso, pre-juicios, y que dificultan el acercamiento de posiciones.

En fin, veremos…