04 de marzo de 2022
César Velázquez Robles
Las infraestructuras para el desarrollo de Sinaloa tienen un enorme problema: la aquiescencia de las poblaciones en las zonas donde están o estarán asentadas. No digo que este problema no hubiese existido en el pasado, sino que en las condiciones de un régimen de corte autoritario o semiautoritario, no había necesidad de consultar a la gente. Simplemente se decidía hacerla y no había más. Sin embargo, la llegada de la democracia, la emergencia de una sociedad critica, el surgimiento de formas de participación ciudadana, el cuestionamiento y el ejercicio del derecho a saber, así como la exigencia de argumentos y razones de las decisiones de gobierno, pusieron de manera natural bajo escrutinio público el quehacer institucional.
Pero como venimos de esa cultura arbitraria y autoritaria, desde las esferas del poder se piensa que se puede actuar de modo impune, sin dar explicaciones y razones de por qué se decide hacer tales o cuales obras, y es entonces cuando la puerca tuerce el rabo. Surgen las protestas, se organizan las manifestaciones, se pone en marcha la resistencia y vienen las confrontaciones y los choques. Dije arriba que es un problema para las infraestructuras en nuestro estado. Corrijo: es un problema en todo el país: el proyecto de la hidroeléctrica en La Parota, Guerrero; proyectos eólicos en Quintana Roo y la construcción de la termoeléctrica en Huexca, Morelos, por mencionar solo algunos de los más emblemáticos en los últimos años.
Pero en Sinaloa hay sobrados casos que dan cuenta de esta triste historia. Para no ir muy lejos, el de la presa Picachos en el sur de la entidad. Ahí muchos procesos se hicieron a trompatalega, violentando la legalidad, pasando por encima de derechos de los pobladores, en la más absoluta de las opacidades, usando en no pocas ocasiones la fuerza pública para acallar las protestas de hombres y mujeres que reclamaban con justicia pagos e indemnizaciones por sus tierras. No es nada fácil abandonar la tierra donde vivieron sus ancestros, donde están sus historias y tradiciones, su espacio vital, sus raíces. La insensibilidad y el desprecio por estas historias de vida hicieron de las poblaciones de Casas Viejas e Iguanas en Concordia, y El Placer, Copales, Puerta de San Marcos y San Marcos, en Mazatlán, gente levantisca, con resentimientos y rencores frente a un gobierno que no tuvo nunca la sensibilidad para atender sus necesidades y reconocer sus legítimos derechos.
Ahí no hubo consulta. Se actuó de manera no solo autoritaria, sino con un aire de suficiencia burocrática. De ese modus operandi tenemos también en la época moderna ejemplos varios. Se organizan consultas a modo. Ahí está, por ejemplo, la realizada en Ensenada, Baja California, para evitar la construcción de una empresa cervecera, con una cuantiosa inversión adelantada. Es cierto que es una zona, una región con un enorme déficit de agua, y que es necesario preservar el derecho humano de la población a este recurso, pero no se puede pasar impunemente sobre la legalidad, sobre la ley, sobre el Estado de derecho, actuando de manera atrabiliaria. Estoy convencido de que hay que garantizar la capacidad de carga y recarga del planeta, pero no se puede pasar impunemente sobre derechos ya adquiridos.
El caso de la planta de fertilizantes en la zona del puerto de Topolobampo, es uno más del desparpajo con el que se tratan asuntos de trascendencia para el desarrollo social y material. Es una obra clave para la creación de un polo de desarrollo regional que puede y debe estimular el crecimiento, la creación de empleos, la diversificación de las actividades productivas, y construir opciones de bienestar y progreso para las poblaciones del norte de la entidad. Los críticos levantaron la voz: se está construyendo sobre una zona protegida. El riesgo también lo advirtieron nuestros científicos, entre ellos Federico Páez, quien propuso un conjunto de acciones para que las externalidades negativas que significaba la obra, pudiesen ser neutralizadas. Sin embargo, ese estudio no significó nada para los críticos. Solo hubo una defensa a ultranza de la zona y un rechazo absoluto a la construcción de la planta.
Se optó por la consulta. Sin embargo, la consulta, según diversas investigaciones, se hizo con dados cargados, creo que sin haber necesidad de ello. Fue una demostración de rudeza innecesaria. Parecería que se trataba de dar legitimidad a un deseo o una decisión presidencial en favor de la planta, y había que sacarla adelante a toda costa. Ahora, hay cinco amparos interpuestos contra la construcción, y el asunto puede prolongarse por mucho más tiempo, lo que puede terminar por ahuyentar una importante inversión ya adelantada por empresas extranjeras, y cancelar, quién sabe por cuántos años, un proyecto clave para el desarrollo del norte de Sinaloa.
Bueno, a eso se refirió el presidente en su mañanera. Está a favor de la planta, y entiende lo que significa en términos de la construcción de un proyecto de futuro para el norte de Sinaloa, para la diversificación productiva y para impulsar el crecimiento de una economía urgida de motores que la dinamicen. En ese propósito creo que también coincide el gobernador Rubén Rocha. No hacer la obra cancelaría un proyecto de futuro. Por eso, hay que recurrir a la política, al diálogo, a una pedagogía que explique, que de cuantas veces sea necesario, explicaciones, razones y argumentos.
Entiendo que el asunto no es nada fácil. Tengo la impresión de que ya hay muchos enconos acumulados. El camino se ha plagado de prejuicios que, como sabemos son eso, pre-juicios, y que dificultan el acercamiento de posiciones.
En fin, veremos…