Héctor Melesio Cuén

El 22 de junio de 1922 se promulgó la octava Constitución en la historia de nuestra entidad, misma que reformó la Constitución de 1917, lo cual fue motivo de que el H. Congreso del Estado llevara a cabo una sesión solemne para conmemorar el 95 Aniversario de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Según los estudiosos constitucionalistas José García Becerra y Luis Algorri Franco, la evolución histórica del constitucionalismo sinaloense se adelantó en algunos aspectos a las constituciones nacionales durante el siglo XIX; dicho de otra forma, Sinaloa se ha caracterizado por contar con constituciones de avanzada.

Prueba de ello es que en la Constitución de 1825 ya se consagraba un gran catálogo de derechos fundamentales y una amplia regulación del municipio; la de 1831, por su parte, se caracterizó por prohibir la adquisición de las «manos muertas» en el estado (o sea, los bienes y las tierras pertenecientes a Dios). De igual modo, la de 1861 instauró la elección popular directa del gobernador, los diputados al Congreso y los integrantes de los ayuntamientos; la de 1870, abolió la pena de muerte; la de 1894, consideró la existencia y la regulación constitucional de la institución del Ministerio Público; la de 1917, elevó a rango constitucional la defensoría de oficio y la recusación popular para el nombramiento de autoridades.

La Constitución vigente de 1922 incluyó la iniciativa popular de propuestas legislativas ante el Congreso por cualquier ciudadano o grupo legalmente organizado en el estado. Esta ha tenido 170 modificaciones, siendo la última la del 12 de junio de 2017, reforma que por cierto se ubica en el ámbito político-electoral, pues establece las candidaturas comunes, los requisitos para contender como candidatos a diputados locales y también legisló sobre las normas a cumplir por cualquier diputado local, presidente municipal o regidor que desea ser reelecto para el puesto correspondiente al que fue electo.

El pasado jueves tuve la oportunidad de asistir al Congreso y escuché con mucha atención a todos los oradores que expresaron sus reflexiones sobre la Constitución de 1922. La diputada Irma Leticia Tirado Sandoval, presidenta de la Junta de Coordinación Política, recordó a los constitucionalistas de la XXIX Legislatura y la trascendencia de su legado histórico; mencionó en su momento a cada uno de los diputados de aquella legislatura y en verdad sentí una gran satisfacción que entre ellos estuvo Diputado Constituyente Melesio Cuén, abuelo de un servidor.

El hecho de que la XXIX Legislatura haya adquirido el estatus de actuar como Constituyente no fue obra de la casualidad; por el contrario, fue a través de un plebiscito en donde participaron los ciudadanos mediante el Decreto núm. 83 del 20 de octubre de 1921. Este es uno de tantos ejemplos que registra la historia de cuando los sinaloenses nos atrevemos a llevar a la práctica acciones que consoliden y fortalezcan el sistema democrático.

La Constitución original consta de 159 artículos y siete transitorios organizados en siete títulos: Título I. Disposiciones preliminares, Título II. De los sinaloenses, de los ciudadanos sinaloenses y las elecciones, Título III. De las formas de gobierno y división territorial, Título IV. De la división del poder público, Título V. Del régimen municipal, Título VI. De la responsabilidad de los funcionarios públicos y Título VII. Disposiciones diversas y de la inmovilidad y reforma constitucional.

Dicho documento reconoce como ciudadanos a los nacidos en el estado y a los residentes con dos años consecutivos en el estado. Las elecciones son directas y a mayoría de sufragios, adopta la forma republicana, representativa y popular de gobierno, y tiene como base su división territorial y organización política y administrativa al municipio libre.

El poder se divide en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Congreso estaba integrado por no menos de 15 diputados, electos cada cuatro años y se renovaba por mitad cada dos años; cada distrito electoral estaba conformado por cada 24 000 habitantes o fracción que excediera de 7000 habitantes. Después se reformó y quedó en tres años para los diputados, aún vigente.

Por primera vez le dio facultades al Supremo Tribunal de Justicia y a los ayuntamientos para presentar iniciativas en cualquier materia, así como a los ciudadanos, cuyas reformas posteriores incluyen a los grupos legalmente organizados en el estado.

Es muy importante destacar el rubro de la educación pública, ya que establece “Una obligación del Estado a fomentarla e impartir la primaria en su doble forma de elemental y superior, con carácter de gratuita, uniformes, laicas y obligatorias”, y dispuso que la enseñanza preparatoria y normal se imparta gratuitamente en los establecimientos del estado.

En materia de responsabilidad de funcionarios públicos, cualquiera que sea su categoría sería responsable en el tiempo de su encargo, por los delitos y faltas u omisiones en que incurrieren al ejercer sus funciones; se concede acción popular para denunciar los delitos y faltas oficiales y muy importantes, y el sentenciado por delito o falta oficial no podrá ser indultado.

Por ello, José García Becerra y Luis Algorri Franco tienen muchos fundamentos para asegurar que las constituciones de Sinaloa han marcado pauta y se han caracterizado por ser de vanguardia.

Ahora nuestra tarea es con el legado de nuestros antecesores y no permitir que la actual Constitución Política del Estado de Sinaloa se rezague ante las necesidades de reformas políticas, sociales, educativas, entre otras.

Esa tarea requiere de voluntad política para que nuestra Constitución contemple la segunda vuelta electoral, la revocación de mandato, la reducción de financiamiento a partidos políticos; todas esas reformas electorales vendrán a conformar, sin lugar a dudas, un ciudadano más libre.

Iniciativas de ley ciudadanas: Letra muerta para diputados federales y senadores

* Por Héctor Melesio Cuén Ojeda

Antes de agosto de 2012, solamente el presidente de la República, los senadores, los diputados federales y los congresos locales estaban facultados para proponer iniciativas de ley a la Cámara de Diputados o al Senado de la República. Sin embargo, el 12 de agosto del mismo año se realizó una reforma constitucional para permitir la presentación de iniciativas ciudadanas. Uno de los principales requisitos para ello es que estén avaladas por cierto número de ciudadanos, equivalente a un mínimo o más del 0.13% del listado electoral nacional, con las respectivas firmas.

En la actualidad, en el país se han presentado seis iniciativas de esta naturaleza; no obstante, solo una de ellas ha sido legislada (Ley de 3 de 3), aun cuando son cientos de miles de mexicanos los que han hecho y suscrito estas propuestas. En resumen, como se dice coloquialmente, 5 de las 6  iniciativas están en la “congeladora”

De estas iniciativas, los sinaloenses hemos presentado dos: una, el 25 de septiembre de 2014, la que propone la implementación de la segunda vuelta electoral y la revocación de mandato; esta fue apoyada por 227,130 sinaloenses representados por María del Rosario Sánchez Zatarain, Robespierre Lizárraga Otero y un servidor. Otra, el 14 de noviembre de 2016, la cual plantea que en Sinaloa no se aplique el horario de verano, y está respaldada por 262,876 ciudadanos, representados por el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño y por quien esto escribe.

En ambas iniciativas, el Instituto Nacional Electoral (INE) revisó y validó las firmas, informando en tiempo y forma que las dos propuestas cumplían sobradamente con el 0.13% de miembros del listado electoral. Como ya lo comenté, ninguna de estas dos iniciativas ha sido dictaminada, en este caso por los senadores, dado que se consideró a ellos como Cámara de origen.

Ante esta situación, por dignidad y respeto a quienes se decidieron apoyar ambas iniciativas, decidimos no cruzarnos de brazos y acudimos a los tribunales a exigir que se cumpla con la ley, es decir, que estas iniciativas sean dictaminadas y legisladas por el Senado.

Con respecto a la primera propuesta, que versa sobre la implementación de la segunda vuelta electoral y la revocación de mandato, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó categóricamente que se procediese a llevar a cabo actos tendientes para que se emitiese dictamen sobre esta iniciativa. Por ello, debido al desacato a la sentencia dictada en el expediente SUP-JDC-1755/2016, interpondremos un incidente de inejecución de sentencia ante la Sala Superior del TEPJF, para efecto de que constriña a las Comisiones Unidas a que procedan a elaborar el dictamen y se amoneste públicamente a los órganos legislativos citados.

En relación con la iniciativa para que en Sinaloa no se aplique el horario de verano, el Senado de la República, por ley, tenía el deber de dictaminar dicha iniciativa como plazo máximo el 15 de diciembre de 2016, lo cual no cumplió. Ante esta negligencia del Senado, promovimos un juicio para la protección de los derechos político-electorales de ciudadano ante el TEPJF, el cual quedó radicado en el expediente SUP-JDC-61/2017 y fue turnado al magistrado José Luis Vargas Valdez para efecto de que elabore proyecto de sentencia.

Como se puede observar, hasta ahora las iniciativas ciudadanas han sido letra muerta tanto para los diputados federales como para los senadores. Sin embargo, en días pasados estuve en el Senado de la República y fui testigo de que legisló una propuesta de ley entregada hace apenas 30 días por el presidente de la República bajo la figura denominada iniciativa preferente. Sin duda, la figura presidencial merece todo nuestro respeto, pero la pregunta que nos hacemos es por qué no se le da el mismo trato a cientos de miles de mexicanos que creyeron en la reforma que dio origen a las iniciativas ciudadanas.

Por esta razón, en los próximos días impulsaremos una jornada de recolección de firmas para presentar una tercera iniciativa ciudadana para plantear que estas iniciativas tengan el mismo valor que la iniciativa preferente. Estamos convencidos de que tanto la figura presidencial como los mexicanos interesados en tener leyes justas que dignifiquen la vida de sus familias tienen igual importancia.

La propuesta de revocación de mandato es un claro ejemplo de lo anterior, pues implica que así como los ciudadanos cuentan con el derecho a elegir a sus gobernantes, también lo deben de tener para pedir su destitución cuando estén actuando en contra de los intereses de la mayoría. Cabe preguntarnos: si en México existiera la revocación de mandato, ¿nuestros gobernantes se atreverían a implementar los gasolinazos, a incrementar sin mesura las tarifas de la energía eléctrica y a implementar muchas otras políticas públicas que atentan contra los ciudadanos?

Finalmente, a pesar de esta realidad que vivimos, creemos que sí es posible obtener resultados positivos; por ello, no cederemos e interpondremos los recursos legales necesarios para que los diputados federales y los senadores reconsideren su actitud. Asimismo, solicitamos la colaboración de todos ustedes para que se sumen a la propuesta que plantea que una iniciativa ciudadana tenga el mismo carácter que una iniciativa preferente, y con ello se legisle en un plazo máximo de 30 días.