07 de abril de 1972

César Velázquez Robles

Todo parece indicar que, ahora sí, la posición del PRI sobre la iniciativa de reforma eléctrica del gobierno de López Obrador, es irreductible: votará en contra, con todas las consecuencias que ello arrostra, y que para un partido que en sus 92 años de vida no ha sabido realmente lo que es ser oposición, son muchas. Las dudas e inquietudes de sus aliados legislativos y de no pocos de sus seguidores se han despejado. Está firmemente anclado en la oposición, tiene en materia eléctrica una propuesta alternativa, que se diferencia claramente de la del Ejecutivo; la docena de puntos que la conforman reivindica los fundamentos de una economía y una sociedad abiertas, defiende la libertad de mercado; afirma la rectoría del Estado en este sector estratégico, alienta la competencia, preserva la legalidad y el Estado de derecho al garantizar la seguridad jurídica de las inversiones nacionales y extranjeras, y garantiza que la explotación del litio, ese caro objeto del deseo en el mundo contemporáneo, se ceñirá a lo que la legislación establece en lo relativo a la exploración y explotación petrolera.

 Hay, por tanto, un mundo de diferencia con relación a lo que reivindica el gobierno y sus aliados en el Congreso de la Unión. Se trata, como apunté en mi colaboración de ayer, de propuestas que se ubican en las antípodas, y que ni haciendo un esfuerzo extraordinario, podrían “embonarse”, a menos que las partes pretendieran crear un Frankenstein: se asegura la posición preponderante  de la Comisión Federal de Electricidad, y al mismo tiempo se garantiza la existencia de mercados competitivos; se alienta la utilización de energías limpias, y al mismo tiempo se coloca al combustóleo por delante, para poner solo dos ejemplos.

Pero Morena de inmediato encontró coincidencias y, por medio de su dirigente en la Cámara de Diputados, anunció que seis de los puntos contenidos en el decálogo de la coalición legislativa, los hacían propios desde ya, lo cual allanaba el camino para aprobar en la Cámara una ley de consenso. Eso fue el martes 5 de abril. El 6 llegó la respuesta puntual a través del líder priista en la Cámara de Diputados: la asunción de seis de los 12 puntos no es un ofertón; ofertón sería que se aceptaran todos los puntos y, si en el camino hay necesidad de más cambios, casi aceptar las propuestas que haga la coalición legislativa. En otras palabras, el PRI ha dicho que no hay ninguna posibilidad de acuerdo. Las posiciones son tan distantes, tan irreductibles, que todo lo que se haga en el Parlamento en estos días, desde su discusión y aprobación en comisiones hasta su discusión y aprobación en el pleno, será un ejercicio totalmente inútil.

El PRI, el PAN y el PRD saben que, en este asunto, tienen el sartén por el mango y el mango también. Saben que su propuesta no tiene ninguna posibilidad real de salir adelante cuando se someta a votación, pero tienen ahora la capacidad para evitar que la propuesta gubernamental alcance la mayoría calificada que se requiere al implicar reformas constitucionales, lo cual constituirá para el gobierno una estrepitosa derrota política. Humberto Moreira lo dijo claramente: “Nosotros nos mantenemos en lo mismo, sin ninguna novedad. Presentamos nuestra propuesta y hemos dicho que son 12 puntos, no seis. Vamos por nuestras 12, nosotros queremos las 12, y si ellos las agarran, pues está perfecto… Si además de nuestras propuestas agregan más, pues se tiene que revisar, y para revisarlo, el momento oportuno es después de las elecciones.” Tan tan.

Revés de la Suprema Corte a la planta de fertilizantes

La decisión unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de suspender los trabajos de construcción de la planta de fertilizantes en la Bahía de Ohuira, Topolobampo, es un duro golpe a los proyectos de desarrollo material y social del norte del estado de Sinaloa. Ordena la reposición de procedimientos de tal modo que se involucre a las comunidades indígenas presuntamente “perjudicatarias” por las externalidades negativas que supone la construcción de una obra que, una vez concluida, significaría una inversión superior a los cinco mil millones de dólares. Es muy probable que este proceso se lleve varios meses, lo que puede desalentar aún más a la empresa extranjera que ya ha invertido importantes recursos en este proyecto. 

Más allá de los aspectos legales del caso, que entiendo nadie discute, la decisión de la Corte tendrá consecuencias para el crecimiento y la diversificación de la estructura productiva de la entidad. Ahí está –¿o estaba?— la clave para un polo de desarrollo regional con importantes efectos multiplicadores, la atracción de nuevas inversiones productivas, generación de empleos de alta calificación, reconstrucción del tejido social, mejores salarios, educación de calidad, salud y vivienda dignas. No digo que todo eso se haya cancelado en definitiva, sino que habrá un nuevo retraso en el desarrollo de un estado como el nuestro urgido de superar ese crecimiento mediocre que, por más empresarios que hayan pasado por la secretaría de Economía, no logra superar el dos por ciento promedio anual.

7 de abril: los mártires de la reforma universitaria

Ha transcurrido medio siglo de aquella jornada trágica en que perdieron la vida dos jóvenes universitarios: Juan de Dios Quiñonez y María Isabel Landeros. Ese 7 de abril de 1972, cientos, miles de estudiantes que libraban una decidida lucha contra la represión y el autoritarismo gubernamental empeñado en mantener a toda costa el rectorado de Gonzalo Armienta Calderón, fueron víctimas de una agresión brutal. Esa lucha que sacudió la universidad entera y las conciencias de muchos otros sinaloenses, hundía sus raíces en la tradición combativa del movimiento de reforma universitaria de Córdoba, Argentina, en 1918, y muchos de quienes participábamos en esas jornadas, nos sentíamos herederos de aquellos que postulaban en su manifiesto la necesidad de que las universidades dejaran de ser “refugio secular de los mediocres”.

A medio siglo de aquellos acontecimientos, es bueno recrear la memoria histórica del movimiento democrático por la reforma universitaria, recordando a esos dos jóvenes, Juan de Dios e Isabel, Isabel y Juan de Dios, que fueron, como lo dijera el ilustre poeta Juan Eulogio Guerra Aguiluz, “dos varitas de nardo cortadas al amanecer”.

06 de abril de 2022

César Velázquez Robles

El método de las aproximaciones sucesivas para alcanzar por consenso una reforma eléctrica, ha naufragado. La lógica de guerra que desde el poder se instaló contra los adversarios de la iniciativa gubernamental, polarizó la arena política, impidió un diálogo civilizado y respetuoso, y echó por la borda toda posibilidad de encontrar los puntos de acuerdo, acercar las posiciones extremas, renunciar a los maximalismos y procesar un compromiso compartido. Es el fracaso rotundo de la política, de lo cual nadie puede ni debe sentirse satisfecho. Nadie gana, por más que haya quien se solace con el clima de crispación que dominará toda la vida política en un horizonte temporal amplio. Pierde el país, pierde la democracia, pierde el gobierno, los partidos, los ciudadanos-clientes del bien básico que representa la energía eléctrica, la capacidad competitiva del país en una época de mercados abiertos. O tal vez si ganan algunos: los que apuestan a la confrontación, al choque; los portadores de un discurso endurecido, de un lenguaje de ladrillo, los que reproducen el discurso sectario y dogmático de patriotas y traidores a la patria.

Entre la propuesta gubernamental y la alternativa de los partidos que integran la coalición legislativa hay un mundo de diferencia. Muchas de las discrepancias pudieron haberse abordado si hubiese imperado un talante distinto. Pero no: se trató de aplastar, de pasar por encima del adversario, sin miramientos, para demostrar cómo el centro de gravedad del poder se ha desplazado en las nuevas coordenadas. Prácticamente todas las propuestas de la oposición eran conocidas desde hace tiempo. Pero fue hasta ahora, una vez que ésta pintó su raya, cuando aparecieron las “coincidencias” y, con ello, la posibilidad de incorporarlas a la iniciativa del poder.

Así lo dijo el diputado Ignacio Mier, dirigente de la bancada morenista en la cámara de diputados: “Ayer escuchamos 12 propuesta públicas de tres partidos políticos. De esas 12, he tenido oportunidad junto con el Grupo Parlamentario y la coalición, de revisar seis, y coincidimos plenamente en que vamos a hacerlas nuestras. El día jueves Morena hará pública a cuáles se suma para que vayan en una sola propuesta”. Luego añadió: “Por prudencia, así es mi obligación como coordinador del grupo mayoritario, es de establecer canales de comunicación y vamos a profundizar para que lleguemos a más acuerdos”.

Pero me parece que el que pudo ser su aliado cruzó ayer el Rubicón. Despreciado, desdeñado, no acostumbrado a los desaires, decidió tomar el camino que su propia militancia, recio y quedito, le pedía: ejercer su autonomía e independencia y consolidar la alianza tripartidista con una propuesta común en materia eléctrica, que no queda anclada en el pasado, sino que mira hacia el futuro para no ser rehenes del presente. Creo que ahí quedó sellado el destino de la iniciativa gubernamental.

Los medios: un límite al ejercicio arbitrario del poder

Los poderes institucionales, los poderes extralegales, ilegales o alegales, tratan de acallar las voces críticas que se expresan en los medios porque, históricamente, éstos han sido un límite a su ejercicio arbitrario. Lo han sido desde el ejercicio de todos los géneros periodístico, a los cuales esos poderes a los que no gusta la crítica, buscan añadir un género más: el género del silencio. Pese a la violencia, a la intimidación, a la persecución y el asesinato que pretenden que su voz no se escuche, están y estarán ahí como la conciencia crítica de nuestra vida colectiva, impidiendo la degradación moral de la sociedad.

En el informe anual 2021, la organización no gubernamental Artículo 19 afirma que “La continua violencia contra la prensa es el resultado de gobiernos ausentes, tanto el actual como los pasados, que han sido incapaces de impedir la violencia, de garantizar medidas de no repetición, de investigar los crímenes contra la libertad de expresión y de reparar el daño, y que, por el contrario, agreden directamente a los medios mediante el estigma, la violencia física y el acoso, entre otros agravios”. Reporta que el año pasado hubo 644 ataques contra periodistas, lo que constata que “hoy el ejercicio de la libertad de expresión no tiene mejores condiciones que antes del 2018”.

Tal es el ambiente en el que hoy se desenvuelven los medios. ¿Puede la sociedad desarrollar una convivencia democrática en un contexto de ataques, amenazas, agresiones a medios y periodistas que cumplan una función crucial que garantice libertades, pluralismo y tolerancia?